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Emmanuel Tuirán* empezó a estudiar lenguas modernas y cultura en la Universidad del Norte hace seis semestres. Lo hizo gracias a una “beca” que le consiguió Amorocho, un reconocido tramitador de créditos del Icetex en Magangué, Bolívar. Por este trámite le cobró $350.000. En cada una de las renovaciones de la “beca” en los seis semestres de carrera Amorocho le cobraba $50.000.
Desde Sincelejo, Sucre, José Agudelo* reconoce que hace cuatro semestres buscó a unos tramitadores del Icetex para poder iniciar sus estudios en contaduría pública en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre (Corposucre). Lo hizo, según dice, porque no encontró una ruta de acceso rápida y fácil en la página del Instituto para gestionar su crédito.
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Mientras tanto, Julaisy Pusey Rose, una sanandresana de 33 años, comenta que en 2018 acudió a la Fundación Fama. En un grupo en Facebook vio uno de sus anuncios, en el que aseguraban que otorgaban becas para estudiar en una institución de educación superior. Ella, interesada, los contactó y les pagó $200.000 para comenzar el trámite y cursar contaduría, y les transfirió otros $200.000 apenas el crédito fue aprobado.
Emmanuel, José, Julaisy y otros 10.000 jóvenes comparten una situación particular: sus créditos fueron bloqueados por el Icetex a mediados de mayo. La decisión fue tomada luego de que la entidad encontrara que, entre 2018 y 2022, se habían renovado 10.211 créditos de la línea de personas con discapacidad a jóvenes que no cumplían con los requisitos para obtenerlos.
Desde la rueda de prensa en la que Mauricio Toro, presidente del Icetex, anunció el hallazgo, la principal hipótesis que manejó el Instituto apuntaba a que la mayoría de estos jóvenes, como los tres casos que reseñamos, habían terminado envueltos en esta situación por culpa de redes de tramitadores que falsificaron los certificados. Sin embargo, Toro no descartó que hubiera casos donde las personas sí intentaron engañar de manera deliberada a la entidad.
Pero otra es la opinión de la Contraloría que, luego de adelantar una auditoría financiera, alertó al Icetex de las inconsistencias que se estaban presentando. Como dio a conocer en un comunicado, el Instituto pagó más de $115.000 millones por cuenta de esos giros solo en 2022. A diferencia de Toro, el órgano de control fiscal considera que esos pagos se hicieron por la “evidente falta del deber objetivo de cuidado y negligencia de la entidad”.
Un viejo problema
Lo primero que aclara Andrey Geovanny Rodríguez, contralor delegado para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, y director de la auditoría, es que el ejercicio de investigación de la Contraloría corresponde solo a los giros del Icetex durante el año pasado. Esto es así, explica el funcionario, porque las auditorías se hacen de “manera anualizada”, es decir, para cada año que pasa.
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En concreto, para los dos semestres de 2022 la Contraloría determinó que el Icetex giró $115’512.013 por matrículas y subsidios de sostenimiento (como se muestra en la primer gráfica) a 10.211 beneficiarios que no tenían ninguna discapacidad, pero estaban estudiando gracias a un crédito creado para beneficiar a esta población.
Pero, como indicó Toro en la rueda de prensa del 31 de mayo, los casos se registraron entre 2018 y 2022. De acuerdo con cifras enviadas por el Icetex a El Espectador, a partir del primer semestre de 2019 y hasta el segundo de 2021, los créditos otorgados por la entidad bajo esta línea aumentaron de manera drástica. Como puede verse en la gráfica que acompaña el texto (en la parte superior de la página 7), pasaron de ser no más de 21 por semestre en los primeros tres años y medio de la línea, a entregar, en promedio, 2.034 durante seis semestres consecutivos.
“Por eso, incluso menciono que el daño puede ser muchísimo más grande, porque solo corresponde a los de 2022. Puede que les hayan girado desde hace años y el daño fiscal sea aún mayor”, dice Rodríguez, y agrega que en los próximos meses adelantará una investigación para determinar, con precisión, cuánto dinero giró el Icetex a lo largo de estos años a personas que no tenían ninguna discapacidad.
El registro de la discordia
Para el contralor esta situación se hubiese podido evitar “si el Icetex hubiera hecho su trabajo”, que consistía en revisar si los jóvenes que estaban renovando su crédito bajo la línea de personas con discapacidad se encontraban en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), una base de datos que consolida el Ministerio de Salud desde hace siete años.
De hecho, asegura Rodríguez, ese fue el trabajo realizado por la Contraloría. En mayo de este año le solicitaron al Ministerio de Salud revisar cuántos de los 10.358 jóvenes a los que se les renovó su crédito en 2022 estaban registrados en el RLCPD. La cartera les respondió que solo 147 beneficiarios, un hecho “cuestionable” para la Contraloría.
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Luego de consolidar estos datos, la Contraloría envió los hallazgos al Icetex. El Instituto aseguró que por un acuerdo adoptado a finales de 2021 ya no debía exigir este documento para el desembolso del dinero. A pesar de las razones expuestas por el Icetex para este ente de control, según consta en el informe al cual El Espectador tuvo acceso, la entidad sí debía revisar esta base de datos. El órgano señaló que, además de “argumentos contradictorios” presentados por el Instituto, “es evidente la falta del deber objetivo de cuidado y negligencia al girar recursos sin la consulta previa en el registro”.
Para el presidente del Icetex, “no hay nada de contradictorio en lo que hemos respondido”, e insiste en los argumentos presentados por la entidad a la Contraloría. Toro señala, además, que existían normativas las cuales les permitían solicitar otros documentos mientras la base de datos entraba en funcionamiento y reitera que, de acuerdo con el reglamento interno, el Icetex no estaba en la obligación de revisar el registro al momento de renovar un crédito, sino solo cuando lo iba a otorgar.
También asegura que lo primero que hizo al llegar al Instituto, en septiembre de 2022, “fue cumplir con una obligación que tenía que estar realizando la entidad, la cual consiste en interoperar con el sistema del registro único de personas con discapacidad”. Es decir, ¿antes de su posesión en el Icetex los funcionarios no estaban verificando el RLCPD? “Solo puedo responder por los meses que llevo en el cargo”, contesta.
Aunque este diario intentó confirmar con el Instituto desde cuándo es obligatorio comprobar el registro para otorgar y renovar los créditos, al cierre de esta edición no recibió respuesta. El Espectador también se contactó con Manuel Acevedo Jaramillo, presidente de la entidad entre 2018 y 2022, para conocer su versión de los hechos. Manifestó encontrarse fuera del país disfrutando de vacaciones familiares.
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Si bien las posiciones de la Contraloría y de Toro son opuestas, coinciden en un punto: al no estar verificando la base de datos del Minsalud, el sistema quedó expuesto para que los tramitadores falsificaran los certificados de discapacidad.
¿Cómo funcionan las redes de tramitadores?
De acuerdo con la investigación que ha adelantado el Icetex, estos procesos eran realizados por tramitadores y organizaciones que se hacen pasar por supuestas fundaciones y ONG. Sus representantes se ubican al lado de las universidades o frente a las oficinas de la entidad para conversar con los jóvenes. A algunos los intentaban convencer con un argumento que podría seducir a cualquier estudiante con ganas de empezar una carrera: la posibilidad de otorgarles una beca.
Julaisy, de San Andrés, era graduada como técnica en contaduría del Sena y buscaba su título profesional, por eso accedió a la Fundación Fama. Si bien reconoce que se le hacía raro que le cobrarán un seguro de $30.000, asegura que lo pagaba para continuar con sus estudios. Hace unas semanas se enteró de que no existía ninguna beca, sino que la habían hecho pasar por una persona con discapacidad.
Pero los estudiantes también recurrían a los tramitadores, como cuenta Agudelo*, porque las rutas de acceso al Icetex no siempre son fáciles a través de internet. Él, que es víctima del conflicto armado y cuenta con un registro que así lo certifica, sabía que podía adquirir un crédito con mejores condiciones y así se lo hizo saber a quien le ayudó con el trámite. Su sorpresa fue grande hace unas semanas cuando se dio cuenta de que estaba bloqueado porque lo habían hecho pasar por una persona con discapacidad. “El tramitador pasó un documento falso por mí”, asevera el joven.
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En este ejercicio de recopilación de testimonios, el Icetex también determinó otro grave problema: las organizaciones empezaron a suplantar a médicos. Este es el caso de un profesional en la Costa Caribe al que le cogieron su firma y sus logos. Con ellos “certificaron” a unos 600 alumnos como invidentes”, comenta Toro.
Pero no solo los profesionales de la salud han resultado implicados en estas redes. Toro denuncia que han conocido casos donde algunos profesores terminaron trabajando, bajo engaños, para redes de tramitadores. “Los convencían diciéndoles que por cada joven que refiriera le iban a dar una suma de dinero”. Sin mucho conocimiento de los procesos que adelantaban los estafadores, dice Toro, los docentes les contaban a los jóvenes que existían “condiciones más baratas y subsidiadas” para estudiar y los referían a las supuestas fundaciones.
El modus operandi es similar en la mayoría de los casos. Los tramitadores suelen pedir el número del documento de identidad del joven, los datos de un codeudor y proceden a crear un correo en el sistema del Icetex, sin otorgarles acceso a los estudiantes o a sus familias. Por este trámite las familias pagan entre $300.000 y hasta $2 millones. A esto, denuncian algunos, se suman los $200.000 que los tramitadores exigían semestralmente para la renovación del crédito.
“Estos tramitadores, al tener la clave de los estudiantes, muchas veces no les decían que tenían acceso al subsidio de sostenimiento. Se quedaban con ese dinero”, puntualiza el presidente del Icetex.
En este último mes, el Instituto ha recibido 653 correos en donde los jóvenes denuncian a los presuntos estafadores. Gracias a estos, y a un cruce con las bases de datos, el Icetex pudo determinar que la zona del país más afectada por los tramitadores es el Caribe. Allí cinco universidades, entre las que se encuentran la Universidad del Sinú, el Cecar, la Universidad Bolívar y Corposucre agrupan a casi un tercio de los 10.211 estudiantes a quienes les bloquearon los créditos.
El Espectador se puso en contacto con la Fiscalía para saber cómo avanzan las investigaciones de estas redes, pero al cierre del texto no obtuvo respuestas.
¿En qué va el proceso en el Icetex?
Lo primero que hizo el Icetex tras el informe de la Contraloría fue buscar en el RLCPD quiénes, efectivamente, se encontraban en el registro. Allí, según le contó Toro a este diario, identificaron a 339 personas, a quienes ya les fue desbloqueado su crédito. Luego se reunieron con los directivos de 111 universidades, de las 308 que tiene el país, donde se concentran los casos.
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Tras depurar los datos iniciales, y excluir a los jóvenes que sí tienen alguna discapacidad, el Instituto dividió a los estudiantes restantes en tres grupos. En el primero encontraron que 1.092 no cumplen con el requisito de discapacidad, pero sí pertenecen a población en condición de vulnerabilidad. Es decir, son población indígena, víctimas, reintegrados o Red Unidos (programa del Departamento para la Prosperidad Social). “Ellos podrán mantener los beneficios de su crédito y sus subsidios”, cuenta Toro. Ya, dice, les desbloquearon sus créditos hace algunos días.
Del segundo grupo son parte 4.913 jóvenes, que están registrados en Sisbén en categorías entre A1 y C7. Estos estudiantes también mantendrán los beneficios de sus créditos y subsidios, pues, aclara Toro, reflejan la condición de vulnerabilidad. Sin embargo, deberán esperar hasta la semana del 19 de julio, pues la junta directiva debe aprobar este cambio de línea de crédito.
Esto, como dice Natalia Acosta, estudiante de octavo semestre en la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) y quien también denuncia que fue víctima de los tramitadores, es un problema para los estudiantes, pues para la fecha tentativa de desbloqueo que entregó el Icetex el semestre académico ya habrá iniciado.
Ella, y cientos de jóvenes más de esta región del país, denuncian que las universidades no los van a esperar, como lo solicitó el Instituto. Por el contrario, las instituciones educativas están ofreciendo sus créditos como alternativa para que los estudiantes matriculen el semestre que está por comenzar, una situación poco viable para los jóvenes, considerando que son parte de poblaciones vulnerables.
El último grupo, detalla el presidente del Icetex, está conformado por 1.794 jóvenes que no cumplen ningún requisito para ser considerados población en condición de vulnerabilidad. A estos, la entidad los llamará individualmente para ofrecerles un crédito en una línea tradicional de la entidad. Si aceptan el cambio, deberán cumplir con dos condiciones: primera, no tendrán ningún tipo de subsidio, y segunda, deberán devolver todo el dinero que el Instituto les haya girado a lo largo de estos años por concepto de subsidio de sostenimiento, que corresponde a un salario mínimo por semestre.
¿Qué hacer para que esto no se repita?
Una de las primeras cosas que hizo Toro cuando llegó al Icetex en septiembre de 2022, recuerda, fue llenar el formulario que cualquier joven debía diligenciar para solicitar un crédito. Se demoró, según cuenta, más o menos 14 horas. Por eso una de sus primeras misiones fue simplificar el formulario.
Ahora, asegura, el formulario para el pregrado cuenta con 51 preguntas menos, lo que significa una reducción en los campos del 30,5 % respecto al anterior documento. En el caso de los posgrados, eliminaron 41 preguntas, una disminución del 35,9 % de los datos que los estudiantes deben aportar. Eso no significa que el Icetex se esté quedando sin esa información. Como explica, la entidad ahora la obtiene de las distintas bases de datos con las que coopera actualmente.
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Aunque el Icetex y miles de jóvenes a quienes les bloquearon sus créditos ya empiezan a ver la luz al final del túnel, Rodríguez, de la Contraloría, anuncia que en los próximos meses iniciará una investigación para determinar cuánto dinero giró la entidad en los últimos cinco años a personas que no cumplían con los requisitos de discapacidad. Agrega que en el plazo de dos semanas, este órgano dará inicio a un proceso de responsabilidad fiscal para determinar quiénes son los funcionarios del Icetex que aprobaron realizar los giros a estas personas. En caso de ser hallados culpables, enfrentarán sanciones disciplinarias.
*Algunos nombres fueron cambiados por petición de la fuente.
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