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Cuando María Victoria Angulo se posesionó como ministra de Educación del gobierno de Iván Duque, sus propósitos principales eran dos: quería aumentar la cobertura en primera infancia y mejorar la calidad en educación básica y media.
Sin embargo, a las pocas semanas de comenzar su labor, miles de estudiantes universitarios de distintas regiones del país entraron en paro. La educación superior pública estaba pasando por una crisis financiera insostenible, con un déficit acumulado de casi $18 billones. Los estudiantes que salieron a las calles recibieron el apoyo de los sindicatos de maestros, ganaron la atención de la opinión pública y después de casi dos meses de manifestaciones pacíficas llegaron a un acuerdo histórico con el Ministerio. El principal punto de la negociación fue el aumento de $4,5 billones para el presupuesto de la educación superior entre 2019 y 2022.
Hoy, un año después de su posesión y con mucha más calma, Angulo hace un recorrido por todos los niveles de la educación en Colombia e insiste en el compromiso del Gobierno con este sector: “En el presupuesto que presentamos esta semana pasamos de $41,4 billones para educación en 2019 a $43,1 billones para 2020, un salto muy importante que garantiza el cumplimiento de todos los acuerdos firmados”.
¿Cuántos niños de cero a seis años hay en Colombia y cuántos no tienen atención integral en la primera infancia?
En este momento hay 1,3 millones de niños de cero a seis años que reciben atención integral. Nuestro objetivo, durante los cuatro años de gobierno, es atender a 2 millones de niños. Este es un trabajo intersectorial, en el que participan el ICBF, la Alta Consejería de la Presidencia, Minsalud, Mincultura, Coldeportes y Mineducación. En concreto, nosotros, como Ministerio, queremos pasar de atender 71.000 niños en preescolar en 2018 a 500.000 en 2022. Para lograrlo, ya estamos trabajando con 71 de las 96 secretarías de Educación del país. Al terminar este año habremos atendido a 110.000 niños. Nuestra meta es generar cobertura plena en primera infancia, sobre todo para niños en condiciones de vulnerabilidad, para los niños del campo.
¿Cómo hacer para atender a 700.000 niños adicionales en cuatro años?
Tenemos que generar esos cupos, pero distribuidos en las distintas instituciones que ofrecen alternativas de acceso. La Presidencia, la Alta Consejería y el ICBF tienen una línea de construcción de centros de desarrollo integral y también de jardines infantiles. El Ministerio va a destinar recursos para la adecuación de aulas y el fortalecimiento de preescolar en los colegios públicos del país.
Eso en cuanto a cobertura. ¿Qué hacer, entonces, para mejorar la calidad?
En Colombia estamos en el momento indicado para dejar de hablar de cobertura y empezar a hablar de trayectorias completas. Todo el trabajo de las distintas entidades del Estado debe ser para que cuando una familia tenga a su hijo sienta que el sistema público de educación le da las garantías en todo el proceso de formación, para que él acceda, permanezca y tenga un desarrollo integral. En ese proceso, los primeros años son diferenciales. Está más que probado que los primeros años de vida definen el desarrollo del niño. El modelo de atención integral actual está regido por ocho realizaciones que incluyen el cuidado de los niños y las relaciones con los padres. Nosotros llegamos a fortalecer la alimentación y la nutrición, y estamos trabajando en un sistema de seguimiento que dé información a padres de familia y a maestros de cómo evoluciona el proceso de los niños en jardines y preescolares.
Se cree que en educación básica, secundaria y media la cobertura está muy bien. ¿Es así?
No necesariamente. Hay varios niveles de formación en los que se ven coberturas altas, pero hay tres desafíos concretos en los que nos vamos a concentrar. Primero: la cobertura en educación media (10 y 11 grados) en zonas rurales no es suficiente. Segundo, hay una deserción muy alta. Hay que garantizar las condiciones mínimas para que los adolescentes que llegan a noveno no dejen el colegio. Para eso vamos a lanzar un programa de reducción de deserción enfocado en zonas rurales y en territorios que han padecido el conflicto armado. El concepto de la trayectoria completa debe estar complementado con los de acogida, bienestar y permanencia. Acá hay que integrar los programas de alimentación, transporte e infraestructura a la educación rural. Además de la motivación de los profesores, necesitamos que los niños y jóvenes tengan condiciones de vida para continuar estudiando.
¿Qué significa, en términos concretos, incluir la alimentación, el transporte y la infraestructura?
Desde que llegamos al Ministerio incrementamos los recursos de alimentación, pero eso hay que acompañarlo con transparencia. Por eso creamos la Unidad Especial de Alimentación Escolar, que va a trabajar con las secretarías de Educación para garantizar que no se roben el dinero. Más recursos y mejor gestión. En transporte hay buenas noticias. Sabemos que todavía hay muchos estudiantes que se demoran cuatro horas en llegar al colegio, cruzando ríos y montañas. Por eso estamos modificando la normatividad de transporte escolar. Esto quedó en el PND y en los próximos meses vamos a sacar decretos para reglamentar transportes alternativos que reduzcan los tiempos y ayuden a reducir las tasas de deserción. En infraestructura tenemos dos desafíos. Uno, terminar de resolver los problemas de retrasos en las obras pendientes en el Fondo de Infraestructura. Dos, poner en marcha nuevas convocatorias para mejorar las residencias escolares, las cocinas, los espacios deportivos.
Un informe de la Fundación Empresarios por la Educación dice que los niños rurales reciben el 50 % menos de las horas de clase que los niños de la ciudad. ¿Cómo cerrar estas brechas?
Tuvimos en cuenta estos estudios de diagnóstico y decidimos priorizar la primera infancia en el campo, la formación de maestros y nuevos modelos pedagógicos que se adapten a las realidades de la ruralidad.
¿Qué están haciendo en ese sentido?
El trabajo con los maestros, que son la base de todo, es clave. Estamos generando opciones de posgrados en las regiones que permitan que los profesores sigan con su formación sin dejar de trabajar. Además, hace unas semanas abrimos el primer concurso para maestros rurales enfocado en los municipios Pedet. Ya estamos en proceso de selección. También estamos tratando de adecuar modelos flexibles de educación, como el de la escuela nueva de Vicky Colberg, que nos ayuden a atender a la población rural dispersa, con aulas multigrados. Estamos diseñando materiales de lectura para las familias rurales y fortaleciendo las 595 residencias escolares o internados ubicados en las zonas más pobres y lejanas del país.
Expertos coinciden en que el principal problema de la educación en Colombia es la calidad de la básica y media. Moisés Wasserman, por ejemplo, dice que esto no se puede cambiar si no se mejora la formación de los profesores. ¿Qué estrategias se van a implementar en ese sentido?
Vamos a fortalecer la formación inicial de los maestros y vamos a acompañar la formación posgradual y situada. El trabajo comienza con las normales y las facultades de pedagogía y licenciatura. Queremos profesionalizar a los maestros normalistas y aumentar los índices de calidad. Una estrategia concreta es trabajar directamente en los currículos de las licenciaturas para que incluyan el trabajo de prácticas en los colegios.
¿Qué está pasando con las evaluaciones?
Estamos mejorando el eje de evaluación para todos los actores del sistema: estudiantes, directivos y maestros. Ya volvimos a implementar las pruebas Saber a niños de 3, 5, 9 y 11 en lectura, ciencias y matemáticas. Con una novedad: se incluyeron pruebas en escritura y en competencias socioemocionales.
Además de calidad, hay un problema de equidad: entre los mejores colegios del país rara vez hay uno público. ¿Cómo hacer para reducir estas brechas?
Nuestra apuesta en ese sentido se materializa en el programa Todos a Aprender. Ya sabemos que funciona, por eso vamos a aplicarlo a preescolar y a primaria en lectura, matemáticas y competencias socioemocionales. Así se cierran las brechas con políticas integrales de calidad que lleguen a todos los rincones del país. Las escuelas colombianas reclaman que se reconozcan en su diversidad.
¿Cómo están las relaciones con Fecode?
En el año que llevamos hemos tenido dos períodos importantes de conversaciones con Fecode. En el primero revisamos lo que no se había cumplido de los acuerdos anteriores y en diciembre se honró la promesa de la bonificación docente, del incremento salarial y de iniciar la evaluación de diagnóstico formativo. En febrero iniciamos las conversaciones legales con el pliego de peticiones que ellos pasaron y en mayo 16 logramos un acuerdo para la formación posgradual y continuada de los docentes. También reconocimos las brechas salariales que hay entre los maestros y otros profesionales y diseñamos un plan de pagos para reducirlas.
En educación superior, ¿cómo va Generación E? ¿Se han cumplido las metas previstas?
Generación E tiene tres componentes. El primero es fortalecer la educación superior y cumplir los acuerdos firmados con los estudiantes y profesores el 14 de diciembre de 2018. El segundo, el de equidad, consiste en dar acceso gradual gratuito a educación superior pública. Acá, la meta en el cuatrienio es beneficiar a 320.000 estudiantes. En este primer semestre logramos 43.000 inscritos en 900 municipios del país. El último componente es la excelencia, los mejores puntajes del Icfes pueden elegir el programa que quieran, sea público o privado. A la fecha hemos beneficiado a 3.700 estudiantes de los 16.000 que están previstos para los cuatro años de gobierno.
¿El único inconveniente que tuvieron fue el de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes?
Sí, ese tema se superó y este semestre ya ingresan los estudiantes admitidos a la carrera profesional. Una cosa importante es que la composición de los beneficiarios fue 60 % universidades privadas y 40 % públicas. Antes era 90 % privadas y 10 % públicas.
Desde mañana entra en vigencia el nuevo decreto de calidad de educación superior. ¿En qué consiste?
La última norma era de 2008, ya teníamos que cambiarla. El decreto tiene como propósito modernizar el sistema de educación superior, reconocer la diversidad de las instituciones, poner en el centro los procesos de aprendizajes de los estudiantes, dejar claros los requisitos de investigación y reducir tiempos de registro y acreditación.
Un tema controversial durante su gestión han sido las convalidaciones de títulos extranjeros. ¿Qué está haciendo el Ministerio para agilizar estos trámites y garantizar la calidad?
Era necesario reformar la resolución que rige las convalidaciones para mejorar tiempos y ser más transparentes sobre los programas reconocidos en el mundo. Pero no solo hay que reformar la resolución, también el actual sistema de información, porque no les da respuestas en línea a las peticiones del usuario. Estamos reformando esto en paralelo y en septiembre estará listo.
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