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En menos de 48 horas, José Ismael Peña deberá asumir la rectoría de la Universidad Nacional, la institución de educación superior pública más importante del país. Esto luego de una sentencia de segunda instancia proferida por las magistradas Luz Marina Ibañez, Elvia Bibiana Guarín y Claudia Angélica Martínez, de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
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Las magistradas coinciden en que el acta a través de la cual se designó a Peña como rector “no fue anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Consejo de Estado), ni se encuentra suspendido por medida cautelar alguna”, por lo que, a sus ojos, el acto que lo designó como rector “conserva su presunción de legalidad y su fuerza obligatoria”.
Contra esta sentencia, que no fue bien recibida por algunos sectores en la universidad, no existe recurso de apelación. El único camino que ven viable personas como Valentina Andrade Bautista, abogada de la Universidad Nacional, es que los sectores de la comunidad universitaria contrarios a la decisión le pidan a la Corte Constitucional, a través de cartas, que elija revisar el fallo. Pero eso, reconoce Andrade, es un “proceso larguísimo que podría tomar hasta dos años”.
Después de conocerse esta decisión, sin embargo, son varias las inquietudes que todavía quedan en el tintero, como, por ejemplo, si el Tribunal Superior de Bogotá vulneró la autonomía universitaria, cuándo se llevará a cabo la posesión de José Ismael Peña y si realizará nombramientos nuevos o si habrá paro estudiantil y profesoral.
¿Cuándo llega José Ismael Peña a la rectoría?
Peña, ingeniero de sistemas, en entrevista con El Espectador, cuenta que espera asumir el cargo el 19 de febrero. Peña explica que lo que dice el reciente fallo es que el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas, debe facilitar las condiciones para que llegue a la rectoría. Esto, entonces, se traduce en que debe pedir la personería jurídica legal al Ministerio de Educación, que es el documento que la cartera debe entregar al profesor Peña asegurando que es el rector. Por esta razón, añade, “no va a haber una posesión, porque el fallo es claro en que nunca he dejado de ser rector”.
En cuanto al tiempo en el que permanecerá en el cargo, dice que será hasta marzo de 2027, cuando se termine este período rectoral y se convoque nuevamente a una designación de rector o rectora. Sin embargo, Peña no descarta realizar una serie de consultas al Consejo de Estado para tener mayor claridad sobre este punto.
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Una vez asuma el cargo, entre sus planes está realizar el nombramiento del equipo de las direcciones nacionales, que son las que pertenecen a investigaciones, a lo académico, a la docencia y a lo financiero y administrativo. También planea cambiar las vicerrectorías de las nueve sedes de la universidad: Bogotá, Amazonas, Orinoquía, San Andrés, Tumaco, Manizales, Medellín, Palmira y La Paz.
“Es el mismo equipo que tenía cuando iba a arrancar en mayo de 2024 y hemos venido trabajando de manera permanente, revisando la situación de la universidad, de cómo se están moviendo las cosas, y ese equipo es el que me va a acompañar a arrancar mañana”, comenta y asegura que, hasta el momento, el equipo de Andrés Felipe Mora, quien venía desempeñándose como rector encargado, no le ha enviado ningún mensaje. “Espero que se comuniquen de aquí a mañana, para poder proceder a los empalmes respectivos”, señala.
El CSU, por su parte, todavía no ha definido cuándo se reunirá de forma extraordinaria para tratar un único tema: la rectoría y la decisión del fallo.
¿El Tribunal Superior de Bogotá vulneró la autonomía universitaria?
Otra de las preguntas que ha girado en torno a la más reciente sentencia se centra en entender si se respetó o no la autonomía universitaria. Andrade Bautista, estudiante de la especialización en DDHH, recuerda que ningún tribunal, ni siquiera el Consejo de Estado, puede ordenarle directamente el nombramiento y posesión de un rector a la Universidad Nacional, porque es una facultad que solamente está determinada al CSU. En ese sentido, la abogada considera que cuando el Tribunal Superior de Bogotá indica que el CSU debe dar nombramiento y posesión a Ismael Peña, “está vulnerando la autonomía universitaria”.
Además, Andrade cree que el tribunal cometió otro error al asegurar que “el CSU declaró la vacancia por las decisiones del Consejo de Estado. Eso es falso”. El fallo del Consejo de Estado más reciente, emitido el 24 de noviembre de 2025, declaró la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera como rector, por lo que “el CSU antes de que esa sentencia tuviese esos efectos, recibió la renuncia del profesor. En ese momento se declara la vacancia y luego nombra rector encargado, que es Andrés Felipe Mora”, comenta y considera que todo este proceso se traduce en una actuación sistemática por parte de los tribunales para poder vulnerar la autonomía universitaria.
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Víctor Saavedra, exdirector de la agencia Atenea, tiene una opinión diferente. En sus redes sociales expresó que la autonomía universitaria “fue vulnerada cuando el Gobierno intervino para reversar esa decisión mediante cambios en el Consejo Superior y la participación directa del Ministro de Cultura”. Una postura similar comparte Moisés Wasserman, exrector de la Nacional, quien escribió que “los irresponsables fueron los representantes del CSU y varios profesores de Derecho que impusieron, por razones ideológicas, un rector, vulnerando las normas y la autonomía universitaria”.
¿Y la Constituyente Universitaria?
La Constituyente Universitaria ha sido una de las banderas que implementó Leopoldo Múnera cuando asumió el cargo, en junio de 2024, y que Andrés Mora decidió continuar. El objetivo, entre otras cosas, es definir una nueva estructura administrativa y de gobierno para la universidad. Peña, no obstante, dice que para continuar con este proceso debe primero consultarle a la comunidad universitaria, pues, en su opinión, algunos profesores y profesoras no participaron en esas votaciones como una medida de rechazo a esa imposición de la medida.
“La constituyente es una decisión que tomó el Consejo Superior Universitario y yo pediré de todas maneras que las profesoras y profesores se pronuncien frente a ese proceso, si están de acuerdo con que continúe y con las personas que eligieron para las mesas de trabajo”, asegura.
Pero la mirada desde la mesa de trabajo es otra. Andrade Bautista, quien es delegada a la Mesa Constituyente Universitaria, explica que la nueva rectoría no podría tumbar este proceso porque está aprobado por el CSU y está en el marco del plan nacional de la institución. Eso, anota, se traduce en que “llegue la administración que llegue, sigue la Constituyente Universitaria”. Sin embargo, no desconoce un problema: la modificación del aparato administrativo de la universidad.
Este cambio en la rectoría, a su juicio, puede obstaculizar administrativamente la Constituyente Universitaria. Un ejemplo de ello, anota, “es que para el último fin de semana de este mes tenemos proyectado una sesión de la mesa constituyente universitaria. Pero si el profesor Ismael Peña se posesiona y decide que no va a contratar a las personas específicas para que puedan surtirse los elementos financieros, logísticos y de movilidad para garantizar que todas las sedes lleguen a esa sesión, pues es un tropiezo enorme”.
¿Habrá paro estudiantil?
Andrés García, estudiante de derecho de la Universidad Nacional, dice que el fallo de este martes, 17 de febrero, los tomó por sorpresa. En ciertos sectores de la comunidad universitaria se creía que en una primera sentencia el tribunal había dicho que no se le había vulnerado el derecho al trabajo al profesor Peña; este nuevo pronunciamiento iba a ser similar. “Hubo una sensación de desasosiego, de que ya no hay nada que hacer. Ante cualquier movimiento social nos vamos a encontrar con un techo de cristal”, asegura.
Por esta razón, entre las manifestaciones que están surgiendo en la universidad, está la posibilidad de un paro definido de actividades académicas hasta el martes, 19 de febrero, que se vuelva a reunir la asamblea. Una vez se conoció la decisión del tribunal, algunos profesores, estudiantes y trabajadores de la institución se reunieron en una primera asamblea y apuntaron a una única estrategia: cancelar las clases y obstaculizar la entrada a los salones.
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A los ojos del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, la institución ya corre el riesgo de que se cancele el semestre o de que se extienda por un par de meses, pero, a juicio del movimiento, “no representa un mayor problema para los estudiantes como lo puede presentar una eventual rectoría en la que se desabastece el bienestar universitario”. Hasta el momento, además de Bogotá, la sede de Manizales se sumó al paro, pues en dos de las tres facultades están suspendidas las clases.
El panorama que describe Peña es diferente, pues asegura que ha recibido llamadas y mensajes de estudiantes y representantes estudiantiles que le han asegurado que ellos no van a ir a paro. “Ya los comenzaron a amenazar”, sostiene y comenta que eso es justamente lo que se tiene que evitar. “Lo que haré es un llamado al diálogo, a que nos sentemos, a que discutamos, a que trabajemos y a que podamos pensar diferente sin llegar a este punto”.
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