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Aunque aún no se conoce el documento, varios de los rectores comparten una inquietud: insisten en la importancia de que esta reforma se robustezca con las sugerencias y opiniones de los actores del sector. Temen que sea radicada de afán en el Congreso. (Lea: Reforma a la Ley 30: universidades proponen nuevo modelo de financiamiento)
Además, dicen, que mientras se elabora una reforma integral, se debe dar prioridad a los artículos 86 y 87, los cuales determinan la fórmula que el Gobierno emplea para asignar el presupuesto que destina cada año a las Instituciones de Educación Superior (IES). En caso de no ajustarse estos artículos, advierten, la crisis de desfinanciamiento de los planteles persistirá.
Ejemplo de esta crisis, explica Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), se refleja en el crecimiento de la matrícula que han presentado las 34 universidades públicas en los últimos 30 años. En 1993, el SUE contaba con 150.000 estudiantes y ahora son más de 650.000 los jóvenes inscritos.
El incremento de estos 500.000 cupos, según Torres, implicó “el desfinanciamiento que hoy tenemos. Ampliamos cobertura que requirió un aumento de infraestructura, investigación, internacionalización y vinculación de profesores, entre otros, pero con los mismos recursos”. (Puede leer: Los detalles que reveló el Gobierno sobre la reforma que quiere hacer a la educación)
La reforma es vista con buenos ojos por los actores del sector, pero le piden al Gobierno que tenga en cuenta algunos puntos claves. Por ejemplo, desde la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) le entregaron al Ministerio un documento con 10 puntos esenciales, que son: el sistema de educación superior y la gobernanza; la autonomía; el aseguramiento de la calidad; el financiamiento del sistema; la cobertura, el acceso y la permanencia; el enfoque territorial, el bienestar universitario, la innovación y la transformación productiva, los temas relacionados con la internacionalización, y la equidad, inclusión e interculturalidad.
A pesar de que cuentan con una hoja de ruta, Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, advierte que esta reforma se está dando en una coyuntura particular, ya que “está planteada por el Gobierno, sin que nosotros conozcamos el articulado. Normalmente en las normas uno dispone del documento y los que forman parte del sector hacen la opinión respectiva”.
Además, comenta, aunque el Gobierno sostiene que ha realizado una serie de consultas, no se ha consultado a los directivos, comunidades académicas, sector productivo ni al sector de la ciencia y la tecnología. Por último, apunta, “esta ley, que lleva 30 años en Colombia, merecía tener el tiempo prudente para hacer una reestructuración justa y apropiada”.
Cuando se radique, la reforma enfrentará un riesgo: que se hunda en el Congreso. Para que eso no suceda, John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, cree que las universidades tienen el compromiso de “hablar con las bancadas de las distintas regiones. Tenemos programadas reuniones que nos permitan intercambiar inquietudes, posiciones y sugerencias”.
Estos son los otros puntos claves que debe tener la reforma a la educación, según algunos rectores:
Financiación
Arboleda, de la Udea, resalta la propuesta que han venido elaborando desde el SUE para modificar los artículos 86 y 87. Consiste en un nuevo modelo de financiamiento, que se mida con el Índice de Costo de Educación Superior (ICE), el cual incorpora cuatro variables: vinculación de profesores, vinculación de personal administrativo, ampliación de cobertura y la financiación del Decreto 1279, relacionado con la producción científica de los profesores.
Además de este indicador, dice, se deben “sumar puntos adicionales que nos permitan ir recuperando esa desfinanciación que lleva 30 años”. De modificarse estos artículos, anota Fabio Arias Orozco, rector de la Universidad de Caldas, se podría cerrar la brecha presupuestal que persiste entre las universidades. (Le puede interesar: “Continuarán los programas tecnológicos”: SENA sobre alerta de la Procuraduría)
La fórmula empleada en los últimos 30 años desde que la ley entró en vigencia, explica Arias, ha permitido que “algunos planteles reciban más de 15 salarios mínimos por estudiante, mientras que a otros les entregan menos de tres”. La idea, agrega, es que todas las instituciones reciban la misma transferencia per cápita por alumno.
Reformas al Icetex y el Icfes
A los ojos de Ivaldo Torres, rector de la Universidad de Pamplona y director del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), el documento final debería contemplar una reforma al Icetex. En su opinión, la entidad debe dejar de pensarse como un banco y “lo ideal es que dé la oportunidad de condonar y flexibilizar esos recursos que se les entregan a los estudiantes para que puedan formarse”. Añade que este modelo debe pensarse tanto para los pregrados como para los posgrados.
Alejandro Álvarez Gallego, rector de la Universidad Pedagógica, por su parte, señala que es esencial una nueva arquitectura institucional del sistema de educación superior, en el cual el CESU y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) tengan nuevas funciones y una nueva estructura en su representatividad.
Además, agrega Álvarez, “el Icfes también debe reformarse y volver a ocuparse de las tareas de fomento de la educación superior. Tiene que entregar diagnósticos y, a partir de ahí, ofrecer insumos que orienten a políticas de mejoramiento”. En este punto, asegura, también se puede asignar un lugar importante a las instituciones técnicas y tecnológicas. (Lea también: Los estafadores que tumbaron al Icetex y a cerca de 10.000 estudiantes)
Permanencia
Uno de los vacíos de la norma vigente, resalta Torres, del CESU, es el de la permanencia de los jóvenes, sobre todo aquellos de escasos recursos. Cuenta que el modelo actual se ha centrado en abrir nuevos cupos, pero no en estrategias enfocadas en contrarrestar la deserción, ya que, asegura, “de nada sirve garantizarle a este estudiante un cupo, si al otro semestre no puede continuar con sus estudios porque no tiene para pagar el pasaje hasta la universidad o para comprar los recursos que le piden en la carrera, por ejemplo”.
Para evitar que las cifras de deserción sigan aumentando, proponen desde la Universidad Industrial de Santander, en cabeza del rector Hernán Porras Díaz, que se entienda la educación superior como un derecho fundamental, el cual se encargue de promover acceso, permanencia y graduación. Por eso, sugiere que sea “obligatoria la implementación de programas de bienestar para garantizar la permanencia y prevenir la deserción en todos los niveles y modalidades, bajo criterios de inclusión y no discriminación”.
Formación de docentes
El otro punto clave para Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica, es la formación de maestros. Aclara que en la ley se señala a la Universidad Pedagógica como la “entidad asesora del Ministerio de Educación en políticas de formación de maestros”.
Sugiere que con la reforma se especifique que la Universidad Pedagógica sea la institución encargada de orientar el proceso de formación ligado al Sistema Colombiano de Formación de Educadores. Según dice el rector, varios gobiernos han desconocido la labor que se adelanta desde el plantel, porque “la norma no ha sido explícita”.
Además, apunta, debe llenarse un vacío que persiste en la norma actual, que es el relacionado con las escuelas normales superiores. “Ofrecen dos años más de postsecundaria, pero el sistema de educación superior no las reconoce como instituciones de educación universitarias”, comenta. La idea, sugiere, es que sean reconocidas para que puedan seguir formando maestros y maestras. (Le podría interesar: En 2022, el PAE llegó al 76 % de estudiantes del sector oficial del país)
Otros temas claves
Los otros temas que los rectores consideran importantes en la reforma son la calidad y autonomía universitaria, el gobierno universitario, el bienestar universitario y mejorar el régimen financiero. En este último punto, añade Porras, de la UIS, se contempla que el Ministerio de Ciencia destine “recursos financieros para el desarrollo de la investigación en esos territorios. Las instituciones públicas, por su parte, garantizarán la calidad y la pertinencia”.
También, sugiere Arias, de la U. de Caldas, es importante que en el documento final se hable del componente de calidad académica, porque “se debe entender la importancia de graduar estudiantes con alta calidad, en docencia o en investigación”. El último punto que debería tener la reforma, opina Arias, es el de los procesos de articulación con la educación media
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