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La ley estatutaria de educación, una de las principales apuestas del Gobierno Petro, enfrenta su momento más difícil a solo un debate de que se convierta en ley. De manera sorpresiva, en la mañana de este jueves, 13 de junio, se radicaron en el Congreso dos ponencias positivas, una liderada por el partido de Gobierno, mientras que la otra fue propuesta por senadores de la oposición, como Paloma Valencia, del Centro Democrático, y David Luna, de Cambio Radical.
Estas nuevas ponencias parecen ser un obstáculo al acuerdo que había logrado días atrás el Ministerio de Educación. Se había conseguido el 5 de junio tras varias reuniones entre esa cartera, los ponentes del proyecto y la oposición. Según cuenta la ministra Aurora Vergara, esta fue una de las peticiones que hizo el presidente Petro un día antes: “hay que sentarse a negociar”, les pidió. Los resultados de las reuniones se reflejaron en la votación: los 44 artículos tuvieron el respaldo de los 19 senadores.
A pesar de que se consiguió un apoyo unánime, el documento final generó varias inquietudes y malestar dentro del sector. Incluso Fecode, el sindicato más grande de maestros, se opuso a esta versión y convocó a una movilización el pasado miércoles 12 de junio. Entre sus peticiones estaba la de “retirar este proyecto”, pues, en su opinión, esas enmiendas establecidas en el texto no fueron consultadas con ellos.
Con el objetivo de lograr un acuerdo en los puntos que generaron zozobra, los ponentes de la oposición y el Gobierno se reunieron en varias oportunidades durante esta semana. Sin embargo, en la mañana de este jueves, el consenso se quebró y, finalmente, la oposición decidió radicar una ponencia y el Gobierno, otra.
“La bancada de Gobierno y la ministra de Educación decidieron radicar una ponencia independiente, que no fue acordada ni consensuada”, señaló la oposición en un comunicado y reiteró que el Gobierno fue quien rompió los acuerdos. Sin embargo, la ministra Vergara no estaba al tanto de esta decisión.
Ante la situación, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, y quien ha estado presente en estos debates, explicó que “luego de horas y horas de diálogo, no se logró un acuerdo final”. Según el senador, pese a que durante el proceso de negociación “hubo muy buena disposición” por parte de las dos bancadas, pues ambas cedieron en algunos aspectos, al final no se logró llegar a un consenso en unos puntos específicos.
Uno de los puntos que generaron más debate y en el que no hubo acuerdo fue el de la financiación del sistema educativo (parágrafo F del artículo 7). En la proposición radicada por el Gobierno, se retoma la idea inicial de que el Estado priorice “el fortalecimiento de los establecimientos educativos oficiales e instituciones de educación superior públicas”, mientras que en el documento de la oposición se mantiene la enmienda, en la cual se eliminó la palabra priorizar.
Otro artículo en el que no hubo consenso fue el 18. En él se plantea garantizar el derecho fundamental a la educación terciaria al incluirlo en el sistema educativo. Mientras que fue eliminado por la ponencia de Gobierno, en la ponencia de la oposición se lo mantuvo.
Fecode también había catalogado como “problemático” el artículo 15, que hace referencia al derecho a la educación inicial. La discusión que se había generado en torno a este punto se centraba en que se eliminaba la distinción entre prejardín, jardín y transición, unificándolos como educación inicial, una enmienda que mantuvo la oposición en su proposición. El Gobierno, por su parte, fue más explícito en describir los grados que componen esta etapa.
A pesar de que se levantó la mesa y al final se radicaron dos ponencias, hubo varios consensos en temas clave. Uno de estos puntos acordados fue el de la evaluación docente, pues en ambas proposiciones se modificó la redacción del artículo 39, que había motivado las marchas de Fecode. En los dos documentos radicados se elimina el parágrafo que establecía que los resultados de los estudiantes en las pruebas de Estado, como la Saber 11, servirían como criterio de evaluación de los docentes.
El Gobierno, en su proposición, agregó otro parágrafo en el que señaló que, por ejemplo, la finalidad de esta evaluación no es retirar a los maestros de su labor y la oposición añadió una aclaración en el texto que hace referencia a que las evaluaciones se harán conforme a la normatividad expedida para tal efecto.
La ponencia del Gobierno fue firmada por las senadoras María José Pizarro, Aida Quilcué, Ariel Ávila, Julián Gallo Cubillos y Alberto Benavides Mora. Por su parte, la de la oposición fue firmada por Paloma Valencia, David Luna, Germán Blanco Álvarez, Alfredo Deluque Zuleta y Juan Carlos García. Aunque en ambas ponencias aparece el nombre del senador Fabio Amín, en ninguna de ellas está firmada.
Ahora, el Gobierno se juega su última carta en la plenaria del Senado. En el debate, que sería tentativamente el 19 de junio, pues el 17 y 18 tiene agenda la oposición, primero, se debatirá la ponencia del Gobierno (al ser radicada primero) y luego la de la oposición. Tras discutir uno a uno los puntos, se deberá votar por cada uno de los documentos y pasará el que obtenga como mínimo 53 votos.
En caso de que la votación sea favorable por alguno de los dos textos, tendrán un día para anunciar que se aprobó el proyecto y se creará una comisión accidental que concilie el que fue aprobado en la plenaria de la Cámara y el de la plenaria del Senado. Todo esto deberá realizarse antes del 20 de junio, pues al ser ley estatutaria no puede ser discutida en sesiones extraordinarias. Luego, pasaría a sanción presidencial y, finalmente, a revisión de la Corte Constitucional.
Pero, en caso de que ese día no se logre una votación favorable por ninguna de las dos ponencias, se archivará el proyecto de ley estatutaria. En caso de que se hunda, la ministra asegura que se perderá un trabajo de más un año. En sus palabras, el país perdería el chance de garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes una vieja deuda: el derecho a la educación.
Estos son los principales cambios en los documentos:
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