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Algunos estudiantes de las universidades públicas del país han regresado a clases con cierta inconformidad: están recibiendo los recibos para el pago de su matrícula del primer semestre de 2024. Varios creían que con la Ley de Gratuidad, sancionada por el presidente Petro en diciembre, iban a poder acceder de forma gratuita a la educación superior. (Lea: Día Mundial de la educación: informe muestra que hay que ponernos las pilas en ciencias)
Ante las inquietudes, en un correo, Carlos Augusto Hernández, vicerrector académico de la Universidad Nacional, y Fernán Alonso Villa, director nacional de información académica, registro y matrícula, le informaron a la comunidad académica que “la política de gratuidad aún no es universal, sino progresiva; aquellos estudiantes a quienes el ministerio no otorga el beneficio de gratuidad en la matrícula deben pagar la matrícula y en el semestre que corresponda. De no hacerlo, podrían constituirse en deudores morosos”.
Para entender la confusión hay que volver unos meses atrás. En agosto, cuando fue sancionada la Ley de Gratuidad, María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y ponente del proyecto, señaló que el objetivo era que todos los jóvenes del país que quisieran estudiar en las universidades, instituciones universitarias o técnicas y tecnológicas públicas lo puedan hacer de forma gratuita, sin importar el estrato al que pertenezcan.
Es decir, que tanto un estudiante de estrato 1 como uno que pertenece al 6 podría acceder gratis a un pregrado de una Institución de Educación Superior (IES) pública. A pesar de que esa era la idea inicial y el gobierno hablaba de universalidad, en el texto final hubo algunos ajustes. Uno de los principales tenía que ver con que esa meta fuera progresiva. El Ministerio de Educación sería la entidad encargada de establecer los lineamientos de esta política.
Esa cartera acaba de publicar los lineamientos en un documento de 16 páginas. En él señala que cubrirá la matrícula de todos los semestres académicos de la carrera, pero para acceder a este beneficio, los estudiantes deberán cubrir una serie de requisitos. (Puede leer: Universidad Javeriana tendrá clases remotas debido a los incendios en zonas aledañas)
Entre ellos están: pertenecer a un estrato socioeconómico 1, 2 o 3 e, incluso, no tener estrato; pertenecer a la población indígena, Rrom, víctima del conflicto, privada de la libertad o con discapacidad; a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o campesinas; o ser parte de los grupos A, B o C del Sisbén IV.
Estos requisitos, como pasa con Matrícula Cero, la política vigente, focalizaron al grupo de estudiantes, una medida que, a los ojos de Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, es positiva. Asegura que esta focalización es clave para evitar el subsidio a personas que podrían haber costeado total o parcialmente su matrícula.
“Es necesario garantizar que las ayudas financieras lleguen realmente a quienes más las necesitan. Los estratos 1, 2 y 3 representan casi el 80% de los estudiantes en IES”, añade Bernal y advierte que, en caso de subsidiar completamente a personas que cuenten con recursos económicos, se podrían desplazar a los estudiantes más vulnerables de la educación superior e iría en contravía de lo que “propone esta política”.
En cambio, en opinión de Andrés Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, al focalizar los recursos se gastaría más dinero, porque se debe identificar con mayor claridad las personas que son beneficiarias del programa y, añade, eso es costoso y no es una tarea sencilla.
Además, apunta Mora que la focalización no es necesariamente lo mejor en una perspectiva del derecho, porque, según dice, todas las personas deberíamos tener derecho a acceder a la educación superior. “Esto significa que deberíamos tener políticas con vocación universalista, pero que estén financiadas por impuestos progresivos”, apunta. Dice que no hacerlo llevaría la discusión a algo problemático y es pensar que “lo público es para los pobres y no que lo público se asocia a la garantía de los derechos universales”.
Hernando Bayona, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, tiene otro reparo: que solo va a cubrir la matrícula de la carrera de los beneficiados que accedan a una de las 67 universidades, instituciones universitarias o técnicas y tecnológicas públicas que hacen parte de esta política. (Le puede interesar: Educación en Medellín: resuelto el problema del aseo, ahora preocupa la deserción)
Y este punto, dice, podría ser contraproducente porque no se tienen en cuenta otros costos que están asociados con el ingreso a estas instituciones. Bayona, quien también fue viceministro de Educación Preescolar Básica y Media en el Gobierno Petro, pone el ejemplo de la Universidad Nacional, donde el cupo cuesta $100.000. “Para una persona de Vaupés, Vichada, Mitú (solo por nombrar algunos lugares) es una suma considerable y eso sin contar la dificultad que tienen para ir a presentar el examen”, añade.
Por eso, asegura Bayona, las personas de las zonas más apartadas terminan tomando la decisión de no ir a la universidad. Para él, el Gobierno ha sido muy ingenuo, al considerar que “con la matrícula gratis es suficiente. Acá tenemos una gran problemática, porque la primera talanquera es precisamente todos los procesos de admisión”.
A esta situación se le suma un ingrediente: ¿cómo asegurar la sostenibilidad del sistema público, teniendo en cuenta que ha tenido una desfinanciación histórica? Una idea que plantea Bernal, del LEE de la Javeriana, es establecer tarifas graduales, de manera que si un estudiante no cuenta con los recursos económicos, no tenga que pagar nada. Pero, en caso de tener el dinero, “debería contribuir con una parte o la totalidad de los costos, en proporción a su capacidad financiera”, comenta.
En la actualidad, en Colombia las universidades públicas no tienen una única fórmula para establecer el valor de sus matrículas. Existen tres tipos de cobro de matrícula. Uno es basado exclusivamente en características socioeconómicas de los estudiantes, como, por ejemplo, el estrato. En el otro grupo están los planteles que tienen un modelo de valores fijos por programa. Y, finalmente, hay otras instituciones que cuentan con una combinación de ambas, es decir, que para los programas tienen valores fijos según algunas condiciones socioeconómicas de los alumnos.
No contar con un modelo de financiación, dice Bayona, podría ser problemático, porque “es posible que los modelos que están usando las universidades comiencen a inflar los precios de las matrículas, porque ya no lo paga el estudiante, sino el Estado”. Entonces, propone, se podría invitar a las universidades a tener modelos similares, que tengan en cuenta varios factores, como la planta docente, la calidad, los laboratorios o las investigaciones, por ejemplo.
Entre los desafíos también están los cupos limitados. Por eso, complementa Bernal, “aunque tengan más personas interesadas que antes, no necesariamente pueden ampliar la oferta por limitaciones en infraestructura”. Sobre todo, comenta Mora, teniendo en cuenta el déficit financiero histórico y que no se han modificado los artículos 86 y 87 de la Ley 30, donde se establece la fórmula que el Estado le debe girar cada año a las IES públicas.
Otras condiciones y beneficios de la ley
Entre los lineamientos que tiene esta política también están que los estudiantes beneficiados pueden cambiar de carrera y se le descontará los periodos académicos ya financiados. Es decir, si estaba estudiando antropología en la Universidad Nacional e iba en quinto semestre y decidió pasarse a Ciencia Política, lo puede hacer. Solo, que ahora le financiarán cinco semestres y no los 10 que dura la carrera. En caso de que la matrícula sea más costosa, deberé pagar el excedente. (Lea también: Universidad Militar se vuelve a quedar sin rector. Han renunciado tres en seis meses)
Sin embargo, para promover la permanencia y graduación, el ministerio aseguró que, si un estudiante se retrasa en sus estudios, la ley cubriría un semestre adicional para formación técnica y tecnológica; y, en el caso de las universidades, cubriría hasta dos semestres adicionales. Un ejemplo de ello es que, si en sociología son 10 semestres y, por algún evento, el estudiante se retrasa, la ley cubrirá hasta 12 semestres de la carrera.
También podrán acceder a esta política aquellos estudiantes que, por superar el número de aplazamientos permitidos o haber desistido voluntariamente, hayan perdido el beneficio de otros programas, como los que hacían parte del componente de Equidad del programa Generación E.
En cuanto a los beneficiarios de programas técnicos o tecnológicos que hayan finalizado sus estudios con esta ley, los lineamientos establecen que podrán acceder hasta dos veces más a la política de gratuidad. Este beneficio lo podrán usar para estudiar un programa de pregrado de un nivel de formación diferente al financiado inicialmente.
Además, advierte el ministerio, en caso de que encuentren que un estudiante acceda al beneficio por medio de documentos falsos o que tengan datos que no son correctos (como decir que pertenece a un estrato, cuando en realidad es otro), perderán el beneficio. (Podría leer: Icetex continuará en 2024 con Plan de Apoyos para sus deudores, ¿en qué consiste?)
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