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“¿Te preocupa que un aprendiz gane el mínimo?”, “Congresista, con su salario se pueden contratar 28 aprendices del SENA” o “Me lo merezco”, fueron algunas de las pancartas que alzaron los más de 5.000 aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que salieron este martes, 18 de marzo, a apoyar la reforma laboral del Gobierno Petro. Como se esperaba, la iniciativa fue archivada en la Comisión Séptima del Senado. Uno de los puntos que más controversia había generado del texto tenía que ver, precisamente, con los aprendices del SENA. Los artículos 22 y 23 contemplaban un cambio en sus contratos para que recuperen el carácter laboral. Las principales medidas apuntaban al pago de un salario mínimo completo y el acceso a todas las prestaciones sociales.
Verónica Castro, del Centro de Industrias de Servicios sede Guayuriba, en Meta, fue una de las estudiantes que se movilizó. En una llamada contó que, como aprendices del SENA, han “perdido absolutamente todos los beneficios que tenemos como trabajadores. Apoyamos la reforma laboral porque nos devuelve las garantías que nos quitaron con la ley 789 de 2002”. A los ojos de Jorge Londoño Ulloa, director de la entidad, la medida contemplada en esos artículos podía haber beneficiado directamente a casi 400.000 aprendices que cada año firman un contrato.
Pero, antes de abordar los detalles de los cambios que planteaba la reforma laboral, es importante comprender que el proceso de formación de los aprendices SENA está dividido en dos etapas. La primera es la lectiva que, básicamente, hace referencia al período de enseñanza técnica en los centros de aprendizaje, es decir, es la preparación teórica y dura dos años y medio. Durante este período, los aprendices tienen derecho a un auxilio mensual que representa el 50 % de un salario mínimo mensual vigente y son afiliados a una EPS.
La segunda fase es la productiva, que se traduce en las prácticas laborales, las cuales duran aproximadamente seis meses. Los aprendices, en esta etapa, cuentan con un contrato en el que reciben un auxilio del 75 % de un salario mínimo mensual vigente y tienen afiliación a una EPS y a una ARL. Por ley, aquellas empresas privadas que cuenten con más de 15 trabajadores, deben contratar a un aprendiz por cada 20 empleados y, por cada 10 a 20 empleados adicionales, deben contratar a un aprendiz más. Para entender mejor esta fórmula, revisemos el ejemplo de una compañía en la que trabajan 52 personas. De acuerdo con la norma, deberán contratar dos aprendices por los primeros 40 empleados y uno adicional, por los 12 restantes.
En caso de que las empresas no cumplan con esta norma, deben pagarle una monetización mensual al SENA, el cual corresponde a un salario mínimo mensual vigente por cada contrato de aprendiz que no firme. El problema bajo la ley actual, dijo Augusto García, del sindicato del SENA (SindeSENA), es que se le “quitó el carácter de salario al contrato de aprendizaje y se convirtió en un auxilio”. Aunque para Geremy Castillo, quien estudia un tecnólogo en Gestión del Talento Humano en la sede de Bogotá, los contratos de aprendizaje son una muy buena oportunidad para tener un avance laboral, “son inequitativos, ya que, por hacer la misma labor que un trabajador, nos pagan menos”.
La ley a la que hacen referencia García y Castillo es la 789 de 2002 y entró en vigencia en diciembre de 2002 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el propósito de ampliar la protección social en el país y de promover el empleo. “Se buscaba generar 602.000 empleos anuales con esta reforma laboral”, comentó a El Espectador en ese entonces Juan Luis Londoño, ministro de Trabajo y Salud. Entre los principales cambios que planteó la norma estaban justamente los relacionados con los contratos de aprendiz del SENA, pues pasó a ser una forma especial dentro del Derecho Laboral. Desde entonces, se estableció que los aprendices recibirían “un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye un salario”.
¿Qué proponía la reforma laboral para los aprendices SENA?
Con el objetivo de regresar el carácter laboral a los contratos de los aprendices del SENA, desde SindeSENA participaron en la elaboración del artículo 22 y 23 de la propuesta de la reforma laboral. García contó que hace dos años, cuando comenzó a plantearse el documento, desde el sindicato estuvieron en el Congreso para hablar puntualmente de la formalización de los contratos de los aprendices y, además, sugirieron que se les incrementara el valor de monetización a aquellas empresas que por ley deben contratar a los aprendices, pero que se niegan a hacerlo.
Así fue como, después de una serie de mesas de trabajo, se acordó que en el artículo 22 se establecería que “en la etapa lectiva, el aprendiz recibirá el 60 % de un salario mínimo legal vigente y en la etapa práctica la remuneración será de un salario mínimo legal vigente”. Esto quiere decir que, de haberse aprobado la reforma laboral, los aprendices recibirían un 10 % más en la etapa lectiva, y un 25 % más en la etapa práctica, respecto a lo que actualmente devengan. En cuanto a las empresas obligadas a cumplir la cuota de aprendizaje, en el artículo 23, la reforma establecía que la monetización mensual sería de 1.5 salarios mínimo vigentes por cada aprendiz que no sea contratado.
Ambos artículos fueron de los que más controversias generaron durante los debates. Los congresistas que se opusieron a estos, como Lorena Ríos, del partido MIRA; Miguel Ángel Pinto, del Liberal, o Esperanza Andrade, del Partido Conservador, argumentaron que las transformaciones en los contratos de los aprendices del SENA implicarían una serie de costos importantes para las empresas. Incluso, apuntaron que “el aumento sería de casi 100 % para la empresa patrocinadora, lo que sería casi el doble del costo actual”.
Ríos, junto a Pinto, Andrade y los senadores Nadia Blel, del partido Conservador; Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente; Ana Paola Agudelo, del MIRA, Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; radicaron el pasado 10 de marzo una ponencia negativa en la que pidieron que se archivara la reforma. En esa solicitud, explicaron, por medio de un ejemplo, el incremento que tendrían que asumir las empresas con los contratos del SENA en caso de que se aprobaran los artículos 22 y 23. En 2024, apuntaron, cerca de 364.000 aprendices SENA estaban contratados, lo que representaba que el costo que asumían las empresas del país era de $6,7 billones. Con el ajuste que planteaba la reforma, advirtieron, este valor incrementaría a $12,93 billones.
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), por su parte, señaló que con la formalización del contrato de los aprendices, se aumentarían los costos laborales para los empleadores en un 36 %. Este incremento, opinión de la asociación, se traduciría en un desincentivo a la formación práctica de los jóvenes o estudiantes, porque, “si un empleador debe pagar todas las prestaciones sociales y exigencias del Código Laboral, preferirá contratar a una persona con experiencia que a un aprendiz y esto termina afectando las vacantes de aprendices. Ya no tendrán donde hacer sus prácticas nuestros estudiantes del SENA”.
Hundida la reforma, hundidos los cambios de contratos de aprendices
Para García, ambos artículos recuperaban el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Por eso, desde el sindicato le hicieron un llamado a la Comisión Séptima para que no archivara la reforma, sino que, por el contrario, se realizaran las discusiones y los ajustes pertinentes. “No tuvieron en cuenta que, si no se reconocían los derechos laborales, que era lo planteado en el artículo 22, serían más de 400.000 aprendices los directamente afectados”, apuntó e hizo énfasis en que estaban pidiendo las condiciones que tenían antes de la ley 789 de 2002. “Ni siquiera estábamos avanzando”, sentenció.
Hoy, 23 años después, algunos jóvenes, como Karol Méndez, aprendiz en el tecnólogo de Mantenimiento Mecánico Industrial en el CBI sede Palmira, en el Valle del Cauca, no ven con buenos ojos que no tengan las mismas condiciones que los demás trabajadores sí tienen en las empresas. Durante las marchas en Palmira, Méndez se enteró del archivo de la reforma laboral, una noticia que, dijo, no le cayó muy bien y contó que, para los aprendices que trabajan en empresas industriales como ella, este auxilio les estaba quedando corto. “Muchos nos debemos transportar a lugares alejados, pagar pasajes o comprar una dotación especial, como botas con platina, overoles, o guantes de carnaza. No nos alcanza”, añadió.
Ahora, que la reforma fue archivada y está hundida, los aprendices aseguraron que seguirán marchando para que sus derechos labores sean reconocidos. “Queremos que se nos respete como un trabajador bien dignificado. El contrato de aprendizaje debe ser un primer paso hacia la estabilidad laboral, no un mecanismo de explotación”, aseguró Laura Herrera, estudiante del Centro de Gestión Administrativa, en Bogotá, y añadió que estarán a la espera de la consulta popular, impulsada por el presidente Petro.
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