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Bajo un inclemente Sol de mediodía, que puede alcanzar los 35 °C, camina por el desierto guajiro un grupo de cinco niños y niñas wayuu. Terminaron la jornada escolar y ahora deben desandar el recorrido que hicieron temprano en la mañana desde sus rancherías para llegar al colegio. Entre cactus y trupillos —una vegetación delgada y no muy alta, que poco ayuda a dar sombra— tienen que recorrer entre tres y cinco kilómetros.
La imagen de “los caminantes”, como se les conoce en La Guajira, se repite por estos días a lo largo de Uribia, la llamada capital indígena de Colombia. El calendario académico inició el 9 de febrero y, aunque hay algunas rutas escolares funcionando, el servicio no ha sido contratado por parte de la Alcaldía municipal. A las instituciones etnoeducativas rurales llegan solo los estudiantes que viven cerca o aquellos que se aventuran a caminar el desierto.
“Muchos salen sin desayuno, porque no cuentan con esa comida en su casa”, asegura Carmelina González, encargada del PAE en una de las instituciones etnoeducativas de Uribia. Para esos estudiantes, añade, la alimentación escolar es la motivación para someterse a las altas temperaturas, la arena que levanta el viento y el riesgo de ser arrollados por los vehículos que atraviesan los caminos rurales. Para otros, que viven incluso a más de 10 kilómetros de distancia, no es razón suficiente para caminar. Entonces, se quedan en su ranchería a la espera de que se firme el contrato para que una camioneta pase a recogerlos, garantizando su derecho a la educación.
Mientras tanto, “estamos funcionando a media máquina”, dice Isabel Correa Uriana, rectora de la institución Media Luna Jawo, en el corregimiento de Wimpeshi. El 19 de febrero asistieron unos 250 estudiantes sumando dos de sus sedes, pero hay más de 500 a la espera de que se contrate el servicio.
Como reconoció el Ministerio de Educación en un concepto emitido en diciembre de 2025, en La Guajira hay una dependencia “crítica” del transporte escolar para garantizar la asistencia a clases. Además, la dispersión de las rancherías en el territorio y la lejanía de las instituciones educativas es un factor que “afecta el acceso y permanencia” de los estudiantes, poniéndolos en riesgo de deserción escolar.
Hasta la fecha, en el SECOP (la plataforma a donde deben subirse los contratos públicos) no hay ningún proceso de contratación por parte de la Alcaldía de Uribia para garantizar el transporte escolar durante 2026. Aunque hay otros 12 municipios del departamento que también están teniendo problemas para garantizar el servicio, el caso de Uribia es el más preocupante.
El año pasado, el municipio tuvo que contratar directamente, y no mediante una licitación pública, porque “no existe pluralidad de oferentes en el mercado”. Para contratar bajo esta misma modalidad, la Alcaldía deberá esperar a que termine la ley de garantías electorales, después de las elecciones presidenciales.
Es decir que, si hay segunda vuelta, la contratación del servicio de transporte podría iniciar hasta el 22 de junio. Mientras tanto, hay alrededor de 10.000 niños en riesgo de deserción en Uribia, de acuerdo con la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua).
El Espectador contactó por varios medios a la Secretaría de Educación de Uribia para saber si se está trabajando en una solución para este problema, pero al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
Un “calvario”, pocos recursos
Cada año, con el inicio de las actividades académicas en las instituciones educativas de La Guajira, en su mayoría étnicas, se vive “un calvario”. Así es como Milad Estrada Fonseca, docente y presidente de Asodegua, describe el proceso que se adelanta para contratar busetas y camionetas que lleven a unos 40.000 niños y niñas de todo el departamento a clases. Las entidades encargadas de hacerlo son las Alcaldías de Riohacha, Uribia y Maicao, y la Gobernación de La Guajira, que se encarga de los 12 municipios restantes.
El problema es de plata, explica Isidro Ibarra Fernández, rector de una institución que lleva su mismo nombre. “Los recursos del Sistema General de Participaciones que se destinan a financiar el transporte escolar no alcanzan para más de dos meses y medio en el año”, asegura. Es decir, los giros directos que hace la Nación a las entidades territoriales para garantizar la inversión en educación, entre otros derechos esenciales.
Esto no es algo que ocurra únicamente en La Guajira. “Realmente, hay un déficit en el porcentaje que las Secretarías de Educación a nivel nacional pueden llegar a utilizar para transporte escolar”, de acuerdo con Andrea Cely Forero, subdirectora de Permanencia del Ministerio de Educación, una dependencia dedicada a analizar los riesgos de deserción en el país. La funcionaria dice que gran parte de los recursos que se giran a las entidades territoriales, y que deben invertirse en educación, se usan para pagar los salarios de los docentes.
En el rubro de “calidad y gratuidad” están los fondos que podrían usarse para contratar rutas escolares, pero hay varias prioridades antes de esto, como la dotación escolar (libros y materiales didácticos), el mantenimiento de la infraestructura o conectividad. Al final, añade Cely, “no va a quedar nada o va a quedar un porcentaje mínimo que puede ser utilizado en transporte escolar. Ahí es donde hacemos un llamado a la cofinanciación por parte de las entidades territoriales”. Es decir, que Alcaldías y Gobernaciones pongan recursos de su presupuesto para poder garantizarles a los estudiantes un transporte hacia sus colegios.
“Pero no hay una planeación estratégica desde el año anterior para el año siguiente”, apunta Estrada. Ese es el motivo, según el presidente de Asodegua, por el cual cada inicio de año hay demoras en la contratación del servicio de transporte. A eso se suman otras dificultades, como la implementación de cambios en los recorridos que deben hacer o la aprobación de los vehículos que van a movilizar a los estudiantes.
La Guajira es una “zona diferencial de transporte escolar”, como lo define una resolución del Ministerio de Transporte publicada a finales del año pasado. En términos simples, eso quiere decir que, por las condiciones geográficas y sociales del departamento, el transporte escolar no tiene que hacerse, necesariamente, en vehículos de “transporte especial” (los de placa blanca, que deben pertenecer a empresas habilitadas para prestar este servicio). Pueden hacerlo en vehículos particulares, siempre que cumplan con unos estándares mínimos de seguridad y sean aprobados por la autoridad tradicional de la comunidad a la que pertenezca la institución etnoeducativa.
Por estos motivos, a mediados de 2025 hubo demoras en la contratación del transporte escolar para el segundo semestre del año en la Gobernación de La Guajira y a inicios de 2026 en la Alcaldía de Riohacha. Maicao, por su parte, tuvo retrasos en la aprobación de los vehículos por parte de las autoridades tradicionales, según informó la entidad en sus redes sociales.
La única que no tiene transporte escolar para el final del primer mes de clases es Uribia, que le solicitó al Ministerio de Educación mover una semana el calendario escolar, anticipando una semana de vacaciones, para terminar el proceso de contratación. Los estudiantes deberán seguir en clases durante Semana Santa, pero siguen sin transporte.
Medidas desesperadas
En las calles de Uribia, sin embargo, hay rutas escolares circulando. Son camionetas grandes, con espacio en el platón para transportar a los estudiantes, que viajan de pie. “Suben y bajan niños”, dice un letrero que llevan en la parte de atrás, para avisar a otros conductores sobre el servicio que prestan y prevenir accidentes. ¿Por qué circulan, si no hay contrato?
Algunos conductores están prestando el servicio de transporte escolar sin recibir remuneración, solo tienen cubierto el costo de la gasolina. Lo hacen “para asegurar el contrato”, explican. Los recursos para la gasolina estarían saliendo del bolsillo de docentes que financian las rutas necesarias para garantizar la asistencia mínima de estudiantes que les permita mantener su trabajo.
“Es una situación muy lamentable. Los docentes tienen que sacar de su bolsillo para poder mantener el transporte escolar. Buscan un vehículo de algún familiar o un amigo que se los preste y ellos ponen el combustible. Tienen que pagar COP 300.000 o 400.000 para mantener la cobertura en algunas instituciones, porque si no hay cobertura, no hay docente”, relata Ibarra, rector de uno de los colegios.
Desde Asodegua conocen de cerca los casos de los profesores que tienen que hacer esto, algo que se repite siempre que hay retrasos en la contratación del transporte escolar, para evitar el riesgo de deserción. “Una vez el niño o la niña deserta, hay que salir a buscarlos, prácticamente a rogarle a los padres para que vuelva. Pero hay que garantizarles condiciones para que lo hagan. Y la manera de hacerlo es que el mismo docente asuma el costo del transporte”, apunta Estrada, presidente de la asociación.
Ambos coinciden en que, más allá de garantizar el transporte para 2026 —que es lo urgente—, hay que solucionar el problema de fondo: la falta de recursos y de planeación anticipada para contratar el servicio. Muchas veces, asegura Ibarra, las entidades territoriales utilizan recursos de otros rubros para poder contratar el transporte. El año pasado, por ejemplo, la Gobernación utilizó alrededor de COP 50.000 millones del presupuesto de regalías, que deberían destinarse exclusivamente en proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental. “Esto debería funcionar como el PAE, que está garantizado desde el primer día, hasta el último”, añade el rector.
Desde el Mineducación, explican que la reforma a la Ley de Competencias, que el Gobierno radicó a finales de 2025, propone un incremento en la asignación presupuestal que se hace a las entidades territoriales. Esto “para que lleguen mayores recursos y puedan ser utilizados en el rubro de transporte escolar”, asegura Cely, subdirectora de Permanencia. El proyecto tendrá que ser debatido en el Congreso, que empezará el período legislativo a mediados de marzo, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales y el tránsito a un nuevo Gobierno.
Sin una modificación a la forma en la que se distribuyen los recursos que llegan a Alcaldías y Gobernaciones, “nos queda muy difícil [solucionarlo], tanto por el déficit como por la demanda que hay a nivel nacional para apoyo en transporte escolar”, apunta Cely.
Mientras eso pasa, desde Asodegua reclaman que no se pierda de vista que cada día que pasa sin transporte escolar se pone en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes que caminan el desierto guajiro.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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