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Una de las grandes apuestas educativas del gobierno de Gustavo Petro es ampliar el acceso a la educación superior, y para conseguirlo desde el Ministerio de Educación se han planteado tres grandes estrategias: alcanzar 500.000 nuevos cupos, construir o mejorar 31 universidades, 16 multicampus y 10 nuevas sedes del Sena, y flexibilizar el trámite de los registros calificados, pues según datos de la cartera, cuando empezó el Gobierno había cerca de siete mil trámites represados por la demora en el proceso de revisión, provocando que varias universidades no puedan ofrecer sus programas. (Lea: La Universidad de Cartagena deberá devolver una gran suma de dinero a Ecopetrol)
Con el objetivo de darle celeridad a este último punto, el Ministerio expidió la Resolución 2265 de 2023, la cual, según el documento, “facilitaría el proceso administrativo institucional y la movilidad estudiantil entre territorios y modalidades”. Es decir, busca eliminar el exceso regulatorio y precisar el concepto de registro calificado único, permitiendo, entre otras cosas, que una universidad pueda ofrecer un programa con registro calificado en varias de sus sedes, sin necesidad de hacer un trámite por cada una de ellas.
En palabras más sencillas, esta medida, que entró en vigencia el 31 de marzo, pretende que, por ejemplo, el programa de filosofía que se oferta en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, el cual cuenta con un registro calificado, pueda ser ofrecido en la sede de Tumaco sin la necesidad de hacer un trámite adicional. Con esta norma, el Ministerio busca que la Nacional pueda dictar su programa de filosofía, que ya está certificado, en todas sus sedes.
La resolución, dice el Ministerio, es parte de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde el Gobierno se compromete a reconceptualizar integralmente el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) y mejorar la gestión en términos de los tiempos para otorgar los registros calificados, la acreditación de alta calidad y la convalidación de títulos.
Sin embargo, esta norma ha suscitado un debate en el sector, pues algunos académicos resaltan que podría afectar la calidad de la educación, mientras otros celebran la medida e insisten en que es muy positiva para las universidades.
Para entender la discusión es importante comprender que en Colombia se creó en 1992 el SACES con el propósito de garantizar que las universidades ofrecieran una educación de calidad y, según cuenta Jairo Torres Oviedo, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), con el objetivo de “acabar con toda esa cantidad de instituciones de garaje que habían proliferado y crear las condiciones de calidad para que cualquier programa académico que estaba funcionando las tuviera”. Unos años después, en 2019, se expidió el Decreto 1330, que se encargó de modernizar el sistema, mejorar los criterios para la obtención de registros calificados y promover la oferta educativa.
Dentro de la norma se establecieron 15 criterios para los programas y así otorgarles los registros calificados, que son las condiciones mínimas que requieren para operar. Deben ser renovados cada siete años y, en caso de que no se haga este proceso, el programa no podrá recibir a nuevos estudiantes. También estableció los parámetros para que las instituciones puedan acceder al proceso voluntario de acreditación en alta calidad. Además, el decreto contempla cuatro modalidades en las que se pueden ofertar programas de educación superior: presencial, virtual, dual y a distancia. (Puede leer: Terminó el paro en la Universidad de Pamplona, ¿a qué acuerdos llegaron?)
Estos ajustes, a los ojos de Johanna Ramos, coordinadora de datos e investigación de la Fundación Empresarios por la Educación, se plantearon con el fin de promover la calidad y la pertinencia de la oferta educativa en el nivel superior al reconocer las cuatro modalidades en las que se puede ofrecer un programa. “También buscó articular los procesos y las instancias que intervenían en el sistema de aseguramiento de la calidad”.
Pero se empezaron a presentar una serie de dificultades en la operación que se tradujeron en un aumento en los tiempos de respuesta de las solicitudes para obtener los registros calificados. “Se volvió un trámite demasiado procedimental y se perdió la visión de examinar calidad, y lo que hacemos es evaluar que se hagan los trámites bien”, señala David Forero, profesor de desarrollo económico de la Universidad Nacional y exdirector de calidad del Ministerio de Educación.
Torres Oviedo coincide en este punto y describe el actual sistema como uno “burocratizado, ineficiente, que no es ágil y no facilita la creación de programas”. Otra dificultad que enfrenta el sistema está relacionada con la acreditación de alta calidad a las que se postulan voluntariamente las instituciones de educación superior (IES), pues de las 300 con las que cuenta el país, solo 80 tienen acreditación de calidad, es decir, en solo 20 de los 32 departamentos hay al menos una IES con la acreditación de alta calidad. “Son señales de que existen de pronto desincentivos a optar por la acreditación de alta calidad”, anota.
Ante las diversas quejas por las demoras, el Ministerio optó por la flexibilidad de registros, estipulados en la reciente resolución, que, dice Forero, “intentó simplificar el proceso para registros calificados con diferentes sedes y para registros calificados en zonas rurales”.
¿Flexibilizar los registros fue buena idea?
Ivaldo Torres, representante de rectores en el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU), es enfático en señalar que esta resolución es positiva, porque al reducir los requisitos procedimentales, “se puede tener una mayor oferta regional, que es donde más se necesita. No va a deteriorar la educación, por el contrario, reconoce que las universidades tienen diferentes modalidades de educación que se ofrecen en las sedes”. (Le puede interesar: Abren convocatorias para la Beca Nicanor, ¿quiénes pueden postularse?)
Esta postura la comparten los rectores del G8, conocido por ser el grupo de ocho instituciones de educación superior de Medellín y su área metropolitana, quienes coinciden en que se podría lograr un consenso de flexibilización con aquellos planteles que ya tienen los registros de calidad y, como explica en esta entrevista el padre Diego Marulanda, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), “sería bueno que aquellas que están empezando el proceso de acreditación pasaran por ese nivel de exigencia que plantean estos ejercicios de certificación”.
Aunque varios rectores, incluidos los del G10, el cual reúne a las diez primeras universidades acreditadas en Colombia, han señalado públicamente su respaldo a esta medida, el padre Luis Fernando Múnera, rector de la Universidad Javeriana, confiesa en esta conversación que “sí hay una tensión entre la eficiencia en generar registros y la calidad de lo que se proponga. El riesgo de que se afecte la calidad existe, por eso aquí hay un llamado a la corresponsabilidad de los planteles”.
Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, por su parte, insiste en que lo importante no son los procedimientos ni las normas, “sino el impacto de las instituciones en las comunidades y los niveles de nuestras investigaciones. La calidad no es más que el mejoramiento continuo”.
¿Qué sigue en este proceso?
Ramos indica que la Resolución 2265 de 2023 es hasta ahora el primer paso. Ahora, propone, se deberán modernizar los sistemas de información que se encargan del proceso de otorgamiento de registros calificados y de acreditación de alta calidad. “El Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad, SACES, debe ser fortalecido, modernizado, actualizado, para que pase de ser el cuello de botella y facilite el otorgamiento de estos registros calificados y la acreditación de alta calidad”, apunta y reitera que todos estos cambios deben apuntar a mejorar la calidad de la educación superior. (Podría leer: ¿En cuánto quedó el aumento salarial de los profesores de instituciones públicas?)
Para ello, añade Ramos, se necesitan otros factores como que las IES fortalezcan el proceso interno de aseguramiento de la calidad, que todo el sistema educativo defina criterios más asociados a la calidad y que el proceso no se centre en lo burocrático, sino en objetivos medibles.
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