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Desde hace cuatro meses, los docentes del magisterio cuentan con un nuevo sistema de salud, que prometía mejorar la atención y la prestación del servicio. Además, pretendía eliminar a los operadores, un actor criticado por Fecode, que reúne a los principales sindicatos de maestros del país, pues, decía, no contrataban a los hospitales, clínicas y proveedores de manera adecuada. Sin embargo, hoy persisten varias fallas en el modelo y han llevado a algunos sindicatos, como el de Cundinamarca, a convocar a plantones. Incluso, han hablado de realizar un paro nacional.
Por estas falencias, la semana pasada la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, convocó a una audiencia pública con el objetivo de hacer un balance sobre este nuevo modelo. “Negar el derecho a la salud de un maestro es negar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”, apunta Jaimes.
El principal problema en este nuevo modelo, a los ojos de Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, es el rol que se le da a la Fiduprevisora, que pasó de ser un intermediario a tener el rol de dirección, organización de red, financiamiento y pago de servicios.
Es decir, con esta nueva función, asegura Pedraza, “el presidente Petro le dio superpoderes a la entidad para que contratara, casi que a dedo, toda la salud de los maestros”. Este nuevo papel fue autorizado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y su consejo directivo, conformado por cinco personas con voto, en donde el Gobierno tiene tres puestos y Fecode los dos restantes.
Tras la salida de John Mauricio Marín, quien había sido designado por Gustavo Petro, hoy la encargada es Vanessa Gallego, quien fue la mano derecha de Marín durante su administración. Para Pedraza, es muy preocupante que en la actualidad no haya una persona en firme al frente de la Fiduprevisora, que, según sus cálculos, tendrá un presupuesto para 2025 que asciende a más de $17 billones.
Pero, ¿cuáles son las fallas que persisten en el nuevo sistema? Desde Fecode, Martha Alfonso, una de las ejecutivas, cuenta que, a grandes rasgos, la principal falencia es que en varios de los departamentos siguen funcionando los mismos operadores, quienes eran los encargados de contratar la red de hospitales y clínicas en todo el país, solo que esta vez están “disfrazados” de IPS que, señala, “han generado un saboteo, retrasan las citas y no utilizan la agenda”.
Ante este panorama, en varias regiones del país están en el proceso de negociación con otras nuevas IPS de primer nivel para que mejore el servicio. Desde Fomag, que es la gran bolsa de recursos que reúne los dineros de pensión, cesantías y cotizaciones de los docentes señalan que dentro de la red prestadora actual, de las más de 2.300 IPS, 1.260 hacen parte de la red prestadora de los operadores anteriores, y que a este nuevo modelo se le han sumado 1.036 IPS nuevas.
Alfonso dice que en estos meses de transición encontraron otro problema que les inquieta: que en varios de los departamentos del país no se había liquidado la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero anual que gira el Estado por cada afiliado al sistema. Esto, añade, ha impedido que se determine cuál es el número de atenciones pendientes o aprobadas, pues, según dice, es “fundamental que se identifiquen para que sean descontadas de la liquidación de los operadores que estuvieron hasta el 30 de abril y no se cargue al nuevo sistema”.
Esta falta de claridad en los datos, asegura Alfonso, se ha traducido en dos problemas: que no terminen atendiendo a los maestros, y que la red de hospitales no pase a la Fiduprevisora las cartas de intención, para que se vuelvan contratos. Ante esta situación, el camino que han tomado varios sindicatos de docentes es el de acudir a las peticiones, quejas y reclamos (PQR) o a las tutelas.
Tutelas y dificultades en las regiones
Según el Fomag, desde que entró en marcha el nuevo modelo de salud se han recibido alrededor de 4.000 trámites de tutelas. De estas, apunta María Mercedes Petro, Gerente Nacional de Salud de esta entidad, “el 40 % aproximadamente son solicitudes de represamientos de los operadores que prestaban el servicio del modelo anterior”. La mayor cantidad de estas quejas y reclamos (por cada mil usuarios), añade la entidad, se han reportado en San Andrés, Risaralda, Caldas, Quindío, Meta, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Bogotá y Santander. Estas zonas, según cuenta Petro, del Fomag, han sido priorizadas para entablar estrategias que ayuden a identificar los aspectos a mejorar en la implementación del modelo.
Desde Caldas, por ejemplo, asegura Gloria Nelfi Salazar, Secretaria de Seguridad Social de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), que el problema es la intermitencia en el servicio, pues una semana tienen servicio y la otra no. Principalmente, dice, se debe a la falta de pagos y a que no hay un avance en formalización de los contratos. Recuerda el caso de la institución de Neurología Integral De Caldas, que hace una semana envió un mensaje avisando que suspendían los procedimientos y citas de neurología para los usuarios del magisterio. La situación, en su opinión, es más inquietante en Samaná y en Pácora, donde están suspendidos todos los servicios.
En Meta, por el contrario, cuenta Alida Rosa Jiménez, de la Asociación de Educadores del Meta, la situación es un poco menos crítica debido a una estrategia que emplearon desde el 1° de mayo los profesores y profesoras del departamento. Días antes de que empezara a funcionar el nuevo modelo, el sindicato se encargó de contactar a todas las IPS y, con ayuda de la Secretaria de Salud, se reunieron con la Fiduprevisora para presentar las cartas de intención.
Una vez firmados los contratos, sin embargo, se empezaron a presentar problemas con las autorizaciones porque, para hacerlas efectivas, pedían que en el departamento se abriera una oficina del Fomag. “Cambiaron las reglas de juego y llegaron los problemas con las autorizaciones”, añade Jiménez.
Cuenta que para atender la contingencia, llevaron a cabo una serie de estrategias para ejercer presión y que abrieran una oficina del Fomag en Meta, lo que sucedió hace menos de un mes, aunque con algunas dificultades, como baja cobertura de internet. “Eso impedía que se cargara rápidamente las autorizaciones al sistema”, anota Jiménez y aclara que ya han podido solventar algunas dificultades, como la adecuación de la sede para el acceso a las personas con algún tipo de discapacidad física y la ampliación de la planta. Ya cuentan con 27 personas.
Pese a eso, para Jiménez aún persisten fallas. Aún, por ejemplo, no les han pagado a las IPS que contactaron en mayo, pues todavía no formalizan los contratos. Esto ha hecho que en Puerto Gaitán y Puerto López, los municipios donde va más atrasado este modelo, no cuenten con médico general. “Los atienden por jornadas. No tienen médicos en la tarde y en Puerto Gaitán, no tienen servicio de laboratorio”, comenta. Tampoco cuentan en el departamento con un servicio permanente de odontología.
Otro de los eslabones donde ha habido dificultades es en la red de dispensación de medicamentos. Raúl Avellaneda, de la Asociación de Educadores de Cundinamarca (ADEC), asegura que en los 116 municipios de ese departamento no hay una red establecida, y que muchos de los docentes se han visto obligados a pagar de su bolsillo los medicamentos. Ese dinero, según la circular 003, debía ser reembolsado por el Fomag, pero hasta la fecha no hay una ruta clara para efectuar esa devolución.
Con las historias clínicas también ha habido tropiezos, pues si bien había quedado estipulado que iban a quedar almacenadas en una plataforma que manejaría el Fomag, muchas de ellas no aparecen. “Desde la IPS las piden y el Fomag dice que no las tiene, que las tiene el anterior operador. Allá responden que no es cierto, que las está administrando el Fomag y termina convirtiéndose en un juego de tirarse la pelota”, anota Avellaneda.
Todos estos inconvenientes llevaron a los maestros del departamento hace unas semanas a hacer un plantón. El objetivo era hacer un oficio explicando a detalle cada uno de los problemas para entregarlo al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Luego del plantón, entablaron una serie de reuniones con junta directiva del Fomag, que, al final, aprobó que se contratara a Colsubsidio, a Disfarma y a Farmalisto para la dispensación de medicamentos y, dice Avellaneda, la idea es que en los 116 municipios la dispensación de medicamentos se realice con estas tres empresas.
Petro, del Fomag, por su parte tiene otra versión: insiste en que la entrega de medicamentos se viene garantizando desde el 1° de mayo y que la red, en estos meses, se ha venido fortaleciendo y ampliando. Asegura que ya cuenta con más de 1.200 puntos de dispensación de medicamentos en todo el país.
A Alfonso, de Fecode, también le preocupa que todas las recomendaciones que dio el Ministerio de Salud y que las acogió la junta directiva del Fomag, no están siendo acatadas con la Fiduprevisora, pues, en su opinión “contrató como quiso, cambiando la esencia de lo que debería ser la contratación para garantizar integración vertical y evitar la manipulación”.
Sin embargo, Petro, del Fomag, insiste en que la Fiduprevisora ha tenido una correcta transformación y ha asumido de forma adecuada su nuevo rol, que ha llevado a que más de 2.000 IPS integren la red nacional de prestadores y a contar con 32 Centros de Atención al Usuario (CAU) en cada una de las regiones donde está la entidad.
Desde Fecode son optimistas con este nuevo modelo, pero insisten en que, para su buen funcionamiento, es esencial que se salden las deudas que quedaron pendientes antes del 30 de abril y que se están reflejando en la actualidad. Otros sindicatos, sin embargo, dicen que el período de transición ha mostrado más desaciertos que aciertos, los cuales han puesto en riesgo la atención en la salud de los maestros y sus familias. Estas falencias, cuenta la representante Pedraza, ha llevado a que varios docentes hagan un llamando a convocar un paro nacional para septiembre por el derecho a la salud.
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