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El mismo día que se conmemoraban 40 años de una tragedia de la Universidad Nacional, en la que hubo torturas y 78 desapariciones forzadas, entre estudiantes y profesores, el ministro de Cultura, Juan David Correa, en su calidad de ministro de Educación ad hoc, emitió una resolución que abrió otro tenso capítulo en la universidad pública más grande del país.
En el documento, firmado por Correa —elegido por Gustavo Petro para vigilar el proceso de designación del rector en la Unal—, se le ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) elegir en las próximas 24 horas a un rector encargado, mientras se toma una decisión definitiva sobre la posesión de José Ismael Peña. Como se sabe, Peña había decidido posesionarse ante una notaría en Bogotá los primeros días de mayo, ante la negativa de la ministra de Educación, Aurora Vergara, de firmar el documento que avalaba su elección. Era la primera vez que sucedía eso en la historia de la universidad.
La decisión de Correa desató una intensa discusión que está lejos de resolverse sobre la autonomía universitaria. José Ismael Peña respondió a las pocas horas en un video donde expresaba su molestia. “Las recientes decisiones bajo la figura de ministro ad hoc, ordenando ilegalmente al Consejo Superior Universitario nombrar un rector encargado, sin que se cuente con pronunciamiento de autoridades judiciales, viola flagrantemente la autonomía universitaria”.
A los ojos de Peña, es un valor que le garantiza a las instituciones de educación superior puedan “trabajar en la formación de sus jóvenes y en la gestión del conocimiento con independencia de los gobiernos de turno, en beneficio de la sociedad”. Además, dijo, la decisión de Juan David Correa “desconoce los principios fundamentales del derecho como el principio a la legalidad y al debido proceso”.
Diego Torres, representante de los profesores ante el CSU y sobre el que también han caído varias críticas de organizaciones de alumnos y maestros que, incluso, le han solicitado su renuncia, fue otra de las personas que se pronunció. En su cuenta de Twitter aseguró que lo que está sucediendo es una “muerte a la autonomía universitaria” y culpó a la “ambigüedad de la ministra Aurora Vergara”.
El exrector de la U. Nacional, Moisés Wasserman, y la ex secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, también expresaron sus reparos a la decisión de Correa. “Esto es el fin de la autonomía universitaria”, apuntó Wasserman en X. “La intervención del ministro ad hoc es una clara violación a la autonomía universitaria”, escribió, por su parte, Bonilla.
Pero en la otra cara de la moneda, hay otros puntos de vista sobre esta decisión. El viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, por ejemplo, aseguró que la resolución firmada por Correa no vulnera la autonomía universitaria, pues será el Consejo Superior Universitario (CSU) el órgano encargado de tomar la decisión más conveniente para la Universidad Nacional. Según él, la decisión ya había sido expuesta ante el CSU en la sesión del 14 de mayo, pues “consideramos que es la alternativa más conveniente ante el vacío de autoridad que tiene paralizada a la universidad (…). El CSU debe procurar velar por los derechos fundamentales de la comunidad universitaria”.
También hay reconocidos profesores que insisten en un argumento: la posesión de Ismael Peña ante una notaría no tiene validez jurídica. Entre ellos está Rodrigo Uprimny. “La auto posesión de Peña fue tan arbitraria que jurídicamente no existe. No hay hoy entonces rector en la U. Nacional. Por eso, el nombramiento de un rector encargado por el CSU es el primer paso para superar esta crisis y proteger la autonomía de la Universidad Nacional”, anotó. “Creo que sólo salimos de esta crisis si el CSU nombra un rector o rectora provisional, respetado, competente y que brinde garantías a todo el mundo, mientras se aclara jurídicamente la legalidad tanto de la designación del profesor Peña como rector como de su autoposesión”.
Ya hace un par de semanas, le había explicado con más detalle sus argumentos a El Espectador: para que sea válida una posesión de cargo público ante testigos se debe cumplir con dos requisitos. El primero es que la autoridad que tiene que posesionarlo se niegue a hacerlo y, el segundo, que esté claramente nombrado por la autoridad que tiene la facultad.
Para Uprimny, el caso de Peña no reúne ninguno de los dos requisitos, pues el acta de designación de Peña no fue firmada ni aprobada por Aurora Vergara, quien preside el CSU. Por ese motivo, aseguraba, “no lo reconocemos como rector, porque no se ha posesionado en debida forma. Es la posición que tenemos con varios docentes de la Nacional”.
De hecho, junto a Leopoldo Múnera, el candidato a rectoría que ganó la consulta interna en la Unal, y a Alberto Yepes, consejero de Estado, Uprimny había presentado hace unos días una demanda de nulidad al nombramiento de Ismael Peña como rector ante la sección quinta del Consejo de Estado.
“El acto de posesión es inexistente porque no ha podido nacer a la vida jurídica. Y si no ha podido nacer a la vida jurídica, los actos que él haga serían también inexistentes”, nos aseguró otro profesor de la Facultad de Derecho de la U. Nacional, que prefirió reservar su nombre. “Los actos de Peña no son válidos y que está ejerciendo arbitrariamente el cargo”, añadía Uprimny, para quien Peña podría estar incurriendo en faltas graves, como usurpación de funciones públicas o de abuso de funciones públicas.
Peña, por otro lado, le había dicho a este diario que, en caso de que un juez determinara que el proceso a través del cual lo eligieron no fue legal, daría, de inmediato, un paso al costado. “Si un, un juez de la República o el Consejo de Estado, quien es la autoridad para estas situaciones, determina que haya alguna razón que obligue a que yo deje de ser el rector, inmediatamente acataré las normas, porque, justamente, lo que yo estoy defendiendo es la institucionalidad y, por supuesto, la autonomía universitaria”, había afirmado.
Ante estos hechos, también ha habido grupos de maestros, como la Red de Profesoras Universitarias, que aplaudieron la decisión de Vergara de apartarse del proceso para no ser “juez y parte”, lo cual, añadieron, “permitió desenredar la situación en la Universidad Nacional”, con la decisión del ministro Juan David Correa.
La discusión, inclusive, ha generado diversas opiniones entre congresistas. Humberto de la Calle, Paloma Valencia y María José Pizarro son algunos de los que han salido a criticar (en el caso de los dos primeros) o a respaldar (en el caso de Pizarro) la decisión que tomó el gobierno de Gustavo Petro frente a la posesión de Ismael Peña.
Mientras eso sucedía, una compleja situación de orden público se vivía en la sede de Bogotá de la U. Nacional. En horas de la tarde, declararon alerta roja y ordenaron desalojar el campus. “La Vicerrectoría de Sede informa que con motivo de la declaratoria de la alerta roja por presencia de personas encapuchadas y alteración del orden público en la portería de la calle 45, como medida preventiva, se da orden de desalojo en el Campus a partir de este momento (16:45 horas). En caso de no ser acatada esta instrucción, la permanencia en el campus será responsabilidad de cada persona.”, expresaron en el comunicado la rectoría y la vicerrectoría de la sede. En horas de la mañana habían solicitado respaldo a la Alcaldía de Bogotá.
“Hacemos llamado urgente a actores que protagonizan estos hechos para que dejen de amedrentar y hacer daño a la universidad y a la ciudadanía. Condenamos estos hechos. No aceptamos la violencia”, dijo el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez.
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