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Los maestros y las maestras de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) volverán a las calles del país. A pesar de que hace un poco más de un mes concretaron una serie de acuerdos con el Gobierno, llevarán a cabo un paro de 24 horas. Esta vez su disgusto está relacionado con tres puntos: el régimen especial de salud del Magisterio, el proyecto de ley que busca prohibir las huelgas de profesores y el proyecto de ley que pretende que regresen los bonos escolares, ambos propuestos por el Centro Democrático. (Lea: El proyecto de ley del Centro Democrático que motivó las marchas de Fecode)
Desde el sindicato y el Ministerio de Educación aclararon que esta nueva movilización no está vinculada a los 50 acuerdos a los que llegaron el 6 de julio. De hecho, la cartera señala que en la actualidad se encuentran instaladas las mesas de seguimiento al cumplimiento de acuerdos sindicales. En estas mesas, aseguran, se viene desarrollando una agenda con el propósito de presentar los resultados de los consensos pactados.
Esta vez, como explica Martha Rocío Alfonso, directora ejecutiva de Fecode, el motivo que los lleva a marchar es el proceso de licitación del servicio de salud que reciben los profesores oficiales, pues determinará al operador que entrará a manejar este régimen desde el 1° de noviembre de 2023.
La licitación fue estructurada desde el Consejo Directivo de la “caja” en la que los docentes reúnen sus aportes, denominada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esta entidad se encarga de los pagos de primas, cesantías, salud y pensión de una población de unos 800 mil afiliados y maneja un monto nada despreciable que está entre $14 y $14,5 billones, aunque la administración de la plata de la salud está a cargo de otra empresa: Fiduciaria La Previsora S. A., adscrita al Minhacienda.
Según Alfonso, el sindicato de los profesores ahora está preocupado porque, para ellos, “la prestación de salud tiende a rotarse dentro de los mismos prestadores”, lo que ha llevado, dice, a una mala prestación del servicio, a “incumplimientos, barreras de acceso, inoportunidad y desconocimiento de los pliegos de condiciones contratados por parte de los operadores”.
Para Fecode es una situación que, como lo manifestaron en un comunicado, “ha conducido al deterioro del derecho a la salud digna” de los profesores y sus familias. Además, dice Alfonso, “hay demasiadas denuncias. Aquellos que están en territorios más alejados o por fuera de las cinco ciudades sufren una situación catastrófica. Estamos pidiendo que haya vigilancia y que sea una exigencia para que estos prestadores no sigan en los procesos de licitación si ellos no van a cumplir con el contrato”.
Por su parte, el MEN da un parte de tranquilidad. Afirma, por un lado, que está comprometido con “seguir trabajando con el Magisterio y tomar las medidas necesarias para lograr que el servicio de salud que reciben cada vez sea mejor, garantizando la oportunidad de la prestación del servicio en todos los niveles y especialidades”. (Puede leer: El nuevo borrador de Ley Estatutaria con la que el Gobierno espera regular la educación)
Por el otro, la cartera indica que el nuevo proceso de contratación de operadores del servicio de salud del Magisterio cuenta con definiciones claras del modelo de atención, cobertura, condiciones claras para la selección de contratistas, estructura financiera, actividades administrativas, defensor del usuario, supervisión e interventoría, indicadores y acuerdos de niveles de servicio, mecanismos para asegurar el flujo de los recursos, mecanismos de compensación de riesgo y multas por efectos de incumplimiento de obligaciones.
Sin embargo, como ya habíamos explicado en estas páginas, el sistema de salud del Magisterio, que no ha sido incluido en la reforma a la salud que ha impulsado el Gobierno, también ha estado rodeado de críticas. Su funcionamiento ha tenido varias barreras que se pueden resumir en una cifra: en 2021 las clínicas y hospitales que atienden a los profesores recibieron el 70 % de todas las tutelas contra las IPS de Colombia.
El MEN también reconoce que ha identificado varias falencias en la prestación del servicio de salud, entre otras demoras en la atención médica e inoportunidad en la entrega de medicamentos.
Disgusto por los proyectos del Centro Democrático
La otra razón que motivó el paro de maestros fue la radicación de dos proyectos de ley del Centro Democrático. Uno de ellos, presentado por la senadora María Fernanda Cabal, junto a sus copartidarios Paloma Valencia y los representantes Christian Garcés y Hernán Cadavid, busca prohibir las huelgas de profesores y otras personas que presten servicios públicos esenciales.
Según explicó Cabal el 1° de agosto, cuando radicó el documento en el Senado, “el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 430, establece que hay servicios en donde no debería haber huelga”. Por eso, anotó, que no quieren que se sigan fomentando las marchas, el activismo y las protestas, mientras se afecta la educación de los niños y las niñas.
Este proyecto de ley, apunta Alfonso, iría en contra del derecho a la protesta y el derecho constitucional, pues asegura que para el Magisterio el paro no es un fin, sino un medio que han empleado en los momentos en los que sus peticiones no han sido escuchadas.
No obstante, el proyecto que más inquieta al sindicato es el de autoría de la senadora Paloma Valencia, que busca revivir la figura de bonos educativos. Básicamente estos bonos son unos desprendibles que les entregan a los padres o quienes tengan la patria potestad de niños y niñas en condición de vulnerabilidad o pobreza para que estudien. Ellos pueden escoger entre instituciones privadas o públicas y el Estado deberá asumir los costos de matrícula, pensión o derechos académicos.
Este bono, explica la senadora en el texto radicado en el Senado, se dividirá en dos categorías. Una se conocerá como el “Bono Escolar Universal”, que consiste en el pago total de los derechos académicos y servicios complementarios. Entre ellos están los pagos de pensión y matrícula.
La otra categoría es el “Bono Escolar Aditivo”. Para acceder a él, los estudiantes ya deben contar con el “bono escolar universal” y será entregado a aquellos que “necesiten o merezcan un pago adicional por su enseñanza”. Este proyecto ya fue aprobado por el Senado en el primero de cuatro debates.
Para la directora ejecutiva de Fecode, el principal objetivo de este proyecto de ley es privatizar la educación. “Lo quieren mostrar como novedoso, pero ya sabemos qué ha pasado con la plata de la educación cuando se ha intermediado”, asegura. (Le podría interesar: Cosas que debe saber para creer (o no) en las promesas de Petro de nuevas universidades)
Uno de los ejemplos que muestra es el de las denuncias que se presentaron entre 2013 y 2014 de unos “estudiantes fantasmas”, que eran aquellos reportados en el Sistema de Información (SIMAT), pero de los que no se encontraron evidencias de su existencia al momento de efectuar la verificación en el plantel educativo.
La investigación, adelantada por Gina Parody, ministra de Educación en ese entonces, reveló que de las más de 4.000.000 matrículas auditadas, se encontraron más de 131.000 niños inexistentes en la educación regular, en los grados que van de preescolar a 11º.
A los ojos de Alfonso, de aprobarse este proyecto de ley, lo que pasaría es que se seguiría desfinanciando la educación pública. Por eso, señala, ya han propuesto la reforma al Sistema General de Participación (SGP) y han pedido que se avance en las estrategias necesarias para resolver los problemas estructurales por los que atraviesa el sector.
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