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“Yo pensé que me iban a atracar porque vi dos hombres en la esquina, con los cascos puestos y la moto prendida. Pasé la calle, pero ellos se metieron en contravía para cerrarme. Me dijeron: ‘Sebastián, usted sobra en el Poli. Deje las cosas como están en el Poli que así están bien’. Me mostraron una pistola y se fueron”. Así recuerda el líder estudiantil Sebastián Giraldo Zapata la amenaza que recibió hace 15 días de dos sujetos desconocidos en el municipio de Itagüí (Antioquia). (Lea: Denuncian amenazas contra líderes estudiantiles en Antioquia)
Sebastián Giraldo es delegado de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees) y estudiante del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, una institución universitaria de orden departamental que funciona desde hace 55 años en Antioquia. Hoy, con casi 15.000 estudiantes matriculados en programas técnicos, tecnologías, pregrados, especializaciones y maestrías, el Poli atraviesa una gravosa situación, según estudiantes y profesores. Tanto así que en su asamblea acaban de solicitar la renuncia del vicerrector de docencia e investigación Vicente Antonio García, seis decanos y el rector, Libardo Álvarez Lopera.
Para entender la situación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid hay que ir dos años atrás. Por problemas relacionados con la financiación, esta institución universitaria aumentó el costo de sus matrículas para suplir un déficit estimado en $19.000 millones. A final de 2017, el consejo directivo, presidido por el gobernador de Antioquia, eligió al actual rector, quien ya había desempeñado el cargo entre 1992 y 1998. Meses después empezaron las quejas, cuando la nueva administración designó a García como vicerrector de docencia e investigación.
La razón es que “García era el representante de los docentes ante el consejo directivo. Cuando eligieron al rector, él votó a favor. Eso queda muy mal visto; es como yo te elijo, tú me eliges. Luego aparecieron los otros seis decanos para hacer parte del consejo académico. La mayoría de ellos son personas que llegaron desde marzo del año pasado, venían de otros lugares y no conocían el funcionamiento interno del Poli. Esto evidencia que no hay un liderazgo académico desde ese organismo, todo lo avalan y lo aprueban”, explicó Adriana Xiomara Reyes, vocera de la Asamblea General de Profesores.
Tras esos nombramientos, el año pasado apareció el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Politécnico JIC. Este documento, que según la Ley General de Educación es la estrategia para mejorar la calidad educativa, “lo construyó la vicerrectoría de docencia e investigación sin la participación del profesorado ni el resto de la comunidad y tiene consecuencias sobre programas y procesos”, denunció Jorge Alberto Gómez, docente del Poli desde hace 13 años y presidente de una de las asociaciones sindicales de la institución, ASPU.
La tensión aumentó este año con una serie de decisiones que tocan el bolsillo de la institución, que estaba bajo una supuesta política de austeridad. La primera de ellas corresponde a la única propuesta presentada por la administración de Lopera en el marco de la mesa de negociación nacional, ente que nació gracias al paro estudiantil del año pasado —el Politécnico fue la única institución de carácter universitario de Antioquia que participó en las movilizaciones—. Se trata de financiar a través de regalías la construcción de una sede en el municipio de Caldas, por un valor cercano a los $9.000 millones.
La segunda, que ha causado mayor indignación entre los docentes, es la propuesta de crear cinco plazas administrativas de libre nombramiento y remoción para coordinar granjas y centros regionales. Si bien la apuesta del Poli por llevar programas a otros municipios ha sido fuerte, la Asamblea de Profesores insiste en que la falta de docentes es un factor común dentro de los programas ofrecidos por la institución. “Entonces hicimos un cuestionamiento de por qué se iban a invertir esos recursos en personas nuevas, y en lugar de ellos, se invertía en vinculación de docentes”, afirmó Reyes. Según ella, el problema empeora con la ampliación de planta anunciada recientemente por el consejo académico, que pretende vincular un 30 % de docentes de planta y 70 % de ocasionales contratados por año académico.
La tercera decisión que dejó sinsabores fue un documento enviado por las directivas del Poli al Ministerio de Educación solicitando el proceso de acreditación institucional en el que, aseguran, la institución tiene un superávit de $6.000 millones. Gómez, quien es profesor del área de física, manifiesta que “esa cifra nos llamó la atención y nos pusimos a investigar. Resulta que la administración actual definió que los recursos del CREE, impuesto creado por Mineducación para destinar plata a la modernización tecnológica e infraestructura de las instituciones, podían ser utilizados en un concepto que ellos llaman unidad de caja. Esto es que esos recursos que tenían destinación específica los podían tomar para pagar gastos de funcionamiento, nómina, y después los devolvían”.
La cereza del pastel
Sumado esto, hace un mes se hizo pública la mayor consecuencia de la crisis. El Ministerio de Educación resolvió “no renovar el registro calificado” de tres programas del Politécnico: la ingeniería en productividad y calidad, la tecnología en gestión industrial, que ofrecen en el municipio de Rionegro, y la tecnología en construcciones civiles, uno de los primeros programas ofrecidos por la institución desde hace medio siglo.
Aunque está pendiente un recurso de reposición para tratar de reversar la decisión, para negar las nuevas matrículas la cartera argumentó que hay pocos docentes para la cantidad de estudiantes proyectados, al tiempo que el Politécnico JIC no evidencia una producción investigativa por parte de los profesores, ni inversión en laboratorios e infraestructura. Otro de los programas fue negado por el error de no adjuntar en el correo los documentos solicitados.
Como resultado, los estudiantes solicitaron un proceso disciplinario para las personas implicadas en la pérdida de estos registros, mientras los profesores, reunidos en asamblea, pidieron la renuncia inmediata de rector, vicerrector de docencia e investigación y los seis decanos. Además de la veeduría e investigación por parte del Ministerio de Educación.
En conversación con El Espectador, el rector Lopera se defendió diciendo que “el vicerrector, quien no cuenta con un currículo investigativo verificado por Colciencias, fue escogido por su antigüedad y liderazgo en la institución. Los otros seis decanos fueron elegidos por el consejo directivo tras un concurso abierto”. Según él, las quejas por el Proyecto Educativo Institucional son falsas. “Aquí no estamos improvisando. Si algunos profesores están inconformes, eso es otra cosa. Aquí hay conflictos de sectores internos de la institución que hay que solucionar”.
En cuanto a otras denuncias, el funcionario ratificó la importancia de la regionalización y argumentó que sedes como la de Urabá, “que es el futuro del país, y Rionegro no tienen coordinador. Las otras granjas, en Marinilla y San Jerónimo, tampoco, están siendo manejadas por personal operativo y no vienen dando los resultados que se necesitan”. Asimismo lamentó las amenazas recibidas por el líder estudiantil y aseguró que la pérdida de registros es una verdad a medias, pues ya se apeló y se está esperando respuesta. “Si mi renuncia soluciona el problema, yo la pongo a consideración del consejo directivo. No estoy aferrado al puesto ni mucho menos al futuro institucional por un cargo… A mí me parece que la universidad hay que salvarla”.
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