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En los últimos días, varios docentes de la Universidad de Antioquia (UdeA), la universidad pública más antigua de Colombia, han denunciado en redes sociales que no han recibido el pago de su sueldo. Por ejemplo, David Orrego Fernández, director de la revista Estudios de Derecho, publicó que “en 15 años que llevo como profesor, nunca había sufrido las demoras en el pago de nómina de la institución” y Luis Peláez, diputado de Antioquia, abogado y maestro del plantel, se preguntó si la demora se debe a algún problema con las transferencias de dinero que deben hacer a la Universidad el departamento y la Nación.
Por esta situación (sumada a la emergencia por violencias basadas en género que declaró la institución), los profesores tomaron la decisión de declararse en asamblea permanente. Es decir, que no se dictarán clases y, el tiempo de estas, se empleará para realizar análisis y propuestas. Sin embargo, cuenta una docente de la facultad de artes que prefirió no ser citada, los maestros acompañarán el proceso de admisión programado para este lunes, 27 de mayo, y el miércoles, 29, se volverán a reunir en asamblea para tomar decisiones. La Universidad dice que, de las 3.475 personas que están vinculadas laboralmente, 1.235 ya recibieron su salario.
Pero, antes de entender el enredo que hay detrás de este incumplimiento en el pago de los salarios, Juan David Ortiz, periodista y docente, explica cómo es el proceso de pago de nómina en la UdeA. Lo primero que dice es que en la institución hay dos fechas de pago, una es el 5 de cada mes y la otra es el 20. En los 5 les transfieren a todos los empleados de la institución, incluyendo a los profesores de cátedra (que reciben su salario mensualmente y representan más del 60% de la planta docente), mientras que los 20 reciben la segunda quincena los maestros vinculados.
Para este 20 de mayo estaba previsto que se pagara la novena quincena de este año. Sin embargo, a los docentes, aunque les publicaron las colillas de pago en la página web de la universidad, nunca les apareció el dinero en sus cuentas, dice Ortiz. Esa misma tarde, a este grupo de maestros, les llegó un correo explicando que “por problemas de liquidez la institución no podía hacer el pago como estaba previsto, sino que lo haría en el transcurso de la semana”. Sin entregarles más detalles.
Una de las razones de estos problemas de liquidez, dice Elmer Gaviria Rivera, vicerrector general UdeA, es que el flujo de recursos del plantel todavía depende, en gran porcentaje, de los giros que se reciben tanto del Gobierno Nacional, los cuales representan el 44% de los recursos, como del departamental, que son el 4%. Esto, a los ojos de Gaviria, quiere decir que “el resto de la financiación la tenemos que generar por actividades propias, como la venta de servicios”
Del Gobierno departamental, dice Gaviria, ya recibieron el giro, pero, precisa, que hasta el momento dice que no han llegado los recursos que deben transferir el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. La fecha estaba prevista para la primera semana de mayo y representan un valor de $43.000 millones, los cuales corresponden a acuerdos de concurrencia en pensiones ($20.000 millones), de cobertura ($9.000 millones) y puntos adicionales ($14.000 millones). El Espectador buscó al Ministerio de Educación para entender la razón de la demora de los giros, pero, al cierre de la edición, no recibió respuesta.
A la ausencia de estas transferencias se suma otro ingrediente: este año disminuyó en $40.000 millones el dinero que la institución estaba recibiendo gracias a los servicios de consultoría y de interventoría que tenía contratado con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
Sin embargo, advierte un profesor que conforma el comité directivo de la Universidad y que prefiere no ser citado, esta situación con el pago de los maestros solo es reflejo de una crisis acumulada que se venía sorteando con diversas estrategias y que, hasta ahora, estalló. “Podemos resolver el tema financiero esta quincena y algunas más, pero el problema estructural está en la raíz del sistema de financiación”, apunta.
Un déficit histórico
La Universidad de Antioquia, así como las 32 universidades públicas que tiene el país, han sufrido un desfinanciamiento progresivo, desde 1992, cuando se aprobó la Ley 30. El problema, como explicaba en esta nota Sergio Lancheros, del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, es que la regla que se fijó en los artículos 86 y 87 de la norma obliga al gobierno a ajustar todos los años el presupuesto únicamente con el valor de la inflación.
Sin embargo, advertía en ese entonces Lancheros, esta fórmula no contempló otros factores de gastos que tienen anualmente las universidades, como la renovación de infraestructura física y tecnológica, salarios de docentes y administrativos o el avance en investigación. Entonces, en su opinión, este modelo hace que las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas reciban lo mismo que hace 30 años. En el caso puntual de la UdeA, dice el vicerrector Gaviria, este déficit histórico asciende a los $350 mil millones.
El problema, añade la maestra de la facultad de artes, es que si bien en el Gobierno de Duque se aprobaron unos recursos, no fueron suficientes para subsanar esa brecha histórica, una brecha que se puede ampliar con los programas aprobados por el Gobierno Petro (como matrícula cero o la estrategia de incrementar la oferta educativa en las regiones). La razón, según cuenta, es que el dinero girado por el ministerio se debe invertir exclusivamente en estos programas puntuales.
Un ejemplo, expone, es el de los estudiantes de región. “Digamos que un alumno le cuesta a la institución $10 millones, pero, el ministerio solo desembolsa $8 por esta persona. Esto quiere decir que el plantel tiene que conseguir el dinero faltante, lo que implica gastos administrativos, de docentes, una infraestructura más grande, ampliado la deuda que tiene la universidad y quedándose con posibilidades limitadas de reducir el déficit histórico”.
Por eso, en opinión de Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), es conveniente que en medio de las discusiones que se plantean en la actualidad sobre un servicio gratuito y público, estén en el centro del debate los impactos financieros de cada una de estas iniciativas. Su preocupación se centra en que, si no se le presta atención a estas repercusiones, en “el mediano plazo Colombia puede sufrir un colapso estructural en la manera como garantiza la subsistencia financiera de sus IES”.
La pandemia, por supuesto, también tuvo un impacto en la desfinanciación que hoy afronta la U. de. A. Después de la pandemia, en las cuentas de la institución se registra una reducción de recursos de cerca de $150.000 millones por contratos de interventoría y auditoría que no se han podido recuperar. Además, dice Gaviria, en los últimos seis años han presentado un déficit efectivo en promedio de $50.000 millones al año, los cuales los han ido solventando, entre otras estrategias, con créditos que han realizado desde tesorería. “Buscamos cumplir con nuestros compromisos, principalmente en la parte laboral y de seguridad social”, añade.
Los maestros siguen siendo los más afectados
Entonces, ¿qué soluciones le han entregado a los maestros? Gaviria apunta que, hasta el momento, han pagado un poco más de la mitad de la nómina. Es decir, de las 3.475 personas que están vinculadas laboralmente a la UdeA, 1.235 ya recibieron su salario. Todavía, puntualiza, están reuniendo los recursos para pagar al resto de personal, para lo cual necesitan unos $7.500 millones. Sin embargo, en la asamblea de docentes que se llevó a cabo este viernes, 24 de mayo, le aseguraron a los maestros que no les puede decir con certeza cuándo se completarán esos pagos.
En la reunión, además, plantearon la idea de reducir algunos costos, como la papelería o el dinero de viáticos que se le consigan a los profesores que tienen clases en las otras sedes del plantel. Sin embargo, anota la profesora de la facultad de Artes, es una estrategia que cataloga de ridícula, pues, en su opinión, los docentes y los administrativos han sostenido “con las uñas la universidad y lo hemos hecho con calidad”.
En su caso puntual, cuenta que cuando tiene clases en la sede de Urabá, le asignan entre cuatro y seis horas seguidas de cátedra para no pagarle hospedaje en el municipio. Pero, si llegan a ser menos de cuatro horas, le toca dictarlas de forma virtual y, dice, “sin tener en cuenta que muchos jóvenes no cuentan con internet o tienen un servicio limitado de datos móviles”. En cuanto a la papelería, asegura otro docente, hace poco más de 10 años que ese valor sale del bolsillo de ellos. “Cómo le vamos a exigir a unos estudiantes, que muchas veces no tienen dinero para comer, que saquen cierta cantidad de copias”, se pregunta.
Desde la Universidad de Antioquia no tienen respuestas definitivas a una crisis financiera, que, según dicen, se replica en las otras instituciones del país. Por el momento, la mayor apuesta en este tema del Ministerio de Educación es que se apruebe la ley estatutaria, que busca que la educación sea un derecho fundamental. Pero, este proyecto se está enredando en su paso por el Senado, principalmente, por el tema financiero.
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