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Cuando usted o alguien de su familia se graduó del bachillerato, es probable que la primera opción para continuar sus estudios haya sido una carrera universitaria. Pero, si los resultados en las pruebas Saber 11 no fueron los mejores, no logró ser admitido en una universidad pública o el presupuesto simplemente no alcanzó para pagar una institución privada, puede que haya contemplado estudiar un programa técnico o tecnológico.
En Colombia, ser profesional es un sueño, asegura Omar Garzón Ospina, economista e investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Todo lo que está antes de ese título profesional suele verse como algo “inferior o de segunda”, dice. En el mejor de los casos, las personas asumen la educación técnica y tecnológica como un paso más en el camino para ser profesional. Esa preferencia se puede observar en las cifras. Más del 60 % de las personas graduadas de educación superior en el país son profesionales universitarios, mientras que el 40 % restante corresponde a técnicos o tecnólogos, según cifras recopiladas por el LEE en 2023.
A pesar de la poca valoración social que han tenido estos programas, varias de las universidades más prestigiosas del país, como la Universidad Nacional, la Javeriana, la Sabana y los Andes (por mencionar algunas), están planeando integrar educación técnica y tecnológica a su oferta académica, una medida que la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) ve con buenos ojos. “Esto puede contribuir a diversificar trayectorias educativas y responder a las demandas de los estudiantes y de los sectores productivos”, comentan.
La Javeriana anunció su apuesta por este tipo de formación, la cual describió en un comunicado como una propuesta para adaptarse a los “cambios en las dinámicas laborales, el crecimiento de la demanda por habilidades específicas y la necesidad de trayectorias formativas más flexibles”.
La Universidad de la Sabana, por ejemplo, espera enfocarse en áreas como la inteligencia artificial y la ciencia de datos. El rector Rolando Roncancio asegura que llevan cuatro años estructurando estos programas y señala que no es una opción relacionada “con la difícil situación económica por la que atraviesa el sector”, en lo que parece una respuesta a las sugerencias de que la decisión de las instituciones está motivada por la disminución en las matrículas de pregrado.
El incremento en la oferta de este tipo de programas podría cambiar el panorama de la educación superior en Colombia, acercándolo al de países como Alemania y Corea del Sur, donde los técnicos o tecnólogos representan cerca del 70 % del total de profesionales graduados. No obstante, es una apuesta de formación que carga con el estigma de ser considerada de baja calidad para la que el Estado colombiano podría no estar preparado.
Otro modo de ver la educación técnica y tecnológica
La distinción que se hace en Colombia entre la formación técnica y tecnológica (T&T) y las carreras universitarias se debe a varios factores. El primero, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, es que durante el siglo XX hubo una diferenciación social entre ambas. La educación universitaria estaba orientada a preparar a las élites dirigentes, mientras que la técnica, de la que se empezó a hablar con la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en 1957, se enfocaba en la formación de trabajadores.
En la academia, asegura Álvaro David Monterroza, uno de los autores de ese estudio y profesor titular del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM), “hemos tenido una tradición muy intelectualista y hemos supuesto que el conocimiento teórico es jerárquicamente superior al conocimiento práctico”. A esto se le suma que las leyes en Colombia tampoco han sido claras.
Víctor Gómez, investigador en temas de sociología de la educación y profesor de la Universidad Nacional, señala que, desde la Ley 30 de 1992, considerada la máxima norma en educación superior, nunca se ha definido un marco conceptual ni se han establecido orientaciones curriculares claras para precisar qué es la educación técnica, lo que ha generado “una cantidad de problemas porque no hay ninguna norma, criterio ni orientación sobre esta formación”.
En la norma se estableció que los programas universitarios, tecnológicos y técnicos profesionales son considerados parte de la educación superior en el país. Después, con otras iniciativas, se estableció que hay otros dos tipos de formación técnica que, si bien no hacen parte de la educación superior, están establecidos como parte de la educación para el trabajo y la educación continúa: los técnicos laborales y los técnicos de formación profesional integral.
Lo que los diferencia es el objetivo que tienen en cuanto a la formación. Un técnico profesional, por ejemplo, está enfocado en el conocimiento práctico y operativo; un tecnológico, por su parte, busca formar las capacidades de un técnico y diseñar e implementar soluciones para un área de conocimiento específica, y los programas universitarios profundizan en los aspectos teóricos y en la generación de conocimiento de una profesión. Al tratarse de educación superior, estos tres niveles tienen como requisito graduase de bachillerato.
En cuanto a los técnicos laborales y de formación profesional integral tienen un énfasis en la formación de habilidades para el trabajo y, como está establecido en la Ley 115 de 1994 (conocida por ser la ley de educación), pueden tomarse como parte de la educación media (bachillerato técnico). También pueden ser ciclos cortos de formación para ingresar al mundo laboral o actualizar conocimientos profesionales cuando ya es parte del mundo laboral.
El problema, plantea Andrés Felipe Mora, docente y vicerrector general de la Universidad Nacional, es que en el país se ha venido asumiendo que toda la educación técnica y tecnológica (que en Colombia puede durar de uno a tres años) hace parte de una misma categoría que “es más corta, está enfocada en la formación para el trabajo y es de bajo costo. Pero eso no necesariamente tiene que ser cierto”. Existen algunos casos, como el del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por su sigla en inglés), en Estados Unidos, donde la duración y el costo de estos programas son similares a los de una carrera universitaria.
Este desprecio, opina Víctor Hugo Malagón, empresario y vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Sergio Arboleda, se debe a que en nuestra sociedad la formación profesional es la más aspiracional y, de alguna manera, “la formación técnica y tecnológica ha sido subvalorada desde el punto de vista cultural y se entiende como una de segundo nivel. Eso es un error”.
En medio de este complejo panorama, entre otras cosas, se ha olvidado que el desarrollo tecnológico de la sociedad moderna y procesos cruciales, como la agricultura, se sostienen en gran parte gracias al conocimiento práctico y técnico. Pero, ante la apuesta que se está haciendo en Colombia por masificarla, Mora plantea una duda: ¿deberíamos adaptar el sistema educativo a las necesidades que propone el mundo laboral? Hacerlo podría traer varios desafíos.
¿Un cambio en la educación?
Durante 2024, Javeriana TEC, la apuesta de formación técnica y tecnológica de esa universidad, hizo un estudio de demanda para resolver varias inquietudes: ¿Qué quieren estudiar los jóvenes? ¿En qué modalidades? ¿Por cuánto tiempo? Los resultados, destaca Karen González, directora de esa iniciativa, mostraron que “los jóvenes en el país sí quieren estudiar después de terminar el colegio, pero no siempre encuentran una oferta que cumpla con sus expectativas”.
En los últimos años, se ha incrementado la cantidad de jóvenes que prefieren estudiar carreras más cortas, que les permitan ingresar más rápido al mundo laboral y que sean más flexibles en términos de tiempo. De acuerdo con Garzón, “estudiar ya no tiene un retorno tan alto en términos de dinero, estatus y tiempo invertido, como sí ocurría en el pasado”. Esa tendencia ha generado una caída en el número de estudiantes que ingresan a las universidades a escala mundial, algo que está ocurriendo en Colombia desde 2016, agrega el investigador del LEE.
La propuesta de la Universidad Javeriana, que empezaría a funcionar a partir de 2026, será ofrecer programas de $1,5 a $4 millones por semestre, lejos de los más de $15 millones que cuestan algunas de sus carreras universitarias. Otras instituciones que ya ofrecen programas T&T, como los de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, rondan los $2 y $3 millones, mientras que los de la Universidad Sergio Arboleda, que son tecnológicos, están entre $2,5 y $4,5 millones.
Esa oferta, según Natalia Ariza, directora del Proyecto Instituto Tecnológico de la Universidad de los Andes, también responde a que el mercado laboral colombiano está requiriendo cada vez más personas técnicas y tecnólogas. “Hay muchos sectores nuevos que nos están presionando para desarrollar una capacidad que responda a esas necesidades. El mercado cambia o se actualiza, por lo que los programas también deben adaptarse”, señala.
Crear nuevos programas y ajustarlos constantemente es un proceso difícil y “no sabemos si el país está preparado para este modelo”, dice Gabriel Rueda, director ejecutivo de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (Redttu). En esto coincide Sandra Sanguino, directora de la Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos de Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unabtec), que ofrece esta formación desde 2001, quien cree que sería necesario “agilizar los trámites” que tienen que hacer las instituciones de educación superior ante el Ministerio de Educación para certificar sus programas.
Esta es, sin embargo, una idea con la que “hay que tener mucho cuidado”, dice Mora, vicerrector de la Nacional, quien comenta varias preocupaciones. La primera es que masificar la formación técnica y tecnológica, sin una reflexión previa, podría profundizar la brecha salarial entre los profesionales universitarios y los técnicos y tecnólogos, que marca una diferencia de $1 millón en ingreso promedio, según el DANE.
También, advierte que si se responde únicamente a las necesidades del mercado, las carreras en áreas del conocimiento menos valoradas laboralmente correrían el riesgo de desaparecer. Por último, invita a preguntarse lo que puede pasar “con las artes y las humanidades. Si queremos ser un país que brinde oportunidades, esas oportunidades no pueden estar enfocadas solo en el trabajo”.
La calidad: una de las preocupaciones
La entrada de universidades acreditadas de alta calidad a ofertar programas técnicos y tecnológicos puede “ayudar a posicionar en el país la importancia de esta formación, matizar un poco el estigma que tiene y llegar a otras regiones del país”, afirmaseñala Rueda, de la Redttu. Otro de los aportes que puede generar, añade Ariza, de los Andes, más allá de la infraestructura, es la aplicación de modelos de alta calidad que ya se emplean en los programas universitarios.
Cuantas más y mejores instituciones ofrezcan esta formación, apunta Víctor Hugo Malagón, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Sergio Arboleda, mayor será el “incentivo en el acceso a la educación, dándole una posición social distinta, no como mejor o peor, sino como un desarrollo de competencias, habilidades y oficios distintos”. En este punto coinciden varias de las fuentes consultadas para este artículo, aunque también existen algunas preocupaciones.
Desde ASCUN, por ejemplo, consideran que aumentar la oferta “puede ser positivo”, pero advierten que “esto no debe significar una flexibilización en los estándares de calidad. Por el contrario, toda nueva propuesta debe ser evaluada con los mismos niveles de exigencia que cualquier otro programa académico”.
Frente a estas inquietudes, Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, recuerda que “los trámites de otorgamiento y renovación de registro calificado [que es la autorización de funcionamiento], así como de modificación de programas académicos, no varían por nivel de formación”. Para autorizar o renovar estos registros, añade Moreno, se sigue un único procedimiento administrativo para todos los programas: inicia con la solicitud de la institución, sigue con la revisión documental, continúa con la visita de pares y la evaluación académica, y finaliza con el acto administrativo que decide la solicitud.
Aunque el Ministerio de Educación ha trabajado para agilizar esos trámites, ASCUN considera que es necesario tener lineamientos específicos para el diseño y la evaluación de programas técnicos y tecnológicos, de manera que se puedan garantizar condiciones de oferta adecuadas (infraestructura, planta docente y pertinencia curricular), y se promueva la formación integral de los estudiantes.
Para lograr posicionar la educación T&T, sugiere Mora, “no se puede perder la riqueza que tiene el sistema de educación superior en el país”, que no solo está marcada por la calidad, sino también por la diversidad de la oferta. Para él, este es un riesgo latente si la motivación para crear nuevos programas T&T es únicamente responder a una presión del mercado laboral y a la disminución de matrículas en programas universitarios.
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