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Dos meses y medio después de haber sido radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, este martes, 28 de noviembre, se llevó a cabo el primer debate del proyecto de ley estatutaria 224 de 2023 que busca regular el derecho fundamental a la educación en Colombia. (Puede leer: Así le fue a la ley estatutaria de educación en su primer debate en Cámara)
La iniciativa, que ha sido una de las banderas en temas educativos del gobierno del presidente Gustavo Petro, busca “establecer las garantías del derecho fundamental a la educación y fijar las condiciones y obligaciones necesarias para su efectiva protección y respeto a cargo del Estado, la sociedad y la familia”.
Según ha explicado la cartera que dirige Aurora Vergara, ministra de Educación, el proyecto busca cumplir el artículo 9 de la Ley 115 de 1994 —la Ley General de Educación— que establecía que debía regularse el derecho fundamental a la educación a través de una ley de jerarquía especial.
Desde que fue radicada, el 12 de septiembre de este año, el proyecto de ley ha sufrido algunos cambios que no alteran los asuntos centrales de la propuesta. El documento mantiene una división en seis capítulos, pero tiene cuatro artículos más (y varios parágrafos adicionales) que el texto radicado hace más de dos meses. De acuerdo con los representantes ponentes, esto se debe a las 10 audiencias públicas que tanto ellos como el Ministerio de Educación adelantaron desde principios de octubre hasta mediados de noviembre en varias ciudades del país. En total, el proyecto tiene 40 artículos.
A grandes rasgos, y antes de entrar en las particularidades del articulado, lo que el gobierno busca es ampliar, progresivamente, el derecho fundamental y obligatorio a la educación. Actualmente, explica Mineducación, este derecho solo aplica a los grados de transición y a la educación básica, que va de primero a noveno. Lo que buscan es que el derecho se amplíe para que también abarque la educación inicial, media y superior. (Le puede interesar: Icetex desmintió señalamientos por contratación irregular en 2022)
Para Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, “este proyecto tiene aspectos positivos, como el enfoque de diversidad e inclusión. Además, trata, de alguna manera, aterrizar la educación como un derecho. Aunque la Corte Constitucional ya había dicho que había un derecho a la educación, esta ley pone la discusión sobre qué es el derecho a la educación?”.
Los cambios más importantes del texto que se debatirá desde hoy
Uno de los primeros cambios que fue introducido en el proyecto de ley que inició su debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, tiene que ver con el objeto de la misma. Justo, en el primer artículo, el nuevo texto señala que la Ley Estatutaria tiene “por objeto establecer las garantías del derecho fundamental a la educación” y, a diferencia del anterior articulado, también menciona la regulación. Adicionalmente, en este artículo se habla de que el Estado, encargado junto con la sociedad y la familia, de fijar las condiciones necesarias para la efectiva protección de este derecho, lo hará de manera progresiva.
Poco antes de que se radicara la primera ponencia, como contamos en este artículo, Abadía señalaba que para que la ley no se quedara en el papel, debía incluir un deber adicional a cargo del Estado: el de asegurar el derecho en condiciones de calidad, pertinencia y calidad.
Precisamente otro de los cambios, en el artículo 5, que trata los principios que orientará el derecho, es la inclusión de una nueva serie de principios. En total, serán 22, de los cuales 3 son nuevos. Uno de ellos es la calidad, entendido como “las condiciones propicias para garantizar el derecho fundamental a la educación, lo cual implica el esfuerzo de todos los actores y participantes en su mejora continua con el fin de cumplir con las exigencias propias del sistema educativo…”.
Para Abadía, todavía quedan dudas sobre principios como la pertinencia, calidad, equidad y acceso. “¿Cómo vamos a hacer esto y de dónde saldrán los recursos? Especialmente si se va a garantizar la educación inicial como un derecho fundamental, ¿cómo vamos a cubrir a todos los niños de 0 a 5 años?”, se pregunta la codirectora del LEE. (También puede leer: Anuncian becas para financiar investigaciones sobre biodiversidad en Colombia, ¿cómo participar?)
Los otros dos principios que incluye el nuevo articulado, son el de libertad educativa, que reconoce el derecho de los padres y tutores legales a escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos menores, y el de desarrollo humano, que también reconoce las capacidades, saberes y aptitudes de las personas y “se potenciarán de acuerdo al proyecto de vida deseado”.
Otro de los principios que más ha defendido el gobierno de Gustavo Petro es el de la gratuidad. Este establece que “el Estado garantizará, de forma progresa y con criterios de equidad, la educación gratuita en todos sus niveles”. En el articulado que será debatido, se agregó que también se garantizará en “todos los tipos, modalidades y formas en los establecimientos educativos e instituciones educativas oficiales”.
Para Abadía, así como para representantes como Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), persisten los cuestionamientos sobre el financiamiento de la ley. Al respecto, los coordinadores ponentes señalaron que a finales de octubre le solicitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público un concepto fiscal sobre la iniciativa. En respuesta, la cartera manifestó que no existen objeciones de tipo presupuestal, pues “en el proyecto no existen disposiciones que ordenen gastos adicionales u otorgan beneficios tributarios”, agregaron en el informe de ponencia.
En lo que sí es claro el documento, es que el Gobierno Nacional deberá “modificar o armonizar las políticas educativas existentes, y en caso de requerirse apropiaciones presupuestales, estas deberán realizarse de manera progresiva, en el marco de la sostenibilidad fiscal”. En palabras de la ministra Vergara, dependerá de los presupuestos generales de la nación, de los próximos años.
En ese sentido, el proyecto establece, en uno de los parágrafos del artículo 12, que se deberá desarrollar “un sistema de financiamiento integral que establezca la estructura, los mecanismos, las fuentes necesarias para garantizar la progresividad en el acceso a la educación formal…”. (Puede interesarle: ICETEX retira de su cargo a secretaria general tras denuncias por contratación irregular)
Deserción, uno de los lastres del sistema educativo colombiano
Además de avanzar en la universalización de la educación, el proyecto de ley también busca hacerle frente a la deserción, un problema que en Colombia, según las cifras más recientes del Ministerio de Educación, fue del 8,89 % en el nivel universitario y de entre 15,3 y 18,7 %, en los niveles tecnológico y técnico profesional.
De acuerdo con la justificación del proyecto de ley, “la deserción genera un alto impacto en la construcción de capital humano del país y además genera consecuencias individuales, familiares, institucionales y estatales”.
Por estas razones, los representantes incluyeron un artículo que busca “generar instrumentos que identifiquen las causas de la deserción académica en todos los niveles, con el fin de establecer políticas que garanticen la permanencia y graduación en el sistema educativo”.
Otro artículo que aparece en la nueva ponencia (el 14), trata sobre los deberes y obligaciones de los y las estudiantes. En cinco parágrafos, el articulado las desarrolla pero, en términos generales, apuntan a que los jóvenes cumplan con sus obligaciones académicas, tengan relaciones armónicas y promuevan una cultura democrática.
Definición de los niveles
Una de las novedades más relevantes en la ponencia, que empezó a ser discutida, tiene que ver con la definición más clara de los niveles del sistema educativo. Por ejemplo, el artículo 15 define que la educación inicial es un derecho fundamental de los niños y niñas menores de seis años. Mientras tanto, la educación básica comprende nueve grados y seguirá siendo obligatoria. El proyecto ahora busca que la educación superior (10º y 11º) también sea obligatoria.
Si bien un parágrafo del artículo 17 hace referencia a los grados 12º y 13º, la ministra Vergara hizo una aclaración de que este no será obligatorio y solo aplicará a las escuelas normales superiores. La idea, señaló la ministra de Educación, es que para quienes asisten a estas instituciones, sobre todo en el sector rural, puedan conectarse de mejor manera con la educación superior. (Puede leer: “Gran parte de Latinoamérica no reconoce el problema de educación que tenemos”)
Para Abadía, el proyecto deja por fuera la educación posmedia, que se dan con certificaciones y la educación para el trabajo. A pesar de esto, otra de las incorporaciones en el nuevo articulado, reconoce otras modalidades de educación no formal “que incorporen la educación para el trabajo y el desarrollo humano y otras modalidades”.
Enfoque social y territorial, con pocos cambios
El cuarto capítulo del proyecto de ley, que componen 12 artículos, abordan el derecho desde un enfoque social y territorial. Este enfoque, explica el Ministerio de Educación, “fortalecerá las acciones para el despliegue institucional, bajo el respeto de la autonomía de los territorios (…) en especial de las comunidades campesinas y étnicas”.
Precisamente la Bancada Multipartidista por la Educación, compuesta por 45 congresistas de distintos partidos políticos, reconoce “como una oportunidad que el contenido de la ley estatutaria desarrolle un capítulo de equidad social y territorial, en donde se pone en el centro a las poblaciones que habitan los territorios rurales y rurales dispersos que han sufrido históricamente los impactos de la violencia y la precaria presencia del Estado”.
Si bien este capítulo no sufre cambios sustanciales frente a la ponencia radicada, el nuevo articulado incluye el reconocimiento del derecho fundamental a la educación para personas reincorporadas y en proceso de reincorporación. También busca que el Estado garantice el acceso a la educación de los jóvenes que se encuentren vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y de las mujeres gestantes o lactantes.
El quinto capítulo, que aborda la formación integral que pretende el gobierno de Gustavo Petro, tampoco presenta cambios trascendentales en sus artículos, aunque propone que la evaluación “con las múltiples dimensiones del desarrollo de los seres humanos”. (También puede leer: Atención profesores: el Ministerio de Educación les dará una nueva bonificación)
Facultades extraordinarias para el presidente, el punto de la discordia
En el último capítulo, el sexto, que trata las disposiciones especiales, se incluyó que en un periodo no mayor a dos años, el gobierno nacional deberá establecer un plan que contendrá, como mínimo, “la información clara y precisa de la situación actual de la educación, los plazos, las fuentes de financiación, recursos, metas y acciones a ejecutar para garantizar progresivamente el derecho a la educación”.
Lo que si no cambia respecto a la primera ponencia es el artículo que busca otorgarle al presidente Gustavo Petro facultades extraordinarias. El artículo 39 busca revestir al presidente “de precisas facultades extraordinarias por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley para que expida normas con fuerza de ley que establezcan las fuentes, esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles”.
Sin embargo, este artículo no convence a varios sectores. A Abadía, de la Javeriana, le preocupan estas facultades extraordinarias, mientras que los representantes Cadavid, del Centro Democrático y Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, señalaron que votarán en contra de este artículo. (Puede interesarle: Harvard abrió un curso sobre Taylor Swift para 2024, ¿en qué consiste?)
Como contamos en este artículo, en el primer debate se avanzó poco. Sin embargo, asesores del Ministerio de Educación le manifestaron a este diario su confianza, pues, aseguran, el proyecto es apoyado por amplias mayorías tanto en la Comisión Primera como en la plenaria de la Cámara de Representantes.
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