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Los testimonios de más de 20 alumnas y exalumnas que han aparecido en los últimos días denunciando a Mauricio Zambrano, quien era profesor de educación física en colegio MaryMount, en Bogotá, han vuelto a revivir en el país un asunto que preocupa tanto a padres de familia como a autoridades: ¿Cómo deben actuar los colegios frente a los casos de acoso y de abuso sexual? ¿Hay una ruta clara para seguir cada vez que se registren? ¿Existen protocolos que salvaguarden los derechos de los niños y niñas que, por medio de sus padres, quieran denunciar? ¿Está establecida una política clara para prevenir que casos como los del profesor Zambrano se repitan? (Lea: ¿Cómo abordar casos de acoso sexual en las universidades?)
Antes de resolver esas preguntas, hay que partir por aclarar algo clave: ¿cómo identificar estas conductas? Mónica Godoy, antropóloga y maestra en estudios de género explica que se debe tener en cuenta que existen varios tipos penales de abuso sexual. “En el caso del acoso sexual, por ejemplo, es un delito que no tiene resultado, es decir, no llega a un tocamiento y se da a través de insinuación verbal, de comentarios de doble sentido o gestos que generan incomodidad, miedo e intimidación a la víctima. Cuando hay un tocamiento sexual que no es consentido hablamos de un acto sexual abusivo. Y cuando se tiene relaciones sexuales por la fuerza ya es acceso carnal violento”, cuenta.
Este caso puntual, asegura Godoy, es un buen ejemplo para ilustrar cómo no se deben llevar las quejas por acoso de tipo sexual u otro tipo de acoso en las instituciones. “Hay un acumulado de errores que terminan saliendo de forma pública con mucho daño acumulado y con total falta de atención por parte del plantel”, asegura. Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de recibir una denuncia de este tipo, anota Godoy, es garantizar un espacio confidencial y seguro a los niños, niñas y adolescentes en el que no se le cuestione, no se le revictimice, en el que se le crea y en el que no sienta que lo van a castigar. Además, de tomar en serio su denuncia.
Al no contar con estas áreas, es posible que los estudiantes terminen acudiendo a una persona de confianza dentro del colegio. “El niño o niña pasa por un montón de gente, como coordinadores, que se enteran de la situación y que no toman una acción la prevención del daño”, dice Godoy.
Como dice Carolina Piñeros, directora de RedPapaz, lamentablemente en Colombia no hay unos lineamientos claros sobre cómo deben actuar los colegios frente a las situaciones de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. “Estamos rezagados como país, pero no únicamente los colegios sino también todos los centros donde hay personas que trabajan con menores. Por ejemplo, los centros de entrenamiento deportivo o los institutos en los que se dan clases de música. Allí hay personas muy cercanas a los niños y niñas en las que ellos deberían confiar porque están ahí para educarlos y cuidarlos. En el mundo, lo sabemos, es en estos lugares donde también se han presentado casos de abuso”.
¿Cuál es la ruta de acción para manejar estos temas?
Daniela*, quien prefirió no revelar su nombre, es otra de las exalumnas que se ha sumado a esta ola de denuncias. “También recibí comentarios por parte de Zambrano con respecto a mi cuerpo, reducido al sexo, a tener relaciones. Me decía que si podía ir de noche a mi apartamento”, cuenta. Y a pesar de que Zambrano no pasó de comentarios, le sorprende cómo ella, sus compañeras y las directivas normalizaron este tipo de conductas. “No contamos con protocolos, ni mecanismos que nos ayudaran a actuar en estos casos”, anota y asegura que en sus años de estudio no conoció una ruta de atención a las quejas e inquietudes de acosos o abusos sexuales. A pesar de que Maria Ángela Torres, quien era la rectora, aseguró en una carta enviada a los padres que la institución había activado unos protocolos para la atención de estos casos, varias de las exalumnas y alumnas aseguran no conocer estos lineamientos. (Puede leer: “Todas fuimos víctimas de un abuso institucional”, exalumna del Colegio Marymount)
Entonces, ¿cuál es la mejor ruta para manejar estos temas? Para Godoy, es necesario informar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para accionar una ruta de acción con la Fiscalía. “No puede manejarse de manera secreta o privada, como muchos colegios lo hacen, esto puede ser considerado por las autoridades como complicidad y omisión”, añade. Otro de los puntos clave a tener en cuenta es que la investigación penal se puede llevar de manera paralela a las investigaciones disciplinarias internas que tiene que realizar el colegio y así poder apartarlo del cargo, mientras se estudia el caso.
Para Piñeros, lo más urgente es que haya posturas institucionales claras frente al abuso y la violencia sexual y que los colegios cuenten con asesoría para prevenir estos casos y saber qué hacer. Bogotá, dice, es la única ciudad que tiene un protocolo claro para los jardines, pero debería ser algo con el que cuenten todas las instituciones. A su parecer, un buen inicio es capacitar al personal que hace parte de un colegio, desde profesores hasta quienes se encargan de brindar otros servicios. “Sería muy útil que, de acuerdo a los compromisos internacionales que ha firmado este Gobierno y que, sin duda, han sido un avance, dejaran de manera expresa la obligatoriedad de que los colegios cuenten con un protocolo y capaciten a sus trabajadores”, afirma Piñeros.
La Secretaria de Educación de Bogotá, por ejemplo, ha emitido una guía de trabajo para atender los casos de violencia sexual. El primer paso que recomiendan es aprender a reconocer las señales de riesgo o afectación. Entre ellas están los comportamientos, como actitudes de sometimiento, el retraimiento o manifestaciones de ansiedad, angustia o depresión. Luego de reconocer estos signos de alarma, deberán escucharlos, sin sacar conclusiones y haciéndoles saber que les preocupa su bienestar y generar un espacio de confianza para entender la situación y buscar ayuda. “Es necesario que comprendan que ellos no tienen la culpa de sufrir el abuso por no ser capaces de defenderse”, señala la entidad.
Por eso, advierten, que si los padres identifican una situación de violencia sexual en contra de su hijo o hija deberán comunicarse con el área de orientación escolar del colegio. “Como parte del proceso de acompañamiento se debe reportar la situación ante la Fiscalía General de la Nación, el ICBF o Comisarías de Familia, según corresponda”, apunta la secretaria. El Ministerio de Educación, por su parte, aclara que desde 2018 cuenta con el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), que se encarga de identificar, registrar y hacer un seguimiento de los casos de acoso, embarazo adolescente, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se registren en colegios. (Le puede interesar: “No es la primera vez que el profesor se involucra con una alumna”)
“En este sistema se incluyó el Módulo de Convivencia Escolar que permite reportar y hacer seguimiento a las violencias sexuales y una adecuada activación de rutas para la atención intersectorial a las víctimas (…) se incluyó un módulo para el reporte y temas como embarazo adolescente, violencias basadas en género, acoso, racismo, suicidio, ciberacoso, prevención de consumo de sustancias psicoactivas”, apunta. En caso de que se registre un caso, añade la cartera, se deben activar inmediatamente las rutas de atención intersectorial para garantizar la atención integral y la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Además, la institución educativa en la que se presenten los casos tendrá que reportar en el sistema de alertas y notificar a la Secretaría de Educación de su ciudad. Esta ruta está habilitada desde el 4 de junio de 2021 y desde entonces, con la información reportada por 81 Entidades Territoriales Certificadas, sobre casos de presunto abuso desde enero de 2018 hasta febrero de 2022 se tienen 876 casos, de los cuales 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación. “Vamos a redoblar esfuerzos entre los Ministerios de Educación y de Defensa; el ICBF, la Fiscalía y las secretarías de Educación en los siguientes 60 días para garantizar que los protocolos y el sistema de información sean adoptados por todas las instituciones educativas”, puntualiza la cartera.
Como explica la directora de RedPapaz, si bien no hay desde el Gobierno un camino claro a seguir, las instituciones escolares que se enteren de estos casos sí deben reportarlos a las autoridades. Hay varias maneras de hacerlo. Uno de los canales es la línea 141 del ICBF. Otro es ingresar a la aplicación ADenunciar de la Fiscalía. También se puede hacer a través de Te Protejo, que permite hacer estos reportes de manera confidencial y que es muy útil para quien sienta que está en peligro su integridad. “Los adultos deberíamos reportar cuando nos enteramos de una posible situación de abuso. Es lo mínimo que debemos hacer. Nosotros somos los llamados a proteger a las niñas y niños”, reitera Piñeros.
Algunos vacíos en los protocolos establecidos
Valeria Mira, abogada, experta en cumplimiento en Derechos Humanos, recomienda que “las instituciones que trabajan con menores de edad no pueden asumir que todas las personas van a tener un comportamiento en el que no se toleren relaciones entre adultos y los niños o niñas”, por eso, dice, “debería quedar explícito en los reglamentos internos de trabajo, en los estatutos de profesores, que esas relaciones están prohibidas”. También, recomienda que se deberían implementar procedimientos de protección para menores en los que se incluyan estrategias. “Pueden emplear algunas normas como la de nunca estar solos con un niño o niña, por ejemplo”, añade. (Lea también: Sexualidad, de un tabú a una materia pendiente en Colombia)
El otro gran vacío que, dice Piñeros, tiene el país tiene que ver con la educación sexual. “En este tema estamos súper mal en Colombia”, afirma. “Tenemos lineamientos, pero eso no se ha traducido en programas de educación sexual al interior de los colegios”. Desde que sucedió en 2016 el episodio de las cartillas que le costaron el puesto a la ministra de Educación de ese entonces, Gina Parody, el país parece haber olvidado lo fundamental que resulta esta educación en la formación de los menores.
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