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En medio de plantones, disturbios e incluso actos de violencia, han transcurrido estas últimas semanas en la Universidad del Atlántico, la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano. La principal razón es el proceso de designación del rector para el período 2025 – 2029. Aunque, según el calendario publicado este lunes 28 de julio, está prevista que se lleve a cabo el 3 de octubre, desde hace algunos días, comenzó la carrera por este cargo, que es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.
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Una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta institución, que desde 2021 está liderada por Danilo Hernández Rodríguez, es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de $ 445.000 millones. La controversia más reciente en esta carrera a la rectoría, cuyos aspirantes al cargo se darán a conocer el próximo 3 de septiembre, ha girado en torno a una modificación del artículo 29 del Estatuto General del Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas del país. Este cambio permite la reelección del rector por una única vez para un período de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un período posterior.
Aunque una de las recusaciones, que fue presentada por el ciudadano Carlos Julio Escobar Durán en contra del CSU consideraba que había un posible conflicto de intereses en este debate, el 15 de julio, la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico la declaró improcedente. Además, dejó en firme la modificación de la norma con la que Hernández, cercano a la familia Char, podría aspirar a un segundo periodo.
Danilo Hernández, una ficha muy cercana a los Char
No es un secreto que Danilo Hernández es cercano a la familia Char, el clan político más poderoso del Atlántico, pues varios de sus integrantes han sido gobernadores, alcaldes, senadores o concejales e incluso son dueños de la cadena de supermercados Olímpica, de las emisoras Olímpica y del Júnior de Barranquilla. Basta con mirar sus redes sociales o las de la universidad para constatarlo.
En un video publicado el 15 de febrero de este año en su cuenta privada de Instagram, Hernández aparece junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. “A nuestro rector y gran amigo, que tiene la universidad a otro nivel”, dice Char mientras le entrega un regalo enviado por parte de la Secretaría Distrital de Cultura. Ese mismo mes, Hernández propuso otorgarle un doctorado honoris causa en Ciencias Económicas, la máxima distinción de la academia, a Fuad Char, exgobernador del Atlántico, exministro, exembajador y empresario.
Una vez se supo de la idea de Hernández, en la entrada de la universidad se extendió una bandera gigante en contra de esta decisión. Andrea Vargas, Secretaria General de Colombia Humana, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, y una de las líderes más visibles del Pacto Histórico en Barranquilla, publicó una foto del momento, que acompañó con el siguiente mensaje: “las universidades no son un instrumento para validar la imagen de clanes políticos”.
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La Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU), coordinación Atlántico, también rechazó esta distinción y, por medio de un comunicado, aseguró que la institución debe ser un “bastión de pensamiento crítico, autonomía y soberanía”, y que, por lo tanto, entregar este reconocimiento sería “una afrenta a la comunidad académica, estudiantil y docente, así como un golpe a la credibilidad de la institución”.
El nombre de Hernández, comenzó a tomar fuerza en los pasillos de la Universidad del Atlántico desde 2017, cuando se desempeñaba como profesor y llegó, por primera vez, a la silla de representantes de las Directivas Académicas en el CSU. Lo hizo junto con Álvaro González, también cercano al clan Char, quien después se desempeñó como Jefe de Admisiones, Control y Registro y luego como Vicerrector de Bienestar Universitario. La llegada fue criticada por la comunidad educativa, que cuestionó que se haya cambiado varias veces la fecha en el cronograma de votaciones.
Siendo ya integrante del CSU, Hernández apoyó a José Rodolfo Henao Gil, también cercano a la casa Char, para ser designado como rector encargado en junio de 2020. De acuerdo con una columna de opinión, publicada en julio de este año por el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, una vez Henao Gil asumió el cargo de rector, nombró como vicerrector de Docencia a Hernández. Su designación, no obstante, fue declara nula en 2021 por la jueza Roxana Isabel Angulo, del Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.
En el fallo, determinó que el nombramiento de Hernández presentaba irregularidades vinculadas a un supuesto “carrusel de poder” en el plantel. A pesar de la medida, Hernández siguió vinculado a la universidad como asesor del rector Henao Gil. Entre sus planes, y los de la familia Char, estaba que Hernández fuera el siguiente en asumir el cargo. “Era el favorito de la casa Char y quien también tenía la bendición de la entonces gobernadora Elsa Noguera”, agregó el senador Ávila en su columna.
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Así fue como Hernández llegó a la rectoría de la Universidad del Atlántico. A pesar de que fue inhabilitado por tres meses para ocupar el cargo, pues no cumplía con algunos de los requisitos de elegibilidad establecidos por el CSU, finalmente, desde el 25 de julio de 2021 quedó al frente de la institución. El Tribunal Administrativo del Atlántico falló a su favor y determinó que su elección no fue producto de un proceso “viciado de violar las normas del Consejo Superior Universitario”.
La puja por la rectoría
En las últimas décadas, la rectoría de la Universidad del Atlántico ha sido deseada por los políticos regionales e incluso nacionales. Hasta 2006, contaba la periodista Tatiana Velásquez, en un artículo publicado en la Silla Caribe, “los rectores no solían ser designados por sus méritos, sino por su cercanía con los fallecidos excongresistas José Name Terán y Pedro Martín Leyes, o por ser cuotas de los senadores Roberto Gerlein y Álvaro Ashton”. Eso cambió ese año cuando Ana Sofía Mesa, con el respaldo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, llegó al cargo.
Tras la salida de Mesa en 2015, y hasta 2017, la universidad tuvo cinco intentos de elegir rector, pero ninguno prosperó, por lo que fue dirigida de manera interina. Eso cambió en junio de 2017, cuando Carlos Prasca, también cercano a los Char, fue designado como rector. Los señalamientos de su cercanía con esta familia se basan en la relación laboral que han sostenido. Prasca, por ejemplo, fue asesor en algunos de los proyectos de educación de Alejandro Char, en su segundo mandato como alcalde de Barranquilla. En esa época, el entonces rector le reconoció a la Silla Caribe que “su amistad con Char es de vieja data”. Dos años después, Prasca renunció por denuncias de acoso sexual. Después algunos rectores interinos estuvieron al frente, como Henao Gil, antecesor de Hernández.
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La última controversia en la reciente carrera por este puesto se vivió a finales de julio, justamente con la modificación del artículo 29 del Estatuto General del CSU. La idea para cambiar esta norma, cuenta Luis Villanueva, del programa de Historia y líder estudiantil, fue de Angely Díaz Cordero, representante de los estudiantes en el CSU. “Lo hizo porque creemos que debe haber una continuidad de esta administración que, a nuestro parecer, ha sido propositiva. Por ejemplo, hay avances significativos en infraestructura e investigación”, cuenta Villanueva, quien agrega que la representante consultó esta iniciativa con los estudiantes que votaron por ella.
El problema, en opinión de Germán Zuluaga Ramírez, filósofo, abogado y egresado de la Universidad del Atlántico, es que el cambio en la norma se haya hecho cinco meses antes de que termine el período del actual rector, lo que no cayó muy bien en partes de la comunidad educativa. Zuluaga recuerda que, en 2019, cuando era uno de los líderes estudiantiles, consiguieron que los estatutos se modificaran y establecieran que la reelección directa no estuviera permitida. Así fue como quedó contemplado que las personas que ocupen el cargo de rector “no podían reelegirse. Lo hicimos precisamente para garantizar la imparcialidad y la transparencia de los procesos”.
Ese descontento por la propuesta llevó a que, el 15 de mayo, en los alrededores de la oficina de Hernández, se enfrentaran varias personas, entre quienes defienden la reelección y quienes no están de acuerdo. La confrontación, como se observa en varios videos, llegó a los golpes y las amenazas. En ese momento, el rector, en entrevista con Caracol Radio, advirtió que había recibido información sobre un posible plan de toma de la rectoría por parte de grupos provenientes de Cali y Urabá. Al final, la toma no sucedió.
La propuesta también ha generado una polarización en los pasillos de la universidad. Hace solo unos días, SINTRADEUA, el sindicato de trabajadores y docentes del plantel, publicó un comunicado en el que detalló las razones por las que consideran que Hernández debe continuar en su cargo. Entre los motivos que expone está la reestructuración financiera que, en su opinión, devolvió autonomía y solvencia a la institución; la inversión de más de $3.000 millones en semilleros y grupos de investigación; o las alianzas alcanzadas con instituciones como Harvard, FERMILAB o la Universidad de la Rioja.
En la otra esquina, una parte de la comunidad educativa, entre ellos la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU), alega que el CSU cambió las reglas de juego sobre la marcha, lo que se podría tratar de una “maniobra de los grupos políticos (como los Char) para quedarse en el cargo”. De hecho, tras conocerse una primera votación en el CSU, Jonathan Javier Camargo, un docente de la universidad que ya se ha lanzado al cargo en años anteriores, interpuso una tutela indicando una presunta vulneración al debido proceso de permitirse la candidatura de Hernández.
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El juzgado penal de Barranquilla ordenó a la “Universidad del Atlántico que, de manera inmediata, se abstenga de discutir y/o aprobar cualquier tema relacionado con la reforma al artículo 29 del Estatuto General de la Universidad […] hasta que se resuelva de fondo la presente acción constitucional”. El ciudadano Carlos Julio Escobar Durán, por su parte, interpuso una recusación asegurando que el CSU había cometido algunos vicios de forma en la citación y en cómo procedió en la decisión.
Luego de estos y otros trámites jurídicos y administrativos y de que el Consejo Superior de la Judicatura declarara improcedente una medida cautelar para frenar esta situación de posible reelección, finalmente el 15 de julio quedó en firme la modificación del Estatuto General del CSU, abriéndole la posibilidad de la reelección al rector. “Se sesiono y se modificó el párrafo donde se determinó que el rector se pueda reelegir por una única vez”, puntualiza Abraham González, representante de los egresados en el CSU. La votación fue cinco a favor y tres abstenciones: la de Melissa Obregón, representante del Presidente Gustavo Petro; Juan Carlos Bolívar, delegado del Ministerio de Educación; y del Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien preside el CSU y ha mantenido una estrecha relación con la familia Char.
El Espectador se comunicó con Danilo Hernández, contador público y magíster en Administración de Empresas. Únicamente respondió que, por el momento, no estaba pensando en una reelección. La Procuraduría General, por su parte, le solicitó al CSU un informe detallado sobre el proceso mediante el cual modificaron sus estatutos y pidió que el documento estuviera acompañado de los soportes correspondientes.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, también manifestó su inconformidad en su cuenta de X y aseguró que se oponía a cualquier intento de modificar la norma, sobre todo “a pocos días de iniciar el proceso de designación rectoral” y que este cambio “pueda representar un beneficio particular”. Sobre este tema, Rojas, en diálogo con El Espectador, aclara que no ven con buenos ojos que cerca a la fecha de designación de un nuevo rector se modifiquen los estatutos, un movimiento que ha “socavado la democracia interna en la universidad”. Además, reitera que por parte del Gobierno Nacional no hay ningún interés político, que no van a realizar ninguna intervención en la universidad y que son “respetuosos del debido proceso, sobre todo de la autonomía universitaria y de la democracia interna”.
Otra de las principales preocupaciones que ha girado en torno a la modificación del estatuto, es que los intereses de los grupos políticos, que no es un panorama desconocido para la institución, estén permeando la designación del rector. En un comunicado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la decisión de cambiar el marco normativo de la institución y sugirió que esto se presenta “bajo las actuales circunstancias de control hegemónico de la universidad y de las Secretarías de Educación del Departamento y del Distrito, por el clan Char”.
¿Qué viene ahora?
Este lunes el CSU saldó una deuda que tenía con el Ministerio de Educación y la comunidad educativa desde el pasado 11 de julio: publicar el calendario electoral, pues, con las fechas claras, las personas interesadas en asumir este cargo pueden postularse. Sin embargo, dentro de la institución, ni alumnos ni docentes se atreven a decir posibles candidatos. Entre las fechas clave está el 2 de octubre, cuando se lleve a cabo la consulta a la comunidad universitaria, y el 3 del mismo mes, cuando el CSU se reúna para elegir un nuevo rector o reelegir a Hernández.
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En este proceso, resalta el ministro Rojas, no van a actuar “de forma despótica ni tirana, pero tampoco voy a permitir que se actúe de la misma manera en contra de la comunidad universitaria que exige democracia” y asegura que como Ministerio de Educación Nacional van a ser garantes de que haya democracia en esta batalla por la rectoría, la cual, explican desde la universidad, está acompañada por algunos entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría.
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