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La posibilidad de reformar, una vez más, al Icetex volvió a tomar fuerza luego de que el pasado jueves 19 de junio la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobara en primer debate el Proyecto de Ley 587 de 2025 Cámara, liderado por la representante del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao. “Este proyecto se construyó con base en la reforma que dejó redactada el Gobierno, pero que no radicó”, explica la congresista en una llamada con este periódico posterior al debate.
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Sin embargo, tanto el Gobierno como el propio Ministerio de Educación no vieron con buenos ojos esta iniciativa y, de hecho, antes del debate, radicaron una proposición para archivarla. Para el ministro Daniel Rojas, el documento “pretende quitarle recursos públicos a las universidades públicas para trasladarlos a las privadas mediante préstamos a la juventud, y (la reforma) se presenta en redes como amiga de los estudiantes”.
Una opinión similar a la del ministro comparten desde Icetex Te Condena, movimiento que agrupa y representa a los jóvenes que están endeudados con la entidad. Según ellos, la reforma “sigue tratando la educación como una mercancía que se compra con crédito, que se accede a través de una deuda, y no como un derecho fundamental”. Por esta razón, piden que sea archivada, porque “no representa las peticiones del movimiento estudiantil”.
Otros actores del sector, como Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), consideran que sí es necesaria una reforma. No solo porque el Icetex enfrenta una crisis profunda, sino porque, actualmente, el 32 % de los beneficiarios destina más del 90 % de sus ingresos al pago de su crédito. Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, manifestó recientemente que la entidad ve con buenos ojos “todas las iniciativas que sean beneficiosas y financieramente sostenibles”.
Los puntos clave de la reforma al Icetex
Pero, ¿qué plantea este proyecto de ley? Lo primero que cuenta la representante Juvinao es que la propuesta se presentó después de que el Gobierno Nacional anunciara que no le giraría más recursos al Icetex para financiar nuevos créditos. Esto provocó la eliminación de subsidios, como el de la tasa a interés para estudiantes que ya se graduaron, y el desmonte del crédito a largo plazo. “Para 2025 hubo una reducción del 80% en el presupuesto del Icetex y, en los planes del Estado no está destinarle recursos el próximo año, a pesar de que los jóvenes con créditos activos son de estratos 1, 2 y 3”, añade.
Uno de los puntos centrales, consignado en el artículo 4 del proyecto, propone que el Icetex tenga una sección presupuestal propia dentro del Presupuesto General de la Nación, separada del Ministerio de Educación. De acuerdo con el articulado aprobado en primer debate, el incremento anual de estos recursos “no podrá superar el aumento que se hace cada año a los recursos destinados a la educación superior pública”.
Con estos recursos fijos, se garantizarán los subsidios a las tasas de interés, la compensación del IPC cuando la inflación supere los dos dígitos, los subsidios de sostenimiento, y la condonación de créditos por graduación o excelencia académica para poblaciones de especial protección constitucional.
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La reforma también sugiere que el Icetex adquirirá un “carácter especial social”. Esto, explica la representante, implicaría que la entidad se rija bajo una lógica social y no financiera. “No es para sacarle plata a los estudiantes, sino para ayudarlos a acceder a la educación superior. El crédito educativo se convertirá en un crédito educativo social”, explica Juvinao.
Otro punto relevante es la prohibición de que el Icetex ingrese al Grupo Bicentenario, el cual tiene como objetivo establecer un holding de empresas del Estado, que son de economía mixta. La razón es simple: si el Icetex entra, debe cambiar su naturaleza y convertirse en una empresa de carácter mixto, sujeta a unas obligaciones de rentabilidad y utilidades anuales, condiciones que hoy no tiene.
El Icetex, como lo hemos contado en estas páginas, es una entidad financiera de carácter especial autosuficiente, es decir, es autosostenible y no depende de los recursos de la nación para su operación general, como gastos de funcionamiento, inversión, créditos de posgrados y créditos a corto plazo. Sin embargo, requiere de esta transferencia para financiar algunos créditos (como los de largo plazo) y garantizar los subsidios.
Justamente, añade Juvinao, para evitar que aquellos estudiantes caigan en una “deuda eterna”, la reforma propone varios ajustes a las condiciones actuales. Entre ellos, limitar las tasas de interés al IPC + 2, establecer un tope al sobreendeudamiento (para que el deudor no pague más de 1.5 veces lo prestado), y prohibir la capitalización de intereses, práctica que hace que la mayor parte del pago mensual se destine a intereses y no a capital.
Además de los ajustes financieros, la reforma incluye una serie de políticas pensadas en los jóvenes deudores, como la política integral de condonaciones, que busca incentivar el pago anticipado de la deuda; la de subsidios de sostenimiento, contemplados para todas las modalidades de crédito; y la de salud mental y asesoría para los usuarios. Asimismo, establece una política de transparencia y rendición de cuentas (con datos abiertos).
Todos estos artículos del proyecto, resalta la representante Juvinao, fueron construidos y descuidos desde el inicio con actores del sector clave como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), expertos en educación, ASCUN, expresidentes del Icetex y organizaciones de deudores.
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El respaldo y las dudas que aún persisten a la reforma al Icetex
A los ojos de Icetex Te Condena, el proyecto “no representa los intereses del estudiantado” y señalan que hubo ausencia de mesas de concertación. Además, denuncian posibles casos de plagio legislativo: “son copias de artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de propuestas elaboradas por organizaciones estudiantiles desde 2023”, indica.
Andrés Vélez, consultor en educación y exasesor del Ministerio de Educación, si bien celebra esta reforma y dice que es clave en un momento en el que las instituciones públicas no logran atender toda la demanda, advierte sobre la necesidad de contar con un aval fiscal. La razón es clara, pues “con la situación fiscal del país, debemos empezar a cuantificar el costo de todas las medidas propuestas y evaluar si realmente se pueden ofrecer todas las medidas planteadas sin afectar la sostenibilidad del sistema”.
Desde Atenea, dice Saavedra, emitieron un concepto favorable al proyecto de ley; sin embargo, señala que no descarta que le realicen algunos ajustes, justamente como el aval fiscal, sobre todo en este tipo de reformas que requieren recursos adicionales, y en un plan que lleve a atender mejor los problemas estructurales del sistema. Por el momento, añade, la agencia estableció una serie de estrategias para impulsar el acceso y permanencia a la educación superior de los jóvenes en Bogotá.
Mientras el Congreso está en receso, el equipo de la representante Juvinao buscará avanzar en conversaciones con los partidos del Gobierno para lograr acuerdos que permitan que la reforma continúe su trámite sin obstáculos. “A pesar de que el miércoles (18 de junio) presentaron una proposición de archivo, en el debate del jueves (19 de junio) los representantes llegaron con otra actitud y presentaron varias proposiciones clave”, concluyó la congresista. Los próximos debates se retomarán en el siguiente periodo legislativo que iniciará el 20 de julio.
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