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Desde finales del año pasado revivió la vieja idea de crear una Superintendencia para que inspeccione, regule, fiscalice, vigile y controle los procesos educativos en Colombia. El último proyecto de ley con esta iniciativa se radicó en la Cámara el 9 de agosto de 2022 y, cuando estaba a puertas del tercer debate, se archivó. El 16 de marzo se presentará de nuevo, pero ante el Senado. Así lo tiene previsto Jorge Tamayo, representante a la Cámara del Partido de la U y uno de los ponentes. ¿De entrar en vigencia afectaría las funciones del Ministerio de Educación que, a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, cumple esas tareas? (Lea: Aurora Vergara, la nueva ministra de educación que reemplazará a Alejandro Gaviria)
Una de las razones que expone Tamayo es que las funciones de vigilancia, control y regulación de este sector, en distintos entes territoriales, han estado a cargo de la Presidencia y el Ministerio. Por ejemplo, la calidad de la educación preescolar, básica y media son supervisadas por las secretarías de Educación, y en el caso de la educación superior, el Ministerio es el encargado. “Es la entidad la que expide los lineamientos para el sector y, a su vez, supervisa y evalúa la prestación del servicio educativo. El Ministerio no puede ser juez y parte, es decir, no puede prestar el servicio o habilitar a otro y vigilarse a sí mismo”, explica el representante.
El funcionario dice que hay otro problema que enfrenta el sistema educativo, y está relacionado con la insuficiencia de los recursos destinados para la supervisión y la escasez de personal que se encarga de desempeñar esta tarea. A esto, cuenta, se le suma que los organismos de control, como la Contraloría, la Fiscalía o la Procuraduría, no son especializados en los temas de educación. “En consecuencia, llegan tarde. Claro que sí se han presentado sanciones, pero cuando se imponen ya la plata se perdió o la afectación es un hecho. Terminan siendo insuficientes”, asegura.
Entonces, ¿qué haría la Superintendencia propuesta por Tamayo?. En el proyecto detalla que será la “encargada de inspeccionar, vigilar y hacer llamados de atención, advertencias e intervenciones inmediatas, ya sea a un prestador estatal o a un privado”. Entre sus otras funciones estaría la de llevar un registro público en el que se alojen los títulos profesionales expedidos y certificaciones de formaciones académicas para que, en caso de que la universidad cierre, se pueda conservar esa información, que hoy solo es almacenada por los planteles. También registrará los títulos que sean homologados o convalidados y que se hayan realizado en el exterior. (Puede leer: Alianza de 10 universidades envía propuestas sobre educación al Gobierno Petro)
Para el representante, quien lleva ocho años impulsando la creación de la Superintendencia, de implementarse se evitarán varios problemas que enfrenta el sector, como los relacionados “con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la infraestructura, los líos con el servicio de salud de los maestros y con los costos que en varias ocasiones son exagerados en el sector privado”, porque, dice, “se podría controlar la calidad, la pertinencia, los recursos con los que se cuentan para la prestación de la educación y que las coberturas estén llegando a tiempo. No será burocrático ni pondrá en riesgo la autonomía universitaria”, asegura.
Las críticas en el sector
Varios integrantes del sector han sido enfáticos en señalar que todavía no se entiende la finalidad de esta iniciativa, teniendo en cuenta que en la actualidad sus principales funciones las está cumpliendo el Ministerio. “Estaríamos creando un ente adicional a algo que ya existe y que de alguna manera se está haciendo”, comenta Adolfo León Atehortúa, profesor y exrector de la Universidad Pedagógica. Por su parte, Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), reitera que “generaría un nuevo ente de control burocrático que no corresponde a los propósitos de eficacia que promueve el Gobierno”.
Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), cuenta que tras varios encuentros de socialización de esta idea, incluso en una que se concertó con Tamayo, han sido claros en que “no es la primera vez que se propone y que emerge cada cierto tiempo. ¿Para qué una Superintendencia? ¿A qué se va a dedicar? ¿Bajo los intereses de quién estaría? Lo que propone son funciones que están reguladas por el Ministerio y otros entes de control”, y aclara que las universidades, tanto privadas como públicas, ya están vigiladas, controladas y evaluadas.
Este proceso, según Torres, lo hace el Ministerio por medio de un sistema de aseguramiento de la calidad que es permanente. Por ejemplo, los registros calificados, que son las condiciones mínimas de calidad con las que se dan los programas; la acreditación de programas, que son evaluaciones rigurosas sobre cómo ofertan un programa académico y las condiciones de calidad, así como la acreditación institucional. “A esto se le debe sumar que otros organismos generan un control fiscal, disciplinario y penal sobre las actuaciones de las universidades. Si hay una institución hoy vigilada y evaluada somos las universidades”, anota. (Puede leer: Ley 30: la reforma en la educación superior pública que busca hacer el gobierno de Petro)
El problema se centra en las universidades privadas, pues en la opinión de León Atehortúa, director del colegio Instituto Pedagógico Nacional, “si bien hay un control académico sobre los programas y servicios que prestan, en los asuntos internos de su normatividad no tienen los mismos controles que llevan las universidades públicas, simplemente porque su régimen es diferente”. Este vacío, dice el rector, da pie a que se presenten manejos irregulares. “En estas situaciones se vislumbra la importancia de un control del Ministerio, uno que se viene haciendo sin necesidad de una Superintendencia”, agrega.
Pero, ¿cómo garantizar que no se repitan casos como el de la Fundación Universitaria San Martín, que tras el caso de corrupción y la presunta desviación de recursos en 2014, perdió 55 de los 60 registros calificados? El Ministerio responde que, además de vigilar, entrega asesoría y acompañamiento a las instituciones para asegurar calidad en la educación superior. Sin embargo, cumplir esta función representa un reto y demanda operativa.
En la actualidad, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio cuenta con 43 funcionarios, quienes se encargan de estas labores. Además, “han mejorado los mecanismos de prevención y sanción para identificar casos como el de la San Martín y asegurar que no se repitan situaciones similares”, explica la cartera. Asimismo, indica que tiene la facultad de acceder y recolectar la información de las instituciones para conocer su situación jurídica, financiera, económica, contable y de funcionamiento.
Una iniciativa no tan nueva
Aunque este último proyecto de ley ha revivido la discusión, no es la primera vez que se pone sobre la mesa la idea de crear una Superintendencia que vigile el sistema educativo en el país. En 2014 se expidió la Ley 1740, y en los artículos 5, 7 y 9 le permiten al Ministerio extender sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre la educación superior. En ese entonces el Gobierno argumentó ante el Congreso la falta de mecanismos eficaces para que se cumplieran estas funciones.
Por lo tanto, el Congreso contempló, por primera vez, la opción de crear una Superintendencia de Educación. En el artículo 23, la ley en referencia estableció que el Gobierno tenía un año de plazo para presentar en el Congreso un proyecto de ley mediante el cual se creara la Superintendencia. Pero por medio de la Sentencia C-031 de 2017 la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo. Es decir, la Corte alegó que este no se podría llevar a cabo porque no pueden obligar al Gobierno a presentar una ley.
Dos años después de este enredo, Iván Darío Agudelo, quien en ese entonces era senador del Partido Liberal, radicó el 13 de agosto de 2019 en el Senado el proyecto de ley 077 de 2019. Esta iniciativa, al igual que la de Tamayo, proponía que la Superintendencia vigilara todos los niveles de educación, incluida la educación para el trabajo y el desarrollo. El objetivo, dijo en su momento, era “retirarle al Ministerio las funciones que le asignó la Ley 1740 para que sean ejercidas por un organismo técnico, autónomo e independiente. No implicaría la desaparición del Ministerio como cabeza del sector y principal responsable de la política educativa”. (Le podría interesar: Las dudas sobre los 500 mil nuevos cupos en educación superior)
Entre los argumentos que presentó Agudelo estaban que la creación de una Superintendencia podría tener una relación costo-beneficio. La razón expuesta dice que “el país tendría que invertir entre $124 y $129 mil millones anuales en adelantar con tecnicidad y efectividad las funciones de la Superintendencia, en lugar de destinar entre $2,6 y $3,6 mil millones a una capacidad institucional que resulta insuficiente para el volumen de actividades en el país”. En otras palabras, lo que Agudelo proponía era invertir más en la Superintendencia, obteniendo mejores resultados, que seguir gastando poco sin muchos avances. Pero en mayo de 2020 este proyecto fue archivado porque Agudelo lo retiró.
El debate sigue en el sector educativo y seguramente se retomará en más de una oportunidad. Mientras se vuelve a radicar el proyecto, Tamayo insiste en que en el país existen 10 superintendencias “que coexisten con los ministerios del sector al que se encuentran adscritas. De ninguna manera han supuesto la desaparición de la cartera”. Los integrantes del sector, por su parte, reiteran que en este momento las prioridades en educación son otras, como las reformas que garanticen la cobertura, calidad, pertinencia, permanencia, graduación y empleabilidad.
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