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El incremento del salario mínimo en un 23 % puso sobre la mesa una inquietud entre las familias: ¿cuánto pueden aumentar los colegios privados el valor de sus matrículas? Es un debate que se intensificó el pasado 20 de enero, durante un Consejo de Ministros, cuando el presidente Gustavo Petro sugirió que algunas instituciones estarían ajustando sus tarifas con base en este indicador, sin que ese mismo aumento se reflejara en el salario de sus trabajadores. “Entonces se están robando la plata de los padres de familia”, sentenció.
A esta discusión se suma la alerta que han planteado los rectores de la Mesa Nacional y Distrital de Colegios Privados, quienes advierten que el incremento del salario mínimo está tensionando aún más la sostenibilidad financiera de muchas instituciones. “Desde hace seis años, están cerrando entre 30 y 35 colegios. Este número podría ser mayor con las condiciones actuales”, señala Carlos Ramos, delegado de los colegios privados de Puente Aranda.
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Pero, para entender el impacto que puede tener el aumento del salario mínimo en los colegios privados, es clave conocer cómo se definen los incrementos de matrícula.
Lo primero que hay que saber es que las reglas que regulan el cobro de matrículas en los colegios privados no toman como referencia directa el salario mínimo.
Para definir este valor, explica Ramos, rector del colegio San Alejo, el Ministerio de Educación expide cada año una resolución en la que establece un tope máximo de aumento, calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este año, se lee en la resolución que fue publicada en septiembre de 2025, ese límite quedó establecido en un 9,10 %.
Mauricio Katz, director de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación, quien hizo parte de las mesas de negociación donde se concertó ese porcentaje, cuenta que históricamente se ha tomado como referencia el IPC de agosto y no el de diciembre, porque “permite a los colegios contar con el tiempo necesario para realizar su proceso de autoevaluación”. En ese ejercicio, las instituciones analizan variables como infraestructura, estados financieros o condiciones de calidad para determinar el porcentaje que pueden aplicar, de acuerdo con la categoría en la que estén clasificadas. Estos ajustes, precisa el Ministerio, deben realizarse entre octubre y diciembre.
Las instituciones, por su parte, no pueden superar ese porcentaje autorizado del 9,1 %, comenta Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, aunque el aumento final no es igual para todos los colegios. Esto se debe a que el sistema contempla cuatro categorías, según las cuales se define el margen de ajuste permitido. Por ejemplo, agrega Bonilla, en algunos casos, “la autorización del alza de la matrícula fue solo del 7 %”.
El problema, señala, es que, como los costos educativos para 2026 ya estaban definidos desde finales de 2025, los colegios privados no tendrían margen para realizar incrementos adicionales derivados del reajuste del salario mínimo.
En ese contexto, el Ministerio de Educación viene adelantando desde hace varios días una serie de espacios de diálogo con la Mesa Nacional de Educación Privada y la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados para explorar una posible solución. Una de las solicitudes es, precisamente, la revocatoria de la resolución que fijó el aumento. La Oficina Jurídica del Ministerio ya prepara una respuesta a esa petición, aunque, según Katz, el documento y los criterios empleados para su elaboración “están ajustados”.
Si bien hoy el IPC es el valor de referencia, hace siete u ocho años el tope máximo se ponderaba con el salario mínimo. La fórmula cambió, explica Katz, porque “no reflejaba adecuadamente la estructura de los costos. Aunque el salario mínimo tiene un peso importante, no es el componente principal: uno de los rubros más relevantes es el pago de los salarios de los docentes”.
El panorama, aun así, es inquietante para los colegios privados, que insisten en que la brecha entre el IPC y el aumento del salario mínimo podría traducirse en el cierre de más instituciones, especialmente en Bogotá.
El impacto del salario mínimo en los colegios privados
El principal ingreso de los colegios privados, dice Bonilla, actual directora ejecutiva de la Fundación Ábacos, son las matrículas. Con esos recursos deben sostener su estructura financiera: cerca del 70 % se destina al pago de nóminas, cargas prestacionales y seguridad social, mientras que el 30 % restante cubre gastos asociados a la planta física, arriendos, proyectos institucionales y cargas tributarias.
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“Nosotros no recibimos dineros del Estado; dependemos de los recursos que están fijados en la resolución de costos educativos”, anota Ramos y agrega que, pese a que el salario mínimo no se traslada directamente al valor de la matrícula, sí impacta otros rubros que inciden en la prestación del servicio educativo, como el transporte, la alimentación o los programas de bienestar estudiantil.
En esta discusión, Ramos pide no perder de vista que los ingresos de los colegios no están creciendo al mismo ritmo que sus egresos. Además, plantea Óscar Sánchez, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, a esto se suma que no todas las instituciones pueden aplicar el aumento máximo autorizado, lo que se traduce en una fuerte competencia entre instituciones.
“En la medida en que un plantel sube el costo —señala—, puede volverse impagable para una familia, que termina trasladándose a otro más económico”.
Walter Cabrera, taxista, por ejemplo, se vio obligado a cambiar a sus hijos de colegio. “Ambas matrículas me costaban COP 900.000 al mes, pero con el incremento pasaron a COP 1.200.000 y no me alcanza con lo que gano”, comenta.
A los ojos de Sánchez, hoy director de Computadores para Educar, los colegios más afectados son los de clase media, pues no todos cuentan con el músculo financiero robusto para absorber estas variaciones y, al mismo tiempo, ajustar los salarios de los trabajadores que devengan el mínimo.
Ramos coincide en que, aunque las instituciones proyectan distintos escenarios para definir el alza de sus tarifas, un incremento del salario mínimo de esa magnitud no estaba entre sus cálculos. “Los recursos son muy limitados. El impacto quizá no se vea de inmediato, pero sí puede ser muy marcado en el mediano plazo”, advierte.
Frente a este escenario, los colegios han tenido que explorar alternativas financieras, como llegar a acuerdos con los padres de familia o reducir costos en rubros como vigilancia o aseo, tal y como plantea Bonilla. Sin embargo, insiste en que la alerta que están enviando las instituciones privadas debe ser tomada en serio.
“La matrícula en colegios públicos también ha disminuido, pero la situación de los colegios privados es especialmente preocupante”, añade. Cifras del Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá (DUEB) muestran que, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el número de colegios privados en la ciudad pasó de 1.508 a 1.374, lo que representa el cierre de 134 establecimientos en dos años.
¿Por qué hay cierres de colegios?
Como hemos contado en estas páginas, desde hace varios años Bogotá viene experimentando un proceso silencioso pero progresivo de cierre de colegios privados, como lo describe Bonilla. Las razones son múltiples, pero la principal es la transición demográfica, pues “en la medida en que hay menos niños, es evidente que hay menos matrícula. Es una tendencia sostenida”, indica. Solo en Bogotá, entre 2009 y 2024, los nacimientos se redujeron en cerca de un 51 %.
A esto se suman otros factores, como la presión económica de los hogares, pues, advierte la exsecretaria de Educación, “se observa un cambio en la capacidad de pago de las familias”, y el aumento de modalidades como la educación en casa, por la que cada vez optan más padres.
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Pero, desde el Ministerio, Katz recuerda que esta modalidad no está reglamentada en el país y no es recomendada, pues “consideramos que los niños y las niñas deben contar con espacios de socialización y diálogo”.
Mientras tanto, los colegios públicos han respondido a la disminución de matrículas migrando hacia la jornada única para compensar la caída demográfica, aunque, alerta Bonilla, esa alternativa no resulta viable para el sector privado. Esta situación, apuntan desde la Secretaría de Educación de Bogotá, podría agravarse por el impacto económico, todavía incierto, “que genere el incremento del salario mínimo en los costos de operación de los colegios privados”.
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