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El déficit económico es uno de los temas que siempre sale a flote a la hora de hablar de las universidades públicas del país. De hecho, es uno de los puntos que suele motivar las marchas estudiantiles. En 2018, por ejemplo, una de las peticiones de los alumnos que salieron a las calles fue modificar la “fórmula” con la que se determina el monto que cada año les destina el Estado a estas instituciones.
Esta “fórmula” está estipulada en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una norma que ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro busca reformar. Para Alejandro Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), esta modificación es necesaria para poder mantener el sueldo de los profesores, los subsidios de alimentación o el mantenimiento por la infraestructura. “Tenemos un déficit estructural que nos está asfixiando”, confiesa. (Lea también: Gobierno colombiano anuncia becas con gastos pagos para estudiar en Turquía)
Según Álvarez, los edificios de la universidad, principalmente los ubicados sobre la calle 72, se están cayendo y no tienen recursos para mantenerlos.
¿Cuál es ese balance que les dejó la pandemia en la Universidad Pedagógica?
La gran experiencia de esta pandemia fue trabajar con ayuda de herramientas virtuales, que hoy hemos complementado con nuestros programas presenciales. También nos ayudó a robustecer nuestro centro de innovaciones tecnológicas. Le invertimos más recursos, mejores equipos, más personal y eso nos está abriendo la posibilidad de arriesgarnos a pensar más programas a distancia. (Lea: Déficit de aprendizaje, uno de los efectos de la pandemia a nivel mundial)
En cuanto a la parte negativa, varias familias de nuestros estudiantes quedaron en una situación económica dramática. Algunos de ellos no tienen dinero para transporte o alimentación. Ahí estamos haciendo esfuerzos para ayudarlos y que puedan permanecer en la universidad. El otro efecto negativo es que la pandemia, más esa inflación tan alta, está haciendo que menos personas quieran entrar a la universidad, porque saben que no van a poder sostenerse.
Desde las universidades públicas han pedido en varias oportunidades la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con los que se determina el monto que cada año les destina el Estado a estas instituciones. ¿Qué piden exactamente?
Las universidades públicas tenemos unos ingresos constantes estipulados en la ley 30 de 1992, que nos está generando un déficit estructural año a año. Tenemos menos recursos, porque el Gobierno Nacional nos aumenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cada año, pero en realidad los salarios están siempre por encima del IPC. Además, han incrementado los costos en renovación de software y equipos de tecnología; los de transporte; los de alimentación para los restaurantes que tenemos con subsidio; los de la compra de actualización de libros. A esto se le suma lo que debemos pagar de mantenimiento por la infraestructura y la planta principal. Tenemos un déficit estructural que nos está asfixiando. Esperamos que el Gobierno nos entregue los recursos de acuerdo con la canasta educativa, es decir, los costos reales de operación por estudiante. (Lea: Preguntas que debe hacerse cuando llegue la reforma a la salud)
¿Qué retos financieros enfrenta su universidad?
Ese déficit nos ha dejado una imposibilidad de vincular profesores de planta, tenemos que vincularlos por cuatro o cinco meses y eso afecta gravemente la estabilidad y la posibilidad que los profesores dediquen todo el tiempo, para enseñar, preparar bien sus clases, investigar y hacer proyección social. En este momento, en la universidad el 80 % de los docentes son de contrato.
Además, en la UPN tenemos una infraestructura que se está cayendo, se ve ese daño sobre todo en los edificios de la calle 72. Tampoco hemos podido construir nuestras facultades que teníamos previsto. A esto se le suma otra agravante: el crecimiento de la matrícula que viene de la ampliación de la cobertura que los gobiernos anteriores nos llevaron a crear, nos ha obligado a arrendar nuevas edificaciones, eso nos aumenta los costos y los gastos.
Estamos a punto de declarar la calamidad de emergencia por la infraestructura. Hace poco tuvimos una caída de un techo porque colapsó. No hay recursos para el mantenimiento de infraestructura. Estamos tramitando ante el Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Planeación los recursos para esta crisis de infraestructura que tenemos. (Lea también: “Pido excusas”: Roy Barreras a los médicos tras declaraciones de Carolina Corcho)
Teniendo en cuenta esa crisis en la infraestructura, ¿cómo ve la meta del gobierno de crear 500 mil cupos nuevos en educación superior?
Estamos muy interesados en ampliar nuestros cupos. Incluso en llegar a otras regiones del país, pero eso va a depender de la reforma de la Ley 30, de que nos entreguen el presupuesto más adecuado para tener más profesores, para llegar con convenios, para empezar nuestros programas a distancia y poder llegar a otras regiones. Tenemos la esperanza de que en estos cuatro años podamos ampliar la matrícula, quizás en un 10 o 15%.
Ahora, estamos buscando crear el sistema colombiano de formadores de educadores, con una nueva ley que va a articular el trabajo que hacen las escuelas normales del país con toda la licenciatura, que podría contribuir con esta meta.
En alguna oportunidad se habló de que programas como Ser Pilo Paga ayudaron a que este déficit creciera. ¿Cuál es su opinión sobre Ser Pilo Paga y Generación E?
Estos programas fueron un gran error de los gobiernos anteriores, porque endeudaron a nuestros estudiantes y porque no le sirvió para nada a las universidades. Ahora hay un nuevo programa de matrícula cero que, a diferencia de los anteriores, si beneficia a los alumnos y ha sido un gran alivio para las familias, pero no le da ni un peso a la institución.
Lo que hace es Gobierno es darle ese dinero al estudiante que la universidad pública le iba a cobrar. Una privada cobra una tarifa y el que tiene paga, pero las públicas cobramos según los ingresos de las familias o estudiantes, entonces el Gobierno nos da el monto que esa persona pagaría y generalmente son matrículas de $ 300 mil, máximo $ 600 mil. Eso no nos deja a nosotros ni un solo peso. Ese es un programa que aunque es muy bueno, que beneficia a los estudiantes y que debe continuar, el Estado tiene que resolver el problema de nuestro costo real. (Lea: Más de $24 billones costaría la atención primaria que propone la reforma a la salud)
Desde la U. Pedagógica, ¿qué estrategias o planes tienen para la deserción?
Tenemos una ayuda socioeconómica, que se los entregamos a los estudiantes que más necesidades tienen, según estudios socioeconómicos que hacemos para cada uno. De otra parte tenemos el servicio restaurante. Este año tomamos la decisión de mantener todos los estudiantes que requieren este servicio. Antes teníamos un cupo limitado, actualmente tenemos 1500 alumnos y les cobramos entres $1000 o $1700 por almuerzo. También les ofrecemos desayuno subsidiado.
Ahora estamos generando una política de apoyo a los emprendimientos y seguimos impulsando el programa de monitorías. Ya tenemos más de mil estudiantes que reciben un salario mínimo al semestre haciendo trabajos de apoyo. Como última estrategia, hacemos un seguimiento académico para que los estudiantes que tengan algún problema académico tengan un acompañamiento y refuerzos.
¿Cómo están haciendo para que desde la universidad se garantice el derecho a la educación?
Nosotros no hacemos exámenes de admisión, solamente tenemos en cuenta el examen Saber 11 y pedimos unos promedios que no son muy altos. De hecho, las inscripciones han bajado un poco, pero dependiendo del programa, se dan los cupos. Por ejemplo, si en una carrera se inscriben 200 personas, entrarán los 30 o 40 que tengan un mejor puntaje en esta prueba. Quisiéramos tener más cupos, pero eso depende de la infraestructura y los recursos que consigamos. (Lea: Sistema Maestro 2023: abren vacantes para profesores en colegios oficiales)
En cuanto a las violencias basadas en género y la salud mental, ¿en qué consiste la ruta de apoyo de la universidad?
Son problemáticas que se ha incrementado después de la pandemia. De verdad nos tiene muy preocupados y estamos tomando medidas para mitigar esas situaciones difíciles. Teníamos un protocolo para el tema de las violencias basadas en género, que acabamos de actualizar, y tenemos el comité de seguimiento para las sanciones y para la prevención. También tenemos un equipo idóneo de profesionales que está atendiendo cada uno de esos casos. Hemos tenido que tomar medidas, incluso suspenderle contratos a un par de profesores o sancionar a otros. Estamos haciendo también un trabajo educativo, pedagógico y formativo sobre el acoso, que ni siquiera se tolera un piropo que se excede y que llega a agredir a las mujeres.
Para tratar ambos temas, estamos aumentando el número de profesionales que puedan atender de una manera más eficaz y haciendo convenios con otras entidades del Distrito, con ONGs, con Cajas de Compensación Familiar y con la Secretaría de la Mujer que nos están dando una mano para dar asistencias psicosocial y jurídica, porque no damos abasto.
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