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Puede que sea un asunto de menosprecio: los artistas se dedican a la creación, que otros se dediquen a lo técnico. Pero todo indica que, sin lo segundo, lo primero se afecta: subestimar el conocimiento sobre el funcionamiento del Estado, el comportamiento del mercado y los detalles más mínimos de un contrato termina por sabotear lo que debería sobrepasar cualquier trámite: la obra.
Hace más de dos semanas Juan David Correa renunció a su cargo como ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y a pesar de que salió con un evidente nivel de aprobación (lamentos por redes y homenajes a la salida de su despacho), hubo algunas críticas recibidas por este periódico, no solamente sobre su gestión como ministro, sino sobre una suerte de parálisis acerca de un problema que rebasaba sus conocimientos como funcionario debutante.
“Desconocemos y somos muy ignorantes acerca de cómo funciona el sistema de Hacienda y cómo funciona el presupuesto nacional”, dijo Correa cuando, en entrevista para este medio, se le preguntó por qué, durante la rendición cuentas del año pasado, su ministerio dijo que en 2024 se había ejecutado el 84% del presupuesto para esta vigencia, mientras que en el SINIC (Sistema Nacional de Información Cultural) se reportaba un 62,6%. Y con su respuesta, el exministro se refirió a los siguientes términos: apropiación, compromiso, obligación y pagos.
William Reyes García, quien trabaja en el Observatorio de Justicia de la Universidad Javeriana, es investigador y lidera el análisis del gasto público, además, se encarga de hacerle seguimiento al ciclo presupuestal.
Y para que nos deje de pasar lo que mencionó Correa (no entendemos de lo que nos quejamos), hay que comenzar por la explicación de Reyes. Según él, en el análisis de la ejecución del presupuesto público, el concepto clave es la obligación presupuestal, que, a diferencia de los compromisos o el pago efectivo, se considera como el mejor indicador para medir la ejecución real del presupuesto. Esto se debe a que, cuando un rubro está obligado, ya cumplió su propósito: el Estado recibió el bien o servicio contratado y, por lo tanto, queda obligado a pagarle al contratista o beneficiario la suma comprometida inicialmente.
Sin embargo, aquí es donde entra la distinción importante entre obligación y pago. El hecho de que el dinero esté obligado no significa que ya haya salido del Estado. Esto puede ocurrir por problemas de caja, lo que impide que el Estado transfiera el dinero, aunque ya exista la obligación de hacerlo. Aunque un ministerio pueda reportar que ha ejecutado el presupuesto basándose en las obligaciones, esto no siempre implica que el dinero haya llegado a los beneficiarios. La Dirección General de Presupuesto Público Nacional en el Ministerio de Hacienda, a través del Sistema de Información Financiera Pública (SIIF Nación), consolida los informes de ejecución de todas las entidades y presenta un informe general con datos oficiales.
Usemos dos ejemplos: la ejecución más baja del ministerio en 2024, según el reporte de Seguridad Institucional Financiera, fue para el Complejo Hospitalario San Juan de Dios (6,4%, que, según Correa, tiene que ver con que se hizo un adelanto por tratarse de una obra en construcción), además del Fortalecimiento de espacios culturales como centros de pensamiento y acción para la construcción y el ejercicio colectivo de la democracia (14,2%). Por otro lado, los planes para la Formación musical y artística para la resignificación de la jornada escolar contaron con una ejecución del 51,9%.
“Este informe es un insumo clave para verificar la ejecución real, ya que ofrece cifras objetivas y confiables, sin espacio para interpretaciones subjetivas o adornos retóricos. Por ello, no sería raro encontrar discrepancias entre lo que reporta el ministerio y lo que consolida Hacienda. Consultar estos informes permite tener una visión más clara y transparente de la gestión presupuestal de cada sector y entidad pública”, concluyó Reyes.
Y no es que el exministro Correa haya mentido. No. De hecho, este no es un caso nuevo, con este análisis no estamos descubriendo una nueva forma de comunicar resultados de alguna cartera en el país, lo que sí podría llamar la atención del sector, además de las figuras que ya han liderado esta cartera, es que las mediciones de nuestros gastos no están claras en ninguna vía: como la comunicación es confusa, la recepción también.
Ninguna de las fuentes que se comunicaron con este periódico quiso develar su identidad ni la de la organización a la que, supuestamente, se les debían recursos. “Aún nos deben y queremos que nos paguen”, dijeron, pero cuando hicimos el ejercicio de llamar aleatoriamente a algunas de las organizaciones beneficiarias del “Pacto por la cultura” (Teatro Petra, Juan Ernesto Sánchez Rodríguez, muralista; Jorge Andrés Campuzano, gestor cultural, Corporación Feminista LBT Caribeñxs, Fundación Casa de las E Audiovisuales), para saber si el ministerio estaba al día con sus compromisos, nos contestaron que sí, que no habían tenido problemas. Ocurrió lo mismo cuando quisimos que exfuncionarios que habían trabajado con Correa hablaran sobre la supuesta “inexperiencia” del exministro, debido a su “desconocimiento de la gestión pública”: “No queremos problemas”.
“Hubo una intención de generar indignación. El sector cultural ha estado históricamente vulnerable por todos los cambios institucionales que ha habido, inclusive desde la economía naranja. Es más fácil echarle la culpa a una Ley de financiamiento que decir que hubo problemas de ejecución. Obviamente que la caída de esa ley es inconveniente, pero era algo que se sabía que era muy difícil que pasara por las resistencias del Congreso y porque el 2025 es electoral”, dijo una de las fuentes consultadas para este periódico.
El presupuesto que se aprobó para 2024 fue de 1,4 billones, y tuvo un recorte que lo dejó en 1,2, billones. Para 2025 se aprobaron 1,09 billones: la reducción, realmente, fue de un 18%. Como la fuente lo mencionó, otro de los cuestionamientos que se le hicieron a Correa fue que, un día después de la caída de la Ley de financiamiento, publicó un comunicado en el que invitó al sector a movilizarse debido a que “la reducción para la cultura sería de más del 90%”.
A pesar de esto, sí hay un caso claro en el que el mismo Correa reconoció que el problema se salió de sus manos: para participar en el Programa Nacional de Estímulos, que es una de las principales herramientas que tiene el ministerio para promover y potenciar la cultura por medio de becas, hay que cumplir con una serie de requisitos que sabotean el proceso de cualquier artista para su creación, independientemente de la obra (un libro, una pintura, una puesta en escena). Para facilitar el proceso, la administración removió algunos de esos requisitos para la recepción de propuestas, y fue tan exitosa la medida, que se quedaron sin manos para gestionar la cantidad de trabajo. No pudieron cumplir. “La medida nos superó en cantidad de gente, en posibilidades y eso hay que repensarlo”, dijo Correa.
Después de la entrevista que el que editor, periodista y ahora exministro tuvo con este diario días después de su salida, en la que además de rendir cuentas sobre su ejecución de recursos, explicó que se iba por la distancia que sentía con el ahora ministro del Interior, Armando Benedetti, hubo dos preguntas que quedaron pendientes, y que fueron contestadas para este texto, sobre sus razones para renunciar y su defensa del proyecto político de Gustavo Petro, a quien ha apoyado incondicionalmente:
Entiendo que se va porque Benedetti es incómodo y contradice sus principios básicos, pero usted deja a un sector necesitado de alguien que lo lidere y conozca. ¿No es esta una decisión más individual entonces? El sector necesita a alguien que trabaje por él, a alguien que se quede, a pesar de que Gustavo Petro tome decisiones incómodas en su gabinete…
Lo primero que te diría es que no, no es una decisión individual y me imagino que corren críticas en tal sentido de gente egoísta que no puede imaginar que haya gestos que quieran ser comunes, que quieran representar a millones, que hagan cosas que todos hemos imaginado que queremos hacer cuando estamos en situaciones de poder límite. Así que lo individualista sería decir que yo quiero ser ministro y contradecir una y otra vez las ideas que proclamo en público sobre lo que yo considero que tiene que ser un cambio cultural para este país, que consiste en un cambio mental, en un cambio en donde no seamos obsecuentes, condescendientes con los machismos, racializaciones, misogíneas, aporofobias. Como lo dije en tu entrevista, no soy un modelo a seguir, pero ante la evidencia de que iba a tener que obedecer y atender las órdenes de alguien directamente relacionado conmigo como cabeza del jefe de despacho, que es así, porque tengo además el decreto en donde están las funciones de esa persona y lo leí antes de tomar la decisión. En ese sentido entonces no me quedaba ni me sentía cómodo salir a inventar historias y a tejer fantasías para defender eso que llamas tú “la incomodidad”.
Es interesante lo que plantea sobre las ideas en la política, pero parece que, en este gobierno, se quedaron en un mundo algo etéreo: es importante que una comunidad se sienta reconocida, pero es urgente que, además, deje de padecer por hambre, exclusión social y protección del Estado ante un conflicto que no ha podido controlar…
Me imagino que esta pregunta, al llamarme etéreo como llaman al presidente, tiene asidero en ciertos sectores neoliberales que insisten que lo importante son los datos y los hechos. Y lamentablemente en ese mundo de datos y hechos nos convertimos en individuos competitivos, carentes de humanidad por los demás. Yo sí creo en las palabras y creo que la política tiene que recuperar las ideas. Sin palabras y sin ideas y solo con cifras y con datos no se construye una sociedad y yo creo que hay que volver a eso nebuloso, etéreo como nos quieran llamar. Orgullosamente trabajé en el Ministerio de las Culturas para ser nebuloso y, como lo expliqué en tu entrevista, también para responder con cifras y con resultados. Los datos no matan los relatos, ni los relatos tienen por qué matar los datos.
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
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