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Durante la pandemia por covid-19, entre marzo y abril de 2020, se llevó a cabo una prospección arqueológica en la zona de La Ladrillera, en Usme, en el contexto de la ampliación de la avenida Caracas para el sistema Transmilenio. Sin embargo, no tuvo resultados positivos frente a posibles hallazgos. En febrero de 2021, en un monitoreo rutinario, se descubrieron fragmentos óseos y cerámicos que se encontraron a tres metros de profundidad bajo el relleno investigado.
De inmediato se suspendió la excavación, se acordonó el área y se realizaron pozos de sondeo adicionales que confirmaron la presencia de material arqueológico. El proceso de rescate duró tres años y medio, y contó con la participación de un grupo liderado por cuatro arqueólogos y 20 ayudantes que se encargaron de la recuperación de numerosas piezas.
Se ha hablado de más de 100.000 piezas arqueológicas reportadas al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), entre las cuales se registró un total de 386 individuos humanos, 4.849 restos óseos aislados, 76.908 elementos cerámicos, 13.044 elementos líticos y 11 objetos metálicos.
Las obras de construcción pudieron continuar según avanzaba el rescate en el área. Actualmente las piezas se encuentran en custodia del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), pues están en fase de limpieza y clasificación para un análisis que pueda determinar la época de procedencia. Se presume que son prehispánicas, pero la información final tardará en llegar a conclusiones debido a la gran cantidad de elementos por estudiar. Mientras tanto, el ICANH hace seguimiento a este proyecto mediante informes semestrales de avance y visitas a campo y al laboratorio.
Se espera que después del proceso, el IDU pueda presentar un informe final sobre el Programa de Arqueología Preventiva (PAP) al ICANH. Estos datos podrían esclarecer las dudas frente a la procedencia y autenticidad de los elementos encontrados. Pero quedan interrogantes sobre los métodos que se llevan a cabo para realizar estos procesos, al igual que el destino final de las piezas.
Proceso de rescate
Durante la intervención hubo un trabajo coordinado en primera instancia por el ICANH, que ejerce como la máxima autoridad nacional en el ámbito del patrimonio arqueológico. Entre sus responsabilidades se encuentran la evaluación, aprobación y supervisión de todos los Programas de Arqueología Preventiva (PAP) que se implementan en el país. Cabe aclarar que el ICANH no realiza directamente las intervenciones arqueológicas en el marco de estos PAP, sino que su función principal es asegurar que se cumplan los términos legales y los estándares científicos establecidos.
Por otra parte, el IDU es el titular del proyecto en la avenida Caracas y, por lo tanto, es responsable de ejecutar todas las actividades del PAP y de rendir cuentas sobre los procesos de rescate. El equipo encargado del proyecto en el IDU incluyó a profesionales en arqueología, liderados por un profesional de esta disciplina inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos del ICANH.
Según algunas personas expertas en temas de arqueología, es importante resaltar que el valor del rescate no está necesariamente en los objetos materiales que se encontraron, pues es una visión que no permite abordar la situación desde una mirada objetiva. Lo que las piezas cuentan podría ser más valioso si se concentra en los datos que se pueden obtener para ampliar el conocimiento sobre las antiguas sociedades y dinamizar las discusiones sobre procesos de cuidado y estudio.
Procesos de clasificación y estudio del patrimonio arqueológico
Para algunas personas este tema puede parecer complicado o distante, ya que hay poco conocimiento sobre estos procesos y muchos mitos que, de manera incorrecta, pueden incentivar prácticas de saqueo arqueológico, lo cual representa un obstáculo para la conservación y difusión del patrimonio. No obstante, Juan Pablo Ospina, coordinador de arqueología del ICANH, le contó a El Espectador que, al concluir el rescate, las piezas arqueológicas fueron trasladadas al laboratorio. Allí se inició la clasificación, registros detallados, diagnóstico y análisis especializados según el tipo de material, actividades que fueron realizadas por el equipo del proyecto y supervisadas por el ICANH.
“Todos esos conjuntos de materiales contienen información excepcional y respuestas a muchas preguntas aún irresueltas sobre los procesos sociales en el pasado, por ese motivo deben ser sometidas a cuidadosos procesos de análisis y conservación. Se debe garantizar su resguardo e integridad en lugares adecuados y con manejo especializado, según sea el caso”, aseguró el antropólogo.
Ospina destacó la importancia de la autenticidad de las piezas, enfatizando que la información del contexto donde se encuentran es crucial para determinar su legitimidad y la posible asociación con períodos culturales específicos. Por esta razón, todas estas tareas deben ser llevadas a cabo por un equipo profesional y capacitado en arqueología, preparado para abordar estos desafíos.
Finalmente, después de realizar análisis especializados y clasificaciones tipológicas se obtienen nuevos datos que ayudan a interpretar cada material y las sociedades que las crearon. Los resultados finales de estos análisis se conocerán una vez finalice la fase de laboratorio. Posteriormente, el IDU, como titular del proyecto, procederá a formalizar el registro y la tenencia de los elementos arqueológicos recuperados ante el ICANH. Esto implica incluir este nuevo inventario en el Registro Nacional de Bienes Arqueológicos.
Desafíos para la protección del patrimonio
El antropólogo y coordinador de arqueología destacó la importancia de estos hallazgos como una gran oportunidad para entender las sociedades antiguas que ocuparon el actual territorio colombiano. Sin embargo, plantean un desafío para el ICANH y los titulares de los Planes de Manejo de Patrimonio (PAP).
“Gran parte de nuestro país es de alto potencial arqueológico, y aunque constantemente registramos magníficos reportes sobre nuevos yacimientos con miles de elementos, las alternativas para garantizar su protección y resguardo podrían ser cada vez más limitadas, en tanto que el ICANH no cuenta actualmente con una infraestructura que pueda seguir resguardando grandes cantidades de piezas arqueológicas”, mencionó Ospina.
La preocupación se centra en la reciente declaración de la Corte Constitucional, al declarar inexequible la eliminación de la tasa de protección y manejo de bienes arqueológicos del Plan Nacional de Desarrollo, pues con este mecanismo se buscaba asegurar para las generaciones futuras la adecuada protección y manejo del creciente patrimonio arqueológico de la nación.
“La eliminación de la tasa plantea un panorama inquietante sobre nuestro patrimonio, por lo que en cada hallazgo arqueológico también vemos una gran oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos que le permita al ICANH fortalecer su capacidad para resguardar, investigar y divulgar las huellas materiales que constituyen nuestra historia como nación”, concluyó el antropólogo.
Por Jorge Danilo Bravo Reina
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