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Se avecinan cambios: el próximo 19 de junio se elegirá al próximo presidente de Colombia. Las propuestas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se diferencian en enfoque y extensión: mientras que el candidato del Pacto Histórico tiene un plan para el sector cultural que se compone de ocho ejes temáticos explicados en 109 páginas, el ingeniero Rodolfo Hernández condensó su plan para la cultura y las artes en una sola. La rgumentación de su proyecto general para el país se desarrolla en 76.
En esta entrevista, Gonzalo Castellanos, asesor durante años en distintos ministerios de Cultura en Colombia y diseñador de algunas de las leyes para este sector, habló sobre lo que, según su experiencia, se debe tener en cuenta en el nuevo gobierno para que, tanto el ministerio de Cultura como la administración en general, mejore su gestión para algunos de los más golpeados después de la crisis ocasionada por la pandemia: los artistas.
¿Cómo ve los planes de la cultura de los candidatos a la presidencia?
Cada uno tiene propuestas buenas y necesarias, pero se refieren a fragmentos de cosas. Hay que precisar qué hay que fortalecer y hasta cambiar.
¿Cuáles cree que deberían ser los principales objetivos de estos proyectos para la cultura en el país?
Deberían ser objetivos culturales que se cumplan y contribuyan a intereses estratégicos de un país. Somos actores válidos en el diálogo internacional sobre este tema, por tanto esos objetivos deberían apuntarle a la que la cultura contribuya a las cuentas nacionales. Que contribuya a reequilibrar las relaciones de una sociedad desigual: puntos de encuentro pares, iguales, equivalentes. Que nos podamos sentar a hablar y compartir un teatro. Que todos tengamos acceso a internet: la brecha, actualmente, es del 40%. Todo lo que se ha construido, que es una política, se ha hecho alrededor de esto.
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¿De qué consta esta política?
De instituciones, instrumentos y financiaciones.
¿Y en qué cree que nos hace falta más trabajo?
Realmente, tenemos que afinar muchas cosas, pero en la financiación estamos muy flojos. Hay muchos incentivos tributarios que no se saben usar. La queja del sector en general es que no tienen, no hay, que falta, y sí, es verdad, pero además hay que tener en cuenta que la repartición de lo que hay es totalmente desigual.
Hay que cambiar o ajustar instrumentos, normas, políticas, pero ¿cuáles? ¿Cómo?
Primero, hablemos de lo que hay. Se deben mantener los instrumentos que existen desde el punto de vista económico, regulatorio y político. De lo que existe, no hay un defecto sustancial como para cambiarlo. Todo lo que hay se hizo en función de desarrollar derechos culturales, que además son fundamentales, humanos, sociales y colectivos, es decir, no se pueden desmejorar. Y eso es lo bueno de esos instrumentos. Ningún gobierno, ningún legislador ni ninguna ley posterior puede desmejorar lo que ya hay.
Es decir, las leyes e instrumentos para la cultural que ya existen ¿no se pueden eliminar o reorientar?
No, es inconstitucional: estos instrumentos que desarrollan derechos culturales tiene una prohibición internacional de disminución. Antes era muy fácil, decían “pues hago una ley nueva y elimino la anterior”, pero en derechos culturales aplica el “mínimo vital”.
Usemos un ejemplo…
No te pueden disminuir el salario mínimo porque es una conquista de derechos humanos. No te pueden quitar la pensión. En los temas que tienen que ver con derechos humanos hay una primacía internacional sobre las legislaciones nacionales. Eso es importantísimo. Son argumentos muy valiosos, pero, sobre todo, son una doctrina y una jurisprudencia internacional al rededor del mínimo vital que tiene que ver con el desarrollo de derechos humanos.
Precisémoslo hablando de derechos culturales, porque lo de la pensión y el salario mínimo parecería obvio, pero cómo es que esto aplica a los derechos culturales…
Los derechos culturales comparten la característica de ser derechos fundamentales, sociales y colectivos, que son diferentes categorías de derechos. En el ámbito internacional y en el desarrollo de los derechos humanos se llaman derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los de primera son esos que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad (libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión y opinión). Los de segunda son los reequilibrios: el derecho que yo tengo al acceso al patrimonio cultural. ¿Y por qué tengo derecho a eso? Porque hay una ley de cine que protege que haya películas colombianas en el mercado: yo, como individuo y comunidad, tengo derecho a que la expresión de la identidad y la memoria de esta nación tengan un espacio. También el derecho a la no censura y el de las comunidades a sus sistema de justicia tradicional hacen parte de los de segunda generación. Los de tercera son los que hablan del reequilibrio internacional, la convención de la Unesco sobre patrimonio cultural inmaterial reconoce ese plano de igualdad en el diálogo internacional. Los de cuarta, el acceso a la red.
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¿Hay algún precedente sobre la imposibilidad que tienen los gobiernos para derogar normas culturales o instrumentos para la cultura?
Sí, uno: cuando hicimos la ley de bibliotecas pusimos un IVA para su manutención, para su beneficio. El gobierno Uribe, gestor de esta ley, hizo una reforma tributaria de la salud y reorientó esa plata para el deporte. Como ciudadano, demandé eso que sucedió con el argumento de que había una prohibición de involución y retroceso desde el punto de vista internacional en materia de defensa y desarrollo de derechos humanos. La Corte falló dando esa razón y le devolvió toda la plata que le había quitado a las bibliotecas durante dos años. Un monto de 80 mil millones de pesos.
Se piensa que la construcción de instrumentos es para las industrias, pero tiene mucho que ver con la evolución de esos derechos, con aumentar las conquistas para la cultura…
Exacto, es que la defensa del desarrollo de derechos está en función de la libertad de creación, expresión y equilibrio de los contenidos para que, localmente, también tengas creación, sino aquí solo habría una parrilla ocupada por Hollywood, hablando por ejemplo del cine. Y esto aplica, el tema de los derechos, para muchas dimensiones. Otro tema importante: puede que seamos minorías en algunos sentidos, pero en función del diálogo cultural tenemos que ser iguales. Es decir, no es menor la expresión de una comunidad indígena de muy pocos habitantes o de una lengua tradicional frente a un idioma como el inglés. En todos los ámbitos y las esferas tiene que haber un equilibrio.
Hablemos ahora de lo que usted cree que hay que ajustar con respecto a políticas culturales…
Hay que reequilibrar los sectores. Está el audiovisual, que sería el sector ideal, no el mejor, pero sí el ideal, y tiene muy buenos instrumentos, pero los otros no. Lo que los demás tienen son acciones fragmentadas. Hay que construir un mínimo para todos los sectores.
¿Cuáles son los instrumentos que, según usted, deberían existir en los demás sectores?
Contribuciones parafiscales, eliminación de impuestos en muchos eslabones de la cadena. Que se entienda que los subsectores del gran sector cultural son cadenas de valor que necesitan apoyos en muchos sentidos porque si no los costos se incrementan terriblemente.
Hablemos también de esa redefinición del sistema nacional de cultura que, según usted, hay que reajustar…
Hay que redefinir la relación Estado/comunidad para la gestión de las políticas, para las decisiones sobre el patrimonio cultural, la asignación de recursos y hay que hacer toda una redefinición de ese sistema que involucra estados, comunidades, instituciones, recursos, uso de los recursos, etc. ¿Para qué? Para que realmente haya una gestión participativa de la comunidad en el uso de los recursos de la cultura y en el control social. El cine es ideal porque la plata de este sector no la define el ministerio de Cultura ni Proimágenes, no, la define un órgano representativo de todo el sector audiovisual: el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en cinematografía.
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¿Los demás subsectores no tienen este consejo?
Sí, lo tienen, pero ninguno decide sobre sus recursos ni les hace seguimiento.
¿Qué es lo que, además de lo que ya mencionó, debería hacer cada uno de estos consejos?
Reorganizar ese sistema para que desde la base haya unos órganos comunitarios que hagan la definición de políticas para cada sector particular. Y esto tiene que pasar anualmente. Una reorganización legislativa, gubernamental. Es decir, tampoco depende del Ministerio de Cultura. Y hay que reorganizar este sistema para, además, garantizar que haya una participación real de la comunidad en el manejo de estos recursos.
¿Cómo así que no depende del Ministerio de Cultura?
No, es que hay algo muy importante que tenemos que entender de una vez por todas: la política cultural es una acción del gobierno y la comunidad, pero no puede depender del Ministerio de Cultura. La acción cultural la hacen las comunidades, no las instituciones.
Pero los dineros sí son administrados por esta cartera, que tiene todo que ver en cómo se distribuyen estos recursos…
Sí, pero la financiación de la cultura es precaria porque, justamente, depende del presupuesto nacional, que además no tiene para atender todas las necesidades y deja a la cultura en último lugar. Si seguimos dependiendo de ese presupuesto y las asignaciones a las secretarías de cultura, no hay nada que hacer, seguiremos en un lugar precario. Tenemos que rehacer leyes, cambiar reglamentaciones, regulaciones, instrumentos, etc. Hay que rediseñar unos instrumentos autónomos como el impuesto a la telefonía celular, que ya no sirve tanto porque está recaudando muy poco.
Antes de que me explique por qué el impuesto al consumo de telefonía dejó de ser tan útil, hablemos del Ministerio de Cultura desde su origen hasta hoy, ¿Qué piensa? ¿Se ha cumplido el objetivo?
Se ha hecho una tarea importante en construir herramientas, diálogos con las comunidades y concertar el uso de unos recursos, pero es que la sociedad exige un nivel de profundidad mayor. Por supuesto que el ministerio ha sido muy útil en la canalización, asignación de recursos, control, etc. Esto ha evolucionado profundamente porque hasta las fronteras de los sectores se han diluido.
Sobre la más reciente gestión del Ministerio de Cultura, ¿por qué cree que el sector fue tan crítico, sobre todo, con los dos primeros liderazgos: Carmen Inés Vásquez y Felipe Buitrago?
Por un error de gobierno. En el cine siempre se dice que una mala historia bien contada es una buena historia, y una buena historia mal contada es una pésima historia. Este gobierno sí hizo algo interesante en la construcción de unos instrumentos como los del Plan de desarrollo, pero el concepto que trató de instalar se quedó en el aire. Parecía mercantil, comercial y solamente eso. Y tampoco es así: las relaciones entre economía y cultura han sido de vieja data. El discurso de la economía naranja no se terminó de elaborar. Por otro lado: este gobierno se ha leído como un enemigo de la paz y el sector cultural, por esencia y definición, es amigo de la paz. Siempre ha considerado que, a través de prácticas reales, la cultura sí contribuye a no ahondar más en conflicto. Esa capacidad de producir vida cultural ha hecho que la confrontación no sea mayor.
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Ahora sí, ¿qué pasa con el impuesto a la telefonía?
Hay que construir instrumentos económicos más solidos. Van mutando. El impuesto a la telefonía que va para cultura se ha disminuido. Los celulares, digámoslo así, se alimentaban de contenido culturales, así que con este impuesto se le pagaba a la cultura parte de lo que generaba. El problema es que la gente ya no está hablando por teléfono. Por otro lado y para ponerte otro ejemplo sobre lo que considero que debería hacerse, es abrirle la puerta a la cultura en los recursos de ciencia, tecnología e innovación, que son más de 15 billones de pesos anuales. Uno de esos campos es la innovación social, es decir, cómo el hombre transforma su territorio. ¿Y qué otra forma de hacer esto sería más clara y efectiva que las acciones culturales? Pero el canal de llegada a eso es imposible en este momento. Muchos obstáculos.
Dice que no podemos depender de los recursos que asigne el gobierno a la cultura e insiste en alternativas que generen ingresos. Su ejemplo sobre el impuesto al consumo de telefonía podría ser un referente, pero ¿qué otra forma habría de buscarle más ingresos al sector aprovechando lo que produce?
Hay varios ejemplos que se me ocurren, pero, por ejemplo, la cultura cambió los espacios de redistribución: las plataformas se nutren de contenidos culturales y Colombia debe trabajar en un impuesto a las plataformas o en la redistribución de un recurso que salga de allí: hoy son un sector privilegiado que se nutre de esto. Sería fantástico que se nos ocurriera una forma en la que se le devuelva al sector algo de lo que genera. No tiene que ser un impuesto, pero hay que hacer un rediseño. Otra cosa que se me ocurre es que la construcción de infraestructuras culturales sea una forma de pagar impuestos. Imagina a las entidades que hacen extracción petrolera pagando parte de sus impuestos haciendo obras culturales, haciendo infraestructuras, pero el punto no solamente son los ladrillos, sino el contenido que se alojará allí, así que también hay que rehacer el mecanismo.
En conclusión, usted propone concentrarnos en buscar fuentes autónomas para la cultura, además de contar con los recursos públicos…
Sí, es una gran forma de pensar en el florecimiento de este sector. La cultura puede hacerle contribuciones importantes al Producto Interno Bruto del país si tiene herramientas. Lo que se necesita es, entre otras cosas, un motor de recursos.
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Por Laura Camila Arévalo Domínguez
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