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Daniela Saganome Castillo aún guarda en el celular la conversación con el hombre que le robó setecientos mil pesos. Todo empezó con el deseo de ir al Festival Estéreo Picinic a ver a Ca7riel y Paco Amoroso. No compró la boleta pensando que después la podría conseguir fácil por otros canales. En Twitter apareció un hombre, que decía trabajar en RCN Radio y ofrecía boletas para cualquier día. Incluso le envió una grabación de pantalla como prueba de que era real, la metió a sus close friends de Instagram para transmitir confianza. Ella, sin dudarlo, le transfirió el dinero y, en cuestión de minutos, se quedó sin plata y sin entradas.
Lo llamó tantas veces que el supuesto vendedor prometió devolverle el dinero, pero luego la bloqueó. Con un poco de suerte alcanzó a identificar su nombre completo y número de cédula en una foto filtrada en redes, lo denunció ante la Fiscalía y desde marzo espera una respuesta. Hasta la fecha, lo único que tiene es un expediente asignado a un despacho, sin avances.
El caso de Daniela contrasta con la resignación de Valeria Díaz. Un año atrás, cuando el artista puertorriqueño, Mora, llegó a Bogotá, ella no alcanzó a comprar boletería oficial y recurrió, como otras veces, a la plataforma, Viagogo, que funciona como un mercado entre compradores y vendedores individuales. El problema era el precio: boletas de 350 mil que en reventa superaban los 900. En la búsqueda encontró una página con más de diez mil seguidores y decenas de testimonios positivos. Acordó pagar el 60% por adelantado y el resto al ingresar al concierto. Tan pronto hizo la transferencia, la página empezó a borrar comentarios, la bloquearon en WhatsApp, correo y redes. El fraude fue evidente. Pero a diferencia del primer testimonio, no denunció: amigos y conocidos le dijeron que eso sería perder el tiempo.
Historias como estas dejan ver que, más allá de la frustración individual, existe un vacío que favorece a los estafadores. Cada concierto o festival concentra miles de personas dispuestas a pagar mucho más del precio inicial por no quedarse por fuera, y en esa urgencia aparecen vendedores informales que se aprovechan. Sin embargo, hay que partir del hecho de que en Colombia la reventa de boletería no está prohibida, no es un delito. De hecho, existen plataformas como Pásala, creada por Tuboleta, que permite poner en venta boletas o comprar las de otros vendedores. Lo punible, como explicó la abogada y directora de Consultoriarte, Diana Therán Acevedo, es la estafa: “Lo que es reprochable penalmente no es el acto de revender, sino cuando el comprador es engañado, cuando le venden una expectativa que nunca se cumple”. Esa diferencia, aparentemente sutil, es la que ha dejado a miles de fanáticos desprotegidos. Quien compra una boleta en reventa lo hace dentro de un marco legal ambiguo; lo que está en juego no es la transacción en sí, sino la capacidad del Estado de garantizar que esa promesa de acceso al espectáculo sea real.
Y es que Therán insistió en que allí hay una responsabilidad estatal: “Es importante que haya un liderazgo único desde lo que es el Gobierno Nacional para que se puedan crear esos lineamientos de desarrollo de estos sectores que, por supuesto, tienen ámbitos que se comparten en diferentes instituciones”. A su juicio, debería ser el Ministerio de las Culturas el encargado de liderar todo lo relacionado con la Ley de Espectáculos Públicos (Ley 1493 de 2011), en articulación con otras carteras como Comercio e Interior, dado que se trata de aglomeraciones masivas.
Asimismo, señaló que la venta de boletería está marcada por la digitalización y por compras con mucha antelación. “Estamos hablando de algo muy importante, y es que los eventos tienen una connotación mayoritariamente digital, y además se venden con una anterioridad tan grande, que se necesita tener unas garantías mínimas para su venta”. Y esas garantías, agregó, son fundamentales porque detrás de un solo evento puede haber “dos o cuatro o cinco estadios que nos hablan de cientos de miles de personas sujetas simplemente a una expectativa que no tiene garantías”.
Se han intentado poner ciertos controles: la autorización de operadores de boletería se creó mediante el Decreto 1258 de 2012, con el cual se reglamentó la Ley 1493 de 2011, y desde entonces ha sido modificado en dos ocasiones por medio de los Decretos 537 de 2017 y 1240 de 2013. En paralelo, el Ministerio de las Culturas ha expedido cientos de resoluciones de autorización de operadores bajo los requisitos definidos en el Decreto 1080 de 2015.
Esa figura del operador autorizado se convirtió en pieza clave del sistema: un garante que responde tanto por la contribución parafiscal del espectáculo como por la garantía legal frente al consumidor en caso de cancelación o modificación del evento. No es un detalle menor. Como se evidenció en el sonado caso del Festival Jamming, los fraudes masivos se han dado justamente en escenarios sin operadores de boletería reconocidos.
El problema es que la norma parece incompleta. Aunque existen los operadores, no hay herramientas claras para removerlos o revocar su autorización cuando incumplen con sus obligaciones. “En el transcurso de los años se ha evidenciado que cuando uno de estos agentes deja de cumplir con los mínimos trazados para su operación o no cumple con sus obligaciones tributarias mínimas, las empresas siguen en normal funcionamiento sin consecuencia evidente”, advirtió Therán.
Ese vacío se refleja también en la respuesta oficial. Felipe Hoyos Núñez, coordinador del grupo Ley de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura, indicó que las competencias de esa cartera se limitan a los espectáculos de artes escénicas (EPAE). “La competencia para la prevención de este fenómeno es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su Superintendencia de Industria y Comercio”, explicó. Desde Cultura, los esfuerzos han estado en reforzar el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP) para que el público tenga información sobre productores y operadores autorizados, y en preparar la implementación de la facturación electrónica junto a la DIAN, como una forma de blindar el sistema.
La Superintendencia dijo que allí tampoco estaba la respuesta. “La reventa de boletería no se encuentra prohibida por la ley. En ese sentido, la entidad no tiene la competencia de vigilar la reventa de boletas de espectáculos públicos en Colombia”, señalaron. Su vigilancia se limita a aspectos de consumo: publicidad engañosa, cláusulas abusivas, devoluciones.
En la práctica, el consumidor queda atrapado en un juego de competencias fragmentadas: la Fiscalía investiga los delitos de estafa, el Ministerio regula los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (EPAE) y la SIC se ocupa de la información al consumidor. Entre todos, nadie aborda de frente la reventa, y en ese limbo normativo es donde el fraude encuentra su terreno más fértil.
Hasta el momento no hay cifras oficiales de cuántas demandadas y denuncias ha recibido la SIC por actividades de engaño y/o fraude en la venta de boletería para espectáculos públicos. No obstante, en un derecho de petición, explicaron que entre 2022 y 2024 se presentaron 2.615 demandas contra empresas dedicadas a eventos y espectáculos. Entre esas, la mayoría de querellas fueron por garantía: en este mismo lapso de tiempo, se presentaron 506.
Para Diana Therán, el problema va más allá de la denuncia individual: hace falta un liderazgo claro del Gobierno Nacional que articule las diferentes instituciones involucradas y entregue una regulación efectiva que proteja al asistente de espectáculos. Señaló que el Ministerio de Cultura debería asumir el rol de guía de la Ley del Espectáculo Público, para crear parámetros definidos que protejan tanto a los consumidores como a los productores.
Hoy la venta de boletas no cuenta con reglas claras que garanticen que, quien venda, tenga la capacidad de cumplir. No hay quien determine las normas ni los parámetros que cierren el paso a quienes engañan masivamente o que no pueden garantizar que lo que se vende se cumplirá realmente.
Por Samuel Sosa Velandia
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