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Hoy, 24 de enero, cientos de artistas y gestores culturales argentinos saldrán a las calles para manifestarse en contra la Ley Ómnibus presentada por el presidente Javier Milei, quien ha propuesto una serie de modificaciones en la estructura y operación de las instituciones culturales de la nación.
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Su amplia reforma estatal ha sido criticada y rechazada por este sector de la ciudadanía que asevera que “la cultura está en peligro”, como se tituló la carta que más de 20.000 artistas, entre los que resaltan nombres como el de Charly García, Fito Páez, León Gieco y Claudia Piñeiro, firmaron y enviaron a senadores y diputados, para expresar su inconformismo y preocupación por este proyecto de ley que lleva semanas siendo objeto de debate en Palacio del Congreso.
Aunque el primer documento que el mandatario entregó al poder legislativo constaba de 624 artículos, este lunes 22 de enero, se presentó un borrador con 141 apartados menos. La disminución fue el resultado del consenso que logró su gabinete con los opositores del proyecto, tras una semana repleta de tensiones y disputas.
En la introducción del nuevo pliego, Milei señala que “incorpora gran parte del debate público, pero que mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario, desregulación económica, fortalecimiento de la educación y la cultura, seguridad y finalmente, mejora en el funcionamiento de la justicia”. Sin embargo, sus palabras no convencen a los artistas y gestores culturales, que ven este borrador como una trampa retórica.
El capítulo dedicado a la cultura fue rediseñado. Se dio marcha atrás a la propuesta de disolver el Fondo Nacional de las Artes (FNA), que también aplicaba para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT). Sin embargo, se mantuvieron medidas que han sido señaladas de regresivas para el fomento las prácticas artísticas y culturales.
Se pretende que los gastos administrativos de estas entidades no sean excesivos, como también que la Ley de protección a la actividad librera, la cual fue creada para proteger a pequeñas y medianas librerías ante las lógicas mercantiles y comerciales de los grandes actores como cadenas o supermercados, sea derogada.
El sector cultural y artístico argumenta que ni siquiera las razones fiscales justifican la reducción del presupuesto y el interés por “traspasar” funciones y recursos a la Secretaría de Cultura, pues aseguran que va en contravía de lo constitucional y que quita su calidad de autárquico a estas instituciones.
“Es muy impresionante ver cómo se está tratando de derogar y cerrar las instituciones que no tienen costo fiscal alguno. Se habla de que la motivación para hacer estos ajustes es llegar al déficit cero, sin embargo, muchos de los organismos que se quieren cerrar son autárquicos, son autosostenidos. Por ende, no hay razón alguna, en términos fiscales, para cerrar estos lugares. Esto hace pensar que hay algo detrás”, señala Federico Bianchini, escritor y periodista argentino, quien asegura que las verdaderas intenciones de Milei tienen más que ver con una “derogación del pensamiento”: esos escenarios propician las conversaciones, los cuestionamientos y las reflexiones.
Analia Fedra García, dramaturga, directora de teatro y docente universitaria argentina, coincide con Bianchini en que “la aniquilación de estos espacios no responde a una razón económica”. Para ella, Milei busca reducir el Estado, por lo que el sector cultural se ha visto implicado y termina respondiendo “a la política que quiere llevar adelante este gobierno: reducir el estado a la nada”, afirma.
El Fondo Nacional de las Artes (FNA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) son organizaciones descentralizadas, hablando en términos económicos. Por ejemplo, en cifras entregadas por el INT, se deja en evidencia que su presupuesto deriva de lo recaudado mediante las asignaciones específicas: el 95 % viene del gravamen recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el 5% a través de juego de azar cobrado por medio de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
“Ningún gasto del INT es solventado por el tesoro nacional ni por rentas generales abonadas por los ciudadanos. Esto no permite la autarquía económica”, aclara la institución en comunicado.
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Además de la falta de justificaciones para el recorte presupuestal, también preocupa la pérdida de autonomía que puede provocar que estos escenarios pasen a ser de jurisdicción de la Secretaría de Cultura. ”La autarquía permite, por ejemplo, que en el Instituto Nacional de Teatro se hagan concursos públicos para todos los cargos. Solo la dirección ejecutiva responde a una designación directa del Ministerio de cultura. Todos los otros cargos tenían una validez de dos años y, a través de concursos públicos con participación de todas las regiones del país, permite un recambio, nuevos puntos de vista para la selección de proyectos, personas acreedoras de becas, entre otras cosas. Es decir, la misma comunidad teatral se ocupa de seleccionar y distribuir los recursos de modo federal. Al perder la autarquía, todo lo anterior deja de ocurrir y va a depender de la voluntad discrecional de un solo funcionario, que en general no conoce todas las realidades y necesidades específicas de las distintas regiones del país”, manifiesta García.
Justamente, Bianchini menciona que, durante este gobierno, nunca ha existido un diálogo entre el ejecutivo y el sector, y que, de cierta forma, las decisiones han sido totalmente ajenas e inconexas con el contexto que atraviesa el entramado de la cultura en Argentina.
“Nunca hubo ningún tipo de consulta a la sociedad que está involucrada con estas instituciones y organismos. Esta decisión de arrasar con todo el entramado cultural argentino fue una determinación inconsulta. Hasta se podría decir que arbitraria; es un gesto profundamente antidemocrático. Si se piensa, también es paradójico: el presidente y la primera dama fueron actores. Sí, ese mismo mandatario que quiere acabar con el teatro argentino”.
El futuro de la cultura
El gestor cultural José Miguel Onaindia publicó una columna de opinión titulada “Ley ómnibus y cultura, un ataque innecesario”, en la que dijo que el rumbo de la cultura y del proyecto que va a emprender Argentina como nación, está bajo decisión del Congreso Nacional, donde debe gestarse un debate en el que exista “escucha de diferentes voces de los múltiples intervinientes en estas actividades que le dieron identidad al país en su formación y siguen, a través de las décadas y a pesar de la convulsa vida política, social y económica del país, dándole prestigio. Ese debate debe darse en el Congreso donde están representadas todas las voces de una sociedad si no queremos nuevamente afectar el Estado de derecho ni caer en prácticas populistas que confunden éxito electoral con monopolio de la decisión política”, reflexionó.
No obstante, la maestra García señala que el panorama en el legislativo es complejo e incierto. “Hay tal cantidad de artículos en la Ley Ómnibus y tan perjudiciales para tantos sectores, que es muy difícil prever qué van a votar los distintos bloques. Día a día recibimos informaciones diversas sobre idas y vueltas acerca de supuestas modificaciones (…) Creo que hay preocupación en algunos sectores políticos, que desde un primer momento se opusieron a la ley ómnibus. El tema es que hay algunos sectores ´dialoguistas´, pero todo es una incógnita todavía”.
Quienes sí tienen claro su agencia y sus defensas, son los artistas. Cuenta Bianchini que, desde diciembre del año pasado, el Frente de Soberanía Cultural, conformado por músicos, pintores, bailarines y escritores, por mencionar algunos, llegan los jueves al Palacio del Congreso y hacen de su arte una herramienta de protesta y un vehículo para la difusión de sus ideas.
“El sector cultural ha reaccionado con múltiples acciones. Por un lado, intentar visibilizar la realidad cultural de los distintos sectores. Lamentablemente, estamos en un momento en el que la comunicación es unidireccional. La falta de diálogo y repregunta quedan bajo sentencias falaces. Por ejemplo, el decir que por el presupuesto destinado a cultura hay personas que no acceden a cubrir las necesidades básicas alimentarias o que la cultura es un privilegio”, expresa García, quien resalta que estas narrativas los han obligado a definir acciones concretas para dar respuesta a la Ley Ómnibus y todo lo que ha implicado.
Por eso hoy se movilizarán por las calles contra una legislación que, aseguran, “apaga la cultura”.
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Por Samuel Sosa Velandia
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