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María Estela Martínez de Perón era la vicepresidenta de una nación llamada Argentina. El 1 de julio de 1974 dejó de serlo para convertirse en su presidenta. Un paro cardíaco había puesto fin a la vida del hombre que, por tercera vez, ostentaba ese cargo: Juan Domingo Perón. No alcanzó a cumplir ni dos años en el poder porque, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas la derrocaron. Entonces, se instauró una dictadura cívico- militar: Proceso de Reorganización Nacional, así se denominó. Ese mismo día, tres de los golpistas (Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti) emitieron un acta que proclamaba en su primer artículo la creación de la Junta Militar de Gobierno, la nueva máxima autoridad estatal. Aquellos militares se convirtieron en sus representantes. Pasaron nueve años y nueve meses y unos cuantos días, y los tres fueron condenados por el terrorismo de Estado al que sometieron a su pueblo.
La dictadura se había propuesto cambiar la estructura económica, política y social que había prevalecido durante los últimos treinta años. De a poco, la violencia y la represión se convirtieron en sus aliados. La palabra “enemigo” se volvió frecuente, porque así pasó a considerarse a todo aquel que se percibiera como una amenaza para el poder. No tardaron en llegar las desapariciones forzadas, las persecuciones y las torturas sistematizadas, entre otros.
En diciembre de 1979 se realizó una rueda de prensa con Videla, quien era el presidente de Argentina desde 1976. De repente, un periodista (José Ignacio López) le preguntó sobre los desaparecidos y los detenidos sin causa. “(…) Es una incógnita; un desaparecido, no tiene entidad, no está muerto ni vivo”. Entonces, sus familiares no tenían cuerpo que llorar y menos que enterrar. La dictadura no solo se apropió de la vida de los desaparecidos, sino también de sus hijos, de esos que nacieron mientras estaban en cautiverio o fueron secuestrados junto con ellos. 30.000 personas desaparecidas, esa fue la cifra que dejó aquella época de terror.
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Pero, un día de 1982, a la Junta Militar se le ocurrió reconquistar las Islas Malvinas, que estaban en poder de Reino Unido. Esa decisión terminó siendo una autopuñalada, porque fueron derrotados. Por aquel fracaso bélico, el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri, que apenas llevaba seis meses, tuvo que pagar: fue retirado de la presidencia. En su reemplazo fue designado Reynaldo Bignone. Anunció una transición democrática. Las personas regresarían a las urnas a finales de 1983 y en marzo del siguiente año entregaría el poder. Hizo una jugada adicional antes de que sucediera lo inevitable: promulgó la Ley 22.924 de Pacificación Nacional, también conocida como Ley de autoamnistía. “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982″, rezaba su primer artículo. De esa manera, los dirigentes de la Junta no debían responder penalmente por sus crímenes de lesa humanidad o al menos no por el momento.
El 30 de octubre de 1983, el pueblo argentino salió a votar y Raúl Alfonsín se convirtió en el nuevo presidente de Argentina. El 10 de diciembre asumió el poder. Diecisiete días después, promulgó la Ley 23.040, que derogó la Ley de autoamnistía, declarándola inconstitucional. “La persona que hubiera recuperado su libertad por aplicación de la ley de facto Nº 22.924 deberá presentarse ante el tribunal de radicación de la causa dentro del quinto (5) día de la vigencia de la presente ley. En caso contrario, será declarada rebelde y se dispondrá su captura, sin necesidad de citación previa”, decía su artículo 3°.
Antes de eso, el 15 de diciembre, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tenía como misión investigar lo ocurrido durante la última dictadura en materia de violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas. El escritor Ernesto Sábato pasó a presidirla. Se comprobó, entre otras cosas, que durante la época de la Junta Militar existieron centros clandestinos de detención y se consolidó una lista parcial de desaparecidos. Y, entonces, se conoció también que a los prisioneros se les asignaba un número, como si se trataran de los campos de concentración nazi. En sus brazos no los llevaban tatuado, como les tocó a los judíos, pero sí eran nombrados por un número para ser identificados. “Ella se da cuenta en ese momento que los llamaban por número, no llamaban por nombre y apellido. Ella recuerda su número: 104. Recuerda que cuando la llamaban a ella era que la tenían que torturar…”. Aquel testimonio quedó consignado en Nunca más: informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Y, un día, en un juicio se volvió a escuchar ese nunca más.
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Tras el informe, que sirvió como material probatorio, se inició el 22 de abril de 1985 el juicio a las Juntas. Las acusaciones fueron llevadas a cabo por los fiscales Luis Moreno Ocampo y Julio César Strassera. 839 testigos declararon durante las 530 horas de audiencias, porque el juicio se prolongó hasta agosto de ese mismo año. Entonces, cuando Strassera estaba finalizando su alegato, pronunció unas palabras que serían recordadas. “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más”.
El 9 de diciembre fueron condenados Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Rafael Videla, Roberto Viola y Armando Lambruschini. Sin embargo, tiempo después, durante la presidencia de Carlos Menem, se les concedió el indulto a aquellos cinco hombres, mediante el decreto 2741/90 de diciembre de 1990, aduciendo la “pacificación nacional”. “Esta decisión aspira a consolidar la democracia argentina, pues se trata de un objetivo de igual rango y jerarquía que el de la pacificación y reconciliación”.
Aquel perdón presidencial no duro para siempre, porque varios años después la Corte Suprema de Justicia de Argentina lo declaró inconstitucional. “Los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución, sino también a toda la comunidad internacional”.
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Por Danelys Vega Cardozo
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