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“Cualquier diseño debía ser armónico en cuanto a cargas, aportes y estímulos a todos los partícipes, incluso en la búsqueda de que esto tenía que lograrse sin imponer mayores precios al público y, de ser posible, disminuyéndolos”, se lee en el capítulo cinco del libro Cinematografía en Colombia, tras la huella de la industria, de Gonzalo Castellanos. La reedición de este libro, que fue lanzado durante este 2023 como una forma de homenajear a Proimágenes por sus 25 años de existencia, también fue una manera de celebrar los 20 años de existencia de la Ley 814 de 2003, la Ley de cine. El párrafo con el que se inicia este texto es, entonces, la forma en la que Castellanos describió las intenciones con las que se diseñó esta herramienta.
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“Ley de cine: una fórmula integral”. Así fue titulado el capítulo que Castellanos dedicó a este tema, en el que explicó de qué forma se logró crear esta herramienta, que terminó beneficiando a toda la cadena de valor de la industria cinematográfica. Como se necesitaban incentivos, pero el dinero del Estado se priorizaba (se prioriza) para resolver problemas o suplir necesidades más básicas y urgentes (seguridad, pobreza extrema, salud), pensar en un presupuesto mayor para esta rama de la cultura, era ingenuo o, para algunos, hasta irresponsable.
Teniendo en cuenta el concepto de responsabilidad social corporativa o empresarial, y el de la asociación del Estado con empresas privadas, se pensó en gestiones que, además de ser provechosas para los empresarios que decidieran invertir en películas colombianas, no dependieran del presupuesto nacional ni de la voluntad de los gobiernos de turno. “De allí nació el incentivo tributario a los contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando aportan dinero efectivo al proyecto cinematográfico, con la restricción perentoria de no incidir en los contenidos artísticos, como se hacía con el paso en la usanza del ‘mecenazgo’”, anotó Castellanos en el libro en mención.
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El gestor, productor, escritor, asesor cultural y autor del libro citado, fue al detalle de la ley, explicando que el primer engranaje fue el Fondo para el Desarrollo cinematográfico (FDC).
La forma más fácil de entender el funcionamiento de esta herramienta podría ser la siguiente: cada vez que un colombiano paga una boleta de cine, una parte de ese porcentaje va para el fondo, que se usa, en su gran mayoría, para la producción de películas en el país. Es decir, el fondo es financiado por los colombianos que, a su vez, consumen películas nacionales e internacionales en las salas de Cine Colombia, Cinemark, Procinal, Royal Films, Cinépolis, entre otros. “El FDC es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia”, es la definición oficial. Como los dineros son públicos, deben ser vigilados por los organismos de control del Estado. Es por esto que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía “dirige” los destinos de estos recursos. Proimágenes, a su vez, los recauda, administra y ejecuta: se los entrega a quienes se presentan, por medio de convocatorias, a postular sus guiones listos para rodar.
Este recurso se creó con el objetivo de que las propias ganancias que generaba el sector, se “reorientaran” al mismo sector. Es decir, que los aportes al PIB, fuesen reinvertidos a la industria: “Este se nutre con recursos de una contribución parafiscal denominada Cuota para el Desarrollo Cinematográfico (CDC), la cual es aportada por específicos agentes cinematográficos con el objetivo de que su recaudo favorezca el mismo sector”.
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Este es, pues, otro ejemplo de lo que la Ley de cine logró con un diseño en el que no tuviese que depender de un presupuesto asfixiado por un país ávido de cultura, pero sin condiciones para invertir en ella ni en las garantías mínimas para que sus artistas, en este caso cineastas, pudiesen dedicarse de lleno a la producción de cine.
El CDC, una contribución parafiscal (la que grava a un grupo social o empresarial delimitado en consideración a su actividad económica), “se paga por los exhibidores y distribuidores de películas extranjeras en las salas de cine ubicadas en Colombia, y por los productores de largometrajes colombianos, cuando estos se exhiban o comuniquen al público en una sala en el mismo territorio”.
Castellanos también explicó que el recaudo de los exhibidores se efectuaba con la venta del derecho al ingreso a una sala de cine a cambio de un precio para ver una película extranjera. Por su parte, los distribuidores asumen esta contribución cuando venden o autorizan la proyección de un filme extranjero en una sala de cine en territorio colombiano. Los productores de películas colombianas en salas de cine, también contribuyen cuando negocian su filme con distribuidores o exhibidores.
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Para este autor, que ha trabajado en la construcción y gestión de instrumentos económicos, legislaciones y políticas públicas sectoriales desde 1998, la financiación de la cultura es precaria porque, justamente, depende del presupuesto nacional, que además no tiene para atender todas las necesidades y deja a la cultura en último lugar. Esto no ocurre con la Ley de cine. De hecho, su independencia es una de las razones por las que se le celebra y, además, se sugiere copiar para el resto de sectores de la cultura en el país.
En entrevista para este periódico, Castellanos opinó que, si el resto del sector seguía dependiendo de ese presupuesto y las asignaciones a las secretarías de cultura, no había nada que hacer, “seguiremos en un lugar precario”. “Tenemos que rehacer leyes, cambiar reglamentaciones, regulaciones, instrumentos, etc. Hay que rediseñar unos instrumentos autónomos como el impuesto a la telefonía celular, que ya no sirve tanto porque está recaudando muy poco”.
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Es por esto que, en su libro, y en conversaciones entre integrantes de la industria cinematográfica nacional, la Ley de cine es un instrumento referencial que se ha definido como el “más importante en la historia del cine en el país”.
En una entrevista para Caracol radio, Claudia Triana resaltó que, en la actualidad, 20 años después de promulgada la Ley 814, la cinematografía nacional logró el mayor impulso de la historia. Antes de 2006, cuando se vieron los primeros resultados, al año se estrenaban al sumo cinco películas de apoyo estatal colombiano, mientras que durante el 2022 fueron 51 películas.
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
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