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El 7 de octubre de 2023 se marcó un hito en el conflicto de larga data entre Israel y Palestina. El grupo Hamás perpetró el mayor ataque contra Israel en las siete décadas de esta guerra. Al menos cien personas murieron y otras se convirtieron en rehenes. Esta ofensiva tomó por sorpresa a las autoridades israelís que, sin dudarlo, lanzaron una respuesta que marcó el inicio de un ataque masivo a la Franja de Gaza.
Desde entonces, los enfrentamientos bélicos han cobrado la vida de cientos de personas en ambos territorios y también han causado estragos en los lugares que guardan la historia y la memoria de esos pueblos. No es un asunto menor. La destrucción de estos sitios ha significado el desarraigo de las comunidades, pues, como lo señaló Paula Matiz, experta en conservación y patrimonio cultural, “las afectaciones al patrimonio representan la pérdida de los testimonios que son referentes para las personas en términos de su historia. Ese enlace con el pasado es lo que permite ubicarse en el presente y reconocerse como parte de un lugar”.
El 31 de julio finalizó la edición 46 del Comité del Patrimonio Mundial, de la Unesco, que se celebró en Nueva Delhi, capital de la India. Allí no solo se firmaron las actas para reconocer esos sitios que poseen un valor universal excepcional y que, por ende, merecían ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, sino que además se discutió sobre aquellos lugares que están en peligro y merecen los esfuerzos y la atención de este conglomerado mundial. El Monasterio de San Hilarión-Tell Umm Amer, uno de los sitios más antiguos del Medio Oriente, que albergó la primera comunidad monástica en Tierra Santa, ubicado en el centro de la Franja de Gaza, fue una de las nuevas inscripciones a esta lista.
Esta declaración es un inventario en el que figuran aquellos espacios que están en riesgo de desaparecer o que han tenido un detrimento acelerado a causa de proyectos de obras públicas o privadas, utilización de la tierra, abandono, catástrofes naturales o, como en este caso, el conflicto armado.
Matiz explicó que la inscripción de este monumento, además de responder a uno de los compromisos de la Convención del Patrimonio Mundial, de “identificar, proteger, conservar, revalorizar y transmitir a las generaciones futuras” los espacios físicos y tangibles de todo el globo, también es un llamado a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo en ese lugar. Una puerta de entrada al eco de la guerra.
¿Pero qué implica que un lugar entre a la lista del Patrimonio Mundial en peligro? ¿Quién pide y determina su ingreso? ¿Cuál es la responsabilidad de un Estado en esa situación?
El artículo 7 de la Convención establece que todo sitio que haya sido reconocido Patrimonio de la Humanidad puede ingresar a esta lista como una alerta de que algo está ocurriendo allí y se deben tomar medidas. Hay 56 sitios en peligro, entre ellos, el Valle de Bamiyán (Afganistán), la Reserva de Biosfera de Río Plátano (Honduras), la Reserva de Fauna de Okapi (República Democrática del Congo), la Catedral de Santa Sofía y Leópolis, ambos en Ucrania. Las razones de su inscripción son varias, pero, en su mayoría, son el resultado de la guerra.
Adriana Molano, exviceministra de las Culturas y antropóloga, recordó que, en esencia, este listado es producto de lo bélico. “El significado de su existencia está relacionado con la salvaguarda frente a la guerra, porque hace parte de su origen. Esta es una oportunidad de protección y cooperación internacional”.
Cada uno de los 195 países que conforman el Comité puede proponer el estudio para el reconocimiento de un sitio como Patrimonio Mundial o como uno en riesgo. Pero, asimismo, puede ser solicitado por la organización, como contó Molano que ocurrió en dos ocasiones con Cartagena hace algunos años. Una vez por una afectación a las murallas del Centro Histórico y otra por la construcción del edificio Aquarela, que afectó al Castillo San Felipe.
Ambas expertas detallaron que la inscripción de cualquier sitio en la lista exige que el Comité establezca y adopte, en consulta con el Estado involucrado, un programa de medidas correctivas y que se ocupe de la supervisión del estado de conservación del lugar. “No se escatimarán esfuerzos para restaurar el valor del sitio”, declaró la Unesco. No obstante, Molano no dudó en asegurar que este Comité ha evidenciado que el patrimonio es un instrumento político y que así se ha convertido en un escenario de relaciones de poder y negocios, por lo que muchas veces algunos países no reconocen el peligro por ego.
“Hay que decir que desde la visión del país esto se percibe como una incapacidad por proteger ese lugar, por lo que los gobiernos hacen lo posible para que eso no pase. Lo abordan de manera interna”, puntualizó y reflexionó que por esa razón los que aparecen es porque la guerra no ha dejado otra salida.
El peligro de la guerra
Para Matiz, la destrucción o la afectación al patrimonio no es un asunto de azar. En el marco de un conflicto armado puede traducirse en una debilitación simbólica por la importancia que asumen los lugares y elementos físicos para una comunidad. “Muchos de los problemas actuales es porque al destruirse ese lugar la gente sufre desplazamiento forzado y eso propicia que se pierda el lazo con su pasado. Así como ha ocurrido en Colombia. Han arrancado a la gente su relación con la historia y el territorio y eso genera una profunda pérdida cultural”, indicó.
A medida que se agudizan los problemas en el mundo, estas organizaciones han tenido que repensar la lógica bajo la que operan y cómo abordan las problemáticas. Molano, en ese sentido, dijo que la Convención ha cambiado lo que ella llamó “una mirada tradicional del patrimonio. Si no había gente en el lugar era mucho mejor, pero hoy se entiende que en esos espacios habitan personas, como puede ser el caso de los parques nacionales y las comunidades indígenas que, incluso, son actores fundamentales en su cuidado. Eso obligó a que se entienda que sí hay una tensión sobre los problemas sociales que hay alrededor del patrimonio”. Pero enfatizó en que aún falta un trabajo más consciente sobre ello, pues retomó el tema de Cartagena y dijo que si fuera una verdad absoluta lo que se promulga, la Unesco hubiese tenido en cuenta los problemas sociales que atraviesan esta ciudad, como la gentrificación, la exclusión y la marginalización.
Por Samuel Sosa Velandia
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