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Estamos a un mes de que se cumpla el primer aniversario de la radicación del proyecto que busca reformar la Ley 397 de 1997, mejor conocida como Ley General de Cultura. El 7 de mayo de 2025, en un evento frente al Capitolio Nacional en el que no solo participó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, sino también varios representantes de las diferentes áreas de este gremio, se presentó esta iniciativa mediante la cual se busca actualizar el marco normativo que cobija a artistas, sabedores y gestores de las artes en Colombia.
El proyecto, según argumentan sus promotores, responde a una necesidad de tomar en consideración los nuevos retos que enfrenta este sector y que no parecen estar reflejados en la normativa actual. “Han salido otras leyes específicas sobre patrimonio cultural, cine, libros… pero ninguna que reformulara todo el ecosistema cultural, y eso es lo importante teniendo en cuenta que del 97 a hoy ese panorama ha cambiado muchísimo”, afirmó Ana María Galindo, profesional en gestión cultural y miembro de la Asamblea Nacional para la Reforma del Arte y la Cultura (ANRAC), un organismo que participó en la creación de este proyecto junto con el Minculturas.
Sin embargo, cuando se empezó a debatir el Proyecto 630 de 2025 (Cámara), dos recusaciones (una contra la bancada del Partido Liberal y otra contra la del Partido Conservador) por presunto conflicto de intereses hicieron que la discusión se detuviera, dejando en vilo el avance del proyecto al Senado. Esto a pesar de las críticas que varios congresistas hicieron a este nuevo obstáculo y las que la misma ministra de las Culturas expuso recientemente en este diario por la dilación del proceso.
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Los puntos clave de la reforma
Hablamos con algunos de los promotores del proyecto que nos explicaron cuáles son los puntos clave por los que llevan trabajando todo este tiempo.
En primer lugar, todos estuvieron de acuerdo en que era crucial que se reconocieran a los diferentes actores de este gremio en la legislación y no solamente a sus obras. Sandra Vlcek, directora de la ANRAC, habló para EL ESPECTADOR y explicó: “Principalmente el artículo que nosotros incorporamos desde la ANRAC fue el que nos reconoce como sujetos de derechos para poder aspirar dentro de los próximos años a salud, pensión y vivienda, porque las garantías que tenemos como artistas son muy pocas”, afirmó.
Vlcek se refiere a la parte del proyecto que pide adicionar al artículo 1° de la Ley General de Cultura un numeral que diga lo siguiente: “Los cultores, sabedores y gestores de las artes, las artesanías y los oficios creativos son uno de los pilares para el desarrollo, sostenimiento y difusión de las identidades culturales del país. El Estado reconoce su valor y garantiza el pleno ejercicio de sus derechos culturales, sociales y económicos”.
“La 397 hacía un muy buen trabajo protegiendo las obras artísticas y patrimoniales, pero invisibilizaba a sus creadores. Entonces, para nosotros como artistas, artesanos y demás trabajadores de oficios creativos, esta era una de las principales preocupaciones”, contó Francisco Rivera, un artesano de Pasto que también participó en las mesas de diálogo sobre este proyecto de ley.
Adicionalmente, Galindo agregó que otro de los puntos clave que busca reforzar este proyecto es la sostenibilidad económica de la cultura. “Nos importa mucho promover la ampliación de las fuentes de financiación para la cultura, porque históricamente (como se ve también en el diagnóstico del Plan de Desarrollo) estas carteras en municipios y departamentos son de las que menos recursos disponen”, agregó.
Sobre este punto, el proyecto plantea ampliar uno de los mecanismos de recaudo de la ley original, la Estampilla Procultura, cuyo límite pasaría del 2 al 2.5 % para que las entidades territoriales cuenten con más recursos para la promoción de la cultura y el sustento de sus creadores.
A esto se suman otros incentivos que la ministra de las Culturas explicó para este diario, como la reactivación de Foncultura, un fondo creado por la Ley 2070 de 2020 que busca incentivar la inversión directa en este sector. Quienes lo hagan, si este proyecto se convierte en ley, podrán acceder a más beneficios tributarios. “Cualquier empresa privada que quiera hacer una inversión en algún proceso artístico y cultural tendrá una deducción del 165 % en su base gravable y eso es impresionante porque nos va a ampliar el mecanismo de financiación del sector privado a las artes y las culturas, que generalmente solo se desarrollaban en bibliotecas o en la industria cinematográfica. Ahora será a cualquier proceso artístico”, afirmó Kadamani.
Estos son apenas algunos de los puntos expuestos en las 39 páginas del proyecto de ley que hoy sigue sin cruzar su segundo debate en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, sus promotores, al igual que muchos miembros del sector cultural, están a la espera de lo que pueda suceder con esta iniciativa que muy pronto quedará en manos de un nuevo Congreso.
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Por Santiago Gómez Cubillos
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