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Tecnología y cultura, al ‘ring’

La polémica ley española trae a discusión, una vez más, los límites de los usuarios de internet frente a los derechos de autor. En Colombia se trabaja un nuevo proyecto de ley.

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Difícilmente algún tema de política haya reunido a tantos personajes de la cultura en España como lo ha sido el debate sobre la llamada Ley Sinde (por el apellido de la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde), una normativa que busca lo que, hasta hoy, se ha demostrado imposible: combatir la piratería en internet.

Álex de la Iglesia, director y presidente de la Academia Cinematográfica; Agustín Almodóvar productor de las películas del reconocido director Pedro Almodóvar; Fernando Savater, Alejandro Sanz, entre otros cineastas, escritores y músicos, se han manifestado a favor de la medida que pretendía sancionar los sitios web que permiten las descargas sin autorización de los propietarios de los derechos de autor, y que finalmente naufragó entre los debates parlamentarios.

La acalorada discusión, que ha puesto a los internautas y operadores del servicio en la esquina opuesta de estos reconocidos artistas, es un tema que se resolvió en Francia a mediados del año pasado con medidas distintas, pero de cualquier manera ineficientes. Más allá de tratarse de un tema de política interna española, este asunto, que incluso hizo parte de las revelaciones del tan sonado Wikigate (pues la famosa página de Assange reveló que detrás del impulso de esta iniciativa estaban las presiones norteamericanas al gobierno español), interesa al mundo entero y sobre todo al ámbito de la cultura, puesto que los principales afectados son los protagonistas de las industrias culturales.

En la punta de la pirámide están los autores (y están en la punta porque son quienes perciben el menor rédito por sus creaciones). Y en la base, con la principal tajada, las empresas que lo arriesgan todo pero lo ganan todo: productores cinematográficos, editores, editoriales. Aunque parecería evidente que son los creadores y artistas los principales defensores de una legislación restrictiva, no es así al ciento por ciento. De hecho, el abogado experto en temas culturales Gonzalo Castellanos explica que sólo a una parte de la industria le interesa este sistema restrictivo. “En realidad los verdaderos afectados son los dueños de los réditos, es decir, productores y editores, porque las regalías que reciben los autores son del 10% o menos. Es por esto que muchos prefieren estar en la red gratis y ser difundidos a una restricción por tan poco dinero”. Para Castellanos, es una fortuna que en Colombia no haya iniciativas legales en esta línea “no es posible que estemos montados en la sociedad de la información, en la que se habla de que el acceso a la red hace parte de los derechos fundamentales de cuarta generación y ahora sea necesario darles poder a los gobiernos de restringirlos”, afirma el experto.

En España, la cabeza de la cartera de cultura ha sido la punta de lanza de esta iniciativa que naufraga ante la mirada atónita del sector. En el texto “El adversario es otro”, publicado en el diario El País, González-Sinde hace un recorrido por la historia de los derechos de autor desde la cédula real que fue entregada a Cervantes con los derechos por la autoría del Quijote, pasando por Beaumarchais a Immanuel Kant y Mark Twain (quien acuñó el término pirata para el ladrón de derechos de autor).

“Sin embargo, cada generación considera que el suyo es un tiempo nuevo y no tiene obligación de recordar que fue la piratería la que empujó a Cervantes a escribir la segunda parte de su novela, o que fue la piratería, tan frecuente en el cine mudo (otro salto tecnológico), la que acabó con cineastas innovadores como Méliès”, afirma la ministra, para quien el tema no debe mirarse como una pelea de lo tecnológico versus lo cultural, sino como una colaboración que permita a los creadores no sentirse amenazados por la masificación de la red.

Una de las cosas más importantes de todo este debate es lo que afirma la funcionaria europea: “Internet y la digitalización no son un simple salto tecnológico más, sino una descomunal mutación cultural, económica y política sin precedentes”, en este sentido, las industrias culturales tienen que encontrar su lugar, aceptando que el acceso masivo a la red es un derecho y no estar puede ser el peor error. El debate sigue y seguirá por un buen rato.

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