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Una cruz fue lo primero en caer. Ocurrió justo después de que alguien le suplicara a Dios que le protegiera. Enseguida vino el grito, “¡La Catedral, no!”, y luego la caída de la imagen que coronaba la torre lateral derecha. Su aguja se dobló hacia la nave central, mientras que las grietas se dibujaban como telarañas sobre la fachada. Esa escena, la del derrumbe parcial de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, circuló con rapidez en redes y noticieros hasta convertirse en una de las imágenes del terremoto de 7,4 grados que sacudió al país este 10 de agosto.
En el momento en el que comenzó el temblor se estaba celebrando una misa transmitida en vivo y en las imágenes difundidas se puede ver cómo flores, velas y otros elementos caían al suelo, mientras que los párrocos se aferraban a las columnas.
El templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el 29 de noviembre de 1984, no fue el único edificio patrimonial afectado. En el Valle del Cauca, una grieta diagonal se abrió sobre el muro lateral de la Catedral de San Pedro, en Cali. La sacudida desprendió fragmentos del revestimiento blanco, dejó ladrillo al descubierto y obligó a acordonar la construcción.
En la Basílica del Señor de los Milagros, en Buga, el sismo dejó grietas visibles en la cúpula central. Mientras que en el municipio de Jardín, Antioquia, el altar, con su retablo de mármol, sufrió algunos daños que dejaron escombros y algunas imágenes religiosas se quebraron durante el temblor.
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Todos estos templos tienen en común que han sido declarados Bienes de Interés Cultural, o su equivalente previo que está en desuso: Monumento Nacional. La declaratoria BIC comenzó a utilizarse a partir de la Ley 397 de 1997. Esta declaratoria es otorgada a objetos o edificaciones por el Ministerio de las Culturas o el Archivo General de la Razón, debido a su “especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular”, según el artículo 4 de la Ley 397.
De acuerdo con Alberto Escovar, arquitecto y exdirector de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, existen diferentes tipos de declaratorias. Los cuatro casos mencionados responden al ámbito nacional y, además, en casos como el de Manizales, no solo la iglesia está declarada como BIC, sino también el sector urbano en el que se encuentra, lo cual le otorga mayor protección.
Los elementos muebles o inmuebles que reciben declaratorias como esta, según Diana Martínez, coordinadora del pregrado en Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural Mueble de la Universidad Externado de Colombia, son de gran importancia para el país a nivel histórico y cultural. Estas declaratorias deben ser tramitadas a través del Ministerio de las Culturas y, en últimas, aprobadas por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
La protección de estos bienes se reglamentó en 1997. Sin embargo, una reforma, con la Ley 185 de 2008, amplió el régimen especial de protección. “Esto consiste en que toda intervención que se haga en esos bienes tiene que ser autorizada por la autoridad competente, la que hizo la declaratoria. En casos como estos, que son del ámbito nacional, tienen que obtener una autorización de intervención del Ministerio de Cultura. Además, se contempla la formulación de Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP). Las autoridades definen para qué casos se requiere uno de estos planes”, afirmó Martínez.
Eventos como un terremoto u otros desastres naturales son algunas de las contingencias que se contemplan para la preservación de este tipo de bienes. En el caso de los inmuebles, según contó Escovar, se deberá iniciar con acciones de primeros auxilios para evitar que pueda darse una situación que ponga en peligro la vida de las personas y que la estructura pueda deteriorarse en el futuro inmediato. Por su parte, Martínez confirmó que todavía es muy temprano para poder hacer un diagnóstico de la situación, identificar lo que sucedió y la gravedad de la afectación en las iglesias mencionadas. “En este momento la prioridad son las vidas humanas, no es que el patrimonio no sea importante, pero habrá que esperar unos días para entender a profundidad la situación, porque la emergencia humanitaria es lo primero que se debe atender”, dijo.
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Escovar señaló, además, que para realizar esa primera intervención de primeros auxilios, el responsable o propietario del inmueble, en estos casos, la arquidiócesis, debe enviar al ministerio una carta detallando las acciones que realizarán. Luego de que se asegure el lugar y se certifique que es seguro el ingreso de personas, se realiza un diagnóstico que será la hoja de ruta para la restauración que tendría que hacerse, teniendo en cuenta las necesidades de cada iglesia o inmueble afectado.
Sin embargo, en medio de estos procesos no se puede dejar de lado el patrimonio mueble que pueden albergar los templos afectados. Martínez advirtió que es importante que se permita el acceso, con las medidas de seguridad necesarias, para que se haga una trazabilidad de los elementos patrimoniales, con el objetivo de evitar el saqueo o expolio que puede suceder en circunstancias como las que actualmente afectan a Colombia. “La recuperación de los bienes muebles se debe hacer de forma segura y llevarlos a un lugar en el que estén a salvo. Igual que con los inmuebles, se debe hacer un proceso de diagnóstico y revisión para luego hacer la intervención que sea necesaria”, afirmó.
El arquitecto explicó que todo dependerá de los informes técnicos y, en el caso de Manizales, el cual identificó como “el más grave”, se deberá revisar qué clase de presión o efectos está teniendo la torre desplomada sobre la nave central y otras áreas de la iglesia.
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El aspecto financiero
Estos procesos requieren un músculo financiero fuerte para realizar a cabalidad la restauración y cumplir con los parámetros de calidad para inmuebles patrimoniales como los que se vieron afectados. Aunque Escovar relató que históricamente no se ha llegado a un consenso sobre qué entidad asume los costos en casos de iglesias, Martínez explicó que en Colombia se habla de corresponsabilidad en situaciones que conciernen al patrimonio. Aseguró que a pesar de que exista una declaratoria del ámbito nacional, esto no implica que el Estado cargue con la financiación de las labores de restauración. Ambos expertos destacaron el caso de la restauración que se hizo hace unos años en la Catedral de Manizales, en la que tanto la gobernación como la arquidiócesis y el ministerio hicieron parte del proceso en todas sus etapas.
Aunque se desconoce en qué momento comenzarán las labores de recuperación y restauración de estas iglesias, por el momento los templos permanecen cerrados al público y los fieles que deseen entrar a estos lugares de devoción deberán esperar a que se realicen los primeros auxilios, el diagnóstico estructural para garantizar la seguridad al interior de los recintos y la limpieza de escombros.
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