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Hace poco más de dos meses llegó la primera llamada. Después vinieron un par de reuniones más y un mes después otra llamada: “Ya se divirtieron lo suficiente. Queremos el material de vuelta”.
La narración la hizo esta semana Alan Rusbridger, editor del periódico inglés The Guardian, quien hizo públicas las presiones que el gobierno británico ha impuesto a este medio de comunicación para confiscar (o destruir) el material filtrado por Edward Snowden, el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), quien detalló el alcance de las operaciones de vigilancia de este organismo sobre ciudadanos del común en todo el mundo.
Ayer mismo, el gobierno inglés confirmó que fue Jeremy Heywood, el más alto asesor del primer ministro David Cameron, quien contactó al diario para pedirle que entregara el material. “Ya hicieron su debate. No hay necesidad de que sigan escribiendo más”, le dijo otro miembro del gobierno a Rusbridger. El fin de semana, en los sótanos del periódico, dos oficiales de la agencia británica de inteligencia supervisaron la destrucción de los discos duros en donde reposaban los documentos filtrados por Snowden.
La eliminación de estos elementos se hizo con el consentimiento del editor del periódico, quien declaró luego que prefería ver el material destruido que en manos de las autoridades; además, las debidas copias ya habían sido hechas.
La petición del gobierno británico ha despertado todo tipo de protestas por la potencial amenaza que supone contra la libertad de prensa; las motivaciones del gobierno inglés para realizar estas acciones se agrupan fundamentalmente alrededor de la protección de la seguridad nacional; no es posible calcular cuándo un espía chino o norcoreano, o iraní, se tropezará con el material almacenado en el periódico.
Mientras Rusbridger accedía a la destrucción de los discos duros, David Miranda, ciudadano brasileño, era detenido por la policía en el aeropuerto de Heatrow (en Londres) bajo una figura legal que permite la detención de cualquier persona en aeropuertos o pasos de frontera británicos para conducir alguna pesquisa relacionada con terrorismo durante un lapso de nueve horas. Miranda, que se sepa al menos, no es un terrorista: de hecho, no tiene récord de actividad criminal alguna, según sus abogados. Miranda es el novio de Glenn Greenwald, abogado y periodista norteamericano que escribe para The Guardian y quien recibió de manos de Snowden los documentos que prendieron una hoguera que aún arde fuerte.
El brasileño fue sometido a un interrogatorio de nueve horas, durante el cual fue amenazado de ir a la cárcel si no colaboraba; sus pertenencias electrónicas (computadores, tarjetas de memoria, consolas de videojuego, cámaras) fueron confiscadas y, según dice él, no fue preguntado por sus supuestas acciones terroristas, sino por sus vínculos con Snowden y qué tanto sabía de los papeles que han enredado a la NSA. Miranda no es periodista y, al parecer, ni siquiera conoce a Snowden: es el compañero de un periodista, a quien asiste en algunas partes de su proceso de reportería.
La seguridad, al parecer, es un asunto serio en Inglaterra, un país que tiene un promedio oficial de una cámara de vigilancia por cada 11 ciudadanos, lo que supone un total de casi seis millones de estos dispositivos. Entre 2011 y 2012, 64 mil personas fueron detenidas bajo el mismo esquema legal usado en el caso Miranda. Sin embargo, apenas el 4% de estas fue retenido por más de una hora, de acuerdo con cifras publicadas por los apoderados del brasileño.
Ayer, el Comité para la Protección de Periodistas, una organización defensora de la libertad de prensa con sede en Nueva York, le mandó una carta al gobierno inglés para que aclare las circunstancias y motivos que llevaron a la retención de Miranda; la misiva es vista como una formalidad para tratar de entender si lo ocurrido es una retaliación directa contra un periodista que se ha tornado incómodo o, peor aún, si será algo que terminará por convertirse en usual: utilizar herramientas diseñadas para combatir el terrorismo para callar el disenso, por parte de la prensa, en especial.
La práctica no es desconocida. Esto lo sabe Laura Poitras, quien fue la primera persona en ser contactada por Snowden cuando este aún era un contratista anónimo. En un reportaje realizado por el periodista Peter Maass, Poitras cuenta que dejó de enumerar la cantidad de detenciones y acoso en aeropuertos de todo el mundo cuando este pasó de 40. En uno de estos episodios, narra Maass, Poitras logró que un oficial de seguridad austríaco le confesara que la razón de su detención en un aeropuerto de Viena era porque su nombre estaba en una lista realizada por el país de ésta.
Poitras es un elemento extraño ante los ojos de los organismos de inteligencia. Se dedica a una actividad letal: el cine. Documentalista, nominada a los premios Óscar, Poitras es un testigo que reporta lo que ve, tanto como lo son Greenwald o The Guardian, todos blancos de una cierta paranoia que, en nombre de la seguridad, va arrasando con las voces, las otras voces.
slarotta@elespectador.com
@troskiller
