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A partir del próximo jueves, la Sala Plena de la Corte Constitucional comenzará en forma la discusión de un tema que tiene en ascuas al país desde hace dos años: el referendo reeleccionista. El Espectador conoció en detalle los argumentos esbozados por el magistrado ponente Humberto Sierra Porto, por los que solicita declarar la inconstitucionalidad de la iniciativa popular.
En esencia son cinco “pecados” los que critica el jurista para sostener que la ley que busca habilitar al presidente Uribe para un tercer mandato consecutivo tiene profundos y protuberantes vicios en el trámite y en especial en la financiación de la recolección de las firmas.
Sobre este último punto se pronunció Carlos Alberto Jaramillo, presidente de la Asociación Colombia Primero: “El proceso ha sido transparente, juicioso, no ha incurrido en ningún tipo de faltas a la ley. Los denominados vicios harán carrera hasta cuando la oposición continúe lucrándose de ese argumento malévolo que nos ha montado. Es triste que los colombianos que firmaron, más de 5 millones de personas, no puedan expresarse en las urnas”.
Frente al argumento de que cinco congresistas de Cambio Radical que se trastearon para la U para poder votar el referendo reeleccionista —vicio advertido por el magistrado Sierra— dos de sus protagonistas se refirieron al tema. Mientras que la representante María Violeta Niño adujo que en su paso de colectividad no hubo irregularidades, su colega Ángel Custodio Cabrera manifestó que espera conocer los argumentos de la ponencia.
Violación de los topes
Sostiene la ponencia del magistrado Humberto Sierra que se violaron los principios de transparencia y pluralismo consagrados en la Constitución cuando el Comité de Promotores del Referendo sobrepasó los topes máximos de dinero que podía gastar en la recolección de firmas, es decir, $334 millones, y en cambio, los promotores reportaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) gastos por $2.046 millones. En este contexto, la ponencia de Sierra advierte que el CNE no dio el aval sobre la legalidad de las cuentas presentadas por el Comité Promotor para justificar los dineros que se gastaron, algo que vicia por completo todo el trámite, como quiera que afecta la credibilidad sobre el monto reportado y el origen de dichos fondos. En esencia, el magistrado ponente concluyó que se violó el trámite del referendo cuando sin que el CNE diera el aval sobre los recursos contables, la iniciativa fue puesta a consideración del Congreso.
La fachada de Colombia Primero
Otro de los pecados que reseña la ponencia del magistrado Sierra fue la irregular triangulación de dineros que se cruzaron el Comité de Promotores y la Asociación Colombia Primero. Se estableció que un número significativo de miembros del Comité de Promotores también formaba parte de Colombia Primero y que no se entiende cómo un crédito gestionado por la Asociación por valor de $1.900 millones terminó en las cuentas del Comité Promotor. Es decir, se hizo pasar un crédito como un aporte para financiar la recolección de firmas pro referendo reeleccionista, lo que en criterio de Sierra Porto fue una burda maniobra para burlar los topes que exige la ley y utilizar la Asociación Colombia Primero como una fachada para estos propósitos. “Es un escandaloso intento de darle entrada a un fraude procesal, que vicia por entero y de manera inocultable todo el trámite del proyecto de ley”, conceptuaron el ex procurador Edgardo Maya y el ex magistrado Alfredo Beltrán. En últimas, el magistrado Sierra constató que la protuberante violación de los topes, con gastos reportados de más de $2 mil millones, se intentó soslayar a través de una triangulación consistente en hacer parecer como un aporte un crédito por más de $1.900 millones.
El cambio de la pregunta
Aunque el magistrado Sierra dejó constancia en su ponencia en el sentido de que cree que el Congreso puede alterar una pregunta de un referendo popular, el jurista señaló en esta ocasión que el Legislativo no podía hacerlo, porque se modificó sustancialmente el espíritu del referendo que firmaron cerca de cuatro millones de colombianos.
Como se recordará, el texto que inicialmente se presentó a consideración del Congreso habilitaba una nueva reelección del presidente Uribe, pero para 2014. Durante su trámite, la pregunta se cambió para que Uribe pudiera acceder a un tercer mandato consecutivo. Esta modificación sustancial constituye para el magistrado Sierra Porto un vicio insubsanable que debe redundar en la inconstitucionalidad de la ley del referendo.
El decreto de la discordia
La controvertida sesión de la Cámara de Representantes de diciembre de 2008 fue otro de los aspectos que a juicio de Sierra Porto estuvo repleto de irregularidades. Al caer el telón de la legislatura, sobre el filo de la medianoche del 16 de diciembre y cuando agonizaba la aprobación del referendo, se convocó a través de decreto a sesiones extras; sin embargo, no se publicó en la ‘Gaceta Oficial’ incumpliéndose una de las normas de publicidad que son exigidas para el trámite de las leyes. El magistrado Sierra estableció que el Decreto 4742 de 2008, expedido por el Presidente de la República, violó la Ley 5 de 1992 sobre el funcionamiento del Congreso, por lo cual concluyó que la votación de ese día, es decir, la madrugada del 17 de diciembre, carece de validez. Como dato particular, cabe recordar que esa sesión en la Cámara de Representantes ocurrió en la presidencia de Odín Sánchez Montes de Oca, hoy en prisión por cuenta de la parapolítica. En últimas, Sierra Porto determinó que el mencionado decreto no cumplió los requisitos de publicidad para los actos oficiales que se exigen en un Estado democrático y que la publicación en la ‘Gaceta Oficial’ del decreto se formalizó 12 horas después de que hubiera culminado la controvertida sesión, en la que por 86 votos se aprobó, en segundo debate, el referendo reeleccionista (se necesitaban mínimo 84).
Los de Cambio Radical que dieron el sí
Otra de las consideraciones que tuvo el magistrado Humberto Sierra Porto para entregar su ponencia negativa frente al referendo tuvo que ver con el transfuguismo que protagonizaron cinco representantes a la Cámara del Partido Cambio Radical.
La situación se generó el pasado 30 de agosto, dos días antes de una importante votación que definía la suerte en el Congreso del referendo. Ese día, los congresistas Ángel Custodio Cabrera, María Violeta Niño, José Ignacio Bermúdez, Luis Felipe Barrios y Felipe Fabián Orozco fueron anunciados como nuevos miembros del Partido de la U. Este paso de una colectividad a otra les permitió votar a favor del referendo, pues por decisión de bancada de Cambio Radical se decidió no apoyar la iniciativa.
Este transfuguismo constituye para el magistrado Sierra un vicio en el trámite.