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Cecilia Orozco Tascón.- Más allá de la reiteración de fidelidad al orden constitucional que las Fuerzas Armadas expresaron, el incidente de los correos electrónicos entre militares retirados en los que se hablaba en términos poco democráticos, podría indicar que existe una gran desconfianza frente al gobierno ¿Cree que esa realidad quedó al descubierto en los mensajes?
Ministro Juan Carlos Pinzón.- Al incidente de los mensajes de los militares en retiro no hay que darle una dimensión mayor. La reserva activa y las Fuerzas Armadas, sector que conozco porque provengo de él, están compuestas por patriotas que quieren al país. Existen unas preocupaciones que no son de ahora sino que llevan décadas sin solución y que, precisamente, estamos enfrentando ahora: en materia de seguridad jurídica, adelantamos un acto legislativo en el Congreso. Además hay unas reclamaciones salariales que también llevan muchos años, más de 20.
C.O.T.- ¿Y qué va a hacer el gobierno al respecto?
J.C.P.- Por instrucción del presidente creamos una mesa de trabajo con los ministerios de Hacienda y Justicia. Es posible que avancemos por primera vez en muchos años en solucionar a esa problemática.
C.O.T.- ¿La instalaron con ocasión de la protesta de los retirados?
J.C.P.- No. La instalamos desde el mes de enero, en cuanto llegué al ministerio. Hay otras preocupaciones en materia de bienestar que tienen que ver con el hecho de que las Fuerzas crecieron muy rápido y, en cambio, sus sistemas de bienestar se rezagaron. Por tal motivo, estamos haciendo inversiones extraordinarias adicionales por más de un billón de pesos. El presidente, en su discurso de la Escuela Superior de Guerra, en la Cátedra Colombia de la semana pasada, les dijo a las Fuerzas Armadas que de ninguna manera las iba a dejar solas. Es una señal que debe dar tranquilidad.
C.O.T.- Si bien no hay que sobredimensionar el episodio de los correos asegurando que viene un golpe de Estado, tampoco es sano minimizarlo. Los que los escribieron, tienen redes de amigos retirados y activos.
J.C.P.- Esos correos son de un grupo de personas muy limitado. Tanto así que los representantes de las organizaciones serias de retirados, inmediatamente rechazaron esos comentarios. Lo importante es que cada una de las preocupaciones que ellos expresan en medio de sus dificultades, y después de décadas de no ser tomadas en serio, sean afrontadas con sincero esfuerzo.
C.O.T.- Si bien los oficiales retirados de alto rango que expresaron su descontento, advirtieron que no había intenciones de subvertir el orden, también es cierto que insistieron en declararse molestos con el presidente Santos ¿Por qué cree que ellos focalizaron sus sentimientos negativos en el mandatario?
J.C.P.- Como le decía, el malestar por sus condiciones económicas existe desde hace muchos años y el fuero militar sufrió su máximo deterioro en los gobiernos anteriores. Así de simple. Y hoy nos toca encontrar una solución seria. La gente está en su derecho de manifestar sus preocupaciones y yo estoy aquí para ponerle la cara a los problemas. Al mismo tiempo, esas dos o tres personas que en un acto de irresponsabilidad se atrevieron a escribir esas frases, deben saber que estaban actuando contra del orden constitucional. Mi más ni menos. Y por lo mismo no son aceptables sus expresiones.
C.O.T.- Hay unos temas que no solo molestan a los retirados. También a los activos. Por ejemplo, el fuero militar que usted acaba de mencionar. El gobierno presentó un proyecto sobre su fortalecimiento pero grandes sectores aspiran a contar con una protección constitucional más fuerte ¿Cree que este punto está en la esencia del descontento que se manifestó en los correos?
J.C.P.- La gente siempre piensa que se puede hacer más. El alto mando, que debe validar lo que se ha hecho pues tiene la responsabilidad institucional, entiende el contexto histórico, conoce la Constitución y los tratados internacionales, está tranquilo y eso permitió que el acto legislativo hubiera sido llevado al Congreso. Ese acto, al que, es bueno decirlo, los parlamentarios le han incorporado temas, ofrece una serie de avances muy concretos en cuanto a tribunales de garantías para temas procesales, derecho a la defensoría y a que todas las infracciones al DIH sean conocidas por la Justicia Penal Militar salvo unos casos. Yo sí creo que hay un avance sustancial frente a lo que tenemos hoy, un fuero que no opera.
C.O.T.- El problema, es que el fortalecimiento del fuero con los antecedentes que se han vivido en Colombia, carece de legitimidad. Y es un mensaje contradictorio con el del énfasis en derechos humanos que el gobierno quiere enviar a la comunidad internacional.
J.C.P.- No lo creo. El alto mando sabe lo que es factible. En ese sentido, ve el actual proyecto como positivo. Claro, también hay sectores extremistas que de una u otra manera critican todo lo que ocurre con las Fuerzas Armadas. Están equivocados. Quienes componen las Fuerzas Armadas en la actualidad, están comprometidos con el respeto a los derechos humanos. El país no puede olvidar que son ellos los que se sacrifican, los que están entregando su vida y muchas veces, los que están siendo llevados ante una justicia que no conoce de temas operacionales.
C.O.T.- Después del censurable atentado al exministro Fernando Londoño, éste dedicó su primera salida en público a lanzar un duro ataque al gobierno y sostuvo, palabras más, palabras menos, lo mismo que los militares de los famosos correos electrónicos. Vale decir que si el presidente no ejerce el liderazgo que esperan de él, “habrá que encontrar otro” ¿Qué opina de esa coincidencia?
J.C.P.- Le reitero que las dos o tres personas que se atrevieron a escribir algunas frases en contra del orden constitucional, deben responder por sus afirmaciones. En cuanto a lo demás, pienso que tenemos que seguir trabajando en los temas de bienestar y fortalecimiento de la moral de las Fuerzas Armadas y en golpear con decisión a los grupos que están por fuera de la ley. Frente al caso del doctor Londoño, nos duele profundamente lo que ocurrió. Él sabe que es así. Nos corresponde hacer todas las investigaciones para llegar a los responsables y para evitar que vuelvan a ocurrir hechos como el que lo afectó.
C.O.T.- Se entiende la situación psicológica por la que está pasando el ex ministro Londoño. Pero él devolvió con una cachetada la visita que le hizo y la solidaridad que le expresó el presidente ¿No cree que repetir el sentido de los explosivos mensajes de los militares retirados, siendo él un personaje público, es algo diciente?
J.C.P.- Por eso dije antes que lo ideal sería que hubiera una verdadera unión frente a los actos de terrorismo. Es exótico ver que en lugar de esto, termine buscándose el aprovechamiento de tales hechos, los que entre otras cosas, han ocurrido por años en Colombia.
C.O.T.- Hay otro proyecto que molesta mucho a los sectores más conservadores de la sociedad: el marco jurídico para la paz ¿Cree que, como se ha dicho, la posibilidad de una negociación futura con las guerrillas afecta la capacidad operativa y emocional de las Fuerzas Armadas?
J.C.P.- Pues mire, el aporte que aquí le hacemos a la paz es el mismo que se ha venido haciendo estos años: golpear a todos los criminales sin excepción. Eso es lo que ha permitido construir mejores posibilidades de vida de los colombianos. Frente al marco jurídico, hay unos elementos que es importante tener en cuenta: uno, que con él se le da respuesta a unos vacíos de la ley de Justicia y Paz. Dos, que se facilita y permite la desmovilización, una de las herramientas que seguimos utilizando. Y por último, ante a otras inquietudes, invito a leer el discurso del presidente en que deja claro que de ninguna manera los cabecillas de los grupos terroristas van a tener posibilidades políticas.
C.O.T.- ¿Cuánto liderazgo cree usted que ejerce el expresidente Uribe en las Fuerzas Militares?
J.C.P.- Muy poco.
C.O.T.- ¿Así de tajante?
J.C.P.- Así de tajante porque al expresidente Uribe lo admiramos pero estas Fuerzas Armadas son supremamente disciplinadas. Por el otro lado, aunque le reconocen muchas cualidades, nadie olvida las preocupaciones en materia jurídica y de otro orden que quedaron.
C.O.T.- ¿De su gobierno?
J.C.P.- (Silencio)
C.O.T.- Según información oficial, el frente 59 de las FARC, responsable del ataque en la Guajira a un grupo de soldados, estaba solamente a 150 metros del límite con Venezuela ¿No es hora de plantear la aprobación de mecanismos como las persecuciones en caliente?
J.C.P.- La relación con Venezuela ha ido evolucionando. A nosotros nos interesa que haya cooperación efectiva entre los dos gobiernos la cual ya se ha venido dando en casos de narcotráfico. Ahora habrá coordinación a nivel regional por parte de comandantes de ambos lados para, precisamente, mejorar la capacidad de persecución a cualquier organización criminal que trate de abusar de las fronteras.
C.O.T.- ¿los militares de ambos lados cooperan entre sí a pesar de que defiendan ideologías totalmente opuestas?
J.C.P.- La cooperación binacional se ha venido ajustando paso por paso. Como dije, estamos dando un paso importante autorizando que los comandantes de nivel regional puedan hablar con sus homólogos. Nosotros estamos dispuestos a actuar coordinadamente por el bienestar de ambos pueblos. Se espera que los anuncios que se han hecho de perseguir a las FARC y a otros grupos, resulten ciertos y ante todo efectivos.
C.O.T.- ¿La relación personal entre los presidentes Santos y Chávez ha resultado útil para el entendimiento de las fuerzas armadas de los dos países o en el campo persiste la distancia entre una y otra?
J.C.P.-. Se han venido dando unos hitos y unos pasos positivos. El manejo de las relaciones internacionales es un tema del Presidente de la Republica y él ha tratado de contribuir a la estabilidad y a la distensión. Con las autoridades venezolanas hemos sido muy prudentes en público y muy francos en privado. Y así tiene que ser.
C.O.T.- Eso ¿qué significa? ¿Les han hecho reclamos?
J.C.P.- Les hemos explicado cómo vemos los problemas y al mismo tiempo nos parece apropiado mantener las mejores relaciones posibles con los vecinos.
C.O.T.- ¿Después de todo lo que pasó en una semana puede uno pensar que el gobierno está perdiendo la lucha por la seguridad?
J.C.P.- En materia de seguridad, las estadísticas son claras. En febrero comenzamos un nuevo plan que ha venido dando buenos resultados: está cayendo la tasa de homicidios a un ritmo más acelerado que el año pasado que era, a su vez, el mejor en 28 años. Están descendiendo los casos de piratería terrestre; el número de secuestros extorsivos es el más bajo de la década. Y así sucesivamente.
C.O.T.- Sus cifras son diferentes a otras que dan los críticos del gobierno ¿Qué les responde?
J.C.P.- Esperamos no tener (que enfrentar) fuego amigo. En mi caso particular, estoy dispuesto a discutir todas las críticas porque los temas de la seguridad les incumben a todos los colombianos. Aquí tenemos la disposición para reaccionar a las circunstancias o para hacer los ajustes que sean necesarios. Lo que sí no puedo entender es que haya un esfuerzo, toda una campaña para tratar de presentar estadísticamente una situación que no es real y que, fundamentalmente, persigue unos objetivos políticos. Creo que eso no es bueno para Colombia.
C.O.T.- Usted hace una referencia interesante al que denomina “fuego amigo”. Los gobiernos tienen que enfrentar siempre una oposición. Pero ustedes, además de la de izquierda democrática, soportan otra muy poderosa ¿Cómo juzga los últimos ataques al gobierno después del atentado?
J.C.P.- Hay unos sectores criminales que siempre han actuado contra el Estado y tenemos que enfrentarlos. Pero sorprende ver a personas sensatas, cuyas opiniones y planteamientos siempre estuvimos dispuestos a escuchar, tratando de crear un ambiente para tomar ventaja. Es lamentable que eso esté ocurriendo. Le voy a ser muy franco: no tengo tiempo de entrar en ese tipo de polémicas. Mi obligación es solucionar los problemas y hacer las tareas. Hemos venido recuperando el país con mucho sacrificio y con la sangre de soldados y policías pues también hay que decir que esto no está completamente terminado. Es necesario más esfuerzo, más sacrificio y más compromiso.
C.O.T.- El columnista Daniel Coronell lo describió a usted como “un joven brillante y estudioso que no ha podido consolidar su liderazgo quizá por su tendencia a portarse como si fuera un suboficial subalterno de los comandantes y no el ministro que debe señalarles el rumbo político” ¿Esa descripción casa con lo que usted hace en el ministerio?
J.C.P.- Me siento muy compenetrado con las Fuerzas Armadas y me siento muy orgulloso de estarlo. Al mismo tiempo, aquí está claro cómo y quién la ejerce la autoridad. Lo que pasa es que aquí no estamos en un tiempo de espectáculo sino en un tiempo de liderazgo.
C.O.T.- ¿Qué importancia le da usted y tiene hoy en la práctica, la cultura de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas?
J.C.P.- Estas Fuerzas Armadas han avanzado muchísimo y la mentalidad de sus miembros hoy en día es bastante moderna, si se quiere, en ese sentido. Hay un compromiso total con la defensa y el respeto de los derechos humanos. De todas maneras, el país no puede perder de vista que los grandes violadores de los derechos humanos son los grupos criminales que nuestras Fuerzas persiguen.
C.O.T.- Los procesos por los falsos positivos continúan abiertos. Es un dolor interno que tiene la población civil ¿Se preocupan los militares por este tema?
J.C.P.- Recuerde que esos casos están en la justicia ordinaria desde hace años. Si tuviéramos unos mecanismos de justicia más efectivos, estos procesos ya habrían sido resueltos. Se trató de situaciones puntuales. Entre las Fuerzas Armadas y la Policía tenemos casi 485 mil hombres y mujeres. Es una cifra muy alta. Debe haber algunos casos de personas que se comportan de manera inapropiada pero lo importante es que tengamos mecanismos de justicia para poder actuar frente a quienes rompen quiebran la ley y se comportan por fuera del honor.
Los días negros de Santos
Los que acaban de pasar bien podrían llamarse los días negros del gobierno del presidente Santos: atentado contra el exministro Fernando Londoño, hallazgo de un vehículo con explosivos en Bogotá, ataque con saldo de 12 muertos 4 heridos a un patrulla en la frontera con Venezuela, revelación de varios correos electrónicos de militares en retiro en los que se pide proceder a “remover al presidente” si éste no asume el poder con la fortaleza y en el sentido que esperan los críticos, y ácidas palabras del expresidente Uribe contra Juan Manuel Santos. El punto central del ataque del exmandatario y varios de sus amigos en los medios de comunicación a la actual administración tiene que ver con el tema de seguridad, que según ellos, se ha deteriorado por falta de decisión y fortaleza de la administración. A estas afirmaciones el ministro de Defensa opone lo que él llama estadísticas indiscutibles: incremento de bajas en las FARC del 39% al 15 de mayo. Dados de baja o capturados 15 miembros del ELN. Detención de integrantes de bandas criminales con un aumento del 7%. Incremento de incautación de explosivos a 23 toneladas y de cocaína a 65 toneladas, un 8% más que el año pasado. E intervención de más de 300 minas ilegales, a las bandas criminales.
Batalla de estadísticas
Un informe del pasado 13 de abril, del denominado Centro de Seguridad y Democracia que dirige Alfredo Rangel en la Universidad Sergio Arboleda, sostiene todo lo contrario de las cifras oficiales. Según el documento que se denominó “Primer trimestre de 2012: persiste el deterioro de la seguridad”, este año “las acciones de la guerrilla se incrementan mientras los operativos de las Fuerzas Militares disminuyen y la mayoría de los indicadores de seguridad urbana se deterioran”. De acuerdo con el estudio, hubo incremento en los atentados contra la infraestructura económica, los retenes ilegales y los secuestros. En cuanto a este último delito, el aumento habría sido del 27% con relación al año anterior y sería el más alto de los últimos cuatro años. La estadística que menciona el informe de Rangel, reconocido defensor de las tesis y políticas de Álvaro Uribe y su antiguo asesor en materia precisamente de seguridad, los retenes ilegales tuvieron un aumento del 400% con relación al 2011. Los ataques a la infraestructura habrían trepado 57% y los sabotajes a la industria petrolera, en un 160%. La confrontación por los indicadores entre los antiguos aliados, Uribe-Santos, se ha convertido en el punto central de la discusión para demostrar el triunfo o fracaso del actual gobierno con respecto al anterior. Difícil saber quién tiene la razón.