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Carmen Palencia tiene 47 años, dos escoltas y una bala alojada bajo su omoplato izquierdo. Lleva la mitad de la vida esquivando la muerte: el primer atentado de los paramilitares en Córdoba la dejó sin esposo y sin parcela en 1989, el segundo le voló un dedo de su mano zurda en 1995, el siguiente la privó del terreno al que había huido en Urabá en 2002, y este año las amenazas la tienen desplazada en Bogotá por liderar el movimiento nacional de víctimas que exige la restitución de las tierras despojadas por paras, guerrillas, testaferros y empresarios rurales.
Palencia tiene el hablar seguro de quien ha domesticado el terror en las entrañas. “Las víctimas decidimos organizarnos y reclamar nuestros derechos. Por eso hemos sido tan visibles y por eso ha habido tantos muertos recientes”, dijo cuando se le informó que El Espectador la incluyó en su lista de personalidades de 2011. Y aclaró que los verdaderos personajes del año son quienes no lo sobrevivieron: los seis dirigentes de la Asociación Tierra y Vida, que encabeza, asesinados en los últimos once meses.
Cuenta las minucias de la muerte de sus compañeros y, por un momento, su voz pierde la dureza de la sobreviviente. “Pareciera que soy una persona muy fría”, confiesa, como si el tono no la hubiera delatado, “pero me parte el alma cada atentado”, como el que acabó con la vida de David Góez en Medellín, en marzo, o el que dejó al pueblo indígena embera sin su líder, Fabio Domicó, en noviembre, ambos cofundadores de Tierra y Vida.
Es el efecto paradójico de la Ley de Víctimas, que al aumentar la probabilidad de la restitución ha disparado la violencia contra sus potenciales beneficiarios. Por eso Palencia resume la petición de los 9.000 miembros de su organización en una sola: “Que capturen a todos los testaferros —a todos los empresarios, ganaderos, comerciantes— que son los que están financiando a las bandas que nos están matando”. La misma que han presentado sin éxito a la Fiscalía y al Gobierno, cuya política de víctimas han respaldado, pero cuyo poder de garantizar su seguridad ponen en duda.
Con la pronta entrada en funcionamiento de las entidades de restitución y reparación a las víctimas, se sabrá si el Estado tiene la capacidad institucional para revertir el robo. Pero la suerte de la justicia transicional en Colombia depende también de la movilización de víctimas que reclamen sistemáticamente lo que es suyo.
Carmen Palencia es personaje del año precisamente porque simboliza el trabajo de las muchas asociaciones de desplazados y despojados que se han creado o consolidado alrededor del proceso de la Ley de Víctimas. Una muestra son las organizaciones y la Mesa de Concertación indígenas que, lejos de las cámaras, llevan todo el año en un proceso ejemplar de consulta y discusión con el Gobierno y las comunidades de todo el país. Si el Gobierno cumple lo acordado, el proceso terminará con la expedición de un decreto histórico para pueblos indígenas víctimas del conflicto armado.
“¿Qué sigue para el movimiento de víctimas?”, le pregunto a la líder de Urabá antes de cerrar nuestra entrevista. Se nota que ha pensado bastante en el asunto, porque tiene respuestas certeras y ejemplos a la mano. Primero, hay que coordinar el trabajo de asociaciones de víctimas de diferentes regiones, como lo está haciendo Tierra y Vida al abrir sedes en Bogotá, Cartagena, Montería, el Oriente Antioqueño, Quindío, Tolima, Urabá y Valle.
Segundo, hace falta exigir compensación, no sólo del Estado, sino de los perpetradores y cómplices del despojo. Por eso el siguiente paso de Palencia es un viaje para convencer a los gobiernos europeos de apoyar su propuesta de cobrar una contribución de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado a Europa, con destino al Fondo de Reparación de Víctimas. La tasa es la misma que, según las denuncias sobre la paraeconomía, las compañías bananeras pagaban para sostener a los grupos paramilitares de Urabá a finales de los noventa.
No sería la primera vez que Carmen Palencia le da la vuelta a la suerte. Pero en esta ocasión no sería sólo la suya, sino la de más de cuatro millones de víctimas del conflicto armado.