“No es cierto que estemos delirantes y escondidos bajo los escritorios”

Las tensiones de la Casa de Nariño con la Corte Suprema no ceden. Ambos poderes parecen destinados a enfrentarse hasta el final de las dos o tres administraciones de Álvaro Uribe. El temperamento del Presidente y su particular manera de gobernar, tienen mucho que ver con esta atípica situación de confrontación de los órganos del Estado colombiano, donde a pesar de todos los problemas de hondas raíces que han soportado los habitantes del país, siempre, hasta ahora, se había mantenido el respeto a la independencia de las ramas.

El caso más reciente de hostilidad interinstitucional fue revelado por la revista Semana y se relaciona con un inmenso operativo ilegal por parte de funcionarios del DAS —agencia de inteligencia de la Presidencia—, que tenía como objeto interceptar llamadas, realizar seguimientos y hacer pesquisas sobre los opositores del gobierno, periodistas críticos y… magistrados de la Corte.

La respuesta del palacio presidencial a los cuestionamientos que surgieron en torno al carácter antidemocrático de estos hechos, fue la negación de su responsabilidad política, de un lado. Y del otro, la abundante participación en medios de comunicación de los principales consejeros del Mandatario, para descalificar a quienes estaban pidiendo explicaciones, entre ellos, a los miembros de la Corte. A ésta, por ejemplo, el recién retirado asesor José Obdulio Gaviria la llamó “partido político”, denominación con la que buscaba desacreditar al tribunal, pues se entiende que los que actúan con intereses partidistas tienen sesgos alejados de la neutralidad que debe regir a los jueces.

De todas maneras, el hecho de que en este escándalo de espionaje subrepticio esté involucrado el organismo de seguridad que le reporta sus informaciones a la Casa de Nariño, es un síntoma grave. Así lo cree la Sala Plena del alto tribunal, que ha dicho que aunque sabía de tiempo atrás que existían tales irregularidades, por primera vez las ‘chuzadas’ se le pueden atribuir al DAS, lo cual hace que de simples sospechas sobre quiénes son los ordenadores de esas tareas, se pueda pasar a la etapa en la que se pueden constituir indicios serios sobre su autoría intelectual.

Uno de los magistrados más connotados de la Corte, Jaime Arrubla Paucar, antioqueño graduado en Derecho de la misma universidad, generación y origen regional de Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, Gabriel Salazar (defensor del hermano del ministro del Interior, Guillermo Valencia Cossio) y alguien tan disímil como Piedad Córdoba, expresa sus opiniones sobre este delicado asunto, opiniones que con seguridad son compartidas por el pleno de la Corte.

Cecilia Orozco Tascón.- A esta altura de los escándalos por las ‘chuzadas’, ¿no hace falta que aparezca un ‘rafael garcía’ (funcionario del DAS que denunció los ilícitos en época del director Jorge Noguera), para que la investigación del caso tome forma real?

Magistrado Jaime Arrubla.- Para el éxito de cualquier investigación es necesario que haya pruebas. En la Corte Suprema nos sabemos interceptados, interferidos, perturbados y molestados. A raíz de las recientes publicaciones sobre el tema en la revista Semana, por fin se ha concretado un indicio que podría ayudar a dilucidar de dónde vienen esas interceptaciones las que, según esas noticias, salen del DAS. Un testigo estrella sería una prueba reina, como usted lo sugiere, pero hay otros medios de prueba. En todo caso, esperamos que haya resultados. Y eso implica que se sepa quiénes son los autores materiales, los coautores, los autores intelectuales del ilícito.

C.O.T.- Algunos críticos de la Corte opinan que ustedes están obsesionados y que padecen una especie de delirio de persecución porque no hay pruebas concluyentes. ¿Cree posible que el temor los esté haciendo ver fantasmas?

M.J.A.- No. Hace tiempo que sabemos que estamos interceptados, pero no nos hemos puesto nerviosos, ni tenemos por qué estarlo, porque nunca decimos nada en público ni en privado que vaya contra la Constitución y la ley. Si quienes nos chuzan lo que están buscando es que caigamos en una trampa o en algún desliz de la vida privada para convertir eso en precio de una extorsión, han perdido su tiempo, porque no lo lograrán. Por fortuna, la Corte está compuesta por gente madura que ha trasegado la vida, aunque como cualquier ser humano, alguien podría cometer errores.

Sin embargo, de ahí a que haya delirio de persecución, hay una distancia. Aquí hay una realidad, y lo que hacemos es analizarla: los anónimos llegan físicamente; hay grabaciones; el apartamento de un magistrado fue asaltado y no se robaron sino el computador; ha habido amenazas directas a las familias, etc. Son hechos que empiezan a tomar forma a medida que se van dando, y que unidos con otros, dan lugar a una interpretación preocupante. Pero no es cierto que estemos delirantes y escondidos bajo los escritorios.

C.O.T.- ¿Ustedes creen en la hipótesis de que mandos medios y bajos del DAS han hecho las interceptaciones a espaldas de los directores de turno?

M.J.A.- La Sala Plena, en sus declaraciones, ha opinado que este no es un hecho aislado. Por el contrario, piensa que es sólo un episodio de muchos que han sucedido. Todo parece indicar que hay un designio criminal. Esa hipótesis de que se trata de mandos medios no parece muy creíble, por la dimensión de lo que ha pasado y porque se trata de una serie de eventos que coinciden con la investigación de la llamada parapolítica que adelanta la Corte. Uno pensaría, al menos dentro de otra hipótesis, que lo sucedido puede obedecer a propósitos de personas más calificadas. Pero serán los resultados de las investigaciones, los que indiquen cuál es la hipótesis real.

C.O.T.- ¿Diría entonces que hay un complot contra la Corte Suprema por las investigaciones sobre la parapolítica?

M.J.A.- Creo que sí. Un proceso como el de la parapolítica, en el que se involucran grupos armados de narcotraficantes, paramilitares y parte de un estamento político del país, tiene que molestar a muchos. El complot se ha ejecutado en varios niveles, que van desde el argumentativo hasta las injerencias de las que se ha hablado recientemente. Incluso, alguna vez oímos que unas personas muy importantes de Medellín estaban dando dinero para organizar un grupo de comentaristas y articulistas que desacreditaran a la Corte. En otras palabras, para deslegitimar al juez y minarle su credibilidad.

También hemos oído decir en altos estamentos que no se van a dejar amedrentar de los magistrados. Aquí no se amedrenta a nadie. Se respetan las demás ramas del poder público, pero la Corte tiene que cumplir con sus funciones constitucionales y una de ellas es la de investigar los delitos que cometan algunas dignidades de la nación. Es obvio que esta labor incomoda y cuando los investigados son muchos, casi parece una crisis institucional. Pese a ello, nada ni nadie puede intimidar a la Corte para que incumpla sus deberes.

C.O.T.- ¿Cómo así que algunos estaban poniendo plata en Medellín para que un grupo de columnistas desacreditara a este tribunal? ¿Quiénes estaban involucrados en ese plan?

M.J.A.- No sé los detalles. Llegó a la Sala Plena el comentario de que había personas que veían las actuaciones de la Corte como un agravio a ciertas políticas, y que tenían que defenderse y emprender un plan de manejo de opinión para minar su prestigio. No aseguro que estuvieran ejecutando un acto delictivo. A lo mejor estaban firmemente convencidos de que había que enfrentar a la Corte de esa manera. Como desde otros frentes se critica a la Corte por tener sesgo político, hay quienes han creído necesario confrontarla en el mismo campo. Mire usted: se dice públicamente que estamos actuando como partido político y a éste se le combate con política. En esa pelea, cualquier hueco puede ser trinchera.

C.O.T.- De todas maneras, un movimiento de opinión montado de esa manera es inmoral.

M.J.A.- No quisiera calificarlo, pero si uno se pone a relacionar todo lo que ha sucedido, el resultado es que el complot sí existe.

C.O.T.- Usted asegura que uno de los frentes de ataque a la Corte es el argumentativo. ¿Cree que el ‘cruzado’ de ese frente contra la Corte es el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, que precisamente fue quien calificó a la Corte como “partido político”?

M.J.A.- En primer lugar, no quiero hablar de ninguna persona en especial, porque no tenemos soporte investigativo que nos indique una responsabilidad individual. En segundo lugar, y tal como ya lo señaló la Corte, no nos referimos a afirmaciones o conductas de particulares. El doctor Gaviria ha sido un contratista del Estado y debe de haber cumplido el contrato que tiene, el cual, según ha dicho, es de asesoría política. Pero, en general, sí se puede resaltar que la Corte no hace política partidista, y que no está en pro ni en contra de nadie, ni de gobiernos ni de ningún otro poder. Lo único que hace es administrar justicia.

C.O.T.- Aunque quieran ignorarlo, ustedes no pueden desconocer que quien tacha a la Corte de “partido político” ha sido uno de los consejeros más próximo al Presidente. Súmele a eso la denuncia penal del Comisionado de Paz contra varios magistrados ¿No les indica eso la participación de la Casa de Nariño?

M.J.A.- No hay duda de que las actuaciones constitucionales de la Corte han molestado a algunos círculos del Gobierno, porque muchas de las personas procesadas por la Sala Penal hacían parte de su equipo político. Esa molestia se manifiesta en expresiones, persecuciones o descalificaciones.

C.O.T.- ¿La decisión de ponerle policía al DAS es satisfactoria para ustedes?

M.J.A.- Como jueces, no nos corresponde censurar las actividades del Ejecutivo. Así como estoy absolutamente convencido de que el Ejecutivo no debe censurar nuestra función como jueces, mal haríamos nosotros ahora en censurar decisiones de carácter administrativo de quien tiene esa función en el Estado colombiano. Lo que reclamamos es que se tomen esa y todas las medidas que sean necesarias para conjurar esta crisis. Y aunque ya sabíamos que existían esos seguimientos, ahora el tema ha tomado mayor dimensión. Aquí no preocupa sólo la seguridad de un magistrado ni de dos ni de tres, sino que se trata de la seguridad de toda la Corte. Y cuando está en juego la seguridad de la Corte, está en juego la seguridad del Estado. Por eso esta situación amerita, primero, preocupación; segundo, atención; tercero, ingenio, y cuarto, acción. El futuro dirá si las medidas tomadas por el Gobierno fueron razonables.

C.O.T.- ¿Por qué, a su juicio, el Presidente decide enfrentar a uno de los máximos tribunales?

M.J.A.- Se presentaron varios sucesos que el país recuerda. No obstante, creo que hay que recuperar la armonía, porque las tres ramas del poder público tienen que caminar en el mismo sentido para poder cumplir los fines del Estado. No puede haber una rama enfrentando a la otra. Hay que ceder para que cada cual pueda cumplir su cometido. Pero si los asesores opinan que la Corte es un partido político, ¿qué se espera que haga el asesorado? Lo están induciendo a cometer errores filosóficos profundos.

C.O.T.- Se sabe que la ‘armonía’ para el Presidente consiste en que los demás se alineen con sus objetivos políticos. ¿La Corte estaría dispuesta a ceder en sus conceptos jurídicos?

M.J.A.- De ninguna manera. No entro a calificar qué significa armonía para el Ejecutivo, porque lo que interesa es la armonía para el Estado. Y ésta consiste en que cada poder respete las decisiones del otro. Pero armonizar jamás podría implicar que la Corte pierda su autonomía. El día que no haya jueces independientes, el país estará perdido.

C.O.T.- Ustedes han dicho varias veces que acudirán a instancias internacionales para denunciar lo que está pasando en Colombia. ¿Esa decisión implica que la Corte no se siente protegida ni segura aquí?

M.J.A.- El año pasado hicimos un pronunciamiento público cuando sentimos que había un boicot contra la Corte y estuvimos en Cartagena con los representantes de la ONU para la independencia judicial y con el fiscal Moreno, de la Corte Penal Internacional. Los pusimos al tanto de lo que estaba pasando. Ahora hemos vuelto a decir que podríamos echar mano de los instrumentos internacionales, si vemos que nuestra independencia se encuentra seriamente amenazada. Esa es nuestra obligación.

C.O.T.- No puede negar que incluso los magistrados más independientes y con mayor carácter, son seres humanos que pueden sentir temor. ¿Cree, como se comenta en algunos círculos, que algunos miembros de la Corte ya no están cumpliendo sus funciones por físico miedo?

M.J.A.- No lo creo. Soy testigo de que la Corte está compuesta por personas convencidas de su labor, y que son profesionales, patrióticas y con un carácter muy firme. Entre los compañeros que podrían ser más vulnerables, es decir, los de la Sala de Casación Penal, he visto compromiso profundo con el país y con su oficio.

C.O.T.- La Corte no ha podido ponerse de acuerdo para elegir a su nuevo presidente, después de ocho largas sesiones. ¿Significa que lograron dividirlos desde afuera?

M.J.A.- Nooo, nada de eso. Indica que hay diálogo y que se quiere acertar.

Anónimos y amenazas

C.O.T.- ¿En qué consisten las amenazas que le han llegado?

M.J.A.- El año pasado me hicieron llamadas de orden extorsivo. Y este año me llegó un anónimo en que me advertían que mi celular estaba interceptado.

C.O.T.- ¿Constató si tenía razón el anónimo?

M.J.A.- Uno no sabe cuándo está siendo escuchado y cuándo lo dejan de oír  (risas). Me han visitado varios técnicos de la Policía y me han hecho unas recomendaciones muy sensatas.

C.O.T.- Si creyera que el riesgo para usted o su familia se incrementa ¿Pediría asilo político en algún país?

M.J.A.- Afortunadamente no ha sido necesario considerar esa  posibilidad.

C.O.T.- ¿Cuántos miembros de la Corte se sienten hoy amedrentados, perseguidos o amenazados? 

M.J.A.- Como institución,  toda la Corte. Individualmente, los magistrados que ya ha señalado la prensa,  y otros más.

C.O.T.- La ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, aseguró que no había dado la orden de chuzar a la Corte o de hacerle seguimientos ¿Qué piensa hoy de esa declaración?

M.J.A.- A las personas hay que creerles por el principio de buena fe al que estamos obligados. Pero hoy no sabemos si la mencionada  funcionaria estaba desinformada, lo que es muy grave por su calidad de cabeza de la inteligencia del Estado; o si no dijo  lo que sucedía, lo cual es todavía más grave.

De carácter

Jaime Arrubla Paucar es uno de los magistrados con mayor ascendiente en la Corte Suprema por su sólida formación académica y por su carácter, el cual pese a ser firme e independiente, es al mismo tiempo mesurado. Esas cualidades le han sido útiles en los momentos críticos de la  confrontación del gobierno con el alto tribunal, y explica por qué le piden que sea su vocero frente a ciertos temas. Se especializó en Relaciones Laborales, Derecho Civil, Comercial y Privado.

Su hoja de vida es peculiar porque ha ejercido cargos jurídicos dentro del Ejecutivo, como la Secretaría General de la gobernación de Antioquia, y la Jurídica, en la administración del ex presidente Andrés Pastrana. Pero también se ha desempeñado en una de las más prestigiosas plazas de la rama judicial: la sala civil. Es autor de una decena de publicaciones y ha sido decano y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana, de Medellín. Ha dictado cátedra en los postgrados de la carrera en  el Externado, Los Andes, la Javeriana y la Sergio Arboleda. Aunque sus contradictores han querido descalificarlo porque actuaría bajo las órdenes políticas de Pastrana, sus sentencias se han encargado de demostrar lo contrario, por la autonomía y peso de sus consideraciones jurídicas.