«Siento un dolor inmenso por lo que está sucediendo»

Cecilia Orozco Tascón.-  El ex presidente Uribe y sus más cercanos colaboradores sostienen que no hay garantías en el país para juzgar a los ex funcionarios de su gobierno. El hecho de que Panamá le haya concedido asilo a la ex directora del Das ¿Para usted, eso significa que el gobierno Martinelli cree que Uribe tiene razón?

Magistrada María del Rosario González.- No me corresponde hacer interpretaciones sobre decisiones autónomas de los Estados soberanos pero como presidenta de la Sala Penal, enfáticamente le contesto que lo que se afirma sobre una supuesta politización de la Corte no es cierto. Nos ha tocado enfrentar investigaciones que afectan a personas del mundo político y esa ha sido la razón para confundir la actividad constitucional de la corporación, con otras. Lo que hemos hecho es investigar cuando y como debíamos hacerlo.  Si se señala a unos miembros de la Corte de un asunto tan grave como es el de desviar la administración correcta de justicia por razones políticas, debería hacerse con nombres, apellidos y casos concretos. Yo no he oído que se asegure de un determinado magistrado, que tomó una decisión contraria a derecho por motivaciones ajenas a las propias del proceso.

C.O.T.- En el escenario jurídico internacional que siempre ha apoyado a este tribunal ¿Qué tan grave es que una persona cuya investigación iba a llegar algún día a ustedes, se refugie en otro país y se le acoja por presunta persecución política de la justicia colombiana?

M.R.G.- La comunidad internacional debe evaluar lo que está sucediendo en Colombia. Ese asilo va a influir de manera determinante en las investigaciones que se adelantan por lo que se ha denominado las ‘chuzadas’ del DAS ¿Cómo influirá? Las víctimas, y entre ellas los magistrados de la Corte, tal vez nos quedaremos sin conocer el fondo de lo que pasó.  Pero más allá de nuestro propio sentir, se encuentra el problema de la estabilidad de relaciones entre las naciones. Llamo la atención de la comunidad internacional para que examine las razones que tuvo el Presidente de Panamá para otorgarle protección política a la señora Hurtado, y para que analice si esa decisión corresponde a la esencia de la figura del asilo que pactaron los Estados.

C.O.T.- De todas maneras, el efecto político está creado ¿El prestigio internacional de la Corte quedará menguado después de concedido el asilo a Hurtado?

M.R.G.- No lo creo. La comunidad internacional observará que una cosa es el asilo político que, como su nombre lo indica, se concede por motivaciones políticas, y otra cosa bien diferente es el de las medidas cautelares otorgadas por un órgano supranacional de justicia como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El asilo político es decisión de un gobierno. El de las medidas cautelares, de un tribunal  de derechos. El uno está en el campo de la política, el otro, en el de la justicia. Conociendo todo esto, la comunidad de naciones sabrá cómo analizar la situación.

C.O.T.- Precisamente usted tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Lo mismo sucede con otros magistrados ¿Se siente afectada personalmente por el asilo concedido a quien supuestamente ordenó los seguimientos ilegales a ustedes?

M.R.G.- Varios magistrados y ex magistrados tenemos medidas cautelares y hay otras peticiones en trámite. Eso quiere decir que, contrario a lo que usted sugiere, la comunidad internacional ha visto las pruebas y creyó que nosotros corremos riesgos por nuestra actividad como jueces. Desde el punto de vista humano y personal de María del Rosario González, siento un dolor inmenso por lo que está sucediendo. Pero me sobrepongo porque tengo una investidura de juez que debo respetar y que me compele a cumplir todos los días, sin pausa y sin descanso, mis obligaciones.

C.O.T.- las declaraciones del presidente encargado de la Corte en contra del asilo político a María del Pilar Hurtado, se tomaron como demostración reina de que la ex funcionaria no tiene garantías de juicio imparcial ¿Qué opina al respecto?

M.R.G.- El doctor Arrubla no concurre a la Sala Penal porque es un magistrado de la Sala Civil. Entonces no tiene incidencia en ningún caso, en cualquier proceso que se le pudiera adelantar a María del Pilar Hurtado si esto llegara a suceder. Además, creo que el presidente (e) de la Corte fue malinterpretado.

C.O.T.- Lo cierto es que de un momento para otro ustedes pasaron de ser víctimas a ser victimarios. Este cambio de roles ¿Cómo será asumido por la Sala Penal cuya actividad siempre ha estado en el eje de la polémica?

M.R.G.- Es muy extraño que se diga que la Corte es victimaria cuando ni siquiera tiene el proceso de la señora María del Pilar Hurtado que se encuentra todavía en la Fiscalía. Y tenga en cuenta que, muy seguramente, si ese proceso llegara a la Corte, los magistrados tendríamos que estudiar una decisión con respecto a nuestra competencia y posible impedimento, así como la tomamos en el caso del señor Pretelt.

C.O.T.- Las críticas a la Corte no son de ahora. Hace un par de años que se habla de los sesgos ideológicos de la corporación. La prueba estaría en las decenas de investigaciones y condenas de la parapolítica y la casi nula actividad en el caso de la farcpolítica ¿Qué responde a este cuestionamiento?

M.R.G.- Como presidenta de la Sala Penal estoy en la obligación de ser fiel a la realidad: tengo la seguridad de que los 8 magistrados que la componemos en este momento, somos ajenos al devenir político sin que eso quiera decir que no nos enteramos de lo que está sucediendo en el país. Cumplimos estrictamente con la labor de los jueces y administradores de justicia y nadie puede sostener, después de estudiar las sentencias que hemos emitido, que los fallos no tienen todo el fundamento jurídico de cada caso. Otra cosa es que los comentaristas ejerzan su libre derecho a opinar lo que deseen.

C.O.T.-  ¿Por qué hay tantos procesados por la parapolítica y ninguno por la farcpolítica?

M.R.G.- Porque ha habido abundancia de pruebas en los casos de la parapolítica y no ha sucedido lo mismo con la farcpolítica. Hacemos reuniones periódicas con los magistrados que llevan los procesos de este último fenómeno y si no se ha avanzado es porque no se han hallado las pruebas. El país debe tener la absoluta certeza de que ni la Sala Penal ni la Corte actúan de manera parcializada, para favorecer a un sector que se encuentre en la contienda nacional.

C.O.T.- La Sala Penal se declaró impedida, la semana pasada, para juzgar a Sabas Pretelt de la Vega por el tema de la yidispolítica ¿Cuál es el fundamento jurídico de tal decisión? 

M.R.G.-  La Sala Penal firmó esa declaración en el  proceso contra el ex ministro Pretelt de la Vega porque la ley ordena que los funcionarios se declaren impedidos cuando hayan emitido opiniones sobre el asunto materia del proceso. Tuvimos en consideración que en varios casos, principalmente en el de Yidis Medina y  Teodolindo Avendaño, hicimos algunas referencias al ex ministro y por eso debíamos guardar los principios de imparcialidad y transparencia de la justicia aunque no hubiéramos estudiado de fondo su situación.

C.O.T.- Cuando la Sala Penal dictó la sentencia de Yidis Medina, decidió compulsar copias a la Fiscalía para que investigara al ex ministro ¿Significa que ustedes ya tienen un concepto previo sobre la conducta de Pretelt?

M.R.G.- Cuando uno hace una consideración dentro de un proceso, está ligado a lo que dice: a sus palabras y a sus conclusiones. Si la Sala Penal mandó una petición para que el señor Pretelt fuera investigado, obviamente había un concepto que podía interpretarse como una decisión en su contra. Repito: era conveniente para la correcta administración de justicia que se declarara el impedimento.

C.O.T.- Días antes, Pretelt había dicho en entrevistas de radio que no creía que la Corte pudiera garantizar imparcialidad en su caso ¿Esa declaración influyó en la decisión de impedimento de parte de ustedes?

M.R.G.- De ninguna manera. Es una simple coincidencia. La declaración de impedimento se produjo cuando llegó el proceso a la Corte. Las declaraciones del ex ministro no influyeron en la posición que asumimos.

C.O.T.- Aunque lo ha negado, el ex ministro podría llega a ser beneficiario de asilo político en algún país ¿Qué pasaría con el juicio que tiene pendiente en Colombia en caso de que eso pasara?

M.R.G.- Los conjueces que asuman el proceso, decidirán qué hacer en el caso concreto del doctor Pretelt. Pero en términos generales, cuando una persona no está presente por decisión voluntaria o involuntaria, la ley procesal prevé el derecho de defensa. Se le nombra un abogado de oficio para que lo asista en el proceso y el juicio continúa.

C.O.T.-  Con la nueva terna ¿Será posible elegir Fiscal General?

M.R.G.- Aspiro a que logremos, en la Corte, superar todos los problemas. Es lo único que le puedo decir porque la decisión corresponde a la sala plena.

C.O.T.-  En su oficina vi muchas imágenes religiosas ¿Usted confía más en la justicia divina que en la humana?

M.R.G.- Aquí en la tierra hay que confiar en la justicia humana.

C.O.T.- Pero por lo que veo, usted confía más en la de Dios a pesar de que no lo confiese en voz alta.

M.R.G.- Soy creyente y una católica convencida pero la labor de hacer justicia pertenece a la tierra y la separo totalmente de mis creencias.

¿Asilo en masa?

El asilo territorial concedido a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado por Panamá, parece ser solo el inicio de una estrategia ideada por el  ex presidente Uribe y sus asesores cercanos quienes han venido entregando declaraciones sobre la presunta politización de la justicia colombiana, el argumento con que Panamá decidió proteger a Hurtado. En efecto, se ha rumorado en los círculos políticos y periodísticos que varios ex funcionarios del gobierno anterior que tienen líos con la justicia, estarían preparando su camino hacia el exilio antes de tener que enfrentar juicios y probables encarcelamientos por la comisión de delitos como concierto para delinquir, cohecho, falsedad en documento público, extralimitación de funciones etc. Entre ellos se han mencionado, además de Hurtado, al ex ministro del Interior Sabas Pretelt, que aunque negó que estuviera buscando refugio en otro país, fue desmentido por Costa Rica que reveló que Pretelt le había solicitado el asilo y que se lo negó. Las versiones sobre fuga hacia el exterior cobijan también ex ministro Diego Palacio, que intentaría blindarse aprovechando la nacionalidad española de su esposa. Y por último, se relaciona a Bernardo Moreno y a José Obdulio Gaviria como otros que habrían estado tramitando su salida de Colombia.

La dama “de hierro” de la Sala Penal

María del Rosario González de Lemos es la actual presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, precisamente la sección de ese alto tribunal que se encuentra en el ojo del huracán, pues son las decisiones sobre preclusiones o condenas de miembros de la clase política y ex funcionarios de gobierno, las que han provocado una enorme crispación entre las ramas del poder. González es la única mujer de la Sala y se le conoce internamente como una dama “de hierro” por su verticalidad y la firmeza de sus conceptos jurídicos. Nació en Palmira (Valle del Cauca); es abogada de la Universidad del Cauca e hizo especializaciones en Derechos Humanos, en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, además de una maestría en Criminología, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Fue juez Promiscuo Municipal, juez de Instrucción Criminal y juez del Circuito. Más tarde ascendió a magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Cauca, del Tribunal de Cali y posteriormente, del de Bogotá. Fue elegida para la Corte Suprema en junio de 2007 lo que significa que le quedan casi cinco años para cumplir su periodo. Es una defensora radical de la independencia judicial y por eso se especula que nunca se sintió satisfecha con los candidatos de las ternas presentadas por el ex presidente Uribe para Fiscal General.