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A las 11 de la noche del 19 de agosto de 2011, Myriam Pachón recibió una llamada que daría un giro determinante a su trayectoria como abogada litigante. Al otro lado de la línea, uno de sus alumnos en la cátedra de Derecho Constitucional que dictaba en la Universidad Católica comenzaba a hacerle una consulta de carácter informal: en confusos hechos, Diego Felipe Becerra Lizarazo, su primo, había sido herido en la espalda al recibir un disparo propinado por un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Mientras la ciudad se aprestaba a celebrar la final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, que tendría lugar al día siguiente, quien al poco tiempo comenzaría a ser conocido en todo el país como el “joven grafitero” se encontraba en cuidados intensivos y al borde de la muerte. Hecho que se produjo pocos minutos después de aquella primera llamada y que propició una nueva consulta de carácter mucho más amplio, dada la gravedad de la situación: Diego Felipe había fallecido con tan solo 16 años de edad en una zona próxima al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional de Colombia (Cespo).
Al día siguiente, Pachón asistió a la funeraria y conoció a Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos, padres del menor, quienes le explicaron lo sucedido. Su relato inquietó a la abogada debido a que durante años había trabajado como asesora de la institución policial y no podía creer que uno de sus representantes, además de dispararle a un menor indefenso que sólo había pintado unos grafitis, se hubiera dado a la tarea de intentar manipular la escena del crimen y además, con el aval de sus superiores, quisiera señalar a Becerra Lizarazo como el líder de una temible banda que se dedicaba a atracar en los buses.
A partir de ese momento comenzó una lucha contra la institución a la que tanto respetaba, pero de la que también conocía algunas fallas. “Fue una total decepción”, narra esta aguerrida mujer de 40 años, quien en los últimos tres ha encabezado los titulares de los medios de comunicación, al vincular al proceso a dos coroneles de la Policía, siete suboficiales y tres civiles y solicitar la apertura de una investigación formal contra un brigadier general. Oficiales que habrían conocido el caso de primera mano y estarían involucrados en algún grado con el montaje que buscó introducir un arma de fuego en el sitio de los hechos, para asegurar que Diego Felipe la disparó y esto provocó la brutal respuesta del patrullero.
En lo corrido del tortuoso proceso, la jurista ha denunciado haber recibido intentos de soborno por parte de un grupo de miembros de la Policía, que le habrían ofrecido hasta $3 millones de dólares para que abandonara el caso. “No me quebranté”, asegura Pachón, y agrega que a partir de entonces comenzaron las amenazas. “Soy consciente de que mi teléfono está ‘chuzado’ y que me hacen seguimientos”, afirma en un tono vehemente.
Al poco tiempo de comenzar a revisar las pruebas que reposan en los archivos de la investigación, la abogada estableció que el caso de Diego no era el único ni era aislado, pues existían cientos de hechos similares en el país. “En la Policía se había instaurado la estrategia de cubrir y tapar los errores para proteger la imagen de la institución. Estaban desbordados”, subraya. Denuncias que llevaron a que su imagen en la opinión pública se debatiera entre la valerosa mujer que había enfrentado a la Policía y la abogada picapleitos que sólo quería ganar fama y prestigio. No obstante, para ella lo único importante ha sido establecer la verdad, llegar hasta el fondo de los hechos y establecer quiénes buscaron encubrir el crimen.
El perdón
En estos tres años, la abogada cumplió el sueño de demostrarle a toda una sociedad que las víctimas sí pueden tener una representación que está en capacidad de luchar contra instituciones que por muchos años se han creído intocables.
“Sin mover el timonel, ni influencias, ni una sola ‘palanca’, única y exclusivamente con la verdad, inteligencia y astucia, se ha estremecido la administración de justicia”, precisó Pachón, quien considera que la Policía debe pedir perdón por este y los otros casos, para recuperar la confianza de los colombianos.
Con su labor, insiste la abogada, ha llamado a toda la sociedad para que denuncie estas irregularidades y no se quede callada ante el temor de que su caso quede en la impunidad. “Mi sueño cumplido es ver a las víctimas sintiendo que tienen una sentencia justa. Eso es lo que he hecho y eso es lo que espero hacer”.