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Camila* quedó embarazada a los 15 años después de que, según su versión, su padrastro la abusara sexualmente mientras su mamá y su hermano estaban en el hospital. Cuando el sujeto supo que la adolescente había quedado en embarazo, la amenazó con echarla de la casa y con revelar que le atraían las mujeres. Pero la mamá de Camila la forzó a irse a vivir con su agresor, quien tiempo después continuó maltratándola y manipulándola con su orientación sexual, por lo que ella huyó de su hogar y él se quedó con la custodia de los dos hijos que tuvieron juntos. (145 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en 2022 en Colombia)
Pero la violencia se repitió y se trasladó a sus hijos, de acuerdo con lo que ellos han contado. El papá intentó violar a la niña, se emborrachaba y le pegaba físicamente, y ella tenía que esconderse detrás de cajones. El niño, por su parte, permanecía solo en la calle durante horas. Una persona anónima se percató de la situación de maltrato y advirtió a las autoridades, por lo que se inició un proceso para restablecerles los derechos a los menores de edad. (El largo camino hacia una vida nueva de una niña que no quiso ser mamá)
Camila se enteró de esto e inmediatamente se puso en contacto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para pedir la custodia de sus dos hijos, pero el proceso determinó que ella no era idónea y declaró que los menores debían ser adoptados por terceros. Ella siempre estuvo dispuesta a recibir a sus hijos, con quienes tiene lazos familiares fuertes y consideró que hubo múltiples irregularidades en la actuación del ICBF. Por eso, la madre acudió a una acción de tutela pidiendo proteger los derechos fundamentales de sus hijos a tener una familia y a no ser separados de ella, y a tener una vida e integridad.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón y publicó la sentencia en la que revisó su caso y abrió la puerta para que el proceso se lleve a cabo con perspectiva de género y se corrijan los errores que el sistema cometió. El alto tribunal asegura que no se le puede negar a la madre la oportunidad de rehacer su vida y la de sus hijos sin haber agotado todos los recursos y en este caso faltaron cosas por hacer.
Camila sí tenía interés en cuidar a sus hijos, solo que requería tiempo para adquirir lo necesario, pues dado el ciclo de violencia del que fue víctima, carecía de las herramientas para cuidar de ellos. Mientras tanto, los menores de edad expresaban que querían regresar con su mamá. Camila huyó de su hogar porque su pareja, quien además fue su padrastro y agresor sexual, la maltrataba y no tenía la madurez suficiente para afrontarlo, pues aún era una adolescente y, por tanto, un sujeto de especial protección. (Aurelia, la indígena que pasó 1.140 días presa por una emergencia obstétrica)
“A lo anterior se suma que, desde entonces y a lo largo de los años venideros, ella afrontó el conflicto interno y externo derivada de su orientación sexual y el maltrato de parte de su pareja, padre de sus hijos, pues esa violencia, aunque no hay prueba de haber sido denunciada en su momento, fue referida por ella y por su hija (…) No es de extrañar que esas circunstancias hubieran llevado a que Camila se fuera de su casa y aceptara que sus hijos se quedaran al cuidado de su progenitor; tampoco que pudieran haberle generado un ‘bajonazo emocional’, como se describió en algunas de las visitas”, afirmó la Corte Suprema en su sentencia.
Los argumentos del ICBF para negarle a Camila la custodia de sus hijos se fundaban en no haber presentado un certificado psicológico, pero la entidad nunca emitió una orden para pedir la cita médica. Además, alegó la falta de una pareja constante y a que, en algunos momentos, la madre residió en una ciudad distinta a la de la mayoría de sus familiares. Sin embargo, el alto tribunal estableció que “sus condiciones económicas, sociales y familiares obedecen a una situación que es real en muchos hogares en Colombia” y no por ello debe ser demeritada para ejercer el rol de madre.
La Corte Suprema también estableció que Camila, hoy de 27 años, demostró siempre un interés persistente en recuperar a sus hijos. Asimismo, varios informes indicaban que era una persona estable, que daba confianza y mostraba interés en mantener buenas relaciones con ellos, quienes nunca dijeron algo malo en su contra ni refirieron haber sido maltratados por ella. (Mamás marchando con sus hijas: así vivimos la marcha del 8M en Bogotá)
La sentencia advierte que, si bien la mayoría de las veces la madre expresó voluntad y deseo de superarse, sí se detectó que en otras ocasiones se mostró poco colaborativa con el proceso, pero que eso no era suficiente para descalificarla totalmente.
Ahora, el proceso debe devolverse para determinar quién tendrá la custodia de los hijos de Camila. El alto tribunal ordenó que se practiquen pruebas nuevamente, como una entrevista a la madre, evaluaciones de trabajo social y psicología y visitas a su residencia. Con base a esto, la justicia deberá decidir nuevamente si los niños deben ser adoptados o deberían vivir con su madre, pero esta vez debe fallar con perspectiva de género. (Violencia contra las mujeres: cuando el Estado las agrede)
Según la Corte, la perspectiva de género es la forma en que se puede lograr una igualdad de derechos al identificar las situaciones de poder y de desigualdad que han afectado históricamente a mujeres y personas diversas. En este caso es fundamental, ya que habla de una madre LGBTIQ+, quien fue víctima de violencias de género y discriminación. Camila también tendrá que colaborar con las autoridades y demostrar que sí quiere y puede hacerse cargo de sus hijos.
*El nombre fue cambiado por protección de la mujer
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