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En las últimas semanas, se han dado a conocer en redes sociales una serie de denuncias públicas por supuesto acoso laboral y discriminación al interior de la Subdirección de Asuntos LGBTIQ+, de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Algunas de las quejas, radicadas principalmente por personas con experiencia de vida trans, hablan sobre la no renovación de contratos a pesar de que supuestamente les habían solicitado la documentación necesaria.
Contexto: Las quejas contra la Subdirección de Asuntos LGBTIQ+ en Bogotá
De la misma manera, hay quejas sobre acciones en contra de organizaciones sociales y grupos de base comunitaria como la no prestación de algunos servicios de las casas LGBTIQ+ de la ciudad o negarles el uso y acceso a las instalaciones. Sin embargo, lo que más ha sonado en redes son algunas quejas puntuales contra la gestión de la activista y abogada Elizabeth Castillo, subdirectora de asuntos LGBTIQ+. A raíz de esto, el Ministerio de Trabajo inició una indagación preliminar sobre el tema para determinar cuál será la ruta a seguir.
En diálogo con El Espectador, Roberto Angulo, secretario de Integración Social, señala que este caso inició a partir de la no renovación del contrato de una persona trans que trabajaba en la casa de Teusaquillo en modalidad de contratista. Según el relato del secretario, la problemática que ha salido a la luz pública responde a “una tensión normal que ocurre en donde hay mucha gente trabajando”. Específicamente, una tensión entre la subdirectora y la persona a la que no se le renovó el contrato.
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Sobre por qué tomaron la decisión de no renovar el contrato de esta persona, Angulo explica que responde a unas quejas sistemáticas sobre su desempeño en esta casa LGBTIQ+ y de un manejo inadecuado del espacio. Por ejemplo, hace énfasis en usar la casa como bodega para bienes que no son de la secretaría. Según los registros de la entidad, se acordaron compromisos para mejorar los servicios que están de cara a la ciudadanía, pero su desempeño no mejoró. Además, la no renovación del contrato también responde a la misión del nuevo secretario de “afinar servicios y eso implica cambiar recursos humanos inexorablemente”, enfatiza el funcionario.
El Espectador se puso en contacto con esta persona, que es señalada por la entidad como quien inició las denuncias públicas por supuesto acoso laboral y discriminación al interior de la subdirección. Trabajó durante 13 años en la entidad y en su versión de los hechos hubo dos momentos en que le explicaron la decisión de no continuar con su contrato. Primero, en una reunión de equipo de trabajo con contratistas en la que se habló de incumplimientos de contratos. Y segundo, en una reunión privada con la subdirectora en la que le mencionaron algunas observaciones comportamentales.
Frente a los señalamientos de que este conflicto surge a raíz de tensiones del espacio de trabajo, esta persona asegura que se estarían minimizando las demás quejas que se han hecho públicas contra la subdirección y los casos particulares de los otros contratistas trans a los que no se les renovó el contrato. En especial, destaca la denuncia relacionada con supuestos actos de corrupción radicada por Máximo Castellanos.
Sobre esto, desde la Secretaría de Integración Social, Angulo es enfático en decir que las quejas surgen de conflictos de carácter laboral y no están relacionadas con la identidad de género. Agrega que hay otros casos por los que las quejas no son dirigidas únicamente sobre la gestión de la subdirectora. “Hemos recibido también quejas sobre cuatro contratistas que trabajan en la subdirección. Los casos vigentes giran alrededor de un grupo muy pequeño al interior de esta oficina de 103 personas”, añade Angulo.
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Otro de los temas que se ha discutido está relacionado con la visita preventiva de inspección laboral del Mintrabajo y que supuestamente no hay rutas claras para la atención del acoso laboral, especialmente para quienes son contratistas en el modelo de prestación de servicios. Ante esto, el secretario responde a este diario que la entidad sí cuenta con una ruta para atender las quejas y que está contenida en la resolución 0632 de 2021. Además, se rigen por los protocolos adoptados por Función Pública y la Alcaldía de Bogotá.
Actualmente, todas las quejas radicadas respecto la subdirección de asuntos LBGTIQ+ y las personas que la conforman están en curso activo ante la oficina de control disciplinario de la entidad. A pesar de que persisten versiones encontradas sobre este conflicto que se ha ventilado en redes sociales, existe un punto común sobre la importancia de los servicios que ofrece la entidad para la población con orientación e identidad de género diversa de la ciudad. Por ello, el llamado desde sectores de la sociedad civil como la Federación LGBTIQ+ para aclarar lo dicho en las quejas.
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