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Los relatos cuentan que, en la madrugada del 28 de junio de 1969, en Nueva York, se escuchaban sirenas de la policía y el estruendo de vidrios rotos. Eran los ecos de una revuelta que estalló en el Stonewall Inn, un bar en Greenwich Village que, durante años, había sido un refugio para personas queer, trans, lesbianas, gays, bisexuales, drag, latinas y afroamericanas. Un lugar donde podían existir con relativa libertad, hasta que la violencia policial irrumpía para recordarles que no era una libertad completa.
Sin embargo, esa noche lo que comenzó como una redada más terminó en una resistencia inesperada. Las personas que se encontraban en el bar no huyeron, sino que enfrentaron a la policía. Durante seis días, las calles fueron testigos de protestas y enfrentamientos que dejaron huella en un mundo cambiante, uno que comenzaba a reconocer que las identidades de género y orientaciones sexuales diversas siempre habían existido.
Así como en Stonewall hubo muchos otros escenarios de resistencia en distintas ciudades del mundo, como Berlín, Madrid, San Francisco, São Paulo, entre otras. En la década de 1960, esta ola de cambio social coincidió con un movimiento reflexivo y no violento que empezó a pensar en las agendas LGBTIQ+. El cambio parecía imparable.
Poco a poco, fue avanzando hasta llegar a Colombia, a inicios de los años 80. El 28 de junio de 1982, un grupo de personas, en su mayoría hombres gays, decidieron salir a las calles de Bogotá para realizar la primera marcha del orgullo en el país. No era una marcha multitudinaria ni contaba con gran visibilidad, pero era un acto politico de resistencia en un país en el que la homosexualidad seguía siendo estigmatizada. La movilización fue impulsada por el Grupo de Encuentro y Liberación Gay (GELG) y el Grupo de Estudios de la Cuestión Homosexual (GRECO).
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“En Colombia, la homosexualidad nunca había sido una práctica prohibida por la sociedad. Fue con la influencia de las prácticas religiosas, especialmente la judeocristiana, que comenzó a ser censurada”, cuenta Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador. Influencias que no sólo se quedaron en las creencias religiosas, sino que llegaron hasta los códigos penales, heredando leyes contra la “sodomía” o el “delito nefando”, como se conocía en esa época, explica el politólogo.
El Código Penal de 1936 incluyó el delito de “acceso carnal homosexual”, con penas de seis meses a dos años de prisión para mayores de 16 años. Este artículo, solo aplicaba a hombres, excluyendo las relaciones lésbicas y el sexo anal heterosexual. Su inclusión generó debates sobre si la homosexualidad debía considerarse inmoral, pero no un delito. Sin embargo, con la reforma del Código Penal en 1981, el delito fue eliminado sin mayor discusión. No fue un logro del activismo ni un reconocimiento deliberado de derechos, sino una omisión en la redacción del nuevo código.
La verdadera transformación llegó con la Constitución de 1991, en la que se establecieron principios fundamentales de igualdad y libre desarrollo de la personalidad. Los artículos 13 y 16 marcaron un cambio de paradigma al establecer la dignidad humana como pilar del Estado, sentando las bases para la protección de los derechos LGBTIQ+. Esta nueva constitución fue el primer paso hacia la garantía plena de derechos de personas queer que marcó un punto de no retorno en la historia del país, y que marcaría un precedente para el primer cuarto del siglo XXI.
Actualmente, Colombia se posiciona como uno de los países de la región con mayores avances en la consolidación de los derechos de la población LGBTIQ+. Uno de los hitos más relevantes llegó en 1993, cuando la Corte Constitucional garantizó el derecho de las personas trans a cambiar su nombre en el registro civil. Años después, en 2007, las parejas del mismo sexo obtuvieron derechos patrimoniales, permitiéndoles heredar y afiliarse mutuamente a la seguridad social. Poco después, en 2009, se avanzó en el acceso a la pensión de sobrevivientes y en la inclusión de derechos como vivienda y salud, otorgándoles respaldo legal a estas uniones.
No mucho tiempo después, en 2015, las personas trans lograron un avance histórico con la expedición del Decreto 1227, que les permitió realizar el cambio de género en su cédula de ciudadanía mediante trámites notariales, sin necesidad de presentar evaluaciones médicas o psicológicas para justificar su identidad. En ese mismo año, la Corte Constitucional permitió que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar en igualdad de condiciones y bajo las mismas exigencias requeridas para las parejas heterosexuales. Al año siguiente, el matrimonio igualitario se convirtió en una realidad en el país, concediéndole protección jurídica a las familias diversas. Y, en 2023, la opción “no binario” fue incluida oficialmente en las cédulas de ciudadanía, consolidando un modelo de reconocimiento más amplio para las personas con identidades de género diversas en el país.
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En paralelo, en los últimos 25 años, esos mismos avances se dieron en otras partes del mundo. En países como Argentina, Brasil, Uruguay y Costa Rica, se aprobó el matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo adquirieron el derecho a la adopción conjunta, así como a la adopción del hijo o hija del cónyuge. Además, avanzaron en materia de la validez legal de la identidad de género autopercibida.
Pero, particularmente, Colombia sentó precedentes en la región. “Gracias a la Corte Constitucional, hemos logrado más de 200 sentencias que protegen los derechos de las personas LGBTIQ+”, afirma Castañeda. Pero advierte que, hoy en día, la realidad sigue siendo abrumadora, pues el país se posiciona como uno de los más violentos en contra de esta población: “tenemos un país que, en términos teóricos, lo tiene todo resuelto, pero en la realidad, poco ha cambiado”. Según la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe, en 2022, el 43% de los asesinatos de personas LGBTIQ+ en la región ocurrieron en Colombia.
Para Castañeda, el problema no es la falta de leyes, sino su aplicación parcial. Señala que los derechos solo se garantizan cuando se traducen en bienestar y acciones concretas, algo que aún no ocurre en muchas zonas del país debido a la falta de compromiso de los gobiernos locales. Además, resalta que el cambio no puede depender solo del Estado: “Colombia tiene una cultura de complicidad frente a la violencia y una gran indiferencia hacia las personas LGBTIQ+. Es necesario sensibilizar a toda la sociedad para que respete y reconozca sus derechos”.
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A pesar de las garantías jurídicas, aún hay vacíos legales y un camino de reivindicaciones pendientes. En entrevista con El Espectador, Beldy Hernández, coordinadora del área de incidencia y litigio de Colombia Diversa, señaló algunos de los principales. Entre ellos, la falta de claridad sobre la situación militar de los hombres trans, sin una normativa que defina si están exentos de prestar servicio o cómo tramitar su libreta militar. También persiste la ausencia de políticas migratorias que reconozcan a las personas LGBTIQ+, más allá del ya vencido Estatuto Temporal de Protección de 2021. Asimismo, la autonomía de niños, niñas y adolescentes con identidades de género y orientaciones sexuales diversas sigue sin protección efectiva. Aunque la Corte Constitucional ha reconocido este derecho, aún faltan herramientas para su aplicación en ámbitos como la educación y la salud.
Ambos expertos coincidieron en que, en los últimos años, los derechos LGBTIQ+ han ganado mayor respaldo a nivel mundial. La discriminación es cada vez más cuestionada, la violencia contra las personas trans se visibiliza y la representación en espacios de poder ha aumentado. Sin embargo, destacan que, a medida que se han logrado avances, han surgido discursos de odio y proyectos políticos que buscan revertir estos derechos, demostrando que, en contextos de violencia y autoritarismo, las poblaciones históricamente discriminadas son las primeras en ser atacadas.
Pese a los desafíos, Hernández resalta que Colombia cuenta con instituciones judiciales sólidas y una separación de poderes que ha demostrado funcionar. “A diferencia de otros países de la región, donde los derechos pueden depender de cambios en la política, en Colombia la separación de poderes ha permitido que la defensa de los derechos LGBTIQ+ se mantenga como un principio fundamental del Estado”, afirmó Hernández.
Así mismo, el directivo de Caribe Afirmativo hizo hincapié en que “a diferencia de hace 25 años, hay mejores condiciones, hay dignidad humana y gente que la tiene clara. Ya no va a ser tan fácil volver al clóset con estos aprendizajes y caminos andados. Contamos con herramientas de reconocimiento y ciudadanía plena que nos permiten resistir. No vamos a retroceder, porque nuestra dignidad y nuestra existencia no son negociables”.
Por Luisa Lara
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