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El 21 de febrero de 2022, las calles del centro de Bogotá se llenaron de pañuelos verdes. Ese lunes, en horas de la tarde, la Corte Constitucional anunció lo que varias organizaciones de mujeres esperaban desde hacía años: la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Hoy, cuatro años después, tras varias conmemoraciones lideradas por la marea verde, la fecha coincide con elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, el tema vuelve al ruedo electoral, convertido en consignas de campañas, como promesa para algunos sectores y como amenaza para otros.
Pero, ¿qué tan posible es modificar el derecho al aborto de efectuarse algunas promesas de campaña? Según expertas, atravesar el respaldo constitucional de la sentencia del aborto no depende de la voluntad de quien llegue a la presidencia ni de las mayorías que se configuren en el Congreso. Aún así, advierten que es necesario estar alerta frente a las puertas que podrían abrirse para imponer restricciones administrativas que dificulten el acceso. También recuerdan que la Corte no es ajena a los cambios políticos, por lo que su composición sigue siendo un factor que debe observarse con atención.
Los discursos políticos alrededor de este tema no solo provocan incertidumbre, sino que también tensionan el panorama de los derechos reproductivos. Las preguntas constantes a quienes impulsan sus candidaturas “genera la percepción de que no son derechos, sino disputas políticas. Porque cuando pones un derecho en la disputa electoral le restas vocación de permanencia. Se instala la idea de que es susceptible de controversia y que los derechos son susceptibles de disputa”, explica Viviana Vargas Vives, abogada y activista feminista a El Espectador.
No obstante, hay una razón por la cual este debate aparece una y otra vez durante las elecciones. Por un lado, toca fibras profundas: la autonomía, la religión y el papel del Estado. También pesa la idea de que la maternidad es un tema socialmente extendido, sobre el que muchas personas sienten que pueden opinar, ya sea por experiencias cercanas o por mandatos culturales. Y, sobre todo, es un asunto que moviliza emociones, algo que en campaña siempre surte efectos.
Jessika Barragán López, profesora del departamento de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, señala que persisten múltiples ideas que se dan por sentadas sin cuestionar las desigualdades y los obstáculos a la autonomía de mujeres y personas con capacidad de gestar. Por ejemplo, la insistencia en restaurar valores tradicionales asociados a “la familia”, en los que la libertad de las mujeres se percibe como una amenaza a un orden considerado “natural”, en el que se espera que asuman labores domésticas y de cuidado hacia hijos e hijas.
Y advierte que, en muchos casos, los ataques contra el aborto se apoyan en una simplificación que presenta al feminismo —movimiento que ha impulsado varias libertades, entre ellas las reproductivas— como un enemigo común. Este enfoque se enmarca en lo que se ha denominado discurso masculinista, según el cual cualquier avance promovido desde el feminismo pondría a los hombres en una supuesta desventaja, argumento que termina usándose para deslegitimar el derecho a interrumpir el embarazo de forma libre y voluntaria.
El punto en el que coinciden las expertas es que cuando estos discursos permean el ámbito político, pueden tener efectos contraproducentes. No solo porque buscan quitar agencia a quienes ejercen su autonomía reproductiva, sino también porque presentan el aborto como un tema “blanco o negro”, cuando en realidad se trata de una cuestión de salud pública y de derechos humanos.
De hecho, cualquier medida política o judicial que impida el acceso a este servicio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), implica la vulneración de otros derechos. Como el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental; a decidir de forma libre y responsable el número de hijas e hijos, el intervalo entre embarazos y el momento de tenerlos; y el derecho a no ser sometida a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ocurre en contextos de abortos clandestinos.
¿Qué tan viables son las propuestas que prometen revertir o restringir este derecho?
Desde el punto de vista jurídico, la Sentencia C-055 de 2022 con la que se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, es una decisión que cuenta con el apoyo constitucional, está respaldada por más de veinte fallos y ha sido reconocida como un derecho fundamental. Por eso, Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, considera que no es una decisión que pueda someterse a discusión.
“Para dar algunos datos, 11 solicitudes de nulidad han sido presentadas ante la Corte Constitucional, tres demandas ante el Consejo de Estado y cuatro acciones para atacar la circular de la Supersalud. Ninguno de estos ha prosperado. La defensa del derecho existente ha sido más sólida”, explica Martínez en conversación con El Espectador.
Si bien las fuentes consultadas coinciden en que las promesas de campaña no pueden pasar por encima de la Constitución ni de los compromisos internacionales, también advierten que ante la eventual llegada de estos intereses a la política sí se podrían interponer barreras, actos administrativos o regulaciones que limiten el acceso efectivo al derecho. Muchas veces de forma directa; otras, mediante propuestas que aparentan neutralidad.
Un claro ejemplo es lo que acaba de ocurrir en el Concejo de Bogotá, donde fue aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo 340 de 2025, titulado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”. Para Vargas, no pareciera tratarse de una iniciativa creada para generar barreras, al menos no en su presentación pública. “Pareciera hacer alusión al proyecto de vida. Algo que en realidad maquilla la barrera, para que parezca una alternativa, como si los derechos tuviesen alternativas”, añade. El proyecto todavía no ha generado acciones, pues está pendiente de la sanción del alcalde.
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A esto se suma que, pese a la sentencia, el acceso libre al aborto aún no está garantizado en todas las regiones del país. El informe “Desafíos para garantizar la autonomía reproductiva en Colombia: un diagnóstico territorial, elaborado” del Centro de Derechos Reproductivos junto a organizaciones de Cauca, Nariño y Santander, evidencia barreras que persisten en zonas atravesadas por el conflicto armado y la migración. Entre ellas se encuentran la negación del servicio, las barreras administrativas, la objeción de conciencia indebida, limitaciones a la movilidad y el control territorial ejercido por actores armados y la persistencia de maternidades forzadas en niñas y adolescentes.
Ante este escenario, Martínez advierte que la instrumentalización electoral del aborto puede tener efectos que van más allá del debate público. “La gran lección es que, cuando los derechos reproductivos se convierten en banderas electorales, la ideología termina afectando el derecho a la salud, restringiendo la capacidad del personal médico de tomar decisiones por miedo a ser criminalizado y generando un riesgo real y mortal para la vida de las mujeres”, agrega la experta.
¿Qué pasa cuando el aborto entra al juego electoral? Lo que muestran otros países
La pregunta sobre el alcance real en el caso colombiano no es menor. Lo ocurrido en otros países ha mostrado cómo el aborto puede convertirse un discurso político y generar consecuencias en materia de derechos sexuales y reproductivos. Casos como el de Estados Unidos, Argentina y Brasil evidencian que, aun después de los avances, el panorama puede cambiar según el interés del gobierno de turno.
Por ejemplo, en Estados Unidos la sentencia Roe v. Wade, que permitía el aborto en el país, fue revocada en 2022, con la reconfiguración de mayorías conservadoras en la Corte Suprema. Un hecho que dio la autoridad para regular o prohibir el aborto en cada Estado. Esta decisión fue abriendo caminos para la llegada de la campaña de Donald Trump. Aunque el mandatario en distintos momentos ofreció posturas vagas o contradictorias, su trayectoria política ya estaba marcada con la promoción del “Proyecto 2025”, una agenda de extrema derecha que declara una posición contraria al aborto. Y justamente, es en parte lo que ha pasado, su regreso a la Casa Blanca ha tenido efectos concretos, no solo en el acceso al aborto, sino también en la anticoncepción.
“La politización ha escalado al punto de destruir 40 millones de dólares en anticonceptivos —que servirían para prevenir un millón y medio de embarazos no deseados— y ha provocado crisis médicas críticas en estados como Texas, donde la tasa de sepsis en emergencias obstétricas aumentó más del 50 %”, asegura Martínez. Esto sumado al recorte de ayudas internacionales, como el cierre de USAID, que dejó varios programas de aborto y planificación familiar sin financiación.
Si se revisa otro punto en el mapa, en Argentina, durante la campaña electoral, el actual presidente Javier Milei afirmó que quienes defendían el derecho a decidir estaban “lavados de cerebro por una política homicida” y prometió impulsar un referéndum para revocar la ley del aborto. Aunque aún se permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, el gobierno ha replicado el patrón estadounidense mediante restricciones en el acceso a los servicios: recortes al suministro de misoprostol y mifepristona y en el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, una política pública orientada a prevenir el embarazo adolescente.
Otro caso es el de Brasil, donde el aborto solo es legal bajo tres causales: riesgo de vida para la persona gestante, embarazo que sea producto de una violencia sexual o anencefalia fetal. Allí se han promovido múltiples iniciativas políticas para restringir aún más su acceso. Algunos de los casos más notorios ocurrió en 2020, cuando el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro emitió una ordenanza que obligaba a personal médico a reportar ante la policía a las víctimas de violencia sexual que buscaban acceder a un aborto. La medida fue revocada por el actual presidente, Lula da Silva, durante su primer mes en el cargo.
Otro episodio se dio en 2024, cuando el legislador conservador Sóstenes Cavalcante presentó un proyecto de ley para equiparar la interrupción del embarazo después de las 22 semanas con un homicidio. La iniciativa finalmente fue archivada. Ese mismo año, un comité de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de enmienda constitucional que buscaba prohibir de facto el aborto al establecer la “inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción”, aunque el trámite quedó en suspenso.
Y por último, entre las más recientes noticias, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, aliado del presidente Lula, sancionó una ley que obliga a colocar carteles con mensajes en hospitales y centros de salud que incentiven a las personas a no abortar. Entre las frases incluidas se leía: “¿Sabías que el niño no nacido es descartado como residuo hospitalario?”, “¡Dale una oportunidad a la vida!” y “El aborto puede tener consecuencias como infertilidad, problemas psicológicos, infecciones e incluso la muerte”.
Todos estos casos evidencian que, más allá de la inclinación ideológica, cualquier decisión que se tome desde el ámbito institucional puede representar un riesgo para este derecho. Para Barragán, en realidad se trata de un fenómeno más amplio que no afecta solo al aborto, sino que se inscribe en disputas más profundas sobre el lugar de las mujeres y el alcance de sus libertades. “Lo que resulta preocupante es que el debate sobre los derechos de las mujeres casi siempre aparece para restringirlos, nunca para ampliarlos”. Añade que la mitad de la humanidad goce de libertades y garantías no es una concesión, sino una condición básica de cualquier democracia que aspire a materializar la promesa de los derechos humanos.
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Por Luisa Lara
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