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A Norma, una niña de 13 años, se le impuso la maternidad forzada producto de la violencia sexual que vivió. Un acto que equivale a tortura. Así lo determinó, hace un año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al condenar al Estado ecuatoriano por violar sus derechos y negarle la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. El fallo parecía abrir la puerta a la justicia que Norma buscó durante más de 14 años. Sin embargo, al día de hoy, las organizaciones que acompañaron su caso denuncian que nada ha cambiado: el Estado no ha cumplido ninguna medida de reparación y sigue mirando hacia otro lado.
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El caso de Norma no es una excepción: solo en 2024, 4.150 niñas entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en Ecuador y 1.621 se convirtieron en madres, según cifras del INEC. Una realidad que se extiende a toda América Latina y el Caribe, pues es la región con la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años.
Para Mayra Tirira Rubio, abogada feminista y directora ejecutiva de Surkuna, una de las organizaciones autoras de la demanda, el incumplimiento envía un mensaje público de aceptación de la violencia. “Seguimos naturalizando desde el Estado que las niñas sigan siendo víctimas de tortura. Es restarle importancia a la vida de las niñas, voltear la cara a otro lado cuando realmente lo que importa son los grupos de atención prioritaria”, dice a El Espectador.
Son incontables las experiencias que Norma perdió de su infancia por esta situación: jugar, estudiar, imaginar un futuro propio, lo que se esperaría para una niña de su edad. En cambio, sí pueden contarse las cinco veces en que el Estado pudo evitarlo y no lo hizo.
Norma creció en un pequeño pueblo cerca de Quito. En su entorno familiar, la violencia era cotidiana. Su padre solía golpear a su mamá, hasta que un día ella huyó con dos de sus hijas para salvar su vida y no convertirse en un número más en las cifras de feminicidio. En contextos de violencias basadas en género, las salidas suelen ser fragmentadas: la huida ocurre sin garantías de protección estatal y no siempre permite poner a salvo a todos los hijos e hijas. Norma tuvo que quedarse con su padre.
Con apenas seis años, empezó a buscar un lugar seguro. Vivió un tiempo en casa de su prima. Luego en la de una conocida. Para después reencontrarse con su madre, en un hogar que tampoco era seguro para ella. Su padrastro había abusado sexualmente de su hermana mayor y ella estaba embarazada. Razón por la cual su hermano la ayudó a mudarse a casa de su abuela, en donde tuvo un respiro para ser lo que era: una niña. Tiempo después, el padrastro habría abusado de su hermana menor, lo que derivó en otro embarazo.
Su abuela murió pocos años después y Norma tuvo que regresar a la casa de su padre, el agresor de su madre. Fue allí, cuando tenía 12 años, que él abuso sexualmente de ella, de forma reiterada. Mientras tanto, en sus antecedentes reposaba archivada una denuncia por violencia sexual contra su prima, perpetrada por él. A pesar de que una institución de salud había denunciado ese caso, este quedó en total impunidad.
Ese fue el primer momento en el que el Estado le falló a Norma. No hubo un sistema de protección social eficaz que la trasladara a un lugar seguro ante la violencia que su padre ejercía contra su madre y la violencia sexual contra su prima. Pese a ello, en ambos casos la mujer y la niña eran “sujetos de atención prioritaria”, como ordena la Constitución de Ecuador: la primera por estar en un contexto de violencia intrafamiliar y la segunda por ser una niña. Dos agresores, una mujer y cuatro niñas violentadas y ninguna medida de protección.
Norma quedó en embarazo producto de la violación. Dejó de ir al colegio. Su cuerpo empezó a cambiar y ella no entendía por qué. No tenía palabras. Nadie se las dio. Nadie preguntó. En su casa no le habían hablado del tema y en su colegio nunca recibió educación sexual, por lo que no tenía las herramientas para identificar lo que estaba ocurriendo. Estas fueron las otras dos veces en las que el Estado le falló: no pudo acceder a una educación pública de calidad en derechos sexuales y reproductivos, y tampoco hubo personal capacitado en su colegio para detectar su situación.
Cuando su hermana se dio cuenta de que Norma estaba embarazada, ya tenía siete meses de gestación. Por eso, la llevó a un centro de salud, donde expresó que no quería continuar con el embarazo. Presentaba afectaciones a su salud mental, pero no se le permitió decidir, aunque la legislación ecuatoriana ya contemplaba el aborto cuando la vida o la salud de la persona gestante estaban en riesgo. La causal de violación se incorporaría en 2021, demasiado tarde para ella.
“Las niñas menores de 15 años tienen tres veces más riesgo de mortalidad materna. Forzar a una niña tiene un impacto muy fuerte en su salud física, afectaciones graves a su salud. Ahora, a nivel psicológico es brutal, más en casos de violencia sexual, es desestructurante. Y a nivel social, las niñas que han sido forzadas a la maternidad siguen dentro de los porcentajes de pobreza. Son niñas que tienen poco acceso a la educación, poco acceso a oportunidades laborales dignas”, explica Tirira.
La adopción era la última salida, pero no recibió información oportuna ni acompañamiento adecuado, y fue presionada por el personal médico para asumir la maternidad. Esa fue la cuarta vez en la que el Estado le falló: no le permitió decidir y no tuvo acceso efectivo a los servicios de salud.
Después de esto, tampoco hubo justicia. El proceso penal interno nunca llegó a una condena: el agresor murió antes de ser sancionado y, sin una sentencia condenatoria, Norma quedó sin acceso a reparación en el ámbito nacional.
Este conjunto de omisiones llevó a que en 2025 el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenara a Ecuador, al considerar al Estado como un segundo agresor. “Obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura y una falta de protección de unas de las más vulnerables”, dijo entonces Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
Sin embargo, un año después, las medidas de reparación ordenadas no se han cumplido. Esta es la quinta vez en la que el Estado ecuatoriano le falló y continúa fallándole a Norma. Así lo denunció el movimiento regional “Son Niñas, No Madres”. En una declaración conjunta, el movimiento señaló que el Estado ecuatoriano no ha implementado ninguna de las disposiciones ordenadas, ni siquiera aquellas de cumplimiento inmediato, lo que se traduce en una forma de revictimización institucional.
Como explica Tirira, el incumplimiento no es un asunto administrativo. Prolonga el daño sufrido por Norma y refuerza un patrón en el que el Estado, por acción u omisión, se convierte en un actor que perpetúa la violencia. La maternidad forzada no terminó con el parto: continúa cuando no hay justicia, no hay reparación y no se adoptan garantías de no repetición.
Un fallo histórico que también interpela a los demás países de la región en temas de aborto, maternidad forzada y violencia sexual Mayra Tirira advierte que no se puede seguir alejando a las niñas de estas conversaciones: “Esta naturalización de la violencia sostiene la idea de que las niñas son madres. Se las considera demasiado pequeñas para decidir, pero no demasiado pequeñas para ser obligadas a continuar un embarazo. Esto ha excluido a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, de este debate público sobre el aborto”, concluye.
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Por Alejandra Ortiz Molano
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