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Este ranking, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, evalúa a los partidos y movimientos políticos según su compromiso con la participación, el liderazgo, la representatividad, el acceso a financiamiento y el acompañamiento de las mujeres. La medición se construyó a partir del análisis de información pública y de datos suministrados voluntariamente por las colectividades, y analizó el desempeño de 30 partidos con personería jurídica vigente que participaron en las elecciones legislativas de 2022 y las territoriales de 2023.
Los resultados del ranking evidencian que, aunque la paridad en el Congreso aumentó en 10 puntos porcentuales desde la última medición, aún persisten barreras estructurales que limitan la participación efectiva de las mujeres en la política. Las listas siguen siendo encabezadas en su mayoría por hombres, las brechas en el acceso a financiamiento se mantienen, y muchas funcionarias enfrentan violencia política de género.
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El ranking, que asigna una puntuación de 0 a 100 según el desempeño en varias dimensiones de cada partido en materia de igualdad de género, ubicó en primer lugar al Partido Liberal (68,8 puntos), seguido por Dignidad y Compromiso (66,0) y el Partido Político MIRA (65,0). En el otro extremo, el único con una calificación crítica, por debajo de los 25 puntos, fue Gente en Movimiento, que alcanzó un puntaje de 23,9. Por su parte, Bibiana Aido, representante de ONU Mujeres en Colombia, advirtió que a pesar de los avances, “los partidos que están en las primeras posiciones, aún están muy lejos de alcanzar la paridad”.
Actualmente, el promedio global de participación femenina en los parlamentos es de apenas 27,2%, mientras que en América Latina la cifra asciende a 35,4%. En Colombia, la representación de mujeres en el Congreso se sitúa en el 30,1%, una cifra que, aunque supera el promedio mundial, sigue siendo insuficiente frente al ideal de paridad. Esto resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que las mujeres representan el 51,2% de la población colombiana: una diferencia de más de veinte puntos porcentuales entre su peso demográfico y su presencia en los espacios de decisión política.
La participación en el Congreso ha aumentado, pero no llega a la paridad
La brecha en la representación femenina sugiere que los partidos políticos en Colombia están cumpliendo de forma casi exacta con los mínimos exigidos por la Ley de Cuotas de 2011, sin mayores esfuerzos por avanzar hacia una inclusión real. Esto es especialmente evidente en los cargos de representación uninominal, donde dicha ley no aplica y no existen incentivos claros para garantizar la participación de mujeres.
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En los espacios regulados por la norma —como concejos, asambleas, Cámara y Senado— la inscripción de candidatas se ubica entre el 37,6 % y el 40,6 %, superando el umbral legal del 30 %. Sin embargo, en cargos como gobernaciones y alcaldías, donde no hay obligación legal, la participación femenina se reduce de forma drástica: apenas el 19 % de las candidaturas a gobernaciones y el 16,1 % a alcaldías fueron encabezadas por mujeres. La diferencia es de casi el doble entre los espacios con y sin regulación y refleja que, en ausencia de medidas afirmativas, la exclusión política de las mujeres no solo persiste, sino que se profundiza.
Además, el informe evidencia una brecha significativa entre el número de mujeres inscritas como candidatas y aquellas que finalmente resultaron electas. Aunque en las elecciones territoriales y legislativas el promedio de inscripción femenina fue del 39,1 %, solo el 24,9 % de las candidatas logró acceder a un cargo, lo que refleja una disparidad preocupante entre participación y representación efectiva.
Al respecto, Sara Ferrer Olivella, Representante Residente del PNUD en Colombia, subrayó que los esfuerzos por parte de los partidos no se puede remitir solamente a aumentar el número de candidatas. “Aunque ha habido avances en las leyes y en la cantidad de mujeres candidatas, el acceso a los cargos de mayor poder sigue siendo limitado. No basta con llenar listas; se trata de garantizar condiciones para que las mujeres lleguen, permanezcan y transformen desde los espacios de decisión”. Su declaración apunta a la necesidad de transformar no solo las cifras, sino las estructuras que siguen reproduciendo la desigualdad política.
Violencia de género política y otros obstáculos
El informe también advierte sobre otras desigualdades estructurales como la falta de inversión y la ausencia de mecanismos eficaces para prevenir la violencia de género. Por un lado, los recursos destinados a las campañas políticas de los hombres fueron, en promedio, 3,3 veces mayores que los asignados a las mujeres. Por otro lado, apenas 14 de los 30 partidos analizados cuentan con protocolos para prevenir y atender la violencia política basada en género, lo que refleja una débil institucionalidad para enfrentar uno de los principales obstáculos que enfrentan las lideresas en el ámbito electoral.
Este último punto es crítico, pues como explica Aido “la violencia política contra las mujeres, que incluye ataques, amenazas, acoso y deslegitimación de su liderazgo por razones de género, es uno de los principales obstáculos para su plena participación”. No es un asunto anecdótico ni secundario: en la Unión Interparlamentaria el 80% de las mujeres denuncian haber sufrido este tipo de violencia. La falta de protocolos claros, instancias de denuncia seguras y sanciones efectivas perpetúa esta violencia y desincentiva la participación política de nuevas lideresas.
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¿Cuáles son las recomendaciones para alcanzar la igualdad?
Con los resultados del informe y de cara a los próximos procesos electorales 2026-2027 el informe presenta recomendaciones para avanzar hacia la paridad. Entre ellas, se destaca la necesidad de distribuir equitativamente el financiamiento de campañas entre hombres y mujeres, garantizar la paridad y alternancia de las listas, dar una visibilidad equitativa a las candidatas en los medios de comunicación y en la publicidad política, adoptar medidas de cero tolerancia frente a la violencia de género e incluir propuestas concretas que garanticen la igualdad de derechos en sus plataformas y programas.
Aido concluye con una reflexión alarmante que “Si se mantiene el ritmo actual, al mundo le tomaría 134 años alcanzar la paridad de género. Este 2025 se cumplen 30 años de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, en donde el mundo acordó que la igualdad para la participación política de las mujeres no es opcional, sino esencial para las democracias. No podemos esperar 30 años más para alcanzar la paridad. Los partidos y movimientos políticos pueden liderar el cambio y acelerar ese avance hacia la paridad real”.
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