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El 21 de febrero de 2022, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación con la Sentencia C-055, mejor conocida como la sentencia Causa Justa, el movimiento feminista inundó las calles con su marea verde. Después de semanas esperando una decisión, llantos de felicidad, carteles en alto, arengas y abrazos de victoria marcaron un día histórico para los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país. Ese día, Colombia, en medio de su fuerte tradición conservadora, se convirtió en referente sobre el derecho al aborto para América Latina y el mundo.
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Tres años después del fallo histórico, el panorama del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el país ha cambiado significativamente. Hoy, son claros los avances en la prestación de este servicio de salud reproductiva y hay una menor criminalización contra quienes ejercen su derecho a decidir, pero, al mismo tiempo, persisten las barreras administrativas, la desinformación y algunos desafíos en la plena implementación de la sentencia, en especial, en los territorios apartados de la principales ciudades del país.
En Colombia, el aborto es un derecho fundamental de todas las mujeres, niñas, jóvenes, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar. Cualquiera puede decidir abortar de manera libre y sin requisitos hasta la semana 24 de gestación. Después de la semana 24, solo se podrá acceder a este servicio bajo alguna de las tres circunstancias establecidas desde 2006 por la Corte Constitucional: peligro para la salud física o mental de la mujer o persona gestante, malformación en el feto y los casos de violación, incesto y de inseminación no consentida.
Antes del 2022, muchas personas en Colombia ni siquiera sabían que tenían derecho a un aborto legal en esas circunstancias y, aun así, había muchas barreras para acceder al aborto bajo esas causales. Por el contrario, la mayoría de los procedimientos eran realizados de forma clandestina y sin acompañamiento. Hoy, ese panorama ha cambiado. Como explica Sara Méndez Niebles, asesora jurídica de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a El Espectador, “antes de la sentencia, muchas mujeres necesitaban acompañamiento legal para acceder al servicio. Ahora, la mayoría puede hacerlo solo con información, sin necesidad de trámites administrativos o judiciales”.
Las cifras presentadas por la organización respaldan la afirmación de la abogada. Entre enero de 2020 y el 21 de febrero de 2022, es decir, unos 16 meses antes de la expedición de la sentencia, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres atendió unos 381 casos de IVE, de los cuales el 52% requirieron un acompañamiento jurídico. En contraste, los 18 meses después del fallo, hasta el 31 de julio de 2024, acompañaron 1.042 casos, de los cuales el 72% lograron acceder al servicio solo con la información brindada.
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Por su parte, la Fundación Oriéntame señala que, tras la sentencia Causa Justa, han atendido 26.016 procedimientos de IVE, de los cuales solo el 0.5% fueron prestados después de la semana 22. De la misma manera, Profamilia compartió a este diario que, a lo largo de los últimos tres años, la organización presentó un incremento del 118% en los servicios de IVE. El año pasado, esta organización acompañó 56.000 abortos los cuales, en su gran mayoría (el 87.4%), ocurrieron antes de la semana 12. Esto significa que solo un pequeño porcentaje de los aborto se realizan bajo el modelo de causales y desmiente el falso argumento de que la despenalización del aborto hasta la semana 24 llevaría una práctica masiva en etapas avanzadas de gestación.
Ahora bien, que sea posible ver un aumento en las cifras de acceso al aborto en estos tres años no significa que se esté abortando más. Al contrario, es el reflejo de que son más las que están accediendo de manera legal y segura. Desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres reportan que el acceso a la IVE a través de EPS pasó del 8,4% antes de la sentencia al 23,6% actualmente. Sin embargo, como comparte a El Espectador Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, no existe un dato nacional unificado para saber realmente cuántos casos son.
“Sigue siendo un reto conseguir datos actualizados. No sabemos realmente cuál es la dimensión de quienes están accediendo hoy a través del sistema público de salud a este a este servicio. Lo que tenemos son datos muy importantes de organizaciones privadas que nos demuestran que cada vez hay menos clandestinidad, pero el Estado debería tener cifras oficiales, y ojalá por sectores poblacionales, que nos permitan identificar cuál es el panorama de las regiones, en dónde hay mayores retos y entonces podamos poner nuestros esfuerzos ahí”, explica Martínez Coral.
Y es que el derecho al aborto no se vive de la misma manera en zonas rurales y apartadas del país. En los territorios hay mayor desinformación, estigmas y obstáculos administrativos que siguen afectando a quienes buscan acceder al servicio. Por ejemplo, la falta de infraestructura y centros de atención en salud obliga a las mujeres a desplazarse largas distancias para acceder a estos procedimientos o que prefieran autogestionarse sus abortos sin contar con la información adecuada para ello.
El informe “IVE desde el Margen”, de la organización ILEX Acción Jurídica, presenta las barreras que enfrentan las mujeres afro en los departamentos de Bolívar, Chocó y Valle del Cauca en cuanto al acceso al aborto. Dicho documento señala que no todas las mujeres encuestadas accedieron al sistema de salud; la mayoría autogestionó su aborto tomando Misoprostol, un medicamento que se utiliza en el proceso de interrupción del embarazo y requiere de una formula médica para su venta. No obstante, las mujeres encuestadas acudieron a farmacias donde les proporcionaron el medicamento de forma clandestina.
En algunos casos, esos abortos autogestionados quedaron incompletos y, “por la estigmatización social, la culpa, la criminalización o simplemente por el hecho de no reconocer que interrumpieron su embarazo, optaron por decir que fue espontaneo cuando acudieron a servicios de salud”, comenta en diálogo con El Espectador Dayana Blanco Acendra, directora de ILEX. La abogada también explica que hoy sigue estando pendiente contar con datos sobre la IVE desagregados por pertenencia étnico racial y con información que responda a las necesidades diferenciales de las poblaciones para así cerrar las brechas hacia un acceso al derecho al aborto sin discriminación.
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La atención en centros de salud también es un punto clave del balance de estos tres años. Desde el punto de vista médico, la doctora Laura Gil, directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, destaca, al menos en las ciudades, una normalización del servicio dentro del sistema de salud. “Hoy vemos que cada vez más instituciones han entendido su obligación de brindar servicios de IVE. Aunque todavía existen barreras, el acceso ya no depende solo de la voluntad política o ideológica de una institución y son conscientes de que deben brindar el servicio y, si no, por lo menos tienen establecida una ruta de remisión”, afirma a este diario.
Para Gil, la despenalización del aborto hasta la semana 24 le ha permitido brindar un servicio mucho más integral de IVE, en el que se pueden abordar otros aspectos como la orientación en salud mental, asesoramiento sobre métodos de anticoncepción y, en general, actividades preventivas de salud sexual y reproductiva. No obstante, desde el punto de vista institucional, la doctora comenta que en algunos centros de salud persisten prácticas inadecuadas que no se adaptan a la normatividad vigente de aborto, como por ejemplo, la insistencia de practicar ecografías, la hospitalización de pacientes e, incluso, en algunos casos, la práctica de procedimientos como legrados en casos que no lo requieren.
Ahora bien, a pesar de que en 2023 la Fiscalía emitió una orden para cerrar los procesos judiciales abiertos por aborto, la criminalización no ha desaparecido. A la fecha, se han registrado al menos 191 procesos penales relacionados con el delito de aborto. Por eso, las organizaciones feministas con las que habló El Espectador aseguran que, mientras el aborto siga tipificado en el Código Penal, habrá miedo, desinformación y criminalización.
Igualmente, estas organizaciones denuncian que los casos de criminalización se concentran en mujeres en situación de vulnerabilidad: jóvenes, campesinas, mujeres en condición de pobreza o migrantes. Y si bien la normativa legal vigente es, en este momento, la más avanzada y garantista de la región, en muchos casos, las denuncias provienen del mismo sistema de salud. “Necesitamos que la Fiscalía refuerce la pedagogía interna de atención de denuncias para erradicar estos procesos que no deberían existir”, enfatiza Martinez Coral.
El reto también está en fortalecer la coordinación entre entidades nacionales y locales, garantizar un enfoque diferencial para comunidades indígenas, afrodescendientes y mujeres migrantes, y mejorar la infraestructura de salud en zonas apartadas. Para esto, la despenalización total del aborto es clave, pues, como señala Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, el foco de este servicio de salud estaría en “la decisión del aborto como una decisión que es válida y que además reafirma la autonomía sobre su propio cuerpo. Un paso clave para la reducción del estigma y la condena social sobre el aborto”.
Aun así, en medio de los grandes pendientes que han surgido en estos tres años desde la sentencia Causa Justa, hay claridad en que el balance es positivo y apunta a un cambio en la percepción social del aborto en Colombia. Hoy, es posible afirmar que son más las mujeres y personas con capacidad de gestar que buscan información y servicios de IVE con menos miedo y estigmas.
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La Encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos del año pasado reveló que el 48% de la población del país reconoce el aborto como un derecho, un aumento de 20 puntos porcentuales desde 2017. Esto refleja una disminución de la percepción de la IVE como un tema tabú, e incluso como un pecado, que durante décadas se utilizó para estigmatizar negativamente a quienes tomaban esta decisión.
Por eso, en Colombia, el movimiento feminista por la despenalización del aborto se ha propuesto mantener vigente esta conversación del derecho a la IVE como la posibilidad de elegir sobre nuestros cuerpos libremente. Así, ante amenazas y posibles retroceso en materia de derechos humanos y derechos reproductivos, desde el movimiento Causa Justa aseguran que la conmemoración por los tres años de este fallo histórico es la muestra perfecta de por qué “las libertades conquistadas son resultado de la movilización social y defenderlas es responsabilidad de todas, todos y todes”.
Por Mariana Escobar Bernoske
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