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“¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!” fue el grito que se escuchó desde una terraza en el segundo piso de una casa en la ciudad costera de Manta, Ecuador. Resguardándose de los 30 grados propios de esta capital atunera, alrededor de 80 exmarineros que trabajaron pescando atún, junto a varias mujeres viudas de extrabajadores que murieron en alta mar o como consecuencia de accidentes laborales, se reunieron para exigir sus derechos. Le estaban hablando al Gobierno colombiano, al que le piden que interceda para que la empresa Seatech, productora de la marca Van Camp’s y otras marcas de pescado enlatado, les reconozca la seguridad social que nunca les pagó a los marineros ecuatorianos que trabajaron hasta por más de 30 años sin aseguramiento en salud ni frente a accidentes laborales.
El Espectador fue el único medio de comunicación que estuvo presente en la reunión en Ecuador el pasado 29 de noviembre, a la que los exmarineros y las viudas asistieron para conocer los avances que Félix Armando Flores ha tenido en Colombia. Flores es un extrabajador de Seatech que viajó a Cartagena para liderar la protesta del pasado 28 de octubre, en frente de las instalaciones de la empresa en Mamonal, en la que también estuvo este diario. Luego de esa manifestación, Flores y sus abogados se reunieron con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia, Luisa Fernanda Gómez, y lograron que la Seccional Bolívar del Ministerio del Trabajo citara a dos reuniones a las que la empresa Seatech no ha asistido.
A pesar de que los denunciantes reconocen que el Mintrabajo del Gobierno actual les ha prestado mucha más atención que todos los anteriores, pues llevan más de 12 años enviando cartas y derechos de petición sin muchos avances, la inacción de las autoridades colombianas los ha llevado a buscar apoyo internacional. Ya tienen la atención del Solidarity Center, una organización estadounidense sin fines de lucro que apoya a los trabajadores a nivel mundial.
A través de esta organización los marineros le están pidiendo a la Embajada de Estados Unidos que intervenga y visite las instalaciones de la empresa Seatech en Cartagena para que corrobore las graves denuncias en virtud de las cláusulas que obligan a la protección de los derechos humanos, contenidas en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.
Este diario se ha comunicado en varias ocasiones con representantes de la empresa Seatech, quienes han mantenido su decisión de guardar silencio sobre el tema.
Extrabajadores enfermos
A la reunión del 29 de noviembre en Manta no pudieron llegar buena parte de los extrabajadores que están intentando dar una batalla jurídica que ya perdieron en su país de origen, pues fueron considerados empleados de empresas colombianas. Los cerca de 80 conocidos por El Espectador en Manta son solo parte de un grupo de 196 extrabajadores que nunca fueron asegurados y que reclaman a las autoridades colombianas que haga valer sus derechos.
En la lista de 196 demandantes hay nombres de personas que fallecieron este año después de muchos años esperando justicia. También hay nombres de personas en condiciones de postración, con mínima movilidad o con limitaciones para salir de sus casas. Leonardo Florentino Cevallos es uno de ellos. Trabajó en los barcos de Seatech durante 12 años como maquinista. Cuenta que le exigían meterse a los tanques de combustible sin la debida protección y en ocasiones estaba expuesto a químicos peligrosos cuando había fugas que debía atender.
El amoniaco, que se utiliza para mantener la cadena de frío, la exposición prolongada a rayos ultravioleta, propia de la vida en alta mar, y el calor de la soldadura son las razones que Cevallos identifica como la causa de su cáncer de piel. Las ventanas de su casa están polarizadas y ni siquiera se asoma porque no le puede dar el sol.
“No podemos hacer uso de esa seguridad social porque Seatech, más conocida en el mundo del comercio como atunes Van Camp’s, ha vulnerado nuestro derecho y por esa razón nosotros no podemos ser atendidos en cuestiones de salud”, dijo Cevallos a El Espectador. “Como no tengo seguridad social, el Ministerio de Salud Pública tiene que derivarme a otra ciudad para poder ser atendido, a una clínica privada, donde los medicamentos, donde las cirugías son sumamente caras”, agregó.
Historias similares se repiten entre los extrabajadores de la empresa. Henry Ómar Roldán lleva el cálculo exacto de su tiempo laborando en Seatech: “13 años, siete meses y cinco días”. “Para esta empresa Seatech estuve a bordo de varios buques. Primero estuve por el Dominador, después pasé por Sandra, pasé por El Rey, Amanda, Sea Gem, Gold Coast y el último barco fue el Marta Lucía R, en ese me accidenté”, recordó Roldán.
En los barcos atuneros hay cinco botes más pequeños que alcanzan velocidades superiores, conocidos como “speedboats”, y a quienes los tripulan como “speedboteros”. Roldán fue primero speedbotero y tenía que seguir las órdenes del capitán en misiones de avanzada para encontrar cardúmenes de peces rápidamente. El constante golpeteo con las olas del mar le produjeron tres hernias discales que no fueron tratadas adecuadamente.
“Me lesioné en 2006, pasaron seis años, y en 2012 ya no pude más con mi columna y tuve que hacerme operar por mis propios medios, porque la empresa nunca quiso reconocerme nada. No les importé, me abandonaron a mi suerte y tuve que por mis propios medios hacer las gestiones”, contó Roldán.
La operación, dijo, fue peor que la enfermedad, pues le fijaron dos barras con seis tornillos que le quitaron la posibilidad de doblar la columna. Ahora el dolor es tan agudo, que para dormir tiene que tomar 10 gotas diarias de clonazepam, un potente fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central y se utiliza, entre otras, para sedar profundamente el cuerpo, tanto que puede interrumpir la respiración. “Lo que me ha hecho pasar esta empresa ha sido terrible. Aparte del daño que tengo en mi cuerpo, me ha hecho pasar daño psicológico… es irreparable”.
De sus 82 años, Francisco Máximo Espinosa Mantuano pasó más de 20 trabajando para Seatech. Su puesto era de panguero, a bordo de la panga, un barco pequeño de fondo plano y cubierta ancha que se utiliza en la pesca. “Por ese puesto de panguero tengo este vértigo, porque, dice el doctor, que tanto tiempo trabajando en la panga, en la vibración de la máquina, todo eso, me ha caído esta enfermedad hace 15, 20 años”, explicó.
“Nunca nos dieron seguro. Trabaje y trabaje… ellos se enriquecieron, nosotros nos pusimos viejos y pobres. Porque nunca nos aseguraron, y ahora es que estamos peleando una liquidación por el tiempo del trabajo, el seguro, nuestros derechos, nada más”, comentó Espinosa desde su casa en Manta, que es en realidad una habitación oscura y sin ventanas dentro de una casa que comparte con varias familias más que tienen personas de la tercera edad en condiciones similares.
Las viudas de atún Van Camp’s
El trabajo en alta mar es muy riesgoso y los accidentes son frecuentes. Además, los marineros pasan meses lejos de sus familias y con poca comunicación. Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), la única empresa colombiana con flota pesquera en el océano Pacífico es Seatech. En la mayoría de los casos las familias creen que cuentan con seguridad social y atención en caso de accidentes, pero Seatech construyó un complejo sistema que, a través de la tercerización de empresas extranjeras, ha logrado diluir su relación y responsabilidad laboral con la gente que trabaja en el mar en sus barcos.
Luego, cuando hay accidentes, las familias de los marineros que han muerto o han quedado inválidos se ven desamparadas. Es el caso de Luz Eneida Gutiérrez, colombiana residente en Manta, casada con Alfredo Cevallos Barberán, ecuatoriano desaparecido en el incendio y posterior naufragio del barco Sea Gem el pasado 28 de junio. A pesar de que el barco tenía bandera colombiana, la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) se enteró luego de la publicación de este diario y nadie sabe realmente qué pasó con el Sea Gem y con Cevallos. Luz Eneida está preocupada porque Seatech no quiere reconocer que su esposo desaparecido trabajaba para esa empresa. Pero en Manta hay más historias como esta.
Andrés Mantuano Rivera tuvo un accidente el 7 de enero de 2016 a bordo de un barco de Seatech que estaba entre aguas colombianas y aguas panameñas. Su esposa, Juana Julia Espinoza, se enteró al día siguiente y tomó un vuelo de urgencia para Cartagena. “Nunca me imaginé encontrar a mi esposo así como lo encontré: con oxígeno, aparatos, inconsciente, la mirada ida. No me contestó, no me respondía a ninguna pregunta”, narró Juana Julia.
Luego de ocho años postrado en cama y sin poder siquiera hablar, Mantuano Rivera murió en febrero pasado. “No pensé que de un ratito a otro él se nos agravaría y se nos fuera. Nos dejó ese dolor tan grande”, contó Juana Julia desde la playa de Manta, y agregó que “lo que reclamo y lo que pido es el derecho de él al seguro social que nunca le dieron. Pido a la empresa Seatech Colombia por el seguro de mi esposo”.
Cerca de Juana Julia vive Marta Cecilia Castillo Castro, viuda de Eddy Hernández Castillo, quien sigue esperando respuestas sobre la muerte de su esposo. Hernández falleció en 2020 y el reporte oficial dice que la causa fue el covid-19, pero Marta Cecilia está segura de que esa no fue la razón porque ya le habían hecho una prueba que resultó negativa.
“Él vino del mar y yo no sabía que él había llegado enfermo. Cuando llegó no podía ni caminar. Lo llevamos al médico y lo internaron. Le faltaron tres días para cumplir un mes internado y cerró sus ojos”, narró Marta Cecilia con los ojos llenos de lágrimas.
“Busqué el contacto con un representante de la empresa y le dije que por favor me diera una ayuda humanitaria, por el tiempo de trabajo de mi esposo, porque tenía una niña discapacitada y sufro de problemas de la columna. Me dieron US$3.000 hace cinco años. ¿Quién va a comer con US$3.000? Perdóneme, pero el que murió fue un ser humano, y mis hijas y yo vivíamos de él”, reclamó la viuda.
Las autoridades responden
Este diario envió un derecho de petición a la Dimar que, según el artículo 5 del Decreto-ley 2324 de 1984, tiene la función de “dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda y salvamento marítimo”. En respuesta, la Dimar aseguró nunca haber recibido ninguna alerta sobre irregularidades en los barcos de Seatech y explicó que la verificación de la afiliación de los tripulantes a la seguridad social es competencia del Ministerio del Trabajo.
La lista de los barcos sobre los que la Dimar dice no haber recibido ninguna advertencia incluye al Sea Gem, barco hundido en aguas internacionales. Sin embargo, esa autoridad fue enterada del naufragio en la pasada reunión del 4 de diciembre, en la que estuvo presente Miguel Sánchez, inspector para Colombia de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por su sigla en inglés).
Sánchez fue el primero en alertar, en 2012, al Ministerio del Trabajo sobre las condiciones laborales de los marineros que no tienen seguridad social. “Soy amigo de las conciliaciones, he visto lo que tarda un pleito por estos asuntos laborales y siempre aconsejo a los marineros conciliar. Pero en este caso no hay voluntad de la empresa. El Ministerio la ha citado dos veces y no aparece”, narró el inspector Sánchez.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo también respondió un derecho de petición enviado por este diario, en el que confirmó que “actualmente la jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen nuestro pabellón y sobre la gente de mar está en cabeza de la autoridad marítima nacional Dimar”. Pero reconoció que “respecto de la obligación de expedir un certificado de trabajo marítimo y una declaración de conformidad laboral, corresponde al Ministerio del Trabajo”.
Frente a la pregunta sobre la existencia de una legislación especial referente a la protección de los derechos laborales de la gente de mar, el Ministerio respondió que “Colombia no cuenta con ese tipo de leyes especiales, pero las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad social son aplicables a la gente de mar”.
Respecto de los contratos de enrolamiento que sean celebrados en el exterior para prestar servicios en naves de bandera colombiana, el Ministerio explicó que en el Código de Comercio se condiciona a que estos contratos deben regirse por las leyes colombianas, aunque el contrato se inicie en puerto extranjero. En cualquier caso, se debe aplicar la ley nacional o de la bandera del buque.
Por último, el Ministerio confirmó que “la gente de mar contratada o empleada para desempeñar cualquier cargo a bordo tiene derecho a gozar de todas y cada una de las previsiones establecidas tanto en la Constitución como en la norma laboral como si de trabajadores contratados en tierra se tratara”.
Como reveló El Espectador en una publicación anterior, el Ministerio ha recibido varias quejas y denuncias sobre graves violaciones a los derechos laborales, e incluso de violaciones a derechos humanos, que no han podido ser verificadas por la autoridad laboral. En varias ocasiones los tripulantes y armadores de los barcos de Seatech se han negado a entregar la documentación requerida y hasta se han alejado de la bahía para evitar ser abordados, mientras la Dimar asegura que nunca le han advertido nada y por eso no ha actuado.
Por lo pronto, mientras las autoridades colombianas logran articularse para atender una situación que se ha denunciado por más de 12 años, las organizaciones y autoridades estadounidenses empiezan a enterarse de la situación.
Van Camp’s y el “dumping social”
Este diario se contactó con Cathy Feingold, directora de Asuntos Internacionales de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la organización sindical más grande de Estados Unidos. Feingold, quien también es parte de Solidarity Center, dijo que “las denuncias de graves violaciones de los derechos laborales de cientos de trabajadores, tanto colombianos como ecuatorianos, merecen toda la atención de las autoridades colombianas y del representante de Comercio del gobierno de Estados Unidos”.
Además, la directora Feingold manifestó que “no se puede permitir que empresas colombianas obtengan ventajas comerciales a través de prácticas laborales que violen a los más básicos derechos humanos, como lo son la vinculación y contribución de cada trabajador al sistema de protección social (pensión y salud), además de generar y/o ignorar condiciones de inseguridad industrial que pongan a sus trabajadores en condiciones de alta exposición a riesgos laborales. De ser comprobadas, estas prácticas serán un claro ejemplo de ‘dumping social’”.
El “dumping social” es una práctica desleal de competencia que sucede cuando una empresa exportadora reduce los precios de sus productos para obtener una ventaja competitiva en el mercado extranjero a costa de la precarización de su mano de obra y el no reconocimiento de los derechos laborales, como aseguramiento en salud y pensión o accidentes laborales.
En palabras de Feingold, “si las pruebas en contra de la empresa son tan contundentes como parecen ser, exigimos que los dueños y accionistas de la empresa Seatech Internacional asuman su responsabilidad e instalen una mesa de negociación con los trabajadores, sus apoderados legales y entidades del Estado colombiano, como garantes del proceso, y se pacte una reparación económica y simbólica conforme con el daño individual y colectivo hecho a esta población de trabajadores durante tantos años”.
Desde Manta, los exmarineros también le hicieron llamados al presidente Petro. “Al Gobierno colombiano le pido que haga cumplir la ley, que a estas les exijan asegurar a sus empleados. De todos los marineros que tiene esta empresa, nadie está asegurado. Nadie. Ni los de antes ni los de ahora. Entonces le pido al Gobierno colombiano que haga prevalecer la ley con estas empresas. Al presidente Petro le pedimos que no tema. Nosotros hemos dado parte de nuestra vida para el crecimiento de esa empresa. No es justo”.
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Por David Riaño Valencia
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