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Colombia fue a las urnas y decidió: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán el próximo 21 de junio en una segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente de la República. Mientras los candidatos se disputan los votos, otra batalla se libra tras bambalinas: la de cómo se están financiando de sus campañas. El asunto es crucial, ya que en las tres últimas elecciones presidenciales, tres gerentes de campaña terminaron bajo la lupa de la justicia justamente por supuestas irregularidades en el manejo de esos dineros. Incluso, el de Juan Manuel Santos para las elecciones de 2014, Roberto Prieto, terminó condenado por la Corte Suprema de Justicia.
Casos como el escándalo de Odebrecht y la reciente imputación de cargos contra Ricardo Roa (gerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022) evidencian lo trascendental que termina siendo la transparencia de la financiación de las campañas para que existan garantías electorales en el país. Con esos antecedentes, en las últimas semanas la Unidad Investigativa y la Redacción Política de El Espectador revisaron los reportes de cómo se financiaron y se gastaron sus recursos las campañas de De la Espriella y Cepeda, las cuales son gerenciandas por dos personas de su entera confianza, Carlos Andrés Ríos y Antonio Peñaloza, respectivamente.
Lo que reportó Abelardo De la Espriella
El 31 de enero de 2026, cuando inició oficialmente la campaña, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un reajuste sobre cuál es el tope de financiación en la primera vuelta presidencial: COP 39.000 millones. En el caso de la campaña del autodenominado “Tigre” obtuvo créditos que le otorgaron los bancos de Bogotá, Bilbao Vizcaya y Bancolombia, por un total de COP 36.000 millones, de los cuales gastó 31.915 millones. Es decir, se gastó más del doble que la campaña de Cepeda: COP 14.165 millones. En lo que más invirtió la campaña de De la Espriella, según sus reportes, fue en propaganda electoral: más de 21.000 millones, de los cuales más de la mitad de ese monto terminaron en manos de Industrial Party SAS, una empresa antioqueña reconocida por organizar eventos políticos y musicales en varias zonas de Antioquia.
La compañía, representada legalmente por los hermanos Alexandra y Dairo Giraldo Posada, recibió cerca de 13.000 millones por brindar sus servicios a la campaña del antiguo abogado de señalados narcotraficantes y lavadores de activos. De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, en el último año, la firma fue contratista de la Gobernación de Antioquia durante la administración de Andrés Julián Rendón.
Fuentes de la campaña explican que esa relación estaría vinculada con uno de los hombres clave del proyecto político: Carlos Andrés Ríos, gerente de campaña, exviceministro de Defensa de Iván Duque, exconcejal de Medellín y exsecretario de despacho de la Gobernación de Antioquia hasta diciembre de 2025.
Los registros oficiales también muestran que Industrial Party S.A.S. ha contratado con las alcaldías de Bello, Girardota y Abejorral; así como con el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) y la Contraloría de Medellín, entre otras entidades. Las redes sociales de la empresa también muestran que prestó servicios al Ejército Nacional durante el gobierno de Iván Duque y el Ministerio del Interior de ese periodo presidencial, mientras estuvo a la cabeza de Daniel Palacios. Durante esa administación, compartieron en redes sociales videos que afirmaban que las protestas ciudadanas contra ese Gobierno Nacional eran una infiltración del “castrochavismo”.
La campaña de De la Espriella también giró $4.160 millones a Acomedios Publicidad y Mercadeo, empresa creada en 1998 y cuyo principal accionista es Benjamín Luengas Velasco. Entre 2018 y 2025, este empresario obtuvo más de 50 contratos estatales por cerca de COP 49.686 millones con entidades como el Ministerio de Salud, la Fiscalía General, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la DIAN, la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Trabajo y el Fondo Nacional del Ahorro.
Como reveló El Espectador semanas atrás, el “cerebro” de esta campaña es Carlos Suárez Rojas, amigo íntimo del candidato y reconocido consultor político que hace dos décadas fue abogado del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Según los reportes entregados al CNE, su firma, Estrategia & Poder, recibió COP 2.894 millones para brindarle sus servicios profesionales la campaña. En noviembre de 2025, esta misma empresa organizó el evento realizado en el Movistar Arena, cuyo costo, según el candidato, fue de COP 300 millones. “A diferencia de otras candidaturas, no tengo dueños. Esto se autofinancia”, aseguró De la Espriella cuando le preguntaron de dónde había salido la plata para organizar ese mitin político.
En años recientes, la compañía de Carlos Suárez también asesoró la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez en 2018 y las candidaturas de Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla y de Dilian Francisca Toro a la Gobernación del Valle del Cauca. En las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, Estrategia & Poder participó igualmente en la estrategia digital del senador reelecto Alfredo Deluque. Precisamente, en abril pasado, el congresista del Partido de la U obtuvo autorización de esa colectividad para respaldar la candidatura de De la Espriella.
Hasta el domingo 31 de mayo, esta campaña todavía tenía pendiente anexar los soportes de qué empresas recibieron más de 1.100 millones, relacionados a gastos “judiciales y de rendición de cuentas” y de “capacitación e investigación política”.
Los números de Iván Cepeda
De acuerdo con la información reportada por la campaña al portal Cuentas Claras, el 100 % de los recursos provino de tres créditos otorgados por Confiar Cooperativa Financiera, que suman $15.000 millones. Según la propia entidad, Confiar nació en la década de los setenta en Duitama (Boyacá), impulsada por trabajadores de la ensambladora de carros Sofasa- Renault interesados en desarrollar mecanismos de ahorro y crédito solidario. Desde 2016, Confiar es dirigida por el economista Leandro Antonio Ceballos Valencia, quien mantiene una línea institucional cercana a proyectos sociales, culturales y ambientales.
En su página web, la cooperativa afirma que respaldó el Acuerdo de Paz mediante el apoyo a proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación. Los documentos presentados por la campaña de Cepeda indican que ya se han ejecutado COP 14.165 millones, de los cuales COP 10.345 millones fueron destinados a propaganda electoral. Los tres contratos más cuantiosos para impresión de publicidad superaron los COP 900 millones cada uno. El primero fue adjudicado a Vision Publisher Arte y Publicidad, creada en 2011 y representada legalmente por Luis Alberto Pulido, quien también prestó servicios a la campaña al Senado de Antonio Sanguino en 2018.
La segunda empresa fue Muravi S.A.S., fundada en 2012 y cuyo único accionista es Jairo Alfonso Dallos Castillo. No registra contratación estatal relevante ni amplia información pública disponible. La tercera fue Samat Publicidad, compañía barranquillera creada en 2018 por Javier Pérez Páez, quien ha trabajado en campañas relacionadas con el Polo Democrático en el Atlántico y quien llegó a esta campaña por recomendación del gerente, Antonio Peñaloza. Según los registros de la campaña ante el CNE, tanto la empresa como su fundador aportaron un total COP 730 millones en donaciones.
Entre los gastos más altos también figuran pautas en los canales de televisión Caracol y RCN, que sumaron COP 2.451 millones. La campaña de Cepeda, gerenciada por el barranquillero Jaime Peñaloza, reportó además COP 1.500 millones en actos públicos. De esa suma, COP 1.309 millones fueron pagados a Carlos Alberto Santamaría Rodríguez, representante de Santa María Conciertos CS, empresa dedicada a la organización de eventos musicales, corporativos, litúrgicos y culturales.
Al cierre de esta edición, la campaña de Cepeda había reportado pequeños pagos a cerca de un centenar de empresas por COP 1.535 millones relacionados con servicios de transporte y correo. Además, al igual que la campaña de De la Espriella, tiene pendiente reportar los soportes de cómo se gastaron COP 302 millones correspondientes a “gastos judiciales, rendición de cuentas” y “actividades de capacitación e investigación política”.
Además de estos pendientes de las campañas, ambas candidaturas le apuestan a la reposición de votos, el mecanismo consagrado en la Constitución Política mediante el cual el Estado les devuelve a las campañas parte de los gastos electorales, según la cantidad de votos válidos que obtengan. En estas elecciones, el CNE fijó en COP 8.613 por voto para los candidatos que no recibieron anticipos estatales, como es el caso de estas dos candidaturas presidenciales.
A este escenario se suma un preocupante asunto que señaló una misión de observación electoral de la Unión Europea. Este 2 de junio, el organismo emitió un informe que alertó sobre la financiación de las campañas durante la primera vuelta presidencial.
“El marco de financiación de campañas es sólido, pero su aplicación y supervisión es deficiente. Si bien todos los candidatos presidenciales presentaron declaraciones de ingresos y gastos de campaña, los observadores de la MOE UE informaron de actividades financiadas mediante donaciones y aportaciones en especie que no aparecían en Cuentas Claras, lo que apunta a una infradeclaración extendida. Los retrasos normativos del CNE y las trabas para obtener los avales bancarios exigidos por la ley retrasaron sustancialmente la obtención de anticipos públicos, lo que perjudicó a las campañas con peores pronósticos en las encuestas, pues las favoritas pudieron financiarse principalmente y sin mayores problemas con créditos bancarios”, señala el documento de nueve páginas.
Así las cosas, luego de cumplida la primera vuelta electoral, el foco ahora se traslada a la financiación de la etapa definitiva de la campaña. En tres semanas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella volverán a medirse en las urnas, esta vez con un tope de financiación distinto fijado por el CNE: cada campaña podrá gastar hasta COP 18.200 millones durante la segunda vuelta presidencial. Una nueva carrera contrarreloj en la que, además de los votos, también estarán bajo escrutinio el origen y el destino de cada peso invertido en la búsqueda de ganar la Presidencia de la República.
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Por David Escobar Moreno
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