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En Medellín basta con mencionar el nombre del programa insignia de la Alcaldía para la atención de la primera infancia y madres gestantes, “Buen comienzo”, para que se desate una pelea. Las voces más fuertes han sido las de dos exalcaldes de la ciudad: por un lado Daniel Quintero ha insistido en que su administración les arrebató ese botín a quienes lo han venido usando para su beneficio, y por el otro, Álvaro Uribe ha llamado a Quintero “bribón” mientras su familia tenía participación en una de las fundaciones que solía ser contratista de ese programa.
Sin embargo, la pelea más dura se está librando en los estrados judiciales. Martha Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación de Quintero, enfrenta cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por $830 millones. La Fiscalía ya presentó sus argumentos para acusarla por presuntos negocios fraudulentos con la Corporación Colombia Avanza, el contratista por el que Quintero reemplazó a los usuales, y la exsecretaria deberá presentarse mañana ante el Juzgado 44 Penal Municipal, en donde se revisará la medida de aseguramiento que le fue levantada luego de su renuncia a la Secretaría de Educación.
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Para tratar de limpiar su imagen y la de su administración, Quintero ha estado llamando la atención sobre el informe técnico de la Contraloría que, aún siendo preliminar, presenta conclusiones que evaluará el ente de control para determinar si hubo detrimento patrimonial en “Buen comienzo”. El exalcalde ha insistido en que ese documento establece que no hubo sobrecostos en los paquetes alimentarios y eso, dice, prueba que las investigaciones contra Agudelo son persecución política.
Lo que Quintero ha omitido mencionar es que ese mismo documento alerta de posibles sobrecostos en componentes de los contratos firmados con Colombia Avanza distintos a los alimentos. Por ejemplo, habla de valores ejecutados y cobrados mayores a lo presupuestado en los componentes de talento humano, materiales y dotación, y gastos generales. En total, según el informe preliminar de la Contraloría, en uno de los contratos habría sobrecostos por más de $200 millones.
El Espectador preguntó a la Alcaldía de Medellín sobre estas conclusiones de la Contraloría que hablan de posibles sobrecostos en ítems distintos a la alimentación y sobre el proceso de contratación con Colombia Avanza, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Buen comienzo, pero no tan buen final
El programa para la atención de la primera infancia y madres gestantes, “Buen comienzo”, fue creado en 2004 por la Alcaldía de Medellín y actualmente tiene un presupuesto que supera los $200 mil millones anuales. En las anteriores administraciones, gran parte de la ejecución del programa, como los paquetes alimentarios, las consultas con nutricionistas, médicos y psicólogos, y la orientación vocacional, se contrataba con varias fundaciones, entre las que estaban la Fundación Carla Cristina y Presencia Colombo Suiza.
Desde su oficina en La Alpujarra, el exalcalde Quintero denunció que las fundaciones tenían prácticas cuestionables para lograr las adjudicaciones y señaló a pesos pesados de la política antioqueña de tener intereses en esas organizaciones. Por ejemplo, aseguró que la familia de Álvaro Uribe tenía participación en Presencia Colombo Suiza. La Fundación Carla Cristina reconoció en 2021, a través de un comunicado, que uno de sus funcionarios falsificó un documento que fue presentado para quedarse con uno de esos contratos. Uribe defendió públicamente las actuaciones de Carla Cristina y criticó a Quintero por descalificar la fundación por algo que dio como un error.
Luego de sacar del negocio a los contratistas usuales, la administración Quintero le entregó directamente parte de la ejecución de “Buen comienzo” a la Corporación Colombia Avanza. Esta organización está representada legalmente por Henry Gómez, exconcejal de Bello, quien, según reveló W Radio, fue quien se encargó de los refrigerios en todos los eventos de la campaña de Quintero. El exalcalde negó que existiera un vínculo con Gómez más allá de los contactos propios de la ejecución de los contratos de “Buen comienzo”.
La acusación de la Fiscalía
Aunque la Alcaldía de Medellín insiste en que el informe técnico de la Contraloría exonera a la exsecretaria Alexandra Agudelo de cualquier responsabilidad por corrupción en los recursos de “Buen comienzo”, la Fiscalía dice tener todas las pruebas para lograr una condena. El escrito de acusación fue presentado a la defensa el 4 de octubre y la audiencia tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.
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En la pasada audiencia de imputación, que se realizó en febrero de este año, la Fiscalía presentó sus argumentos y aseguró que tiene evidencias sólidas, entre las que están interceptaciones de conversaciones telefónicas en las que varios funcionarios de la Secretaría de Educación y de Colombia Avanza confabulan para defraudar a la ciudad. La Alcaldía de Medellín explicó que en esas conversaciones solo se escucha a funcionarios pactando la liquidación de un contrato y que eso no tiene nada de ilegal.
La investigación de la Fiscalía inició por una denuncia de la veeduría Todos por Medellín, una organización que, según ha dicho Quintero, se creó 15 días después de que su administración presentara una denuncia contra los contratistas de Hidroituango. Todos por Medellín es apoyada y financiada por Proantioquia, la Andi, Colfecar, la Cámara de Comercio de Medellín, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, entre otras.
Veedores y víctimas
Daniel Quintero ha dicho en varios espacios en medios y a través de redes sociales que varias de las fundaciones que antes operaban “Buen comienzo”, y recibían los millonarios contratos, eran entidades asociadas al poderoso Grupo Empresarial Antioqueño y además forman parte de la veeduría Todos por Medellín. Esas entidades, dice, están pidiendo ser reconocidas como víctimas dentro del proceso que adelanta la Fiscalía contra la exsecretaria Agudelo.
El Espectador habló con Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría, quien negó las acusaciones de Quintero y explicó que las empresas y organizaciones que apoyan a Todos por Medellín lo hacen para defender el patrimonio de la ciudad. Además, confirmó que esa asociación pidió ser reconocida como víctima en el proceso penal porque considera que sus intereses como veedores del presupuesto público se vieron afectados por la conducta de la exsecretaria Agudelo, pero no tiene información sobre si las fundaciones que antes participaban en “Buen comienzo” hicieron una solicitud similar a la Fiscalía o al juzgado.
En la audiencia de acusación del próximo 20 de noviembre, la Fiscalía presentará toda la evidencia recabada contra la exsecretaria Alexandra Agudelo, el representante legal de Colombia Avanza, Henry Gómez, y la exdirectora técnica de “Buen comienzo”, Lina María Gil, quien firmó los estudios previos que avalan la idoneidad de la corporación de Gómez para el contrato que los tiene dando explicaciones a la justicia.
Conforme se acerca el fin de la contienda electoral, las acusaciones que se lanzan desde las redes sociales y los pronunciamientos de funcionarios de la Alcaldía y del Concejo de Medellín aumentan. Mientras esto sucede, la justicia tiene cada vez más elementos para determinar si hubo malos manejos, contrataciones irregulares o desviación de recursos públicos del programa “Buen comienzo” para beneficiar a privados. En manos de los jueces está el futuro de la iniciativa de la Alcaldía, que hoy atiende a casi 350 mil niños y niñas de la ciudad, pero que, además, es un botín que todos quieren repartirse.
Por David Riaño Valencia
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